Las iniciativas públicas han sido escasísimas, aunque pueden extraerse conclusiones jugosas de ella. Citaremos una: en Catalunya, para conmemorar y resaltar la importancia del Día, se ha suscrito el Pacto Social contra la Corrupción, impulsado por la plataforma cívica "Parlament Ciutadà", que establece un decálogo para luchar contra la corrupción. El pacto también ha contado con el compromiso de entidades sociales así como de asociaciones de vecinos, colegios profesionales, ONG y plataformas ciudadanas. La firma del documento se ha hecho en el Parlament de Catalunya, con la presencia de su presidental. El pacto compromete a sus firmantes a "evitar las causas estructurales de la corrupción, con medidas contundentes para su prevención y terapia con un sistema de controles y contrapesos institucionales y ciudadanos". El acuerdo también insta a aplicar, en todos los ámbitos de actuación, diez puntos para luchar contra la corrupción, como "acabar con la financiación opaca de los partidos" o "crear organismos de aplicación y control de la transparencia del buen gobierno".A la firma se han sumado todos los grupos del parlamento catalán... excepto el Partido Popular, que ha argumentado que no le parece el marco adecuado para la firma.
Tiene razón el PP, pero el tener razón no lo deja en buen lugar, y no porque con actuaciones como ésta hace entrar en clamorosa contradicción su mensaje de transparencia ante el fenómeno de la corrupción con la realidad de los hechos que lleva a cabo en la materia sino, en particular, porque, ciertamente, el marco idóneo para proponer medidas eficaces contra la corrupción es el Parlamento, del que ellos aún ostentan la mayoría absoluta, y no lo han hecho. Y, lamentablemente, no pueden argüir que la corrupción les es ajena, a la vista de los resultados de conocidos dictámenes judiciales. Es un problema global, de acuerdo, por el que la ONU ha decidido fijar el Día internacional contra la corrupción al que nos venimos refiriendo, pero no es menos cierto que se ha de afrontar por todos en cada territorio, país, autonomía,, municipio e incluso en las empresas privadas si no queremos, como apuntaba uno de los firmantes del pacto en Catalunya, que se haga necesaria la conmemoración de un Día Contra la Impunidad de la Corrupción.
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Según el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se
pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor
que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo.
Pero la corrupción no solo se lleva el
dinero de donde más se necesita, sino que, además, debilita a los
gobiernos y ello, a su vez, puede exacerbar el problema de las redes de
delincuencia organizada y fomentar delitos como la trata de personas, el
tráfico de armas y migrantes, la falsificación y el comercio de
especies en peligro de extinción.
En consecuencia, la corrupción nos afecta a todos y puede provocar:
- Menos prosperidad: La corrupción impide el desarrollo económico, debilita el estado de derecho y despilfarra el talento y los recursos valiosos. Cuando la corrupción está muy extendida, las empresas son reacias a invertir, porque los costos de hacer negocios son considerablemente mayores. En los países corruptos que son ricos en recursos naturales la población no suele beneficiarse de esa riqueza. La corrupción, además, debilita las estructuras de seguridad como, por ejemplo, la policía. A la larga, la corrupción impide a las personas, a los países y a las empresas desarrollar su potencial.
- Menos respeto por los derechos: La corrupción socava la democracia, la gobernanza y los derechos humanos debilitando las instituciones públicas que son la base de una sociedad justa y equitativa.La compra de votos (corrupción del posterior ¿y qué hay de lo mío?) en las elecciones perjudica al proceso democrático, y la justicia queda en entredicho cuando los delincuentes pueden librarse de las consecuencias de sus actos mediante sobornos. Los pueblos indígenas y las mujeres son especialmente vulnerables a la corrupción. Dada su exclusión geográfica y social y su falta de acceso a la protección jurídica de que disponen otros miembros de la sociedad, sus derechos económicos, sociales y culturales se ven amenazados por la corrupción.
- Menos prestación de servicios: La corrupción desvía los fondos destinados a prestar servicios básicos como la atención sanitaria. la educación, el suministro de agua limpia y la vivienda. Un funcionariado corrupto obstaculiza enormemente la capacidad del gobierno de cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos. En los países en que la ayuda internacional tiene por objeto mejorar la calidad de vida, la corrupción lo imposibilita y puede poner en peligro financiaciones futuras.
- Menos empleo: Cuando se adjudican empleos sin tener en cuenta los méritos de los candidatos, sino recurriendo al nepotismo, se deniegan oportunidades. Muchas veces la corrupción significa todavía menos acceso al empleo para los pobres, las mujeres y las minorías. Además, como la corrupción desalienta la inversión extranjera, se crean todavía menos oportunidades de empleo.
Erradicar la corrupción se ha convertido
en un elemento fundamental para alcanzar metas como Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Combatir este problema global es una gran
prioridad estratégica para los organismos de desarrollo y un número cada
vez mayor de países, y el PP, con todo el respeto por su gran mayoría de simpatizantes ajenos al tema, debe de definirse
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