El soborno, la otra cara de la corrupción

Aunque cueste creerlo, este año 2014 se cumplen 15 desde que entró en vigor la Convención Anticorrupción de la OCDE (Organización para la cooperación y desarrollo económicos), que existe  y, para conmemorarlo, la OCDE publicó el pasado día 2 un informe, OECD Foreign Bribery Report  (Informe de la OCDE del soborno internacional, que puede leerse -en inglés, está anunciada la versión en español para el día 24 de este mismo mes- on line clicando aquí) en el que, a través del análisis de 427 procedimientos por cohecho transnacional (263 correspondientes a personas físicas y 164 a empresas) que han sido concluidos precisamente desde 1999, detalla que la corrupción transnacional corroe sin distinción a todos los países y que la mitad de los casos son cometidos por funcionarios de países desarrollados y, de alguna manera, mide por primera vez el delito de corrupción a escala internacional. .


Según el informe, la dimensión del fenómeno es tan grande que representa un volumen de miles de millones de euros anuales y, de los casos citados en él, 80 individuos fueron a la cárcel tras un juicio y una condena por soborno a funcionario público y se aplicaron 261 multas y sanciones a individuos y compañías.

Del informe se desprende que la mayoría de los sobornos internacionales son pagados por las grandes corporaciones, por lo general con el conocimiento de la alta dirección. En el 41% de los casos, empleados de nivel gerencial pagaron o autorizaron el pago indebido, mientras que el presidente ejecutivo o CEO de la compañía participó en el 12% de los casos, lo que se contradice con la percepción de que el soborno es solo el acto de malos empleados.

Una percepción común del soborno es es que los ejecutivos y las propias compañías de las economías más desarrolladas y con más recursos sobornan a funcionarios en los países menos desarrollados para obtener lucrativos contratos, aunque paralelamente se desprende que un 50% de los casos fueron sobornos a funcionarios en países desarrollados.

Por conceptos, la mayoría de los sobornos (un 57 %) buscaban la adjudicación de los contratos públicos, seguido por los pagos indebidos para obtener autorización para los procedimientos aduaneros, que representaron el 12%, mientras que 2solo" un 6% de los sobornos fueron para obtener un trato fiscal preferencial.

Por importes en los casos analizados, los sobornos llegaron en promedio a casi el 11% del valor total de la transacción, y al 34,5% de las ganancias, lo que equivale a unos 10 milllones de euros de media por soborno, si se puede usar ese término, y según la OCDE, esto es solo la punta del iceberg.

Por actividades, casi dos tercios de los casos se produjeron en cuatro sectores: compañías extractivas (minería y crudo) un 19%; construcción, 15%; transporte, otro 15%, y en compañías de la información y comunicación, un 10%. Los sobornos fueron dirigidos con más frecuencia a los empleados de las empresas estatales (27%), seguidos por los funcionarios de aduanas (11%), funcionarios de salud (7%) y funcionarios del sector de defensa (6%). Los jefes de Estado y ministros fueron sobornados en un 5% de los casos, pero, en volumen, recibieron el 11% del total de los sobornos.

“La corrupción socava el crecimiento y el desarrollo. Los corruptos deben ser llevados ante la justicia“, señaló José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, en la presentación del informe. “La prevención de la delincuencia comercial debe estar en el centro de gobierno corporativo. Al mismo tiempo, la contratación pública debe convertirse en sinónimo de integridad, transparencia y rendición de cuentas”. 

El informe también revela que el tiempo necesario para concluir los casos ha ido aumentando, de aproximadamente unos dos años de promedio para los casos denunciados en 1999 a más de siete años para los casos en la actualidad. Esto puede reflejar la creciente sofisticación de los sobornadores o la dificultad para investigar los casos cuando intervienen distintos países, entre otros factores.

Según el informe, los gobiernos de todo el mundo deben fortalecer las sanciones, hacer públicos los procedimientos legales y acuerdos extrajudiciales y reforzar la protección de los denunciantes o whistleblowers como parte de un mayor esfuerzo para abordar la enorme problemática del soborno y la corrupción.

A la vista de la preocupación y seguimiento oficial (en todos lo ámbitos) del problema que es más que conocido, sólo cabe plantearse, y lanzar al aire, muy en serio, una única pregunta: ¿Por qué resulta en la práctica tasn difícil luchar contra la corrupción, siendo como es (segùn se afirma) una debilidad personal ajena a organizaciones y partidos? ¿No será casualmente que SÏ es un problema de organizaciones?