Algunos orígenes para la corrupción

Según el último sondeo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el pasado febrero, publicado en marzo, acerca de las preocupaciones de la ciudadanía, el paro sigue siendo citada como la principal preocupación por el 72,2% de los encuestados, aunque sea 1,1 puntos menos que en el anterior informe, pero, en segundo lugar, la preocupación por la corrupción y el fraude se ha disparado 3,5 puntos hasta alcanzar el 37,3%, lo que confirma el pesimismo de los españoles sobre el futuro de la economía y de la política.

No es ninguna novedad por lo que respecta al hartazgo ante la corrupción; ya en enero nos hicimos eco del informe del índice de percepción de la corrupción de 2016, publicado por la organización Transparency International en donde se ponía de manifiesto que la puntuación obtenida por España en ese capítulo no había sufrido ningún cambio respecto a la obtenida en 2015, lo que quiere decir que los españoles mantienen estable su percepción de la corrupción en el país.

A pesar de ello, España empeora su posición respecto al resto de los países hasta el puesto 41 del ranking formado por 176 países. Se constataba en el informe que en los últimos cinco años, la percepción de los ciudadanos de la corrupción en el sector público en España ha empeorado.

Pero fijarse sólo en el corrupto es un error para luchar realmente contra esa lacra si olvidamos al sobornador y, sobre todo, si no analizamos el sistema que permite (¿y alienta?) la corrupción. Y algo debe de haber revisable en el sistema cuando asistimos usualmente indignados a declaraciones oficiales de personajes cazados con los bolsillos llenos de dinero público en las que afirman con aplomo que sus actuaciones han sido perfectamente legales.

Ciertamente, uno se entera de contratos con dinero público y licitaciones, cuando menos, llamativos, como el de ese contrato firmado con una empresa de suministros que se mantiene con un coste inalterado, y así se publicita ufanosamente, desde antes del inicio de la crisis. El hecho de que el proveedor haya aumentado el coste unitario del producto cada año y la cantidad que suministra ahora es un 15 % menos que hace 10 años cobrando lo mismo, debe tomarse como un simple pecadillo anecdótico sin importancia... seguramente achacable a los famosos recortes. Por no hablar de contratos firmados para la realización de una infraestructura a un precio imposible (y técnicamente se sabe que lo es) en los que, lógicamente, el precio final real se dispara sin que nadie sea responsable al parecer, ni de la licitación errónea, ni del seguimiento del gasto ni incluso, a veces, de la reclamación por deficiencias en la entrega (que suelen ser objeto de nuevo contrato para su subsanación). Casos como estos, y otros peores, aconsejan detenerse a mirar las normas afectas.

Y para echar ese vistazo, necesariamente superficial, acudamos a quien algo sabe del tema. La contratación pública representa en España aproximadamente el 18,5% del Producto Interior Bruto. En los dos últimos años, la regulación jurídica de esta materia ha sufrido numerosas modificaciones, algunas de importante calado, para adaptarse tanto a la situación de crisis económica como para cumplir con las exigencias del Derecho europeo. En este escenario nace el Observatorio de Contratación Pública (ObCP, http://www.obcp.es/), organismo independiente en sus planteamientos y conclusiones, desde el que se debaten y analizan las novedades introducidas en su ordenación jurídica, así como se realizan propuestas de actuación para la modernización de la contratación pública materializando los principios de eficiencia, integridad y buena administración, desde el convencimiento de que es necesario plantear algunas reformas para ponerla en valor como instrumento para un mejor desarrollo de las políticas públicas. Lógicamente, el propósito del ObCP , formado básicamente por profesionales del mundo universitario, es integrar al mayor número de conocedores de la contratación pública, tanto profesionales como académicos, comprometidos con el objetivo de implantar una nueva cultura de la contratación pública.

Según declaran en su web, los retos que asume son:

• Impulsar la transparencia, la concurrencia y la integridad en nuestro sistema de contratación pública.
• Mejorar su eficiencia, tanto desde la perspectiva de las administraciones públicas como de los operadores económicos.
• Facilitar el acceso de las PYMES al mercado público.
• Fomentar políticas de I+D+I a través de la contratación pública.
• Promover la participación de la empresa española en el mercado internacional de contratos públicos.
• Favorecer la cooperación y colaboración interadministrativa y público- privada en la contratación pública.

Pues bien, el ObCP ha publicado su primer informe especial con el título Sistema de control de la contratación pública en España que ofrece un extenso análisis de la situación actual de la contratación pública en el país y además enumera una serie de propuestas y conclusiones dirigidas a mejorar el Sector.

En líneas generales, los temas que destacan en el informe son los siguientes :

• Cinco años de funcionamiento del recurso especial en los contratos públicos.
• La doctrina fijada por los órganos de recursos contractuales. 
• Enseñanzas y propuestas de mejora.

Por otra parte, la publicación está dividida en seis puntos:

1. Introducción: Balance de un modelo desde la perspectiva de eficiencia y buen gobierno.
2. La justificacion del recurso especial en materia de contratación.
3. La creación de un órgano administrativo independiente para el control. La nota de la especialización e independencia.
4. Principal doctrina de los órganos de recursos contractuales, en especial del tribunal administrativo de contratos públicos de Aragon (TACPA).
5. La valoración del modelo y su validación: complementariedad y no solapamiento.
6. Conclusiones y propuestas.

   

   
   

    

Creemos que el informe es de lectura obligada para formarse un criterio y llegar cada uno a sus propias conclusiones, pero, a modo de anticipo, no nos resistimos a reproducir algunos extractos:

La materia de los contratos público es de tal importancia económica y social que no puede “relajarse” el principio de control por mor de una mal entendida eficacia administrativa, pues, en todo caso, cualquier diseño de justicia administrativa encuentra su seña de identidad fundamental en el principio de tutela efectiva y, especialmente, de buena administración. El Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo núm. 10 de 2015, relativo a la Necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de la cohesión, recuerda que la política de la Unión Europea en relación a la contratación pública constituye un pilar fundamental en relación a la consolidación del mercado interior y en torno a la consecución de una racionalización de los fondos públicos que garantice la sostenibilidad del sistema. En este entorno, el incumplimiento de las normas sobre contratación pública y la falta de un sistema de análisis de errores, para el consecuente atajo de los mismos, ha supuesto una fuente importante de desajustes que termina afectando a la transparencia, a la competencia y a la corrupción.

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En la gestión de la contratación pública no basta con realizar una tramitación que sea conforme al principio de legalidad. Además, es necesario que se respete, junto al principio de estabilidad presupuestaria, el principio de eficiencia. Así lo exige de forma expresa el artículo 1 TRLCSP (Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).

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La realidad española revela que, pese a la existencia de mucha normativa (muy cambiante), la gestión de la contratación pública no resulta eficiente (no se optimiza la gestión de los recursos públicos). Así lo ha puesto de relieve la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que ha publicado en febrero de 2015 un documento de análisis de la contratación pública en España y cifra en 47 000 millones de euros la “ineficiencia” del modelo de contratación pública en España. Una parte de esta ineficiencia encuentra su explicación en conductas patológicas, es decir, en corrupción. Y otras en la aplicación burocrática de los procedimientos, con ausencia de reflexión práctica sobre sus consecuencias desde la perspectiva de la eficiencia de la decisión adoptada.

Índice de percepción de la corrupción 2016

La organización Transparency International, respetada organización supranacional erigida en observatorio y denunciante de la corrupción en todo el mundo, acaba de hacer público hoy mismo su Corruption perceptions index 2016 (Índice de percepción de la corrupción 2016), con el revelador subtítulo este año de "Urge abordar círculo vicioso de corrupción y desigualdad -El ascenso de políticos populistas en numerosos países es una señal de alerta" (la nota de prensa en castellano de la presentación del informe se puede leer aquí), que es un ranking del nivel de corrupción por países de todo el mundo.

Como se puede leer en la presentación del documento, "Durante 2016, vimos que en todo el mundo la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan recíprocamente, y esto provoca decepción en la gente hacia su clase política y un contexto propicio para que se impongan los políticos populistas.
El 69 por ciento de los 176 países incluidos en el Índice de percepción de la corrupción 2016 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de ínfimos niveles de corrupción), y esto dejó en evidencia el carácter masivo y generalizado de la corrupción en el sector público a nivel mundial. Este año, fueron más los países que descendieron posiciones en el índice que los que escalaron puestos, y esto alerta sobre la necesidad de tomar medidas urgentes.

La corrupción y la desigualdad se refuerzan mutuamente, creando un círculo vicioso entre corrupción, reparto desigual del poder en la sociedad y desigualdad en la distribución de la riqueza. Los Papeles de Panamá mostraron que para los ricos y poderosos sigue siendo demasiado sencillo aprovechar la opacidad del sistema financiero global para enriquecerse, en desmedro del bien común."

El Índice al primer golpe de vista. el color claro es el más transparente, y el oscuro, el más corrupto.

¿Y España?
Lamentablemente,  España está dentro del segmento de países citados en el informe cuya situación ha empeorado respecto del año anterior y ocupa el lugar 41 de 176 en un listado encabezado al alimón por Dinamarca y Nueva Zelanda,  mostrando así que la ubicación geográfica es indiferente.
Causa sonrojo ver gráficamente que nuestro país, acompañado de Italia, Grecia y los países del Este, queda lejos del color medio en Europa, y en particular, de los países bálticos.

La lectura del documento es, por supuesto, altamente recomendable para que cada uno (debería ser que empezando por el Gobierno) saque sus propias conclusiones.

https://www.transparency.org/news/pressrelease/indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_2016_urge_abordar_circulo_vicioso_de

Algunas propuestas contra la corrupción

 El pasado 27 de enero, la organización no gubernamental Transparency International (TI), que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, publicó su Índice de percepción de la corrupción 2015, indicativo de medida más utilizado para evaluar la corrupción en los países que son analizados, y que, en palabras del presidente de la organización, el peruano José Ugaz, "muestra claramente que la corrupción sigue siendo una plaga en todo el mundo. Pero queda registrado que 2015 fue también un año en el que los ciudadanos nuevamente salieron a las calles para protestar contra la corrupción. La gente de todo el mundo envía una señal inequívoca a quienes están en el poder: ahora es el momento para hacer frente a esa gran corrupción."

En esa línea, es significativo que la Nota de prensa editada para dar cuenta de la publicación del Índice, tenga por subtitulo "Transparency International insta a personas en todo el mundo a alzar su voz contra la corrupción" para lo que "invita a todas las personas a actuar contra la corrupción votando en la encuesta unmaskthecorrupt.org (desenmascarar al corrupto). Nos interesa saber cuáles son los casos que, en opinión del público, deben ser abordados de forma urgente para dejar claro que vamos a ejercer resistencia a la gran corrupción".

Yendo a los datos que aporta el Índice, que contempla la percepción de corrupción en el sector público en 168 países, la Nota citada explica que "los países en las primeras posiciones (puntuación más alta) presentan características comunes que son clave: altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos; y un poder judicial que no distingue entre ricos y pobres, y que es verdaderamente independiente de otros sectores del gobierno" mientras que "los países en las últimas posiciones del ranking (puntuación más baja) se caracterizan por su gobernabilidad deficiente, instituciones públicas frágiles como la policía y el poder judicial, y falta de independencia en los medios de comunicación".

En el cómputo final, España ocupa el lugar 36 de entre los citados 168 países. lo que induciría a pensar que, en la escena internacional y en ese tema oscuro, está en un lugar confortable, pero esta impresión se va al garete si nos fijamos en que su puntuación es de sólo 58 puntos (de 100 posibles) y se nos informa que el scoring inferior a 50 es indicativo de que el país en cuestión tiene serios problemas de corrupción en el sector público. Y desde luego no es ningún consuelo comprobar que más de dos tercios de los 168 países incluidos en el índice obtienen una puntuación inferior a 50.
Lo preocupante, pese a todo, no es el lugar poco honroso que ocupamos, sino que la evolución de la puntuación de los últimos años se mantiene en ese nivel con pequeñas oscilaciones de un punto arriba o abajo, y eso da a entender que el fenómeno se encuentra enquistado y que no se ha aplicado en realidad ninguna medida efectiva para atajarlo. Si a eso añadimos declaraciones de conocedores de la materia como el juez Luis Manglano, que viene a decir que el modus operandi de las tramas políticas corruptas descubiertas ahora es el mismo del que él tuvo conocimiento cuando juzgaba el caso de financiación ilícita del PP conocido como "caso Naseiro-Sanchís" ¡de 1989! y que no se admitieron como prueba por defecto de forma, es inevitable que se instale con fuerza en la ciudadanía la impresión de que la corrupción resulta impune si sigue igual 30 años después de que se alertara de su funcionamiento, con o sin defecto de forma.

Por esas palabras del juez y por otros muchos detalles (la abultada hemeroteca, por ejemplo, en esas cuestiones), es fácil comprobar que la corrupción no es nueva entre nosotros, que se remonta a épocas anteriores al inicio del período democrático actual y que, en mayor o menor grado, ha afectado a la práctica totalidad de los partidos políticos que forman el arco parlamentario, razón por la que parece un ejercicio poco útil el desgranar los casos conocidos y ver si salpican más o menos a según qué formación. Sí que es llamativo, en cambio, detenerse a analizar lo que han hecho los partidos en este campo hasta hoy, que bien puede resumirse en que han pretendido acorazarse con el argumento de que la corrupción es "una debilidad de la persona individual"  (las últimas diligencias judiciales apuntan a responsabilidades institucionales además de las de las personas implicadas) y que se había de respetar la presunción de inocencia jurídica, aunque resultara evidente la exhibición paralela de indecencia no presunta; es por eso que no tiene sentido la firma entre los partidos de un grandilocuente "pacto anticorrupción" cuyo solo nombre ya suena a corruptela y formalizado sólo de cara a la galería, porque, vamos a ver: si todos los partidos rechazan la corrupción, su labor es algo tan sencillo como acordar en el Parlamento las leyes que lo combaten y aplicarlas con rigor, castigando públicamente, a la vez, los casos que se van conociendo y en los que la premisa de partida debería de ser la devolución de lo substraído con carácter previo al inicio del proceso judicial (en ningún caso un mero atenuante sino, al contrario, un agravante su no devolución). Fijémonos en que el pretendido pacto sólo tendría sentido si fuera un compromiso de todos los partidos de tomar medidas contra aquel que permitiera la corrupción en sus filas.

Ante tal panorama, y vista la dimensión mundial del problema según la publicación de Transparency International, parece conveniente asomarse fuera y ver qué se hace en la materia, y vemos ejemplos como el de Guatemala, cuyo Parlamento (empezando por sus propios compañeros de partido) retiró el aforamiento al Presidente del país en 24 horas para que afrontara el juicio derivado de los indicios de su implicación en una trama corrupta. (Por cierto, resulta paradójico que, tras la entrada en prisión del expresidente Otto Pérez, se celebrara en Guatemala un Encuentro sobre el futuro de la justicia en Centroamérica, en el que participaron varios países, entre ellos España. No deja de producir cierta perplejidad que Rafael Catalá, ministro de un país con miles de aforados, perteneciente a un partido imputado - investigado, en la nueva acepción -, con modificaciones legislativas regresivas en el ámbito de la Justicia Universal o en el acceso a la Justicia, etc. dictara una ponencia encaminada a "facilitar el acceso universal a la justicia, reforzar la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico y aplicar las nuevas tecnologías en la administración de justicia". Ni pío sobre la corrupción pero sí la cuña publicitaria partidista al afirmar que "mucho más natural un pacto del PSOE con PP y Ciudadanos que con Podemos").

Otra propuesta que nos llega de un país de esos "de segunda fila" es la que hace el experto peruano Luis Lamas Puccio, quien, según se recoge en el artículo publicado en La Ley, afirma que la normativa vigente impide una eficiente fiscalización sobre el dinero manejado por los partidos políticos; sobre todo, cuando este es especialmente destinado a la financiación de las campañas electorales. Para ello, sugiere la creación de la oficialías de cumplimiento, cuyos responsables tendrían la obligación de analizar, detectar y denunciar la existencia de ingresos de origen sospechoso o desconocido.

Hay que puntualizar que la figura del Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer en su forma original en inglés) es de escasa implantación en  España y se suele asociar en exclusiva al campo de la prevención del blanqueo de capitales, donde se inició su actividad conocida. Es la persona, de alto nivel jerárquico en la organización, que controla el cumplimiento estricto de todas las leyes o normas correspondientes, a la vez que vigila la vertiente ética y de responsabilidad social, para lo que ha de disponer de los medios adecuados. Tal como está evolucionando su implantación, queda desechada la idea de que pueda ser un "hombre de paja" con sólo "efectos decorativos" en el organigrama, ya que, sin ir más lejos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha emitido sentencias condenatorias a Oficiales de Cumplimiento por hechos (o no-hechos) imputables a sus organizaciones.

Habrá que estar vigilante sobre el recorrido de éstas y otras propuestas.

9 de diciembre, Día Internacional contra la corrupción

Enfrascados como estamos en discernir los actos, discursos, promesas, simulacros de debate y demás componentes de la campaña de captación de votos de cara a las próximas elecciones generales de dentro de unos días, y distraídos con la celebración de la intocable Constitución de 1978, de la Inmaculada Concepción, católica no confesional, y esas cosas, ha pasado prácticamente desapercibida la conmemoración, por mandato de la ONU, del Día Internacional Contra la Corrupción el día  9 de diciembre. La verdad es que los partidos en campaña han desperdiciado una magnífica oportunidad de definirse sobre el problema, precisamente durante la campaña (¿o quizá no lo han hecho por estar en campaña?) y los medios de comunicación han acogido, en general, con un sonoro silencio la conmemoración a la que, como mucho, han dedicado el espacio de un resumen de agencia en un rincón escondido de una de las páginas interiores.

Las iniciativas públicas han sido escasísimas, aunque pueden extraerse conclusiones jugosas de ella. Citaremos una: en Catalunya, para conmemorar y resaltar la importancia del Día, se ha suscrito el Pacto Social contra la Corrupción, impulsado por la plataforma cívica "Parlament Ciutadà", que establece un decálogo para luchar contra la corrupción. El pacto también ha contado con el compromiso de entidades sociales así como de asociaciones de vecinos, colegios profesionales, ONG y plataformas ciudadanas. La firma del documento se ha hecho en el Parlament de Catalunya, con la presencia de su presidental. El pacto compromete a sus firmantes a "evitar las causas estructurales de la corrupción, con medidas contundentes para su prevención y terapia con un sistema de controles y contrapesos institucionales y ciudadanos". El acuerdo también insta a aplicar, en todos los ámbitos de actuación, diez puntos para luchar contra la corrupción, como "acabar con la financiación opaca de los partidos" o "crear organismos de aplicación y control de la transparencia del buen gobierno".A la firma se han sumado todos los grupos del parlamento catalán... excepto el Partido Popular, que ha argumentado que no le parece el marco adecuado para la firma.
Tiene razón el PP, pero el tener razón no lo deja en buen lugar, y no porque con actuaciones como ésta hace entrar en clamorosa contradicción su mensaje de transparencia ante el fenómeno de la corrupción con la realidad de los hechos que lleva a cabo en la materia sino, en particular, porque, ciertamente, el marco idóneo para proponer medidas eficaces contra la corrupción es el Parlamento, del que ellos aún ostentan la mayoría absoluta, y no lo han hecho. Y, lamentablemente, no pueden argüir que la corrupción les es ajena, a la vista de los resultados de conocidos dictámenes judiciales. Es un problema global, de acuerdo, por el que la ONU ha decidido fijar el Día internacional contra la corrupción al que nos venimos refiriendo, pero no es menos cierto que se ha de afrontar por todos en cada territorio, país, autonomía,, municipio e incluso en las empresas privadas si no queremos, como apuntaba uno de los firmantes del pacto en Catalunya, que se haga necesaria la conmemoración de un Día Contra la Impunidad de la Corrupción.

No parece, pues, que esté de más el recordar las razones de la ONU para la conmemoración del Día:  

 

La corrupción es el mayor obstáculo al desarrollo económico y social en  todo el mundo. Cada año se paga un billón de dólares en sobornos  y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo.

Pero la corrupción no solo se lleva el dinero de donde más se necesita, sino que, además, debilita a los gobiernos y ello, a su vez, puede exacerbar el problema de las redes de delincuencia organizada y fomentar delitos como la trata de personas, el tráfico de armas y migrantes, la falsificación y el comercio de especies en peligro de extinción.

En consecuencia, la corrupción nos afecta a todos y puede provocar:

• Menos prosperidad: La corrupción impide el desarrollo económico, debilita el estado de derecho y despilfarra el talento y los recursos valiosos. Cuando la corrupción está muy extendida, las empresas son reacias a invertir, porque los costos de hacer negocios son considerablemente mayores. En los países corruptos que son ricos en recursos naturales la población no suele beneficiarse de esa riqueza. La corrupción, además, debilita las estructuras de seguridad como, por ejemplo, la policía. A la larga, la corrupción impide a las personas, a los países y a las empresas desarrollar su potencial.

• Menos respeto por los derechos: La corrupción socava la democracia, la gobernanza y los derechos humanos debilitando las instituciones públicas que son la base de una sociedad justa y equitativa.La compra de votos (corrupción del posterior ¿y qué hay de lo mío?) en las elecciones perjudica al proceso democrático, y la justicia queda en entredicho cuando los delincuentes pueden librarse de las consecuencias de sus actos mediante sobornos. Los pueblos indígenas y las mujeres son especialmente vulnerables a la corrupción. Dada su exclusión geográfica y social y su falta de acceso a la protección jurídica de que disponen otros miembros de la sociedad, sus derechos económicos, sociales y culturales se ven amenazados por la corrupción.

• Menos prestación de servicios: La corrupción desvía los fondos destinados a prestar servicios básicos como la atención sanitaria. la educación, el suministro de agua limpia y la vivienda. Un funcionariado corrupto obstaculiza enormemente la capacidad del gobierno de cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos. En los países en que la ayuda internacional tiene por objeto mejorar la calidad de vida, la corrupción lo imposibilita y puede poner en peligro financiaciones futuras.

• Menos empleo: Cuando se adjudican empleos sin tener en cuenta los méritos de los candidatos, sino recurriendo al nepotismo, se deniegan oportunidades. Muchas veces la corrupción significa todavía menos acceso al empleo para los pobres, las mujeres y las minorías. Además, como la corrupción desalienta la inversión extranjera, se crean todavía menos oportunidades de empleo.

Erradicar la corrupción se ha convertido en un elemento fundamental para alcanzar metas como Objetivos de Desarrollo Sostenible. Combatir este problema global  es una gran prioridad estratégica para los organismos de desarrollo y un número cada vez mayor de países, y el PP, con todo el respeto por su gran mayoría de simpatizantes ajenos al tema, debe de definirse

Firmeza de fachada en la lucha anticorrupción

Con el fin de poner de manifiesto el incumplimiento de compromisos, o directamente para sacarles los colores (ya veremos si reaccionan y si la reacción son nuevas palabras huecas) a los jefes de Estado o de Gobierno de los países que integran el G-20, que inician hoy su cumbre en la ciudad turca de Antalya, cerca de la frontera siria, en la semana que acaba, concretamente el día 12 de noviembre, la organización no gubernamental Transparency International ha publicado un desalentador informe, de título revelador, Just for show? Reviewing G20 promises on beneficial ownership (¿Sólo para el espectáculo? Revisión de las promesas del G-20 sobre el beneficiaro real) en el que muestra que los países del G-20 no logran cumplir sus promesas de lucha contra la delincuencia.

En efecto, en él se puede leer que los gobiernos del G-20, incluyendo los EE.UU. y China, no han logrado cumplir con su promesa de luchar contra la corrupción mediante la adopción de leyes para acabar con el secreto que hace que sea fácil para los corruptos ocultar su identidad y mover su dinero a través de todo el mundo. Según la organización no gubernamental, la corrupción cuesta al mundo un 5 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) anual, y si fuera una industria, sería la tercera del planeta. Cada año se blanquean unos dos billones (millones de millones) de dólares, en parte al ocultar la propiedad real de los fondos, y sólo el  Reino Unido, de todos los países del G-20, está trabajando activamente para dificultar que los corruptos oculten su dinero en efectivo.

Sin embargo, economías de mayor tamaño como los Estados Unidos y China se encuentran entre las de peor desempeño, cayendo en la categoría de "Marco de actuación Débil" según el informe, y han de esforzarse en implementar leyes que consigan detener el mal uso de las empresas y otras entidades jurídicas con fines corruptos.

En la presentación del informe, el director gerente de Transparency International, Cobus de Swardt, decía: "Escoja usted cualquier escándalo de corrupción en la historia reciente - Petrobras, la FIFA, Viktor Yanukovich de Ucrania,... - y encontrará que se usó una empresa tapadera para pagar un soborno, mover y ocultar dinero robado, o comprar inmuebles de lujo en  Londres y Nueva York. No tiene sentido que permanezca este enorme vacío jurídico para los corruptos. ¿Qué está induciendo a que los países del G-20 no actúen a pesar de las promesas de hacerlo?”

Hace un año que los gobiernos del G-20 se comprometieron en Brisbane (ver el documento G20 high-level principles beneficial ownership transparency - Principios de alto nivel del G-20 sobre transparencia en el beneficiario real) para desmantelar la estructura legal que permite a las compañías anónimas, fideicomisos y otras entidades jurídicas que operan en las 20 mayores economías del mundo transferir y ocultar dinero a menudo robado mediante la corrupción. Pues bien, algunos países se han quedado atrás en los aspectos más básicos de garantizar el poder saber realmente quién hay detrás de empresas, fideicomisos y otras entidades. Brasil y Sudáfrica, por ejemplo, ni siquiera han adoptado una definición legal de la propiedad real, término técnico utilizado, como es sabido, para describir a la verdadera persona o personas que en última instancia tienen el control de los fondos. En el otro extremo, sólo India y el Reino Unido exigen a las empresas registrar y mantener al día la información sobre la persona real que la posee o controla. Eso significa que en el resto del G-20 si una empresa hace algo ilegal puede que no sea posible responsabilizar al dueño real, lo que se traduce en que los gobiernos del G-20 tienen que reforzar su supervisión de las empresas, los bancos y las personas que ayudan a los corruptos a disfrutar de lujosos estilos de vida a costa de sus propios ciudadanos.

En este sentido, aún es más preocupante que en ocho países del G-20, que incluyen los centros financieros de Nueva York, Tokio, Shangai y Sydney, se pueden realizar transacciones financieras incluso si los bancos no pueden averiguar la identidad de la persona real que hay detrás de los fondos. Cobus de Swardt subrayó que si bien los “paraísos fiscales” son un problema, lo verdaderamente grave es la falta de regulación en esos grandes centros financieros. “Si tienes mucho dinero, no lo querrás aparcar en una isla: querrás invertirlo en un sitio seguro donde dé grandes beneficios, como Nueva York”.

En siete países del G-20 los agentes de bienes inmuebles no han de identificar a las personas reales que están tras la venta y/o compra de fincas. Como resultado, cientos de miles de millones de dólares en propiedades en Londres o Nueva York tienen dueños secretos. Se hace increíblemente difícil impedir a un político corrupto la compra de una mansión de lujo con dinero robado de las arcas públicas si utiliza en el lugar apropiado medidas simples para ocultar su conexión con los fondos.

A pesar de que el Reino Unido ocupa el primer lugarde eficacia en la encuesta, ésta sólo cubre el derecho interno y no las normas de los Territorios de Ultramar y dependencias de la Corona, por lo que el desempeño más débil en muchos de ellos sobre las cuestiones clave del beneficiario real amenaza con socavar la aplicación en el Reino Unido de los principios del G-20 en su conjunto.

"Los gobiernos deben proporcionar las herramientas para que sea más fácil para los bancos, asesores financieros, abogados y otros detener la acción de clientes corruptos. Esto significa la creación de un registro central público que contiene información sobre el beneficiario, es así de simple. El funcionamiento del mundo en general se parece al G-20 en las cuestiones políticas, económicas y otras, y para evitar ser tomado por un charlatán de feria, deben mantener sus promesas, en particular sobre la lucha contra la corrupción ", dijo Cobus de Swardt.

Lo desalentador en el fondo es que el informe únicamente analiza la legislación en vigor, no su aplicación ni la eficacia con la que la Judicatura persigue tales delitos. Y, como muestra, la reflexión del director de Transparency International: “Queda por ver qué ocurrirá cuando el Reino Unido, el único país que ha adoptado una legislación acorde con lo prometido en Brisbane, empiece a utilizarla para destapar la identidad de las empresas secretas. Cuando descubran que están sentados encima de miles de millones de ‘dinero sucio’, aún tendrán que decidir qué hacer con ellos”

La corrupción, el Papa Francisco (¿y la Iglesia?)

Vivimos en un país, esta España nuestra, que es un saco de contradicciones se mire para donde se mire. Hoy, siguiendo con nuestro repaso a la actualidad en torno al flagelo de la corrupción vale la pena recordar que siendo España un país constitucionalmente aconfesional, lo que una religión (sea o no mayoritaria en la población) no ha de tener ni tiene, en principio, repercusión en la sociedad civil.

Pues sí y no. En algunas cosas sí y en otras no. Centrándonos en la religión mayoritaria, para empezar no debe olvidarse el historial puramente dogmático (y antisocial nos atreveríamos a decir, si evocamos, sin ir más lejos, el dramático y doloroso esperpento de las admoniciones papales contra la llamada "Teología de la liberación" (corriente cristiana de base, nacida tras el Concilio Vaticano II que considera la justicia social y la lucha contra la opresión y la desigualdad integradas en el mensaje evangélico) y sus abanderados, particularmente en América, Boff, Cardenal, Casaldáliga, etc) de los últimos papados, lo que venía de perlas a la Jerarquía Católica española en sus posicionamientos políticos contrarios a los avances en derechos civiles.

Pero la llegada del Papa Bergoglio ha supuesto un cataclismo que ha puesto patas arriba los inamovibles postulados (solo hay que recordar los circunloquios de Rouco-Varela o de Camino, que se quedaban en blanco y sin argumentos para defender sus posturas contrarias a lo que declaraba el Papa públicamente), y que ha puesto de manifiesto que nuestra católica clase política, esa que no se cansa de invocar a todo un catálogo de imágenes sagradas para vete a saber qué cosa, es sorda y claramente desobediente en aspectos de importancia que afectan a la convivencia. Y a las leyes.

La corrupción es un ejemplo. No se recuerda que los últimos Papas hubieran demostrado demasiada preocupación por ese fenómeno fuente de desigualdades (y atentatorio contra la moral cristiana), de forma que incurrir en la corrupción casi no quebrantaba ningún precepto. Pero esto ha cambiado con el Papa Francisco, realmente preocupado por las personas y por la justicia social (aunque no olvide los dogmas, comprensiblemente). 

Vale la pena, aparte de tener en cuenta sus mensajes globales, fijarse en que "en las distancias cortas" tampoco olvida el problema. Una muestra reciente: el pasado sábado, día 12, el Papa Francisco recibió en audiencia  a los responsables y trabajadores de la Banca de Crédito cooperativo de Roma (una red de servicios bancarios y agencias para familias y empresas) y los exhortó a poner siempre en el centro a la persona y no al dios dinero pidiendo “un uso solidario y social del dinero”, “hacer crecer la economía de la honestidad y luchar contra la corrupción que inunda todos los ambientes. Todo ello para que exista una globalización de la solidaridad y una economía humanizada". Las empresas dijo, "deben ser el motor que desarrolle la parte más débil de las comunidades locales y de la sociedad civil, pensando sobre todo en los jóvenes sin empleo,Y también “ser protagonistas en proponer y realizar nuevas soluciones de bienestar”. Les pidió "preocuparse de la relación entre la economía y la justicia social, manteniendo en el centro la dignidad y el valor de las personas y no al dios dinero”, así como “facilitar y animar la vida de las familias” evitando que la gestión de los bienes comunes “se conviertan en propiedad de pocos con objeto de la especulación”. Es importante“hacer crecer la economía de la honestidad sobre todo en este tiempo en el que el aire de la corrupción impregna todo”. Pero “a ustedes (recordemos que la audiencia era a personal vinculado con la banca) no solo les he pedido ser honestos, que es normal, sino difundir y radicar la honestidad en todo el ambiente, una lucha contra la corrupción”.

Siguiendo lo que parece que sea su costumbre, al concluir pidió: “no se olviden de rezar por mí” y bromeó diciendo: “que quede claro, no les pido dinero, les pido oraciones por mí”.

La postura del Papa en este asunto no es nueva. Ya en febrero,en una audiencia similar, destacó que “no es fácil hablar de dinero. Dijo Basilio el Grande, Padre de la Iglesia del siglo IV, citado por San Francisco de Asís, que el dinero es el estiércol del diablo. Cuando el dinero se convierte en un ídolo, controla las decisiones del hombre. Y luego arruina al hombre y lo condena. Hace que sea un sirviente".El Papa lamentó conectando el problema de la corrupción con la lacra del paro, que “hoy en día es una regla, no digamos normal, habitual ... pero tan a menudo se ve: ‘¿Usted busca un empleo? Venga, venga a esta empresa’. 11 horas, 10 horas, 600 euros. ‘¿Te gusta? ¿No? Vete a tu casa’”.
“¿Qué hacer en este mundo que funciona así? Porque hay una cola, la cola de personas que buscan trabajo: si no te gusta, a ese otro le gustará. Y el hambre, el hambre hace que aceptemos lo que nos da, el trabajo en negro ... yo podría preguntar, por ejemplo, al personal de la casa: ¿Cuántos hombres y mujeres que trabajan en el servicio doméstico tienen los ahorros sociales para la pensión? Todo esto es bien conocido”.

El Santo Padre señaló que se debe pensar “en las necesidades de salud,  en las necesidades apremiantes de la solidaridad, poniendo de nuevo, al centro de la economía mundial, la dignidad de la persona humana”.

Si alguien encuentra tibieza en estas palabras, debe advertírsele que el Papa ha sido transparente y contundente en todo momento sobre este tema, y en una homilía de hace casi dos años desenmascaró al "cristiano de doble vida que dice ‘¡Yo soy un benefactor de la Iglesia! Meto la mano en mi bolsillo y hago donativos a la Iglesia’. Pero con la otra mano roba al Estado o a los pobres… ¡roba!". El diagnóstico del Papa ya era claro: "Es un injusto, y eso es doble vida. Jesús no le llamaba ‘pecador’ sino ‘hipócrita’. A los pecadores, no se cansaba de perdonarles Y merece –lo dice Jesús, no lo digo yo- que le aten al cuello una rueda de molino y lo echen al mar. Jesús no habla de perdón aquí. Pecadores lo somos todos, pero en cambio no podemos ser corruptos El corrupto intenta engañar, y donde hay engaño no está el Espíritu de Dios. Esta es la diferencia entre el pecador y el corrupto".

En este punto  siempre habrá quien se escude en disquisiciones ya que efectivamente, no es lo mismo una encíclica o un discurso formal, que una homilía breve, coloquial y sin papeles (como es el caso) en una misa para un grupo reducido. Aun así, el mensaje del Papa está claro: al pecador arrepentido hay que perdonarle; al corrupto no. Y todavía menos cuando, hipócritamente, se finge cristiano ejemplar para disimular su robo, su injusticia o su vileza.
Más claro, el agua. Sin comentarios, pese a que la postura pública de muchos miembros de la jerarquía (y no digamos de políticos fervientemente católicos) se muestre en otro sentido.