Tengo un buen amigo (catalán de
Madrid para más señas) que mantiene que un indicador válido para saber que se
cuece en las alturas es el análisis de dos fenómenos periodísticos: las “serpientes
de verano” y las notas oficiales publicadas en período de modorra informativa
como Semana Santa o Navidad.
El primero es porque, dice, en
función del momento de su aparición, duración y expansión, permite valorar si
lo que pretende al hablar de noticias inventadas o magnificadas es porque no
haya otras o porque busca que no se hable de otras.
El segundo es porque, analizando
las noticias unos días después, con todo “normal”, conduce a la identificación
de la que se ha publicado “con nocturnidad y alevosía”, aprovechando la poca
capacidad de respuesta en época festiva.
Ni que decir tiene que, aunque
sólo sea para no perder (aún más) reflejos mentales, reconozco que mi amigo me
ha contagiado esa costumbre de releer las novedades oficiales unos días después
de su publicación, y así uno pone atención en una noticia, publicada el pasado
día 30 de diciembre, época en la que, la elaboración de la carta a los Reyes
Magos absorbe toda la atención.
La noticia en cuestión dice que España publicará en 2014 la lista de
grandes defraudadores al Fisco, y no
ha merecido demasiados titulares ni comentarios.
Pues veamos: por mucho que haya
que acoger con agrado la noticia, en aras de una deseable transparencia, para
empezar, el artículo 95 de la Ley General Tributaria prohibe la difusión y publicidad de datos de
los contribuyentes, si bien es cierto que hay la intención de modificar
legalmente esta ley en ese aspecto durante el presente año.
Un inciso en este punto:
precisamente en cumplimiento de este artículo cabe cuestionar la actitud de
nuestro ministro de Hacienda, tan proclive a lanzar amenazas genéricas a
colectivos (actores, escritores, medios, diputados de la oposición…) sobre unos datos fiscales que, o prevarica si son
ciertos o son llanamente falsos.
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Pero, por otra parte, quizá
conviene hacer notar que la composición del origen de los ingresos fiscales ha
variado en los últimos años, de manera que se ha incrementado la recaudación
por IRPF e IVA a la vez que ha disminuido sensiblemente el capítulo de ingresos
por el Impuesto de Sociedades. Eso permite suponer que esa lista de
defraudadores estaría integrada, presumiblemente, por empresas (las que más
deben, posiblemente), que tienen medios para recurrir y “demostrar” que la
deuda con Hacienda se ha debido a un error de interpretación contable o algo
similar.
El propio ministro ha reconocido
(a su manera, todo hay que decirlo) que se recauda poco, luego hay una idea que
cuesta quitarla de la cabeza: ¿no sería
más efectivo combatir el fraude de esos contribuyentes que se conocen,
puesto que se amenaza con publicarlo, dejándose de propaganda? Seguro que
el contribuyente que paga lo preferiría.
Otra cosa es que, como hacen
otros países, se publicite la sanción a que se ha condenado a determinado
defraudador y, sobre todo, que se ha hecho efectiva, dejándose nuevamente de
efecto propaganda. De otra forma nos equiparamos con países como México,
Ecuador, El Salvador, etc. que son grandes países, sin duda, pero que en el
seguimiento de recaudación tienen políticas de publicidad mejorables.
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