El dicho y el hecho

¿Alguien ha llevado la cuenta de la cantidad de portadas, grandes titulares y exhaustivos análisis de expertos que se dedicaron hace unos meses a ese gran escándalo que hizo tambalearse todo el sistema financiero de un país como Andorra (con ramificaciones políticas en España en función de la identidad de alguno de los presuntos implicados) a raíz de la denuncia efectuada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la entonces boyante Banca Privada d'Andorra (BPA) por su aparente actuación laxa ante posibles operaciones de blanqueo de capitales efectuadas a través de ella o sus filiales?

Fueron incontables, efectivamente, y hay que decir que el tema aún colea con la nacionalización de la entidad y la denuncia presentada por los socios de BPA en la que acusa al Tesoro de EEUU poco menos que de falsedad en sus acusaciones originales. El tiempo dirá lo que tenga que decir.

Pero, lo que son las cosas, el GAFI, que recordemos que es el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la organización supranacional con sede en París que establece las normas internacionales contra el blanqueo de capitales, ha revisado más de dos docenas de países en su última ronda de evaluaciones del cumplimiento de las normas por los países y ha dado a Estados Unidos, en las conclusiones publicadas la semana pasada, la calificación más baja posible en sus esfuerzos por evitar que los delincuentes blanqueen dinero usando compañías fantasmas y en la supervisión de abogados y agentes inmobiliarios, manchando de esta manera el poderoso marco del país que dice erigirse en líder mundial para contrarrestar la delincuencia financiera.

Y, también lo que son las cosas, esta noticia no ha merecido, no ya una portada, sino un suelto, aunque fuera inserto con calzador en las páginas de espectáculos o deportes.

Es que tenemos unos medios... (con honrosas y contadas excepciones, eso sí).

Hay que ser precisos: el GAFI aprueba los enfoques de las acciones de cumplimiento legal en los Estados Unidos¹, ya que constata que, en general, Estados Unidos cuenta con un régimen de prevención “bien desarrollado y robusto” mediante el cual “está investigando y persiguiendo en forma precisa el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, y que las entidades financieras, en general, tienen “una comprensión evolucionada de los riesgos y obligaciones ante el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y tienen sistemas y procesos para implementar medidas preventivas, incluyendo para clientes nuevos, monitoreo de transacciones y reporte de transacciones sospechosas", pero los evaluadores del GAFI destacaron en su informe la existencia de muchas de las mismas deficiencias detectadas ya en una revisión previa en 2006, principalmente fallas relacionadas con la exigencia de que se recopile información relacionada con los detalles corporativos de propiedad real beneficiaria de las compañías y se pongan a disposición de las fuerzas del orden.

No se olvide que el problema de la propiedad corporativa opaca fue una cuestión prioritaria a nivel mundial después del escándalo conocido como Papeles de Panamá, que reveló cómo terroristas, criminales y corruptos pueden esconder activos ilícitos detrás de estructuras de propiedad oscuras y, en el caso de Estados Unidos, según el GAFI, “el sistema tiene graves baches que impiden el acceso oportuno a la información de propiedad beneficiaria. En términos de información sobre la propiedad beneficiaria, las agencias de ley no son capaces, en algunos casos, de obtener acceso a la información de manera oportuna, y en algunos casos obtener información en absoluto. Todavía hay una lucha a nivel nacional para obtener un acceso sistemático a la información de la propiedad beneficiaria”.

Llama la atención que sea precisamente este aspecto, el de conocer la propiedad efectiva de los fondos implicados, no ya en blanqueo, sino en elusión fiscal incontrolada, en depósitos irregulares y opacos en paraísos fiscales o en cualquier otra modalidad de pantalla, cuando fueron las autoridades de los Estados Unidos uno de los principales promotores (sobre el papel) de trabajar en pos de la armonización normativa en ese campo, fruto de lo cual fue la publicación por el GAFI en 2014 de un documento con el título de Guidance on transparency and beneficial ownership (Orientación en la transparencia y la propiedad beneficiaria efectiva) que era complementado por una especie de guía a los países para su implementación. Pero, acudiendo a nuestro refranero, del dicho al hecho hay un gran trecho.

Tras el escándalo conocido como los Panama Papers, eso “es un problema sobre el que cabe centrarse ciertamente, dando más reconocimiento a los peligros de las compañías anónimas” y es por lo que el GAFI cree que se necesitan cambios fundamentales para arreglar los baches sobre la propiedad efectiva y deben hacerse mejoras importantes en el área de recopilación de información sobre la propiedad real beneficiaria y la disposición de ésta para los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los bancos o la creación de un registro público.

Algunos legisladores estadounidenses, incluso grupos amplios y bipartidistas, han tratado de promulgar proyectos de ley para resolver esas lagunas, pero los esfuerzos nunca han llegado a buen término. Incluso el gobierno de Obama propuso en mayo una ley para obligar a las compañías a revelar la identidad de sus dueños beneficiarios, pero el Congreso no presentó el proyecto de ley, dijo un funcionario del Tesoro estadounidense en una llamada con reporteros, según Reuters. Sin esa ley, dijo el funcionario, “EE.UU. continuará estando a la retaguardia de sus socios globales”.

En un intento por resaltar el tema, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos finalizó la redacción de las normas que exigen a los bancos solicitar y capturar información sobre la propiedad real beneficiaria en la apertura de la cuenta, pero las instituciones no tienen manera de verificar lo que se les dice.

“Las autoridades federales entienden bien los riesgos de estructuras complejas de personas jurídicas y arreglos legales que se utilizan para ocultar la propiedad y lavar dinero”, según las conclusiones del GAFI. “Sin embargo, lagunas graves en el marco legal impiden el acceso a la información exacta sobre la propiedad beneficiaria de manera oportuna”.

La mala clasificación de Estados Unidos por la (falta de) información sobre la propiedad real corporativa se relaciona con ciertos Estados que hacen del secreto un argumento de venta, con Delaware a la cabeza, pese a que Delaware tenga una de las reglas de identidad más estrictas del mundo, tal vez más que Singapur y Panamá.

Ante esta situación, el GAFI propone un plan de acción que Estados Unidos debe completar antes de la próxima evaluación del GAFI y en el que,entre otras varias prioridades, se establece una "para que el país refuerce vulnerabilidades" que es de puro sentido común en todos los países que dicen luchar contra los refugios financieros:

–Capturar y poner a disposición de las autoridades competentes la información sobre la propiedad beneficiaria de manera oportuna, exigiendo que dicha información se obtenga a nivel federal.

¿Se implementará antes del próximo Luxleaks, o Falciani o Papeles de Panamá?

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1El grupo Basel AML Index (ranking anual que evalúa el riesgo país en relación con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Se centra en los marcos de lucha contra estos delitos y otros factores relacionados, como la transparencia financiera y pública y la solidez judicial en este campo concreto) publica un análisis comparativo de las puntuaciones del GAFI, ponderando la efectividad más que el cumplimiento técnico, que sitúa en clasificación GLOBAL a Estados Unidos en el segundo lugar, detrás de España y varios lugares mejor que Suiza, que se ubica en quinto lugar.