martes, 31 de julio de 2012

Paradojas que hieren

Hace pocos días fijábamos nuestra atención en la degradación que, con motivo y excusa de la malhadada crisis, están sufriendo los valores y la integridad de las personas.
No es que queramos insistir sobre tan desgraciado tema, pero lo cierto es que la actualidad no para de depararnos motivos para volver sobre él, máxime cuando parece constatarse que los poderes públicos alimentan con su actuación esa degeneración de actitudes.
Hoy son actualidad dos noticias que, puestas una junto a la otra, deberían hacer enrojecer a más de uno.

La primera es que el gobierno de Catalunya no puede pagar las nóminas de los empleados en entidades asistenciales concertadas (para entendernos, asilos de ancianos, residencias de enfermos mentales, centros para discapacitados o drogodependientes y entidades similares, es decir, el eslabón más débil del tejido social) por no haber recibido a tiempo determinadas transferencias. No vamos a entrar en disquisiciones políticas acerca de si son galgos o podencos (aunque animales, lo son) los últimos responsables de la cuestión, pero es evidente que si, como parece, esta vergonzosa situación es uno más de los instrumentos de lucha partidista, las colas del paro deberían verse incrementadas ipso facto con toda la clase política dimisionaria. Así, de paso, sabrían que es estar en el paro dependientes de una subvención, ahora recortada, como único ingreso, pero ese (el autismo galopante de la clase política) es un tema que merece reflexión aparte.
La segunda, de un impudor descarnado si la comparamos con la citada, es la pretensión de quien fue presidente del Consejo General del Poder Judicial de acceder a una indemnización por dejar el cargo de la manera conocida, es decir, dimitiendo forzado tras algunas discrepancias en el uso de fondos públicos.
No se cuestiona la legalidad de la indemnización (sería el colmo que quien fue presidente de los jueces no conociera la legalidad o no de sus pretensiones) o, dicho de otra forma, su sujeción a la ley, sino su legitimidad y, sobre todo, su ética. ¿Es ético que, quien usó fondos públicos aprovechando la laguna legal de su utilización en cuanto a rendir cuentas de ello y mantuvo su postura incluso en el momento de dimitir pretenda seguir usando vericuetos legales para provecho propio?
A no ser que los donara a esas entidades que no han cobrado su nómina....


Paradojas de la vida. Y aún hay quien dice sin matices que las leyes están para cumplirlas...
Las leyes, guste o no, están para revisarlas siempre que sea necesario. Y los citados son casos en los que las leyes y normas requieren una revisión reposada. Como en tantas otras cosas...

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