Hace un par de semanas podíamos leer en los medios de comunicación un titular que decía: "Los mayores bancos de EEUU piden a Trump reducir las obligaciones antiblanqueo por ser onerosas e ineficaces". Y desde entonces, nunca más se supo en los medios, perdidos en la maraña diaria con el bombardeo de iniciativas del nuevo mandatario estadounidense, polémicas, escandalosas, incendiarias, acompañadas frecuentemente de lapidarios y contradictorios mensajes vía Twitter que me niego a calificar. No son pocos ya los analistas políticos (incluso de dentro de los Estados Unidos) que empiezan a considerar ésto como una muy meditada estrategia de comunicación, alternando la divulgación de noticias muy llamativas como maniobra de distracción ante otras iniciativas normativas simultáneas de mucho mayor calado pero que se hacen pasar más desapercibidas.
Este es el caso de la noticia citada al
inicio, que se relaciona directamente con la eterna lucha ideológica entre la
derecha, que achaca los problemas de la economía a un exceso de regulación, y
la izquierda, que los achaca a una regulación escasa y laxa, es decir, y simplificando mucho, las polémicas de la campaña presidencial estadounidense, entre lo que se identificaba como políticas del Presidente Obama y del candidato Trump.
Vayamos por partes para intentar analizarla
en su medida, y veamos le evolución reciente de la normativa estadounidense en
el campo de la regulación.
Todo lo anterior, como es natural, genera
una serie de procedimientos y obligaciones que limitan la otrora libertad que
disfrutaba el sector financiero norteamericano antes de la crisis, con sus
consecuentes costos. En tal sentido, el capitalismo dio un giro por la
participación de los estados en la salvación de las entidades financieras con
problemas de liquidez y como consecuencia de esto se emitieron regulaciones
restrictivas, que, no nos engañemos, nunca son muy agradables.
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Una de las promesas de campaña de Trump,
como oposición a Obama, fue la de “desregularizar” el sector financiero, o sea, que, según eso, en el límite, eliminaría las normas de
supervisión y control que generan restricciones al adecuado desarrollo
de las operaciones financieras, lo que, como casi todas sus prontas decisiones
y mandatos, ha provocado reacciones internas y externas. Mario Draghi,
presidente del Banco Central Europeo, reaccionó al respecto indicando: “Una
de las principales razones de la crisis actual es el desmantelamiento de la
regulación del sector bancario en los años previos a la crisis. Lo último que necesitamos
es relajar la regulación financiera internacional. Eso sería preocupante. Muy
preocupante”.Y el ex precandidato demócrata a las elecciones presidenciales
estadounidenses, Bernie Sanders, lo calificó de farsante, debido a lo que él
entiende que es un doble discurso de
Trump en torno a Wall Street (uno en la campaña y otro ahora) reprobando que se
pretenda deshabilitar una norma que, además, protege a los consumidores.
Es en ese contexto en el que se produce la
noticia de que los mayores bancos de ese país han solicitado reducir las
obligaciones antilavado de activos (antiblanqueo de capitales para
nosotros) por considerarlas onerosas e ineficaces, proponiéndolo en un
documento en el que destacan que no hay pruebas de reducción de los
delitos por la aplicación de esas normas y que junto a los elevados costes para
negocios y consumidores se ha producido una reducción de servicios
financieros para los pobres (¡toma ya argumento!), que el coste es la
privacidad y las dificultades de investigación de "los malos" cuando
se les cierran las cuentas y los canales financieros formales. Entre las
cuestiones que se critican señalan el que cada condena a una entidad por
blanqueo supere de coste los 7 millones de dólares o que un banco pequeño deba
dedicar un 15% del personal a tareas de compliance. Además, requieren que el
pilar que es en la lucha antiblanqueo el conocimiento del “beneficiario final”
no sea responsabilidad de las entidades sino que éstos sean parte de un
registro oficial de sociedades.
En este punto cabe recordar que Estados
Unidos pertenece al G20 (en tanto integrante de su crisol, el G8) y también a la OCDE y al GAFI.
Pues bien, en la reciente reunión del G20 en China en el segundo semestre de
2016, con asistencia de Estados Unidos, los países acordaron acelerar la agenda en la lucha contra paraísos
fiscales, flujos ilícitos y blanqueo de capitales, pedir a la OCDE para julio
de 2017 una lista de países no cooperantes y solicitar al GAFI la preparación
para marzo de 2017 de un documento que impulse la implementación de acciones
contra la financiación del terrorismo. ¿No es eso antagónico con lo que se
difunde de las ideas de desregulación de Trump? ¿O acaso las sanciones que
impone el Tesoro de Estados Unidos serán sólo válidas para bancos extranjeros
como el Crèdit Suisse, el Deutsche Bank... o la Banca Privada d'Andorra, a
quienes no afecta la desregulación que se pide?
Algo no cuadra, algo falla que escapa a la lógica.
Y es que es cierto que las promesas de
campaña, en el ámbito económico, de Trump se anclan en cuatro bases:
1)
Desarrollar una política fiscal expansiva, a través de la reducción de la
presión fiscal y ampliando el gasto de
capital;
2)
Reenfocar la política energética, promoviendo la extracción de combustibles
fósiles (fracking), lo que podría
tender a estimular la oferta;
3)
Impulsar el proteccionismo a través de la revisión de los acuerdos
internacionales y
4)
Implementar un proceso de desregulación del sistema financiero.
Pero realmente, ¿a qué se refiere en concreto esta
último punto? Porque la desregulación como se vendía en campaña no
goza de apoyo entre renombrados economistas,sean votantes republicanos o demócratas, que opinan que un laissez
faire-laissez passer podría generar otra crisis financiera. Es imposible
ignorar los acuerdos de Basilea III (promovidos, entre otros, precisamente por
el G20) y creer que ahora los organismos internacionales están prejuiciados
contra los Estados Unidos y no son transparentes. Con un proteccionismo
económico excesivo, sin comercio mundial y con desregulación financiera, una
nueva crisis no durará mucho en manifestarse.
Veamos, pues, qué es lo que ha propuesto el
presidente Trump. Ha iniciado el proceso de “desregularización” con dos órdenes
ejecutivas, la primera, “Reducción de la Regulación y Control de los Costos
Reglamentarios”, y la segunda, “Principios Básicos para la Regulación del
Sistema Financiero”, publicada ambas con diferencia de días sin que
merecieran la atención de los medios, más preocupados por los tuits del
Presidente y otras cosas igual de polémicas y llamativas.
Paralelamente, para la presentación al
Congreso de estas órdenes, el Secretario del Tesoro deberá emitir un informe en el cual se
deberán identificar las leyes, tratados, reglamentaciones, directrices,
requisitos de registros y otras políticas gubernamentales que puedan impedir la
regulación federal del sistema financiero que se propone, de forma coherente y
efectiva con los Principios Básicos. No puede dejarse caer en saco roto que
estas órdenes ejecutivas aun no pasan de ser propuestas, pues deben ser
aprobadas por el Congreso, ya que sólo el poder legislativo, actualmente de mayoría
republicana, puede emitir o cambiar una ley.
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Por fortuna, parece que las propuestas se
alejan del escándalo que puede inferirse de la lectura aséptica del titular
citado al inicio (y, desde luego, de las intenciones de los bancos según el
mismo) y, leyendo la letra pequeña, están más enfocadas a una suerte de
reestructuración o flexibilización de las regulaciones emitidas y a aumentar el
proteccionismo pero sólo buscando mayor eficiencia y objetividad en sus
aplicaciones. Si es así, en el corto plazo, puede estimularse el crédito,
catalizando el previsto crecimiento del Producto Interior Bruto. Lo que Trump y
sus asesores no deben olvidar es que no es bueno incluir en lo concerniente a
esta desregulación la revisión de las nuevas normas que limiten la
participación de muchos elementos económicos extranjeros en el sistema
financiero norteamericano. Si no lo hace, ciertamente ayudaría a mejorar la
eficiencia del sistema de pagos norteamericano, pues de otra forma se generan
mayores costos a los clientes de los productores y vendedores de servicios
estadounidenses, por eso lo que se espera son reglas claras y precisas, no
desproporcionadas, para generar una óptima adaptación que promueva la creación
de riquezas, con justa equidad, sin que se le reste calidad a la prevención de
crímenes financieros, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva.
En definitiva, se confirma que algunos medios viven de
titulares llamativos, aunque éstos se revelen sesgados e inexactos y, lo que es peor,
no asumen responsabilidad alguna si lo que hay de cierto detrás de la noticia modula o
contradice el titular. Parece que nos hemos de acostumbrar, en la era Trump, a
convivir en una suerte de equívoco permanente en el juego de dar siempre una de
cal y otra de arena y ya ve que se ha de obrar con cautela y analizar los
porqués de la una y de la otra antes de llegar a conclusiones. Lo que no disculpa los nefastos efectos del
personaje.
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