No todo es Trump

Hace un par de semanas podíamos leer en los medios de comunicación un titular que decía: "Los mayores bancos de EEUU piden a Trump reducir las obligaciones antiblanqueo por ser onerosas e ineficaces". Y desde entonces, nunca más se supo en los medios, perdidos en la maraña diaria con el bombardeo de iniciativas del nuevo mandatario estadounidense, polémicas, escandalosas, incendiarias, acompañadas frecuentemente de lapidarios y contradictorios mensajes vía Twitter que me niego a calificar. No son pocos ya los analistas políticos (incluso de dentro de los Estados Unidos) que empiezan a considerar ésto como una muy meditada estrategia de comunicación, alternando la divulgación de noticias muy llamativas como maniobra de distracción ante otras iniciativas normativas simultáneas de mucho mayor calado pero que se hacen pasar más desapercibidas.

Este es el caso de la noticia citada al inicio, que se relaciona directamente con la eterna lucha ideológica entre la derecha, que achaca los problemas de la economía a un exceso de regulación, y la izquierda, que los achaca a una regulación escasa y laxa, es decir, y simplificando mucho, las polémicas de la campaña presidencial estadounidense, entre lo que se identificaba como políticas del Presidente Obama y del candidato Trump.

Vayamos por partes para intentar analizarla en su medida, y veamos le evolución reciente de la normativa estadounidense en el campo de la regulación.

Como consecuencia de la crisis de 2008, generada sobre todo por la indiscriminada emisión de títulos “subprime”, en 2010 el presidente Obama promulgó la Ley Dodd-Frank con el objetivo básico es evitar nuevas quiebras catastróficas, que puedan convertirse en sistémicas. Para ello, en términos generales, la Ley obliga a las grandes entidades bancarias a que realicen pruebas de resistencia ante las combinaciones de varios escenarios (real, en situaciones de crisis, de expansión, con varios niveles de tipos de interés e inflación), aumenta los requerimientos de capital de las entidades, ordena que se estructure un procedimiento de desmantelamiento ordenado de empresas (en casos de quiebras), reactiva el espíritu de la Ley que separaba la banca comercial de la banca de inversión, prohibe el reparto de dividendos sin permiso de la Reserva Federal, se enfoca a las grandes entidades por el hecho de que estas son las que tienden a afectar el citado riesgo sistémico y crea una propuesta legal con el fin de reformar el sistema bancario a través de la limitación del tamaño de las entidades y controlar sus posiciones de riesgo (al efecto impide operaciones especulativas, aunque ofrece exenciones a ciertos productos en el mercados de valores con coberturas de riesgos). En ese mismo orden de cosas, instituye procesos regulatorios tendentes a garantizar que los bancos no efectúen operaciones propias maquillándolas como coberturas y estipula un límite de 3% del capital total de las entidades para aportar capital a fondos de inversiones alternativas o ejecutar operaciones en el corto plazo con fondos propios para su beneficio, requiriendo un control eficiente del registro de sus actividades. Por otro lado, impide a las entidades bancarias la captación de depósitos garantizados por el Estado, controlar hedge funds (fondos de cobertura), fondos de private equity o comprar y vender títulos por cuenta propia (especificamente hipotecas subprime). Con toda esta serie mareante de medidas, de probada eficacia posterior, se busca evitar el crecimiento desproporcionado de entidades cuya eventual quiebra pueda derivar en obligación de rescate por parte del estado.
 

Todo lo anterior, como es natural, genera una serie de procedimientos y obligaciones que limitan la otrora libertad que disfrutaba el sector financiero norteamericano antes de la crisis, con sus consecuentes costos. En tal sentido, el capitalismo dio un giro por la participación de los estados en la salvación de las entidades financieras con problemas de liquidez y como consecuencia de esto se emitieron regulaciones restrictivas, que, no nos engañemos, nunca son muy agradables.

Una de las promesas de campaña de Trump, como oposición a Obama, fue la de “desregularizar” el sector financiero, o sea, que, según eso, en el límite, eliminaría las normas de supervisión y control que generan restricciones al adecuado desarrollo de las operaciones financieras, lo que, como casi todas sus prontas decisiones y mandatos, ha provocado reacciones internas y externas. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, reaccionó al respecto indicando: “Una de las principales razones de la crisis actual es el desmantelamiento de la regulación del sector bancario en los años previos a la crisis. Lo último que necesitamos es relajar la regulación financiera internacional. Eso sería preocupante. Muy preocupante”.Y el ex precandidato demócrata a las elecciones presidenciales estadounidenses, Bernie Sanders, lo calificó de farsante, debido a lo que él entiende que es un doble discurso de Trump en torno a Wall Street (uno en la campaña y otro ahora) reprobando que se pretenda deshabilitar una norma que, además, protege a los consumidores.

Es en ese contexto en el que se produce la noticia de que los mayores bancos de ese país han solicitado reducir las obligaciones antilavado de activos (antiblanqueo de capitales para nosotros) por considerarlas onerosas e ineficaces, proponiéndolo en un documento en el que destacan que no hay pruebas de reducción de los delitos por la aplicación de esas normas y que junto a los elevados costes para negocios y consumidores se ha producido una reducción de servicios financieros para los pobres (¡toma ya argumento!), que el coste es la privacidad y las dificultades de investigación de "los malos" cuando se les cierran las cuentas y los canales financieros formales. Entre las cuestiones que se critican señalan el que cada condena a una entidad por blanqueo supere de coste los 7 millones de dólares o que un banco pequeño deba dedicar un 15% del personal a tareas de compliance. Además, requieren que el pilar que es en la lucha antiblanqueo el conocimiento del “beneficiario final” no sea responsabilidad de las entidades sino que éstos sean parte de un registro oficial de sociedades.

En este punto cabe recordar que Estados Unidos pertenece al G20 (en tanto integrante de su crisol, el G8) y también a la OCDE y al GAFI. Pues bien, en la reciente reunión del G20 en China en el segundo semestre de 2016, con asistencia de Estados Unidos, los países acordaron acelerar la agenda en la lucha contra paraísos fiscales, flujos ilícitos y blanqueo de capitales, pedir a la OCDE para julio de 2017 una lista de países no cooperantes y solicitar al GAFI la preparación para marzo de 2017 de un documento que impulse la implementación de acciones contra la financiación del terrorismo. ¿No es eso antagónico con lo que se difunde de las ideas de desregulación de Trump? ¿O acaso las sanciones que impone el Tesoro de Estados Unidos serán sólo válidas para bancos extranjeros como el Crèdit Suisse, el Deutsche Bank... o la Banca Privada d'Andorra, a quienes no afecta la desregulación que se pide?

Algo no cuadra, algo falla que escapa a la lógica.

Y es que es cierto que las promesas de campaña, en el ámbito económico, de Trump se anclan en cuatro bases:

            1) Desarrollar una política fiscal expansiva, a través de la reducción de la presión fiscal y ampliando el gasto de capital;

            2) Reenfocar la política energética, promoviendo la extracción de combustibles fósiles      (fracking), lo que podría tender a estimular la oferta;

            3) Impulsar el proteccionismo a través de la revisión de los acuerdos internacionales y

            4) Implementar un proceso de desregulación del sistema financiero.

Pero realmente, ¿a qué se refiere en concreto esta último punto? Porque la desregulación como se vendía en campaña no goza de apoyo entre renombrados economistas,sean votantes republicanos o demócratas, que opinan que un laissez faire-laissez passer podría generar otra crisis financiera. Es imposible ignorar los acuerdos de Basilea III (promovidos, entre otros, precisamente por el G20) y creer que ahora los organismos internacionales están prejuiciados contra los Estados Unidos y no son transparentes. Con un proteccionismo económico excesivo, sin comercio mundial y con desregulación financiera, una nueva crisis no durará mucho en manifestarse.

Veamos, pues, qué es lo que ha propuesto el presidente Trump. Ha iniciado el proceso de “desregularización” con dos órdenes ejecutivas, la primera, “Reducción de la Regulación y Control de los Costos Reglamentarios”, y la segunda, “Principios Básicos para la Regulación del Sistema Financiero”, publicada ambas con diferencia de días sin que merecieran la atención de los medios, más preocupados por los tuits del Presidente y otras cosas igual de polémicas y llamativas.

Paralelamente, para la presentación al Congreso de estas órdenes, el Secretario del Tesoro deberá emitir un informe en el cual se deberán identificar las leyes, tratados, reglamentaciones, directrices, requisitos de registros y otras políticas gubernamentales que puedan impedir la regulación federal del sistema financiero que se propone, de forma coherente y efectiva con los Principios Básicos. No puede dejarse caer en saco roto que estas órdenes ejecutivas aun no pasan de ser propuestas, pues deben ser aprobadas por el Congreso, ya que sólo el poder legislativo, actualmente de mayoría republicana, puede emitir o cambiar una ley.

Por fortuna, parece que las propuestas se alejan del escándalo que puede inferirse de la lectura aséptica del titular citado al inicio (y, desde luego, de las intenciones de los bancos según el mismo) y, leyendo la letra pequeña, están más enfocadas a una suerte de reestructuración o flexibilización de las regulaciones emitidas y a aumentar el proteccionismo pero sólo buscando mayor eficiencia y objetividad en sus aplicaciones. Si es así, en el corto plazo, puede estimularse el crédito, catalizando el previsto crecimiento del Producto Interior Bruto. Lo que Trump y sus asesores no deben olvidar es que no es bueno incluir en lo concerniente a esta desregulación la revisión de las nuevas normas que limiten la participación de muchos elementos económicos extranjeros en el sistema financiero norteamericano. Si no lo hace, ciertamente ayudaría a mejorar la eficiencia del sistema de pagos norteamericano, pues de otra forma se generan mayores costos a los clientes de los productores y vendedores de servicios estadounidenses, por eso lo que se espera son reglas claras y precisas, no desproporcionadas, para generar una óptima adaptación que promueva la creación de riquezas, con justa equidad, sin que se le reste calidad a la prevención de crímenes financieros, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En definitiva, se confirma que algunos medios viven de titulares llamativos, aunque éstos se revelen sesgados e inexactos y, lo que es peor, no asumen responsabilidad alguna si lo que hay de cierto detrás de la noticia modula o contradice el titular. Parece que nos hemos de acostumbrar, en la era Trump, a convivir en una suerte de equívoco permanente en el juego de dar siempre una de cal y otra de arena y ya ve que se ha de obrar con cautela y analizar los porqués de la una y de la otra antes de llegar a conclusiones. Lo que no disculpa los nefastos efectos del personaje.