Actualización lista GAFI de países deficientes en PBC/FT

El pasado día 22 de febrero publicó el GAFI la actualización de la relación de jurisdicciones identificadas como deficientes en sus políticas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Los cambios producidos respecto de la anterior actualización son lo siguientes: 

Iràn y Corea del Norte permanecen en la lista de las jurisdicciones sujetas a la recomendación del GAFI de que los estados miembros y otras jurisdicciones apliquen contra-medidas en sus eventuales relaciones con ellas para proteger el sistema financiero internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo los riesgos derivados de las jurisdicciones.

Bolivia, Cuba, Sri Lanka y Tailandia se eliminan de la lista de jurisdicciones identificadas por el GAFI por tener deficiencias estratégicas en la lucha contra el BC/FT y no han hecho suficientes progresos en el tratamiento de las mismas o no se ha comprometido a desarrollar un plan de acción con el GAFI para abordarlas. Los países que permanecen en la lista de este nivel son Ecuador, Etiopía, Indonesia, Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Santo Tomé, Siria, Tanzania, Turquía, Vietnam y Yemen.

Estas jurisdicciones citadas, es decir, Bolivia, Cuba, Sri Lanka y Tailandia pasan a la lista de jurisdicciones que  que tienen estratégicas pero que han desarrollado un plan de acción con el GAFI. Completan la lista de este nivel Afganistán, Albania, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brunei Darussalam, Camboya, Cuba, Kirguistán, Kuwait, Mongolia, Marruecos, Namibia, Nepal, Nicaragua, Filipinas, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Tailandia y Zimbabwe.

Marruecos y Tayikistán están identificados como países con insuficientes progresos y si antes de junio del presente año no acreditan haber implementado un plan de acción eficaz, el GAFI llamará a sus miembros para que consideren los riesgos derivados de esta fralta de rigor en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Ghana y Venezuela salen de las listas del GAFI de países con deficiencias

Se puede consultar el documento completo (en inglés) clicando aquí

Borrador de la Directiva anti blanqueo de dinero

La Comisión Europea ha adoptado con fecha 5 de febrero dos propuestas destinadas a reforzar las normas de que dispone la UE en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y las transferencias de fondos en un programa de actualización permanente obligado por el hecho de que las amenazas asociadas al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo están en constante evolución.

El conjunto de medidas, adaptado a las últimas recomendaciones del GAFI, y complementado por otras iniciativas, en vigor o en estudio, para combatir la delincuencia, la corrupción y el fraude fiscal, lo forman:

1. Una nueva Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.
2. Un Reglamento relativo a la información que debe acompañar a las transferencias de fondos para garantizar la debida trazabilidad de las mismas.

En lo que se refiere a la nueva Directiva cabe señalar su planteamiento más centrado en el riesgo y en su redactado se observa que: 

• Aumenta la claridad y coherencia de las normas en todos los Estados miembros
• Establece un mecanismo más claro en la identificación de los titulares reales. Las sociedades llevarán un registro en el que consignarán la identidad de las personas que están realmente detrás ellas.
• Da mayor claridad y transparencia a las normas sobre la debida diligencia de conocimiento de los clientes y de comprensión más exacta de la naturaleza de sus negocios. Los procedimientos simplificados no deben percibirse erróneamente como exenciones del conjunto de las obligaciones de diligencia debida con respecto a los clientes.
• Hace extensivas las disposiciones referentes a las personas con responsabilidades públicas (es decir, personas que pueden suponer un mayor riesgo debido a los cargos políticos que ocupan) a las personas «nacionales» (las que residen en los Estados miembros de la UE), además de las «extranjeras», y a las que trabajan en organizaciones internacionales. 
• Amplía su ámbito de aplicación para afrontar nuevas amenazas y puntos débiles contemplando, por ejemplo, la cobertura del sector de los juegos de azar (la anterior Directiva solo se aplicaba a los casinos) e incluyendo una referencia expresa a los delitos fiscales.
• Establece requisitos más estrictos que los exigidos por el GAFI, al incluir en su ámbito de aplicación a toda persona que comercie con bienes o preste servicios que se abonen en efectivo y cuyo importe sea superior o igual a 7.500 euros aunque la Directiva prevé una armonización mínima y permite a los Estados miembros aplicar umbrales inferiores al indicado.
• Refuerza la cooperación entre las diferentes unidades de información financiera nacionales, cuya función consiste en recibir, analizar y difundir entre las autoridades competentes los informes relativos a sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

Esta Directiva, junto al Reglamento citado, se encaminan a reforzar la potestad sancionadora de las autoridades competentes facilitando la conveniencia de que las autoridades de los diferentes estados miembros se coordinen entere sí, en particular cuando se presente la atención a casos transfronterizos. 

Más sobre la corrupción

La verdad es que estaría bien hablar de la cercanía de la primavera y asegurar que con ella vendrían los anhelados "brotes verdes" de la economía, la política y, por extensión, la regeneración de la sociedad, pero, en lugar de eso, nos vienen el Financial Times y The Economist y nos dicen que todas nuestras instituciones presentan claros síntomas de putrefacción y que la corrupción está tan generalizada que casi vivimos todos en la cueva de Alí Babá.

Sin embargo, el problema de fondo es que leemos eso y no nos asombra:o admitimos como un hecho real y cotidiano. Por ello es lícito pensar en cuanto a la corrupción: ¿Se podía prever? ¿Alguien lo había denunciado? ¿Puede ahora hacerse algo?

- Respecto de la primera pregunta, no sólo se podía prever, sino que era visible, casi físicamente, su avance. Sin entrar en aspectos políticos, ningún observador cuestiona hoy que el disparo de salida de la corrupción generalizada que conocemos se produjo con la Ley de Suelo de 1998, con el gobierno de Aznar. A partir de ese momento, los "pelotazos" urbanísticos se convirtieron en moneda corriente y el enriquecimiento casual de algunos ediles coincide en el tiempo con el desarrollo urbanístico (en otro momento podría abordarse el daño ambiental irreparable de algunos de estas urbanizaciones) La corrupción no tiene color político y los partidos, enzarzados en un cansino enfrentamiento,miraron TODOS hacia otro lado.

- Por lo que se refiere a la segunda pregunta, la respuesta es que sí que se había denunciado, pero antes y ahora, estas denuncias no trascienden salvo en casos declaradamente mediáticos. Un ejemplo: ¿alguien ha visto las declaraciones, de hace sólo cuatro días, de Manuel Villoria, miembro de Transparency International y catedrático de Derecho Público y Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos? ¿No? Pues dejadme que cite alguna pequeña parte de ellas: "Los datos actuales sobre la percepción de la corrupción nos llevan a creer que ahora la corrupción está generalizada, es brutal... Sin embargo, la gran parte de nuestra corrupción viene de hace 10 o 15 años en los que todo parecía que estaba lícito; el crecimiento estaba asegurado y que todo se podía hacer, saltar todas las reglas para conseguir este crecimiento que llevaría a España a estar entre los países más desarrollados del mundo, pero no ha sido así porque estábamos engañándonos ya que había todo un sistema de corrupción muy generalizado sobre todo en el nivel urbanístico y local, en zonas costeras y grandes ciudades, y ahora está saliendo todo... España debería estar entre los 20 países más limpios, por sus condiciones económicas, geográficas, culturales; y no el puesto 30 al que se ha llegado desde el puesto 22-23 La percepción de la ciudadanía sobre la corrupción se sitúa en torno al 90-91 por ciento, uno de los índices más altos de Europa, lo que implica una desconfianza profunda en las instituciones. Lo terrible es que esto genera desconfianza entre los ciudadanos porque se cree que es lícito saltarse las normas, y eso significa el desmoronamiento del tejido social” Lo triste del caso es que, como denunciaba ya hace días Villoria, "Sorprende que The New York Times publique que más de 40.000 millones de euros se estén defraudando en España., con nombres y apellidos, sobre todo de grandes empresas y grupos determinados, y que nada de eso se publique aquí". 

- La respuesta a la tercera pregunta es clave, pero lamentablemente la solución está supeditada a que los grupos políticos asuman su parte de responsabilidad, hagan limpieza por dentro, dejen de considerar las denuncias de corrupción como ataques contra el partido de turno y se dejen de inmorales luchas partidistas dejando de lado lo que siempre prometen en campaña: que están defendiendo los intereses del ciudadano. 

Drogas y desempleo

Ya empieza a ser habitual que, envueltos en el marasmo de las miserias cotidianas, por lo que se refiere a las noticias sobre los hechos que se suceden, nos pasen desapercibidas cosas que no deberían hacerlo. Es lo que ha pasado con el Informe mundial sobre las drogas 2012, que, aunque solo sea por la particularidad de que es la primera vez que la ONU lo publica también en castellano, ya debería haber merecido, seguramente, más atención de la que se le ha dispensado.

El informe, accesible en la página web de la ONU desde el día 17 de enero pasado, sigue la pauta de años anteriores y se estructura en dos grandes bloques:

- Estadísticas recientes y análisis de las tendencias de los mercados de drogas ilícitas
- El problema contemporáneo de la droga: características, pautas y fuerzas motrices

El informe, como es natural, detalla los esfuerzos realizados por los diferentes países y territorios para luchar contra esta lacra social y sus consecuencias, y ofrece un pormenorizado análisis de los resultados de esta lucha, tanto desde el punto de vista de las interceptaciones y decomisos como de la efectividad de los programas (muchos de ellos promovidos por la propia ONU) diseñados e implementados para crear una conciencia social de rechazo. Sin embargo, el informe no puede limitarse (y no lo hace) a ser una mera hoja estadística y, dentro de su neutralidad (encarnada por el hecho de que expone el problema, pero no está en su mano sugerir propuestas), llama la atención sobre una relación que, en época de crisis, puede sembrar un terreno que, a la larga, podría causar terribles consecuencias.

Esta relación es, lisa y llanamente, la que se da en épocas difíciles, entre el consumo y distribución de drogas y el desempleo. Citando el contenido del informe, "El desempleo parece ser otra fuerza motriz socio económica del tráfico y el consumo ilícitos de drogas. Entre los varones jóvenes, en particular, el desempleo aumenta las probabilidades de participación en el comercio y el consumo de drogas ilícitas. Dadas las altas tasas de desempleo existentes en muchos países, sobre todo entre los jóvenes, el acceso al mercado de trabajo es a menudo un desafío considerable. Si bien el consumo de drogas ilícitas puede limitar las posibilidades de una persona de ingresar (o de mantener su lugar) en la fuerza laboral, la frustración causada por la imposibilidad de encontrar un empleo adecuado puede conducirla al consumo de drogas, lo que crea un círculo vicioso".
Más adelante, el informe se muestra contundente: "En la evolución del problema contemporáneo de la droga han incidido diversas fuerzas motrices. Algunas se relacionan con tendencias demográficas, como el género, la edad de la población y los niveles de urbanización, mientras otras son de carácter socioeconómico, como los niveles de ingreso disponible, la desigualdad y el desempleo".
Y puestos a buscar ejemplos: "En Filipinas, según una encuesta nacional de hogares efectuada en 2008, más de la tercera parte de las personas que se identificaron como consumidores actuales de drogas estaba desempleada, en tanto que la tasa de desempleo general era del 7,3%".

En temas tan delicados como el que estamos tratando, sería ingenuo y demagógico establecer una correspondencia directa entre desempleo y consumo de droga; no, el problema es más complejo, pero, a la vista de las cifras asusta pensar el impacto que puede tener en una sociedad con el 50 % de sus jóvenes en situación de desempleo. Volvemos al principio: Bárcenas, Urdangarín, Mato, Crespo, Bankia... no deberían distraer al gobierno en la necesidad de abordar políticas que, más allá de la austeridad, promuevan la indispensable creación de empleo. Los "daños colaterales" de no hacerlo pueden ser irremediables.

La próxima Directiva Europea antiblanqueo

Según el Financial Times, que ha tenido acceso al borrador de lo que será la próxima Directiva Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo, los cambios que se incluyen, que podrían definirse en principio como meras matizaciones ya que el objetivo formal es abordar algunas fallas en el régimen vigente, aplicar las normas más recientes acordados a nivel internacional, y mantenerse al día con las tendencias de la delincuencia financiera., tienen un alcance importante, como se puede deducir del siguiente resumen: 
- Abordando un caballo de batalla recurrente en todas las Directivas sobre el tema, se pretende que los abogados se enfrenten a algunas nuevas obligaciones de información y restricciones, en ciertas 

circunstancias, a sus privilegios de confidencialidad del cliente durante la manipulación o el asesoramiento en transacciones fuera de los procedimientos legales.

- Hasta ahora, las normas existentes sólo se aplican a los casinos presenciales; una laguna legal donde la propuesta pretende abordar, mediante la aplicación de normas regulatorias, a todo el sector del juego. Esto afecta principalmente a las empresas de juego online que en futuro serán objeto de mayores controles durante su actividad y de restricciones más eficaces para garantizar la procedencia lícita de los fondos que manejan.
- Los funcionarios públicos con sede en la UE, dejen de estar exentos de controles exhaustivos. Con la norma actual, estos controles sólo son necesarios en las relaciones de negocio de las entidades financieras con altos funcionarios públicos que residen fuera de la UE.

- La Comisión Europea propone unificar criterios en cuanto a las sanciones, de forma que se estudia la facultad de que los estados miembros puedan imponer multa de 5 millones de euros a las personas físicas o de hasta el 10 por ciento de la facturación en personas jurídicas (sin correspondencia, en ese caso, con el importe blanqueado).

. Se requerirá la identificación del beneficiario persona física en los negocios con personas jurídicas, dificultando así el ocultamiento del blanqueador tras una cadena de empresas.

- Se limitarán igualmente los pagos en efectivo para poder controlar mejor el sector de joyas, obras de arte y otros bienes de alto valor.

Como se observa, algunas de estas iniciativas ya son de aplicación en España, en donde los "deberes" se concentran más en la divulgación del nuevo reglamento de la ley 10/2010, aún pendiente que en nuevas obligaciones formales, si exceptuamos la normativa sobre casinos online.