El entramado conocido de estos chiringuitos (boiler rooms o "salas de calderas" en su acepción inglesa) es que se trata de oficinas
pequeñas,
sin actividad mercantil real, creadas por grupos de la delincuencia organizada transnacional
para estafar a inversores mediante la captación de ahorro privado, bajo
la oferta de atractivos productos que en realidad son falsos. En España se ubicaban en Barcelona, Málaga y Mallorca
Tras más de dos años de investigaciones se consiguió
desmantelar 15 de estos chiringuitos y se intervino numerosa
documentación relacionada con las estafas, incluyendo guiones con
instrucciones a seguir por los operadores para captar víctimas, listados
de clientes, documentación bancaria relacionada con cuentas y
sociedades establecidas en paraísos fiscales, y facturas comerciales de
empresas vinculadas a la organización, así como numerosos dispositivos y equipos informáticos, teléfonos móviles y, por supuesto, joyas, dinero en efectivo, tarjetas de crédito de cuentas
en el extranjero y varios vehículos de lujo.
Los grupos delictivos que actúan en
torno a estos chiringuitos son organizaciones que se estructuran en
unidades reducidas y actúan de manera independiente, pero relacionadas
entre sí a través de alguno de sus componentes. Detrás de estas células
autónomas se encuentran unos "líderes" que
centralizan las bases de datos de potenciales víctimas, siendo además
los responsables del blanqueo de los fondos obtenidos de
manera fraudulenta, de la logística de la organización, de la creación
de los productos ficticios utilizados para engañar a los inversores y
de la formación de los responsables de los grupos dedicados a captar a
clientes para estafarlos. Además, se encargan de crear una estructura
societaria amplia y difícil de desmontar para dar una apariencia legal a
las operaciones y favorecer el blanqueo.
Los responsables de los grupos
desarticulados se encargaban de conseguir los listados de potenciales
clientes (en su mayoría elaborados por empresas de mercadeo contratadas
por la organización), buscar las oficinas desde donde operar, contratar
las líneas telefónicas, conseguir la documentación falsa para contratar
cuentas en entidades bancarias, seleccionar el personal y buscar las
viviendas donde se alojaban.
Como si de una película de intriga se tratara, los jefes de estas células gestionaban
también el trabajo diario y el personal bajo su mando, estableciendo
para ello una férrea disciplina con estrictas normas de
convivencia (no permitiendo fumar, hacer fiestas,
etc.) y evitando en todo momento llamar la atención de
los vecinos, de los arrendadores de los locales .... o de la policía. En caso de
incumplimiento de los horarios establecidos o de los objetivos fijados,
aplicaban duras sanciones económicas.
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Modus operandi
En cada lugar de actuación, los
estafadores disponían de una base de datos facilitada por la
organización. Con esta información realizaban una serie de llamadas
presentándose como “brokers”, pertenecientes a alguna sociedad gestora
de inversión. Este primer acercamiento tenía como objetivo tantear a
los clientes interesados en invertir, incluso sobre qué cantidades se les podrían
solicitar. Tras los primeros contactos realizaban un segundo
acercamiento en el que ya exponían los diferentes tipos de productos
financieros, siempre con un altísimo rendimiento, y hacían una propuesta
clara de inversión. Una vez captado el cliente, le llamaban varias
veces más proponiéndole otras inversiones o ampliar la inicial.
Cuando se alcanzaban los objetivos o se llevaba operando un tiempo de entre seis a doce
meses con los nombres de una serie de "sociedades de inversión", éstas desaparecían, cerrando las oficinas donde operaban e iniciando las operaciones desde
una nueva localización en la que se creaban o inventaban nuevas "sociedades", páginas
web, direcciones de correo electrónico, teléfonos de contacto, etc. con
las que actuar. Dicho sea de paso, el personal que opera en los chiringuitos no suele
tener contrato de ningún tipo, ni estar dado de alta en ninguno de los
regímenes de la Seguridad Social.
Operativa financiera
El dinero defraudado es controlado y
gestionado en todo momento por los responsables de los grupos y, como es imaginable, queda
fuera de todo control fiscal. Se abren cuentas en entidades financieras españolas "de renombre" a nombre de personas físicas testaferros o miembros
de la organización bajo identidades falsas, o a nombre de personas jurídicas, empresas creadas en España sin valor ni actividad mercantil. Una vez obtenido los
fondos, se reintegran en efectivo o, por transferencia electrónica, se mueven de cuenta a cuenta en España, Reino Unido u otros países,
incluidos paraísos fiscales. Este trasvase rápido del dinero se realiza
para dificultar la localización de activos y/o el bloqueo preventivo por
parte de las unidades de prevención del blanqueo de capitales de las
propias entidades financieras, o de las autoridades judiciales.
Parte de estos fondos se reintegraban en
el sistema legal mediante transferencias a cuentas contratadas a nombre
de sociedades o personas que, en principio, no están relacionadas con
la organización, logrando con ello dificultar extremadamente la
localización de los activos defraudados.
La conclusión es que lo que antecede no es una nueva novela por entregas, sino la constatación, una vez más de que las normas existen, pero sigue existiendo también la idea de que estas cosas "le pasan a otro" y se revela relativamente fácil burlar los controles por quien dispone de un mínimo de medios.
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