Algunas propuestas contra la corrupción

 El pasado 27 de enero, la organización no gubernamental Transparency International (TI), que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, publicó su Índice de percepción de la corrupción 2015, indicativo de medida más utilizado para evaluar la corrupción en los países que son analizados, y que, en palabras del presidente de la organización, el peruano José Ugaz, "muestra claramente que la corrupción sigue siendo una plaga en todo el mundo. Pero queda registrado que 2015 fue también un año en el que los ciudadanos nuevamente salieron a las calles para protestar contra la corrupción. La gente de todo el mundo envía una señal inequívoca a quienes están en el poder: ahora es el momento para hacer frente a esa gran corrupción."

En esa línea, es significativo que la Nota de prensa editada para dar cuenta de la publicación del Índice, tenga por subtitulo "Transparency International insta a personas en todo el mundo a alzar su voz contra la corrupción" para lo que "invita a todas las personas a actuar contra la corrupción votando en la encuesta unmaskthecorrupt.org (desenmascarar al corrupto). Nos interesa saber cuáles son los casos que, en opinión del público, deben ser abordados de forma urgente para dejar claro que vamos a ejercer resistencia a la gran corrupción".

Yendo a los datos que aporta el Índice, que contempla la percepción de corrupción en el sector público en 168 países, la Nota citada explica que "los países en las primeras posiciones (puntuación más alta) presentan características comunes que son clave: altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos; y un poder judicial que no distingue entre ricos y pobres, y que es verdaderamente independiente de otros sectores del gobierno" mientras que "los países en las últimas posiciones del ranking (puntuación más baja) se caracterizan por su gobernabilidad deficiente, instituciones públicas frágiles como la policía y el poder judicial, y falta de independencia en los medios de comunicación".

En el cómputo final, España ocupa el lugar 36 de entre los citados 168 países. lo que induciría a pensar que, en la escena internacional y en ese tema oscuro, está en un lugar confortable, pero esta impresión se va al garete si nos fijamos en que su puntuación es de sólo 58 puntos (de 100 posibles) y se nos informa que el scoring inferior a 50 es indicativo de que el país en cuestión tiene serios problemas de corrupción en el sector público. Y desde luego no es ningún consuelo comprobar que más de dos tercios de los 168 países incluidos en el índice obtienen una puntuación inferior a 50.
Lo preocupante, pese a todo, no es el lugar poco honroso que ocupamos, sino que la evolución de la puntuación de los últimos años se mantiene en ese nivel con pequeñas oscilaciones de un punto arriba o abajo, y eso da a entender que el fenómeno se encuentra enquistado y que no se ha aplicado en realidad ninguna medida efectiva para atajarlo. Si a eso añadimos declaraciones de conocedores de la materia como el juez Luis Manglano, que viene a decir que el modus operandi de las tramas políticas corruptas descubiertas ahora es el mismo del que él tuvo conocimiento cuando juzgaba el caso de financiación ilícita del PP conocido como "caso Naseiro-Sanchís" ¡de 1989! y que no se admitieron como prueba por defecto de forma, es inevitable que se instale con fuerza en la ciudadanía la impresión de que la corrupción resulta impune si sigue igual 30 años después de que se alertara de su funcionamiento, con o sin defecto de forma.

Por esas palabras del juez y por otros muchos detalles (la abultada hemeroteca, por ejemplo, en esas cuestiones), es fácil comprobar que la corrupción no es nueva entre nosotros, que se remonta a épocas anteriores al inicio del período democrático actual y que, en mayor o menor grado, ha afectado a la práctica totalidad de los partidos políticos que forman el arco parlamentario, razón por la que parece un ejercicio poco útil el desgranar los casos conocidos y ver si salpican más o menos a según qué formación. Sí que es llamativo, en cambio, detenerse a analizar lo que han hecho los partidos en este campo hasta hoy, que bien puede resumirse en que han pretendido acorazarse con el argumento de que la corrupción es "una debilidad de la persona individual"  (las últimas diligencias judiciales apuntan a responsabilidades institucionales además de las de las personas implicadas) y que se había de respetar la presunción de inocencia jurídica, aunque resultara evidente la exhibición paralela de indecencia no presunta; es por eso que no tiene sentido la firma entre los partidos de un grandilocuente "pacto anticorrupción" cuyo solo nombre ya suena a corruptela y formalizado sólo de cara a la galería, porque, vamos a ver: si todos los partidos rechazan la corrupción, su labor es algo tan sencillo como acordar en el Parlamento las leyes que lo combaten y aplicarlas con rigor, castigando públicamente, a la vez, los casos que se van conociendo y en los que la premisa de partida debería de ser la devolución de lo substraído con carácter previo al inicio del proceso judicial (en ningún caso un mero atenuante sino, al contrario, un agravante su no devolución). Fijémonos en que el pretendido pacto sólo tendría sentido si fuera un compromiso de todos los partidos de tomar medidas contra aquel que permitiera la corrupción en sus filas.

Ante tal panorama, y vista la dimensión mundial del problema según la publicación de Transparency International, parece conveniente asomarse fuera y ver qué se hace en la materia, y vemos ejemplos como el de Guatemala, cuyo Parlamento (empezando por sus propios compañeros de partido) retiró el aforamiento al Presidente del país en 24 horas para que afrontara el juicio derivado de los indicios de su implicación en una trama corrupta. (Por cierto, resulta paradójico que, tras la entrada en prisión del expresidente Otto Pérez, se celebrara en Guatemala un Encuentro sobre el futuro de la justicia en Centroamérica, en el que participaron varios países, entre ellos España. No deja de producir cierta perplejidad que Rafael Catalá, ministro de un país con miles de aforados, perteneciente a un partido imputado - investigado, en la nueva acepción -, con modificaciones legislativas regresivas en el ámbito de la Justicia Universal o en el acceso a la Justicia, etc. dictara una ponencia encaminada a "facilitar el acceso universal a la justicia, reforzar la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico y aplicar las nuevas tecnologías en la administración de justicia". Ni pío sobre la corrupción pero sí la cuña publicitaria partidista al afirmar que "mucho más natural un pacto del PSOE con PP y Ciudadanos que con Podemos").

Otra propuesta que nos llega de un país de esos "de segunda fila" es la que hace el experto peruano Luis Lamas Puccio, quien, según se recoge en el artículo publicado en La Ley, afirma que la normativa vigente impide una eficiente fiscalización sobre el dinero manejado por los partidos políticos; sobre todo, cuando este es especialmente destinado a la financiación de las campañas electorales. Para ello, sugiere la creación de la oficialías de cumplimiento, cuyos responsables tendrían la obligación de analizar, detectar y denunciar la existencia de ingresos de origen sospechoso o desconocido.

Hay que puntualizar que la figura del Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer en su forma original en inglés) es de escasa implantación en  España y se suele asociar en exclusiva al campo de la prevención del blanqueo de capitales, donde se inició su actividad conocida. Es la persona, de alto nivel jerárquico en la organización, que controla el cumplimiento estricto de todas las leyes o normas correspondientes, a la vez que vigila la vertiente ética y de responsabilidad social, para lo que ha de disponer de los medios adecuados. Tal como está evolucionando su implantación, queda desechada la idea de que pueda ser un "hombre de paja" con sólo "efectos decorativos" en el organigrama, ya que, sin ir más lejos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha emitido sentencias condenatorias a Oficiales de Cumplimiento por hechos (o no-hechos) imputables a sus organizaciones.

Habrá que estar vigilante sobre el recorrido de éstas y otras propuestas.

Transparencia Internacional y la corrupción

La organización Transparencia Internacional - TI (organización no gubernamental fundada en 1993 que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional) ha elegido como nuevo Presidente en su último Congreso al abogado peruano José Ugaz, primer fiscal anticorrupción del Perú y que participó en los procesos contra el expresidente Alberto Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos.
Ugaz ha sido entrevistado por ese motivo, por los medios peruanos, y nos parece interesante entresacar algunos fragmentos de sus declaraciones que, lamentablemente, no se ciñen sólo a su país.

Ugaz destaca que bajo su gestión se dará impulso a la lucha contra la impunidad ya que la corrupción se ha convertido en un fenómeno global y, en ese sentido, se debe fomentar la capacidad de reacción de la ciudadanía y las autoridades, así como la búsqueda de sanciones porque la corrupción no es un flagelo que solo ataque al Estado, sino que tiene consecuencias en los sectores más pobres, es decir que la corrupción no es un fenómeno ajeno y el que pierde no es un ente inanimado al que llamamos Estado, sino que afecta directamente a los bolsillos y afecta la capacidad de educación, salud, vivienda digna y agua…la corrupción no afecta solo a los más ricos, la corrupción es un impuesto que terminan pagando los pobres. Para ello, Transparencia Internacional exigirá sanciones reales para la corrupción en todos los países miembros dando prioridad al fortalecimiento normativo en las cinco regiones del mundo (en que se divide TI organizativamente) e impulsar la lucha anticorrupción comprometiendo en ello la participación y movilización de la sociedad civil.

La sanción a la corrupción depende de la capacidad de reacción de las autoridades y de la conciencia de la opinión pública, que pueda generar presión para que se produzcan consecuencias legales a los que incurran en corrupción,

José Ugaz, nuevo presidente de TI

El jurista peruano adelantó que por medio de Transparencia Internacional está iniciando una campaña llamada “Desenmascara a los corruptos” y que la medida busca la regulación de las organizaciones off shore (paraísos fiscales), a fin de que se levante el secreto corporativo de esas empresas. Asimismo, se busca que los gobiernos de algunos países “centrales” (cita USA y UK particularmente) nieguen la visa de entrada a personas visiblemente comprometidas en casos de corrupción, con el objetivo, todo ello, de que sea mucho más difícil para los corruptos, no solamente cometer actos de corrupción sino movilizar y disfrutar esos fondos que están sustrayendo pata llevar a países de primer mundo. 

El por qué los medios de comunicación de nuestro país no se hacen eco de estas noticias sigue siendo un misterio. Debe ser porque aquí nunca se ha detectado corrupción, y este es un problema ajeno...

Contra la corrupción (también) empresarial

El próximo jueves. día 19 de junio, tiene la posibilidad de ser histórico. Pero no por una magna ceremonia oficial en nuestro país que parece encaminada a sancionar el inicio de una nueva continuidad, sino porque en el otro extremo del mundo, en Melbourne (Australia), la organización Transparency International (TI) iniciará unas jornadas de trabajo con representantes del G-20 sobre cómo los gobiernos pueden poner freno a los corruptos. Por cierto que un claro indicador de corrupción cotidiana será ver la atención que esas jornadas merecen en nuestros medios de comunicación. 

Los esfuerzos globales de la citada organización (recordemos que es aquella que no para de darnos disgustos cuando en la encuesta mundial anual que determina la percepción de la corrupción por países, el nuestro parece empeñado endestacar por el dudoso honor de escalar puntos negativos cada año) para combatir la corrupción toman una nueva dirección con el lanzamiento de una iniciativa para descubrir a los corruptos y las compañías que estos delincuentes utilizan para esconder sus ganancias ilícitas, entre otras, conocidas compañías fantasmas en jurisdicciones de alto secretismo y opacas estructuras corporativas que permiten que los corruptos escondan sus botines. 

La presidenta de TI, Huguette Labelle, ya ha anunciado que se debatirá acerca de la necesidad de que los gobiernos del G-20 hagan los cambios necesarios para asegurar que las autoridades y los ciudadanos sepan quién se beneficia realmente de cada compañía registrada en sus territorios.

Han pasado ya seis años desde que los jefes de las economías desarrolladas y en vías de desarrollo se reunieron por primera vez para discutir el estado del sistema financiero mundial. El G-20 introdujo un programa anticorrupción, pero este programa duerme el sueño de los justos y, en palabras de Mrs. Labelle,

“si las economías líderes cumplen las promesas realizadas en los recientes años, eso puede tener un impacto positivo no solo en sus economías sino también en los esfuerzos mundiales para promover un progreso económico sostenible, pese a que los desafíos a que nuestro mundo se enfrenta en la actualidad son enormes” y esa será la postura de TI ante el G-20 para implementar realmente un Plan de Acción Anticorrupción.

Abundando en el tema, un informe del Banco Mundial señala que entre los más de 200 grandes casos de corrupción estudiados en los últimos 30 años por ese organismo, más del 70% evidenció el uso de personas jurídicas simuladas (la mitad de las cuales compañías anónimas fantasmas) para el robo de fondos. Según este informe, el coste del soborno asciende a más de dos mil millones de dólares anuales (sin contar la malversacion o robo de fondos o bienes públicos) lo que representa casi el 1,4% del PIB global. 

Que la corrupción está más infiltrada en las sociedades (clase política aparte) de lo que suele admitirse lo corrobora por ejemplo una reciente encuesta de TI en la que casi un 30% de los participantes en 15 de los países que componen el G-20 creían que habían perdido negocios debido a prácticas corruptas, y otra encuesta de PriceWaterhouseCoopers en la que participaron unos 400 altos ejecutivos de compañías indica que casi el 45% de ellos señaló que los riesgos relacionados con la corrupción los llevó a tomar la decisión de no entrar en determinados mercados o de rechazar una oportunidad comercial. TI informó que un 25% de las personas que participaron en su encuesta mundial reconocieron haber pagado un soborno para acceder a algún servicio concreto.

Para poder eliminar la corrupción, las fisuras en el sistema financiero que permiten que los corruptos muevan y escondan bienes o fondos robados deben ser eliminados. Con esta idea en mente, TI pedirá a los líderes del G-20, aparte de asumir el compromiso de cumplir sus propias promesas, que promulguen la legislación necesaria para proteger a los denunciantes de actividades corruptas, que trabajen para la creación de un nuevo estándar de actuación y compromiso global y transparente especialmente para las industrias vulnerables a la corrupción tales como el sector de recursos y energías naturales y...asegurar que los funcionarios corruptos no puedan moverse con total impunidad entre los países del G-20.

Habrá que estar atentos en los medios a la celebración de las jornadas. El tema lo merece.

Algunas consideraciones sobre el inminente Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

Cuando ya se ha dado por finalizada, hace unas semanas, la fase de consulta pública del Proyecto de Reglamento de la Ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y antes de que se promulgue el texto definitivo, parece oportuno reflexionar sobre algún punto concreto de su redactado que ha merecido mayor atención, a juzgar por las opiniones comunicadas a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Quizá uno de los aspectos más llamativos, y que se ha propuesto que sea abordado (y, eventualmente, incluido) en la futura nueva Directiva Europea sobre el particular, hace mención a la ejemplaridad de las sanciones, para consolidar la imagen de la preocupación que produce y el rigor con que se trata el fenómeno del blanqueo de capitales y, particularmente, la financiación del terrorismo. En definitiva, se propone suprimir la gradación de "amonestación privada" (la más "suave" que se viene contemplando para las infracciones consideradas como leves que comporta que, pese a que venga siempre acompañada por sanción económica, no se da publicidad al nombre del sujeto obligado infractor) en aquellos sujetos obligados infractores, es decir, implantar el sistema de que el ciudadano contribuyente sepa qué sujetos obligados están actuando de manera irresponsable causando con ello un grave perjuicio a la sociedad y un quebranto a la economía; va ello alineado con los estándares de transparencia que cada vez con más fuerza, se exigen en la actuación de los agentes sociales.

Del resto de alegaciones presentadas, la gran mayoría de ellas de carácter técnico, y de entre las que resultan especialmente importantes las emitidas por el INBLAC (Instituto de expertos en la prevención) por su minuciosidad en el análisis, sólo citaremos la llamada de atención acerca del sistema que se elija para el mejor control de extranjeros no residentes (especialmente, en zonas costeras y otras especialmente sensibles) y la aplicación generalizada de medidas de diligencia debida en función del tamaño del sujeto obligado, lo que sigue generando dudas razonables (puede ser conveniente reforzar la diligencia en un sujeto obligado en el que trabajen sólo cinco personas y relajarla, en cambio en otro con cincuenta empleados).

Finalmente, en cuanto a los plazos, desde la Comisión se justifica la demora en publicar el Reglamento (la Ley es de abril de 2010) por la aclaración de numerosas dudas interpretativas originadas por la transitoriedad de aplicar el antiguo Reglamento de 2005 a la ley de 2010 Solventados todos los escollos, parece razonable pensar que el Reglamento será promulgado antes de la anunciada visita de evaluación del GAFI a nuestro país en febrero de 2014, para dar la impresión de que se han "hecho los deberes"

(2/2) ... y suspenso absoluto en corrupción para España

Por desgracia, después de las inhabituales excelentes noticias por la buena nota obtenida en el capítulo de transparencia fiscal (es decir, no lo olvidemos, la actuación en el intercambio de información con trascendencia fiscal con terceros países). coincide que toca mirar hacia dentro y evaluar lo que el propio ciudadano percibe en su entorno, y hay que llamar a las cosas por su nombre: España ha obtenido un suspenso absoluto en este aspecto, de acuerdo con el informe anual de la prestigiosa organización Transparency International correspondiente a este año, Índice de Percepción de la Corrupción: la corrupción en el mundo durante 2013 (puede leerse en su versión en castellano clicando aquí).

Hay que explicar, en palabras de Transparency, que el Índice de Percepción de la Corrupción se basa en la opinión de expertos sobre la corrupción en el sector público. Las puntuaciones de los países pueden ser positivas cuando existe un amplio acceso a sistemas de información y normas que regulan el desempeño de quienes ocupan cargos públicos, mientras que la falta de rendición de cuentas en el sector público, sumada a instituciones públicas poco eficaces, son factores que deterioran estas percepciones.

Los datos del informe son sencillamente demoledores para España: en sólo un año ha retrocedido diez puestos en el ranking de esta percepción y, lo que es peor, ese deterioro tan abismal entre ambos años sólo la supera un país como Siria. El ciudadano percibe que escándalos suficientemente conocidos de corrupción que afectan a partidos políticos, sindicatos, la familia real, miembros del propio gobierno, etc. crean un clima de desconfianza y desapego que, además, se ve agravado por la evidencia (para la organización responsable del informe, aunque no desmentida) de que el gobierno de Mariano Rajoy no está haciendo nada para combatir esa corrupción.

En palabras de Huguette Labelle, presidenta de la organización, “Es hora de detener a quienes cometen actos de corrupción impunemente. Los vacíos legales y la falta de voluntad política de los gobiernos facilitan la corrupción tanto interna como transnacional, y exigen redoblar nuestros esfuerzos para combatir la impunidad de los corruptos”

Hay una segunda lectura, a la que nadie puede sustraerse: en materia de transparencia, y comparando los índices publicados con pocos días de diferencia, nuestro gobierno parece mirar sólo hacia afuera, de forma que la calificación en su relación con el resto de países es magnífica, lo que no puede afirmarse cuando esa transparencia, información y control afecta al ciudadano que vota y paga impuestos.

Que cada cual se forme sus propias conclusiones leyendo el informe y sus anexos a trav´´es del enlace ofrecido más arriba.

Corrupción: gritos y susurros

La organización Transparency International publicó ayer, día 5 de noviembre, un revelador informa acerca del estado de la lucha contra la corrupción de los poderes públicos con el nada engañoso título de "Los países de la UE deben hacer más para combatir la corrupción mediante la protección del denunciante" (EU countries must do more to combat corruption by better protecting whistleblowers) en el que critica que la mayoría de paises no protege a las personas que luchan contra la corrupción, haciendo imposible terminar con ella.

Y es que es este uno de los escollos a salvar para demostrar que la distancia entre el dicho y el hecho, en tema de la lucha contra la corrupción, se acorta, ya que “los denunciantes asumen riesgos que muchos, si no la mayoría, no están dispuestos a asumir y exponen crímenes que pocos están interesados o tienen la valentía de denunciar”. Hasta el momento, tan solo Luxemburgo, Rumanía, Eslovenia y el Reino Unido cuentan con legislación al respecto, mientras que otros 16 países protegen solo parcialmente a los denunciantes y siete más tienen una legislación “muy inadecuada” o inexistente sobre este extremo. Es por ello que el organismo insta a todos los países de la UE a aprobar e implementar normativas que protejan a aquellos que denuncien casos de corrupción basándose en los actuales estándares internacionales.

En nuestro caso, España se comprometió en el 2012 ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a resumir en menos de dos años sus planes para regular legalmente la situación de los denunciantes de casos de corrupción, pero, según el estudio, España queda encuadrada, con otros seis países, en el vagón de cola de cobertura legal para denunciantes de irregularidades en la Unión Europea. “España no tiene una legislación general para proteger a empleados en los sectores público y privado contra represalias por denunciar malas prácticas”, afirma en su informe la organización referente en la lucha contra la corrupción. 

Transparency International acusa directamente en su estudio al ámbito político y señala que “no hay aparentemente ningún impulso entre los líderes políticos por proteger legalmente a los denunciantes”. El texto destaca, además, que en España “casi no hay códigos laborales o administrativos aprobados para proteger a los denunciantes” y considera que tampoco “hay una cultura palpable para que empleados y ciudadanos denuncien malas prácticas”, por lo que la obligación de denunciar posibles delitos vigente en España se debe combinar con la protección de los denunciantes, ya que la falta de cobertura legal “desincentiva” tomar esta decisión.

Seamos positivos. Desde el compromiso de España con le OCDE aún no han pasado los dos años. Esperemos que la sucesión de casos de corrupción que salen a la luz cada día y su atención, no impidan cumplir los plazos comprometidos.

Se puede leer el documento original y otros relacionados(en inglés) clicando aquí.

Informe de Transparency International sobre corrupción

Coincidiendo con episodios domésticos llamativos, como el ingreso en prisión del modelo de entender la gestión empresarial que fue Gerardo Díaz Ferrán, la asignación de fianzas en la trama Nóos y otros, la Organización No Gubernamental Transparency International ha dado a conocer su informe anual sobre la corrupción en el que, ya de entrada, se relaciona el mayor o menor impacto de la crisis que nos azota con el mayor o menor grado de corrupción detectada.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2012 (que así se llama el documento), Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda comparten el primer lugar como países menos corruptos, con una puntuación de 90 sobre 100 posibles, alcanzada gracias a eficaces sistemas de acceso a la información y normas regulatorias para funcionarios públicos y empresas privadas. Al extremo inferior de la tabla de calificación se ubican Afganistán, Corea del Norte y Somalia, países en los que la ausencia de instituciones públicas eficaces y la prácticamente nula rendición de cuentas abren espacio a la corrupción.
Lo grave, sin embargo, es que dos tercios de los 176 países clasificados en el índice de 2012 obtuvieron una puntuación inferior a 50 en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción), lo que señala que las instituciones públicas deben incrementar su transparencia y que los funcionarios en puestos de poder deben rendir cuentas de manera más rigurosa.
En palabras de la Presidenta de Transparency International, Huguette Labelle, “Los gobiernos deben incorporar acciones contra la corrupción en todas las decisiones públicas. Entre las prioridades están normas más efectivas sobre lobby y financiación política, una mayor transparencia de la contratación y el gasto público, y mayor rendición de cuentas de organismos públicos a la población. Tras un año durante el cual la atención ha estado en la corrupción, esperamos que los gobiernos adopten una postura más firme contra el abuso de poder. Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2012 demuestran que las sociedades continúan pagando el alto costo que supone la corrupción” 

Mapa de la corrupción 2012

 Y a todo eso, ¿y España?. Pues ocupa un relativamente confortable lugar 30, con camino por recorrer para desterrar la lacra de la corrupción pero realmente alejada de lugares preocupantes  globalmente, lo que, por otra parte, no la libra de algunas recetas de mejora.
En resumen, Transparency International  ha advertido de que España no sanciona ni controla "suficientemente" la ineficiencia, el despilfarro y las corruptelas en el sector público. Además, recomienda la aprobación de un plan nacional de lucha contra la corrupción y de un código ético del diputado que actualice la normativa de incompatibilidades y conflictos de interés.

Propone, entonces, al Gobierno la promoción de un plan estratégico contra la corrupción que involucre a partidos políticos, ONGs, sindicatos, asociaciones empresariales y medios de comunicación, sugiere la reforma en ese sentido de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y plantea que la investigación de los delitos de corrupción por parte de los fiscales podría hacer "más viable" el sistema.

"Es muy destacable la ausencia de preocupación por la educación de la ciudadanía frente al problema de la corrupción", argumenta y comparando las situaciones de crisis económica y social de España con Grecia, Portugal o Italia afirma que "Los vínculos entre la corrupción y la actual crisis financiera y fiscal en estos países ya no se pueden ignorar. En ellos la corrupción consiste a menudo en prácticas legales pero no éticas que son el resultado de unas normas opacas en lo relativo a los grupos de presión, del tráfico de influencias y del camino de ida y vuelta entre el sector público y el privado", precisa.

Transparency International también hace referencia a la situación de las fuerzas políticas para sostener que "ninguno de los dos grandes partidos" tiene "interés en mejorar profundamente el estado de las cosas" pues cuando llegan al poder "olvidan sus promesas" y la oposición tiene "poca legitimidad" para reclamar lo que no hizo en el Gobierno.

Como activos del sistema español cita la capacidad del poder legislativo de controlar al ejecutivo, aunque, recuerda, "cuando no existe mayoría absoluta" y precisa que "el mecanismo de control interno, a través de la disciplina de los grupos parlamentarios, dificulta la corrupción".

Respecto al poder judicial, contrasta la independencia de los jueces y magistrados con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano que considera "fuertemente politizado". Llama la atención sobre la influencia política que pesa en los nombramientos de los miembros de tribunales superiores, la falta de recursos o la sobrecarga de trabajo.

El informe postula la conveniencia de mejorar el control financiero de los partidos políticos respecto a los ingresos que perciben de las fuentes privadas, así como de aprobar una ley de Rendimientos del Gobierno.

A su juicio, sería deseable que se mejoraran las normas de conflictos de interés de órganos como las Juntas Electorales, el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. Estos órganos, añade, deberían hacer pública una auditoría de cuentas y de gestión anual.

Por último, la organización internacional estudia el funcionamiento de órganos como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional, recomendando mejorar su normativa interna. Subraya el afán de los dos grandes partidos por controlar el supremo órgano fiscalizador del Estado.

Se puede consultar el Informe completo junto con los documentos anexos y la presentación a la prensa llevada a cabo ayer día 5 de diciembre en la web de Transparency International, clicando aquí,

La "letra pequeña" de los bancos

El pasado día 6 de julio se publicó en el BOE la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.
En ella se hacen una serie de recomendaciones a las entidades centradas, básicamente, en la información a facilitar a la clientela sobre las operaciones que se contratan con el fin, según dice el texto, de "racionalizar y aumentar las obligaciones de transparencia y la conducta de las entidades de crédito", recordando que "Cuando las entidades concedan créditos deberán actuar honesta, imparcial y profesionalmente, atendiendo a la situación personal y financiera y a las preferencias y objetivos de sus clientes, debiendo resaltar toda condición o característica de los contratos que no responda a dicho objetivo".
Es por eso que la Circular se refiere también al tamaño de la letra de los documentos de forma que "la letra a utilizar en los documentos de información tendrá un tamaño apropiado para facilitar su lectura. En todo caso, la letra minúscula que se emplee no podrá tener una altura inferior a dos milímetros"

Es una iniciativa loable, sin duda, pero que queda incompleta en tanto no se "recomiende" también a las entidades financieras la realización de una labor de regeneración ética. Un ejemplo: la clientela tradicional sigue creyendo a pie juntillas lo que le indica su gestor de confianza, más allá de "lo que digan los papeles", y ese factor, que en sí es positivo, es usado de manera perversa por algunos para ofrecer instrumentos financieros inadecuados para el cliente pero, eso sí, sometidos a una fuerte presión interna como objetivos a conseguir por el profesional (cuya retribución, frecuentemente, se hace depender de esos objetivos).