Ahora que parece haber pasado lo más grave de la pandemia que nos ha quitado, cuando
menos, el sueño, puede ser el momento de echar la vista atrás, centrándonos en la educación,
que nos ha dejado más incógnitas que certezas, todas ellas provocadas por unas siglas que no
conocíamos: coronavirus Covid-19. La educación es un derecho fundamental de los niños, niñas
y adolescentes. Los derechos de la infancia recogidos en la Convención sobre los Derechos
del Niño deben estar protegidos en todo momento, en cualquier lugar, siempre. Para lograrlo
en el centro educativo, se necesita establecer medidas encaminadas a garantizar el
funcionamiento seguro del centro educativo, la continuidad del aprendizaje, la inclusión de las
personas y colectivos más vulnerables y el bienestar y la protección de la infancia. Cuando
comenzaron las clases ese año, como siempre en septiembre, nadie hubiera podido imaginar
un final de curso como lo tuvimos y, sin embargo, pasados los meses, nos hemos rendido a la
evidencia y hemos aceptado la situación. Esto es lógico y hasta positivo, pero tiene un riesgo:
que nos acostumbremos a la incertidumbre hasta un punto en el que no percibamos la
necesidad de retomar el control. No podemos ignorar la posibilidad de que esta crisis se
prolongue en el tiempo y que pueda agudizarse, pero tenemos que estar preparados, no
tenemos excusa para no estarlo. El mundo ha vivido una situación de emergencia inaudita en
su historia reciente. No será posible recuperar la normalidad si no asumimos las consecuencias
de la emergencia en nuestras vidas. Para aprovechar los aprendizajes de esta experiencia es
imprescindible adoptar un nuevo marco conceptual: el enfoque de emergencias. Cuando una
emergencia ocurre, todo cambia. Los procesos, las herramientas, las estrategias y las
metodologías que aplicamos con normalidad no siempre son eficaces en momentos de crisis.
La mayoría de los centros educativos no tenían un plan sobre cómo abordar o reaccionar ante
una emergencia de salud pública y el 16 de marzo (todos recordamos el día exacto) todos los
centros educativos amanecieron cerrados por el estado de alarma, aunque en algunas
comunidades lo habían hecho unos días antes, algunos colegios se adelantaron y la semana
anterior ya habían pedido que todos los estudiantes se llevaran los materiales a sus casas;
más 8,2 de millones de estudiantes no universitarios tuvieron que continuar desde ese día la
educación a distancia, sin saber muy bien si iban a regresar a las aulas. Las instrucciones y
las órdenes de las consejerías de Educación se iban sucediendo y el personal docente pasó
de la tiza a la tableta con la incertidumbre de no saber muy bien qué hacer ya que no había
un plan sobre la educación en situaciones de emergencia. ¿Cuál sería el plan? Es necesario
establecer unas medidas para el funcionamiento seguro de los centros, como revisar la
infraestructura escolar y extremar las medidas de higiene, limpieza y desinfección de todas
las áreas, prestando especial atención a aquellas con mayor uso. Establecer los canales de
información de emergencia y crear las listas de distribución: actualizar los datos. Nombre,
teléfono y correo electrónico de madres y padres. Todo ello para asegurar la distribución de la
información de emergencia a toda la comunidad escolar de manera urgente. Al establecer
alianzas con medios de comunicación locales, será más fácil dar a conocer cualquier decisión
de manera masiva e inmediata. Además, el plan de emergencia debe ser conocido por toda la
comunidad educativa: estudiantes, profesorado, PAS, familias y administraciones deben saber
cómo actuar, dónde ir y a quién acudir para reducir los riesgos y asegurar la protección de las
niñas, niños y adolescentes. Para ello, es importante realizar simulacros de manera periódica,
hay que estar preparados. Es, asimismo, importante que el plan de emergencia escolar esté
alineado con los planes de emergencia. Otros países, como Nueva Zelanda, sí tenían un plan
y allí se contaba con una guía que ayudaba a desarrollar un plan de emergencia ante una
pandemia a través de estrategias para la prevención del contagio y la reorganización de la
actividad escolar. En España no existía un plan de respuesta educativa ante esta emergencia;
quizás ahora es el momento de establecerlo teniendo en cuenta lo que hemos aprendido
durante los últimos meses para estar preparados. El ciclo de la emergencia abarca desde la
prevención a la recuperación.
En España, como en otros 183 países de todo el mundo, la emergencia sanitaria obligó a
cerrar los centros escolares, pero la educación no se detuvo; el gasto educativo tampoco se
ha paralizado durante este tiempo, es más, las administraciones públicas han tenido que
aumentar determinadas partidas presupuestarias para hacer frente al impacto de la pandemia
en la educación, como la compra de equipos informáticos, la desinfección o la reforma de los
espacios. Esta pandemia ha evidenciado lo importante de estar preparados ante cualquier
emergencia. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, por cada euro invertido en la
reducción del riesgo de desastre, se pueden evitar pérdidas por hasta siete euros. Durante los
meses de confinamiento hemos asistido a un cambio de paradigma del sistema educativo: de
un día para otro, los colegios cerraron sus puertas y tuvieron que recurrir a la tecnología para
poder continuar con sus actividades. Profesores, alumnos y familias se vieron abocados a
adaptarse rápidamente a una nueva forma de comunicación, interacción y aprendizaje, el
proceso educativo pasó de ser presencial a desarrollarse a distancia. La generación nativa
digital se convirtió en su totalidad en estudiantes online, lo que no significa que hayan
adquirido automáticamente las competencias digitales pues la acumulación de conocimientos
apenas tiene impacto sobre las habilidades tecnológicas. La sociedad del conocimiento crea
la paradoja de eruditos convertidos en analfabetos digitales. El desarrollo de competencias d
digitales requiere de acompañamiento y práctica; supone introducirse en la cultura que
sostiene esa tecnología. Y lamentablemente no todos han podido conectarse o aprovechar la
oportunidad de aprendizaje en remoto: en España, en el tramo de ingresos más bajos, el 9,2%
de los hogares con niños carecen de acceso a Internet, lo que representa que cerca de
100.000 hogares no pueden conectar a la Red; la brecha digital es también educativa. Pero,
paralelamente, con el acceso masivo a Internet también aumentan los riesgos online, por lo
que es importante promover desde los centros educativos un uso responsable de la tecnología,
posibilitando el derecho a la protección y privacidad de los niños, niñas y adolescentes al
ejercer su derecho a la información y comunicación. Nuestra huella digital se queda grabada
en cada paso que damos en Internet, por lo que es importante revisar las políticas de
seguridad y privacidad de las plataformas educativas que se utilizan, en las que se deben
establecer códigos de conducta entre sus usuarios, asegurar las comunicaciones y la
privacidad de todas las actividades que se desarrollan online. Durante estos meses ha
aumentado el uso de las pantallas de móviles y tabletas, tanto para fines académicos como
para momentos de ocio. Es importante promover el uso saludable de las tecnologías, fomentar
un uso seguro y responsable y desarrollar una actitud crítica ante la información. Las
actividades formativas online forman ya parte de la metodología de enseñanza y aprendizaje,
por lo que es importante incorporar ésta de manera adecuada, por lo que es fundamental
eliminar la brecha digital existente en los alumnos, el profesorado y en las familias, poniendo
en marcha mecanismos de detección de necesidades y formación para ello.
Durante el confinamiento, además, muchos hogares tuvieron que combinar el teletrabajo con
el cuidado y atención de los hijos durante la duración de la jornada escolar, causando una
sobrecarga a las familias, y la situación actual ha agudizado la necesidad de contemplar
medidas de conciliación que permitan compaginar la vida personal, familiar y profesional.
Actualmente, para asegurar el derecho a la educación en situaciones de emergencia que no
permitan la presencialidad en las aulas, es necesario que contar con medidas de conciliación:
• Desde el sistema educativo, en el caso de un acceso más restringido a la presencialidad,
se debe tener en cuenta a la hora de establecer las prioridades de acceso a los centros las
dificultades para la conciliación laboral de las familias y las situaciones de vulnerabilidad. En
el caso de enseñanza a distancia, no emplear metodologías de enseñanza abierta si los niños
no están preparados para ello, dejar claro el rol de las familias y brindar apoyo para que
puedan realizar el seguimiento educativo.
• Más allá del sistema educativo, en el ámbito laboral también es necesario tomar medidas,
como flexibilizar y reducir la jornada laboral, permisos retribuidos en los casos necesarios,
fomentar el teletrabajo en las profesiones que sean posibles.
• El sistema educativo debe fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para
que, en caso de que un centro no pueda acoger a todos sus estudiantes presencialmente
durante toda la jornada escolar, pueda apoyarse en los municipios, diputaciones o cabildos
para la cesión de espacios de escolarización extraordinaria. También pueden desarrollar
servicios de apoyo escolar donde los niños puedan permanecer realizando las tareas escolares,
que cumplan con las normas de funcionamiento seguro, mientras sus familias tengan
dificultades para conciliar o dificultades para el seguimiento y apoyo escolar de sus hijos.
La conciliación resulta imprescindible para garantizar los derechos de la infancia, posibilitando
la necesaria orientación familiar en el ejercicio del derecho a la educación, es fundamental
para promover la parentalidad positiva, que ha demostrado ser uno de los factores de éxito en
la mejora del rendimiento académico y en la lucha contra el fracaso escolar. La participación
de las familias en la escuela ya encontraba dificultades por la difícil conciliación familiar antes
de la pandemia pero la auténtica conciliación es necesaria para la cohesión de la familia,
favoreciendo además el desarrollo y protección de las niñas, niños y adolescentes. En este
sentido, el Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas, en
sus observaciones a España recomendaba prestar apoyo adicional, en particular, a las
familias en situación de riesgo debido a la pobreza, familias monoparentales, las familias
numerosas y aquellas cuyos padres o madres están en situación de desempleo.
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