Boletín nº 34 - Cajas de ahorro vs. bancos

Primero de todo, se impone una puntualización respecto del título de este boletín monográfico para que nadie se llame a engaño. La locución latina “versus” inserta en él se ha de entender en el sentido real de su origen, es decir, “ir hacia”  y no “contra”, como se usa habitualmente. La lectura del título, por tanto, quiere representar el desplazamiento de cajas de ahorro hacia bancos.

Bien mirado, también podría usarse la locución en su acepción de “contra” (fruto, por cierto, de la interpretación del término en la jurisprudencia inglesa, que la empezó a aplicar a “confrontación” porque en el duelo los rivales se sitúan espalda contra espalda, dan tres pasos, se dan la vuelta y avanzan el uno hacia el otro con el arma en la mano), ya que es conocido que durante un tiempo las cajas fueron rivales feroces de los bancos en el objetivo de arañar cuotas de mercado.

Debe explicarse igualmente el porqué de estas reflexiones, resultado de muchas conversaciones físicas y virtuales en las que es perceptible el desconcierto de la ciudadanía ante la evolución última del mapa de nuestras entidades financieras, con el vuelco impuesto por Europa en la forma social de muchas de ellas. Efectivamente, si recordamos la cantidad de organizaciones que prácticamente anteayer tenían el nombre de “caja de ahorro” y comparamos con la situación actual, en el que la cifra se cuenta con los dedos de una mano, es comprensible que el personal esté realmente confuso. Y a esta confusión han contribuido los medios de comunicación, tanto los de índole económica como los generalistas que, en general, han adolecido de divulgar adecuadamente las razones de lo que estaba pasando y, sobre todo, de por qué pasaba, en un ejercicio (¿instintivo?) de considerar casi experto financiero a todo hijo de vecino. Claro que esta calificación del ciudadano como experto financiero no es patrimonio exclusivo de los medios: un ilustre expresidente de la que fue importante caja de ahorros calificó también como tales a las víctimas de una monumental estafa propiciada por él y su equipo como indigna excusa de su actuación en una exhibición de ignorancia financiera pese a su acreditada experiencia en otros manejos político-económicos.

Pero basta de rodeos. Confiemos en que estas líneas ayuden a despejar alguna duda relativa a los motivos que condujeron al desguace de nuestro sistema financiero, que, a decir de no pocos prebostes, era la envidia del mundo por su solidez y solvencia sin distinguir entre dos realidades bien distintas como eran los bancos y las cajas de ahorro (dejamos voluntariamente aparte en este análisis de acercamiento al problema a las cajas rurales, con otro tipo de problemática, silenciosa, pero también pendiente de resolver).

Porque ese es el quid de la cuestión. A pesar de que se abuse hasta la saciedad en la “crisis bancaria”, la realidad es que el maremoto financiero, no exento de morbo e ineficacia políticos, ha sido protagonizado en su mayor parte por las cajas de ahorro y, en mucha menor medida, por los bancos.

Diferencias entre banco y caja de ahorros

Por lo que se refiere a los bancos, su historia comienza prácticamente en paralelo con la actividad comercial en un primer prototipo de relación con comerciantes, agricultores y ganaderos del mundo antiguo mediante el que se hacían préstamos de granos a los segundos por parte de los primeros, que transportaban bienes entre las ciudades aproximadamente 2.000 años antes de Cristo en Fenicia, asiria y Babilonia. Los primeros banqueros de la historia fueron los sacerdotes que, aprovechándose de las creencias, el miedo y la fe de los fieles, recibían ofrendas y dádivas, y custodiaban los depósitos que los fieles les confiaban, realizando prestamos en especie. A su vez, los laicos también comenzaron la actividad bancaria. De hecho ya en el siglo XVII A.C. el Rey Hammurabi de Babilonia incluyó en su conocido Código un reglamento de la actividad bancaria, constituyéndose así lo que podría asimilarse a la primera Ley de bancos. Posteriormente, durante el Imperio Romano, con la popularización del uso de la moneda, se añadieron dos innovaciones importantes: los prestamistas aceptaban depósitos y cambiaban dinero. Existe evidencia arqueológica de existencia de préstamos monetarios en este período en la India y en la antigua China. Ya entonces, estas “instituciones” (por hacer servir el concepto moderno del término), recaudaban impuestos como requisito para poder realizar su actividad principal, ligada a operaciones de cambio y crédito y acuñaban moneda[1].

Dando un salto en el tiempo, en el siglo XII son los caballeros de la orden del Temple los que fijan las bases para la concepción moderna de banca con intereses pactados y plazos de amortización establecidos, en operaciones que abarcan Europa y el Medio Oriente.

La banca, propiamente dicha, se organiza en la Edad Media con epicentro atribuido a Italia, y su mismo nombre deriva de la palabra italiana banco, "escritorio", utilizado por los banqueros judíos florentinos renacentistas, que hacían sus transacciones sobre una mesa cubierta por un mantel verde.

Se reconocen el Banco de Venecia, de 1157 o la Taula de Canvi, de Barcelona, de 1401 como pioneros, si bien el privilegio de ser el primer banco “moderno” se le concede al Oficio de San Giorgio, de Génova, creado en 1406, al que siguieron instituciones en Pisa, Florencia, Venecia, etc. y se difunden por Europa en Frankfurt, Nüremberg y establecimientos privados de cambistas y prestamistas israelitas difundidos por toda Europa. Con organización compleja, aparecen, en 1609, el Banco de la ciudad de Barcelona y casi al mismo tiempo los de Ámsterdam, Venecia y Hamburg. Los bancos centrales y de emisión vienen con posterioridad, iniciando la serie el de Inglaterra a finales del siglo XVII, seguido por Francia, Noruega, Austria, Dinamarca, Bélgica, España (1856) Rusia, etc.

Sin entrar en detalles, se observa que el desarrollo de la banca se propagó del norte de Italia a toda Europa y sus entonces colonias de ultramar evolucionando con los acontecimientos posteriores en todo el mundo. Durante el siglo XX, el desarrollo en las telecomunicaciones e informática llevaron a cambios fundamentales en las operaciones bancarias y permitieron que los bancos crecieran exponencialmente en tamaño y alcance geográfico… hasta llegar a la crisis financiera de principios del siglo XXI en la que no entraremos pero que ocasionó muchas quiebras bancarias, incluyendo a algunos de los bancos más grandes del mundo, y generó un debate aún inacabado sobre la existencia o no en ese momento de una potente regulación bancaria y sobre la eficacia y conveniencia de la misma.

Muy diferente es el camino que han seguido las cajas de ahorro, entidades nacidas para desarrollar su actividad sin ánimo de lucro, pese a que compartan con los bancos el origen italiano.

Los antecedentes, pues, de las cajas de ahorro hay que buscarlos en los Montes de Piedad, que habían nacido en Italia con la función de prestar grano y otros productos primarios a agricultores, pequeños propietarios y rentistas de tierras para, en general, poder alimentarse hasta que se obtuviera la nueva cosecha o para pagar algún contingente de semillas. Se devolvía el principal del préstamo o mutum con un pequeño interés también en especie ya que estaba condenado por imposición eclesiástica el cobro de intereses[2],

Así, en 1462, unos franciscanos, cerca de Perusa, pusieron en acción la primera institución de este tipo, que se denominó Monte de Misericordia. Con el nombre de Montes de Piedad, en estos momentos iniciales del capitalismo, se difundieron por toda Italia. Y en su vertiente de instituciones de ahorro para atender a los retirados de la actividad laboral dieron paso a los Montepíos, cuyos primeros antecedentes surgen en medio de los arbitrios que pululaban en la Corte de Felipe IV.

El primer Monte de Piedad español se fundó el 3 de diciembre de 1702 por el sacerdote Francisco Piquer y la primera Caja de Ahorros como tal se fundó en la capital del Reino, Madrid, el 25 de Octubre de 1838 por Real Orden firmada por la Reina Regente Mª Cristina aunque para ser exactos, realmente, la primera Fundación se produjo en Jerez de la Frontera por iniciativa de la Diputación Provincial de Cádiz y del Conde de Villacreces en una fecha tan tardía como 1835. Huelga decir que estas primeras instituciones tuvieron un referente y un antecesor tan meritorio como nítido en el Monte de Piedad, su legítimo antepasado. Toda esta historia se encuentra detrás de la Real Orden de 17 de abril de 1839, que encarga a los gobernadores civiles que impulsen la creación de Cajas vinculadas, a poder ser, con Montes de Piedad. Pero esto pronto se amplió por el Real Decreto de 29 de junio de 1853 originado por la inseguridad y escasísima importancia del sistema crediticio de entonces[3].

Desde esos días hasta ahora, la evolución de las cajas en toda Europa sigue pareja a los avatares socioeconómicos y no es ajena a sus convulsiones

Como ejemplo de que estos vaivenes no son sólo en España, cabe citar el caso inglés y su revolución industrial. En lo económico se registra una crisis gravísima debida a la pérdida de cosechas que, aparte de que costó la vida, por ejemplo, a casi el 12 % de la población de Irlanda, hace aumentar las importaciones en un escenario de disminución de oferta monetaria por la paralela disminución de las exportaciones, desapareciendo gran número de entidades (bancos y cajas) en Liverpool, Manchester o Newcastle, pero también a su rebufo, en Francia, la poderosa Caja General de Comercio y de la Industria, fundada por Laffite,y otras entidades de ámbito provincial.

A la vista de cuanto antecede, queda claro que en épocas difíciles, el impacto es indiscriminado a bancos o cajas y unos y otras tienen parecidos problemas. Parece pertinente entonces indagar por qué en esta crisis que aún tenemos instalada en nuestro escenario cotidiano, las cajas se han llevado la peor parte hasta el punto de que uno de los factores de salvación es su conversión en banco. Nos atreveríamos a afirmar que los motivos son políticos más que económicos, tal como se explica a continuación.

El impacto de la crisis en las cajas

Para entender la anterior afirmación se hace necesario seguir buceando en el pasado: en la legislación de base de los años 30 del siglo XIX las cajas de ahorros se configuraron como entidades de beneficencia, orientadas al fomento y protección del ahorro y a la generalización del acceso al crédito de las clases sociales más desfavorecidas. El éxito de las cajas se basó en estos caracteres fundacionales de carácter social, simplicidad del negocio y apego al territorio, que motivó históricamente gran parte de su general aceptación y su éxito como instituciones bancarias singulares.

Formalmente, la operativa que podía hacer una caja de ahorros estaba limitada con respecto a la banca de manera que, atendiendo a la tipología de su clientela y servicios que ésta precisaba, no necesitaba un abanico de productos tan amplio como un banco; es más, determinadas operaciones le estaban vetadas. 

Paulatinamente, las cajas fueron creciendo en tamaño y ampliando los servicios ofrecidos a la clientela, pero en 1977 se promulgó el Real Decreto (conocido como el «Decreto Fuentes Quintana», por ser éste, a la sazón, Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía en ese momento, su impulsor) para la regulación de los órganos de gobierno y de las funciones de las cajas de ahorros, que fue la norma que permitió a las cajas realizar las mismas operaciones que las autorizadas a la banca privada. Con el proceso de liberalización financiera impulsado a partir de 1977, las cajas españolas protagonizaron una trayectoria caracterizada por un claro incremento de su cuota de mercado y por la realización de una labor social de primer orden, posibilitando la aparición de un subsistema de banca regional.

Pero sería con la Constitución de 1978 con la que la configuración de las cajas se alteró por completo, al permitir a las incipientes Comunidades Autónomas regular los Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, e incidir en la gestión de las mismas.

La verdad es que pocos apostaron por las cajas durante la elaboración de nuestra vigente Constitución, puesto que rondaban el centenar de entidades, eran de reducido tamaño y su actuación quedaba prácticamente limitada al ámbito local, motivo por el cual se permitió, ya fuera por descuido, o por decisión voluntaria y consciente, que su regulación fuera materia competencial atribuida a las Comunidades Autónomas, entidades políticas y administrativas aún embrionarias entonces, cuyo alcance no se plasmaría definitivamente hasta años más tarde. El modelo de las cajas, de forma preconcebida o no, con mayor o con menor aceptación y agrado, se ajustó como un guante, transcurrido el tiempo, a la estructura política y territorial de nuestro país, al Estado de las Autonomías.

Para aumentar la confusión, debe recordarse que los bancos son entidades con ánimo de lucro y, como tales, tienen legítimo derecho a repartir sus beneficios entre sus accionistas al término del ejercicio económico o a invertirlos en lo que ellos consideren oportuno mientras que las cajas de ahorro están obligadas a destinar sus beneficios anuales, en un porcentaje legalmente establecido, a cimentar reservas obligatorias de capital para asegurar su liquidez presente y futura, es decir, su solvencia y futuro económico y el resto debe estar dedicado, sin excepción, a su obra social, que puede extenderse a campos tan variados como la conservación del patrimonio histórico y artístico, las ayudas a grupos sociales desfavorecidos, la cultura, el deporte, etc.

En resumen, a pesar de que a partir de la ley de 1977, la percepción general es que una caja es igual que un banco si sólo nos fijamos en la operativa a la que están autorizados o en el negocio que capta y atiende una u otro, la realidad es que se mantienen diferencias importantes, como se puede ver en el siguiente cuadro, elaborado con datos del Banco de España.

DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO
	Bancos	Cajas de ahorro
Naturaleza jurídica	Sociedad anónima	Entidad de carácter fundacional
Distribución del beneficio	Dividendos Reservas	Obra social Reservas
Formas de capitalización	Capital accionistas	Participaciones fundadores
Competencia reguladora	Estado	Estado Comunidades autónomas
Órganos rectores	Junta general Consejo de administración	Asamblea general Consejo de administración Comisión de control
Grupos de representación	Accionistas	Legislativo autonómico Corporaciones locales Impositores Entidades fundadoras Empleados

De un somero vistazo a este cuadro resumen ya puede concluirse que una parte de los problemas específicos de las cajas de ahorros están asociados a las peculiaridades de su naturaleza jurídica:

-    -   Están dotadas de una estructura de gobernanza compleja y rígida, que no favorece la aplicación de las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo[4]

-       -  Tienen restricciones legales para obtener recursos propios de primera calidad por una vía que no sea la retención de beneficios.

Por eso, durante la etapa de expansión económica previa a la crisis del verano de 2007, una parte de las cajas de ahorros acumuló desequilibrios bancarios de diverso tipo cuya relevancia se puso de manifiesto cuando el entorno macroeconómico cambió.

Técnicamente, los dos problemas que han venido destacando como más relevantes son la elevada exposición al sector de promoción y construcción inmobiliaria[5] y la dependencia para su viabilidad económica de los mercados de financiación mayorista (básicamente extranjeros). Junto a ellos, también se hizo patente un exceso de economía real, la fragmentación del propio sector, con un elevado número de cajas de ahorros, y la pérdida de rentabilidad, fundamentalmente por las estructuras sobredimensionadas, el aumento de los activos no rentables y el encarecimiento de la financiación.

Sin embargo, incluso la suma de todos esos factores queda lejos de la dimensión que ha adquirido el desastre financiero de las cajas. Entender otras razones de peso se consigue volviendo a analizar el cuadro de diferencias de más arriba: tanto la gestión como el mando han caído en manos de la política autonómica ya que el poder de decisión y la cuota de poder de las autonomías ha crecido de forma espectacular sobre todo, por la legislación en esta materia de las Comunidades Autónomas. Por ello, se puede hablar de politización de la gestión sin lugar a dudas; de ahí viene que el gestor se comporte como un burócrata, con una única excepción: el burócrata tradicional maneja un presupuesto que intenta maximizar para adquirir mayor poder y mejores emolumentos (como bien ha estudiado la Public Choice Theory[6]) y el gestor de la Caja persigue una mayor cuota de poder y mejor remuneración, al igual que el burócrata.

La inclusión de criterios políticos en la valoración y ponderación de proyectos de inversión que una Caja de Ahorros tiene que realizar con cargo a fondos de beneficios o de la Obra Social, desplaza el foco de atención sobre el coste del proyecto y lo lleva a la ponderación de los beneficios sociales (de clientelismo, digámoslo así) que pudiera poseer de forma implícita. El corolario lógico es la sobrevaloración de los beneficios y la infravaloración de los costes. Es una suerte de financiación, como diría el castizo, “a toda costa”, lo que conlleva un despilfarro monumental de recursos y por eso la gran mayoría de las actuaciones con cargo a la Obra Social no se podrían realizar sin esos fondos. Nadie estaría dispuesto a cubrir un gasto del cual no se tiene una expectativa clara de ganancia en el futuro. Y, por si fuera poco, el poder tiende siempre a la expansión si no encuentra impedimento. Muy probablemente encontremos ahí una de las razones por las que se permitió la expansión sin límite y el sobredimensionamiento de las Cajas de Ahorros en todas las Comunidades Autónomas.

Traer a colación en este punto casos puntuales explicativos de estas anomalías es, simplemente, hurgar en heridas recientes, algunas aún abiertas, como disfrazar el objetivo de incrementar los recursos propios de la entidad con la chapuza de comercializar sin ningún rubor las famosas participaciones preferentes como productos de ahorro, o como el financiar proyectos que ya de entrada se sabían ruinosos pero que estaban decididos por la “rama política” de la caja de turno: aeropuertos de Ciudad Real o Castellón, el parque de ocio Terra Mítica, la promoción de viviendas Polaris World, la Cidade de Cultura de Santiago de Compostela….. Posiblemente cause escozor al observador la constatación de que en ninguno de ellos se han visto implicados bancos y que si se acometieron no era por su viabilidad precisamente sino por claras motivaciones políticas.

No, no tiene sentido empeñarse en transmitir (salvo que sea manipulación interesada) que la situación de la cajas se debe a los incumplidos en préstamos hipotecarios domésticos. Si se regularizaran de golpe todos los atrasos de amortización, incluso si se desahuciaran a todos los que registran atrasos en el pago de la cuota del prèstamo y se realizaran a continuación los activos correspondientes, las cajas continuarían en el pozo en el que han caído. 
Las razones, mucho más complejas, hay que buscarlas en una nefasta gestión de su actividad. Analizar en cada caso que ésta sea por ineptitud, por clientelismo político y/o partidista, o por otras causas, cae fuera de este boletín. 

Es de desear que, en este camino que se ha iniciado, de cajas versus bancos, se eviten en el futuro situaciones similares, ya que en los bancos (empresas privadas) SÍ se investigan responsabilidades y se toman medidas.

No puede acabarse esta reflexión sin  dejar constancia de que, en este marasmo que fue la actividad de las cajas, prólogo de su virtual desaparición y de la eliminación de la mayoría de las obras sociales, hay entidades que no atendieron los cantos de sirena del sistema y han resistido, cada cual proporcionalmente a su tamaño y medios, y hoy son el rescoldo vivo de lo que en su día fue el potente sector de las cajas: Caixa de Pensions de Barcelona (hoy Caixabank por su conversión legal), Unicaja, Caixa Ontinyent y Colonya-Caixa de Pollença. El resto han pasado a ser mero recuerdo de un sistema que lo más que puede decirse es que forma parte de la historia financiera de este país.

---

[1] Como referencia a la actividad actual, valga recordar que en la época de Justiniano, emperador de Bizancio, en el siglo VI, se reglamentan con precisión los usos y costumbres en materia bancaria y se fija la tasa de interés en un 6% al año, con algunas excepciones, considerando el riesgo de las operaciones. Los préstamos marítimos, por ejemplo, pueden alcanzar al 12% al año y los acordados a las iglesias no pueden superar el 3%.

[2] Es llamativo constatar que, por el contrario, en España, la Escuela de Salamanca de teología moral, con aportaciones tan notables como las del discípulo de Francisco de Vitoria, Martín de Azpilicueta, sí aceptaba que se cobrasen

[3] Las crisis no son nuevas. Basta recordar, para comprobar que no existía entonces banco solvente alguno, la crisis del Banco de Isabel II, un banco emisor, básicamente propiedad de José de Salamanca. En la crisis de 1847-1848 había estado a punto de cerrar y de dejar sin un céntimo a los depositantes.

[4] Vale la pena recordar que cuando empezó la crisis y España fue llamando a diferentes puertas en busca de ayuda para el sistema financiero, uno de los principales escollos que encontró fue la incomprensión generalizada acerca del funcionamiento y estructuras de las cajas.

[5] En el conjunto de cajas de ahorro, las atenciones al sector inmobiliario pasan de ser el 21% de su crédito al sector empresarial en 2002, al 41’8% en 2007. Se trata de un porcentaje muy por encima de los que otorgaba la Banca privada y las cooperativas de crédito.

[6] La teoría de la elección u opción pública (Public Choice theory), trata de ligar la economía con la política a través del Estado, entendido como la suma de voluntades individuales, para saber cuáles son los factores que determinan las políticas que elige el Estado de entre las diferentes opciones que se le presentan. Comprende dos ramas: a) La Elección Pública Positiva, que estudia las decisiones colectivas o públicas de los agentes políticos, y b) La Economía Política Constitucional, que pretende desarrollar un marco institucional que aminore el poder político frente a la sociedad civil