Con el fin de poner de manifiesto el incumplimiento de compromisos, o directamente para sacarles los colores (ya veremos si reaccionan y si la reacción son nuevas palabras huecas) a los jefes de Estado o de Gobierno de los países que integran el G-20, que inician hoy su cumbre en la ciudad turca de Antalya, cerca de la frontera siria, en la semana que acaba, concretamente el día 12 de noviembre,
la organización no gubernamental Transparency International ha publicado un desalentador informe,
de título revelador, Just for show? Reviewing G20 promises on beneficial ownership (¿Sólo para el espectáculo? Revisión de las
promesas del G-20 sobre el beneficiaro real) en el que muestra que los países del
G-20 no logran cumplir sus promesas de lucha contra la delincuencia.
En efecto, en él se puede leer que los gobiernos del G-20,
incluyendo los EE.UU. y China, no han logrado cumplir con su promesa de luchar
contra la corrupción mediante la adopción de leyes para acabar con el secreto
que hace que sea fácil para los corruptos ocultar su identidad y mover su
dinero a través de todo el mundo. Según la organización no gubernamental, la
corrupción cuesta al mundo un 5 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB)
anual, y si fuera una industria, sería la tercera del planeta. Cada año se
blanquean unos dos billones (millones de millones) de dólares, en parte al
ocultar la propiedad real de los fondos, y sólo el Reino Unido, de todos los países del G-20,
está trabajando activamente para dificultar que los corruptos oculten su dinero
en efectivo.
Sin embargo, economías de mayor tamaño como los Estados Unidos y China se encuentran entre las de peor desempeño, cayendo en la categoría de "Marco de actuación Débil" según el informe, y han de esforzarse en implementar leyes que consigan detener el mal uso de las empresas y otras entidades jurídicas con fines corruptos.
En la presentación del informe, el director gerente de Transparency International, Cobus de Swardt, decía: "Escoja usted cualquier escándalo de corrupción en la historia reciente - Petrobras, la FIFA, Viktor Yanukovich de Ucrania,... - y encontrará que se usó una empresa tapadera para pagar un soborno, mover y ocultar dinero robado, o comprar inmuebles de lujo en Londres y Nueva York. No tiene sentido que permanezca este enorme vacío jurídico para los corruptos. ¿Qué está induciendo a que los países del G-20 no actúen a pesar de las promesas de hacerlo?”
Hace un año que los gobiernos del G-20 se comprometieron en Brisbane (ver el documento G20 high-level principles beneficial ownership transparency - Principios de alto nivel del G-20 sobre transparencia en el beneficiario real) para desmantelar la estructura legal que permite a las compañías anónimas, fideicomisos y otras entidades jurídicas que operan en las 20 mayores economías del mundo transferir y ocultar dinero a menudo robado mediante la corrupción. Pues bien, algunos países se han quedado atrás en los aspectos más básicos de garantizar el poder saber realmente quién hay detrás de empresas, fideicomisos y otras entidades. Brasil y Sudáfrica, por ejemplo, ni siquiera han adoptado una definición legal de la propiedad real, término técnico utilizado, como es sabido, para describir a la verdadera persona o personas que en última instancia tienen el control de los fondos. En el otro extremo, sólo India y el Reino Unido exigen a las empresas registrar y mantener al día la información sobre la persona real que la posee o controla. Eso significa que en el resto del G-20 si una empresa hace algo ilegal puede que no sea posible responsabilizar al dueño real, lo que se traduce en que los gobiernos del G-20 tienen que reforzar su supervisión de las empresas, los bancos y las personas que ayudan a los corruptos a disfrutar de lujosos estilos de vida a costa de sus propios ciudadanos.
Sin embargo, economías de mayor tamaño como los Estados Unidos y China se encuentran entre las de peor desempeño, cayendo en la categoría de "Marco de actuación Débil" según el informe, y han de esforzarse en implementar leyes que consigan detener el mal uso de las empresas y otras entidades jurídicas con fines corruptos.
En la presentación del informe, el director gerente de Transparency International, Cobus de Swardt, decía: "Escoja usted cualquier escándalo de corrupción en la historia reciente - Petrobras, la FIFA, Viktor Yanukovich de Ucrania,... - y encontrará que se usó una empresa tapadera para pagar un soborno, mover y ocultar dinero robado, o comprar inmuebles de lujo en Londres y Nueva York. No tiene sentido que permanezca este enorme vacío jurídico para los corruptos. ¿Qué está induciendo a que los países del G-20 no actúen a pesar de las promesas de hacerlo?”
Hace un año que los gobiernos del G-20 se comprometieron en Brisbane (ver el documento G20 high-level principles beneficial ownership transparency - Principios de alto nivel del G-20 sobre transparencia en el beneficiario real) para desmantelar la estructura legal que permite a las compañías anónimas, fideicomisos y otras entidades jurídicas que operan en las 20 mayores economías del mundo transferir y ocultar dinero a menudo robado mediante la corrupción. Pues bien, algunos países se han quedado atrás en los aspectos más básicos de garantizar el poder saber realmente quién hay detrás de empresas, fideicomisos y otras entidades. Brasil y Sudáfrica, por ejemplo, ni siquiera han adoptado una definición legal de la propiedad real, término técnico utilizado, como es sabido, para describir a la verdadera persona o personas que en última instancia tienen el control de los fondos. En el otro extremo, sólo India y el Reino Unido exigen a las empresas registrar y mantener al día la información sobre la persona real que la posee o controla. Eso significa que en el resto del G-20 si una empresa hace algo ilegal puede que no sea posible responsabilizar al dueño real, lo que se traduce en que los gobiernos del G-20 tienen que reforzar su supervisión de las empresas, los bancos y las personas que ayudan a los corruptos a disfrutar de lujosos estilos de vida a costa de sus propios ciudadanos.
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En este sentido, aún es más preocupante que en ocho países
del G-20, que incluyen los centros financieros de Nueva York, Tokio, Shangai y
Sydney, se pueden realizar transacciones financieras incluso si los bancos no
pueden averiguar la identidad de la persona real que hay detrás de los fondos. Cobus
de Swardt subrayó que si bien los “paraísos fiscales” son un problema, lo verdaderamente
grave es la falta de regulación en esos grandes centros financieros. “Si tienes mucho dinero, no lo querrás aparcar
en una isla: querrás invertirlo en un sitio seguro donde dé grandes beneficios,
como Nueva York”.
En siete países del G-20 los agentes de bienes inmuebles no han de identificar a las personas reales que están tras la venta y/o compra de fincas. Como resultado, cientos de miles de millones de dólares en propiedades en Londres o Nueva York tienen dueños secretos. Se hace increíblemente difícil impedir a un político corrupto la compra de una mansión de lujo con dinero robado de las arcas públicas si utiliza en el lugar apropiado medidas simples para ocultar su conexión con los fondos.
A pesar de que el Reino Unido ocupa el primer lugarde eficacia en la encuesta, ésta sólo cubre el derecho interno y no las normas de los Territorios de Ultramar y dependencias de la Corona, por lo que el desempeño más débil en muchos de ellos sobre las cuestiones clave del beneficiario real amenaza con socavar la aplicación en el Reino Unido de los principios del G-20 en su conjunto.
"Los gobiernos deben proporcionar las herramientas para que sea más fácil para los bancos, asesores financieros, abogados y otros detener la acción de clientes corruptos. Esto significa la creación de un registro central público que contiene información sobre el beneficiario, es así de simple. El funcionamiento del mundo en general se parece al G-20 en las cuestiones políticas, económicas y otras, y para evitar ser tomado por un charlatán de feria, deben mantener sus promesas, en particular sobre la lucha contra la corrupción ", dijo Cobus de Swardt.
Lo desalentador en el fondo es que el informe únicamente analiza la legislación en vigor, no su aplicación ni la eficacia con la que la Judicatura persigue tales delitos. Y, como muestra, la reflexión del director de Transparency International: “Queda por ver qué ocurrirá cuando el Reino Unido, el único país que ha adoptado una legislación acorde con lo prometido en Brisbane, empiece a utilizarla para destapar la identidad de las empresas secretas. Cuando descubran que están sentados encima de miles de millones de ‘dinero sucio’, aún tendrán que decidir qué hacer con ellos”
En siete países del G-20 los agentes de bienes inmuebles no han de identificar a las personas reales que están tras la venta y/o compra de fincas. Como resultado, cientos de miles de millones de dólares en propiedades en Londres o Nueva York tienen dueños secretos. Se hace increíblemente difícil impedir a un político corrupto la compra de una mansión de lujo con dinero robado de las arcas públicas si utiliza en el lugar apropiado medidas simples para ocultar su conexión con los fondos.
A pesar de que el Reino Unido ocupa el primer lugarde eficacia en la encuesta, ésta sólo cubre el derecho interno y no las normas de los Territorios de Ultramar y dependencias de la Corona, por lo que el desempeño más débil en muchos de ellos sobre las cuestiones clave del beneficiario real amenaza con socavar la aplicación en el Reino Unido de los principios del G-20 en su conjunto.
"Los gobiernos deben proporcionar las herramientas para que sea más fácil para los bancos, asesores financieros, abogados y otros detener la acción de clientes corruptos. Esto significa la creación de un registro central público que contiene información sobre el beneficiario, es así de simple. El funcionamiento del mundo en general se parece al G-20 en las cuestiones políticas, económicas y otras, y para evitar ser tomado por un charlatán de feria, deben mantener sus promesas, en particular sobre la lucha contra la corrupción ", dijo Cobus de Swardt.
Lo desalentador en el fondo es que el informe únicamente analiza la legislación en vigor, no su aplicación ni la eficacia con la que la Judicatura persigue tales delitos. Y, como muestra, la reflexión del director de Transparency International: “Queda por ver qué ocurrirá cuando el Reino Unido, el único país que ha adoptado una legislación acorde con lo prometido en Brisbane, empiece a utilizarla para destapar la identidad de las empresas secretas. Cuando descubran que están sentados encima de miles de millones de ‘dinero sucio’, aún tendrán que decidir qué hacer con ellos”
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