Refugiados del desarrollo

Resulta de permanente actualidad, por desgracia, el  drama irresuelto de los refugiados, en número creciente, que se ven obligados a abandonarlo todo con el fin de conseguir, simplemente, poder vivir. Lo habitual es que este trauma humanitario se produzca debido al estallido o persistencia de conflictos armados en su territorio aunque también a problemas étnicos, religiosos, etcétera.

Por eso resulta tan chocante (y usualmente tan desconocido para la opinión pública) que los poderes públicos propicien otras formas de refugiados, que "no son noticia" y de cuya responsabilidad, además, nadie se hace cargo con el señuelo de que es algo voluntario de  la población en aras del desarrollo económico (?) 

Algo de este cariz podemos leer en el excelente y documentado artículo Refugees Of Development  en donde se nos muestra la pequeña historia de una aldea kosovar den donde sus habitantes han de sufrir la diáspora repetida, primero por la guerra y después, como dice el título del artículo, por el desarrollo de la zona. 

"Expulsado y abandonado"

A modo de resumen, del artículo, después de su aldea fue destruida en 1999, en la guerra civil de Kosovo, por comandos serbios que, tras ejecutar a varios adultos obligaron a todo el resto de aldeanos a huir a Albania y Macedonia, los residentes de Hade regresaron a casa desde los campos de refugiados con la idea de reconstruir el poblado y volver a cuidar sus animales y sus campos. Pero poco después, el pueblo se enfrentó a una nueva amenaza: una ola de desalojos realizados en nombre del desarrollo.
Sucedió que el gobierno de Kosovo quería expandir la minería del carbón y construir una planta de energía adicional para KEK, la compañía eléctrica estatal de Kosovo aprovechando que una rica veta de carbón de lignito se encuentra debajo de laderas onduladas de Hade, convirtiéndolo en un destino ideal de "desarrollo" para lo cual, el gobierno acudió al Banco Mundial en busca de ayuda y, de esta forma,  funcionarios de Kosovo y expertos del Banco Mundial han diseñado una planta eléctrica de carbón en Hade. El Banco Mundial proporciona asesores y dinero, ejerciendo fuerte influencia en la economía kosovar para que inviertan en la planta de energía.
Cuando los aldeanos divulgaron en todo el mundo sus quejas por ser forzados a abandonar sus hogares, el Banco Mundial negó en todo momento su responsabilidad alegando que sus inversiones en el proyecto no eran por el momento significativas.
"Esto es peor que la guerra", dice un aldeano. "Y ahora, con este proyecto que destroza nuestra forma de vida, destruye el medio ambiente y beneficia sólo al Banco Mundial y a las grandes empresas, nosotros ni siquiera sabemos cómo y cuando acabará esto o si perdurará en las siguientes generaciones."

Para acabar. Tampoco es noticia...

Unión Progresista de Fiscales

En la última entrada del blog nos hacíamos eco del poco eco (valga el retruécano) que habían tenido en los medios de comunicación las conclusiones del último Congreso de la asociación Jueces para la Democracia, haciendo énfasis en la validez y objetividad tanto de su análisis como de las sugerencias que de él se pueden extraer para afrontar diferentes problemas cotidianos enquistados con la normativa vigente.

Pues me temo que hemos de recurrir (una vez más) al refranero, en este caso recordando aquel dicho de “¿No quieres caldo? Dos tazas llenas…”

Y la segunda taza, también vinculada al mundo jurídico, la encontramos en el tratamiento  mediático que ha tenido el 30º Congreso de la Unión Progresista de Fiscales, celebrado en Palma de Mallorca este mes de junio y del que sólo hemos encontrado referencia en la publicación Estrella Digital, pese a la relevancia de sus conclusiones (pido disculpas si algún otro medio, que desconocemos, también ha recogido la noticia).

Para empezar, debe identificarse a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que es una asociación profesional fundada hace ya treinta años e integrada, lógicamente, por fiscales (recordemos que éstos son las persona que representan y ejercen el ministerio público en los tribunales) con los objetivos declarados de «promover la plena realización de los principios, derechos y libertades consagrados en la Constitución, la defensa de los principios de imparcialidad y legalidad, la defensa de los derechos sociales, de la independencia judicial y satisfacer a los sectores marginados, además de, por lo que se refiere a la propia fiscalía, la defensa de los intereses y derechos profesionales de los fiscales».

Pues bien, las conclusiones publicadas de su citado 30º Congreso, cuya lectura recomendamos, se resumen en:

-          Conclusión sobre anti-corrupción.

-          Conclusión sobre transparencia.

-          Conclusión sobre delitos de odio y discriminación.

-          Conclusión sobre reformas legislativas.

-          Conclusión sobre pobreza y desigualdad.

-          Conclusión sobre igualdad en materia de género.

-          Censura de la UPF a la gestión del actual Fiscal Jefe Provincial de Madrid.

-          La “irresponsabilidad” de las personas jurídicas.

-          Sahara, Justicia Universal y territorialidad

-          Reprobación de la gestión del anterior Fiscal General del Estado.

Sólo comentaremos las referidas al prmer epígrafe, el de la corrupción, dejando las demás al libre albedrío del lector del documento.

La UPF propone, por la gravedad de estos delitos de corrupción política y económica, que se utilicen procedimientos como los usados con el crimen organizado y, en ese sentido, que se empleen "las técnicas propias del agente encubierto" para dotar de mayor eficacia a la acción de la justicia contra ellos, lo que llevaría, posiblemente, a la necesidad de regular el estatuto del arrepentido y del testigo protegido y la forma de intervenir las comunicaciones para disipar cualquier duda sobre la legalidad de las medidas investigadoras adoptadas en la instrucción (la experiencia de inhabilitar a un juez por ordenar unas intervenciones que, a la postre, se demostraron legales e incorporadas a la instrucción en un caso, precisamente, de corrupción, hace ser prudentes en el tratamiento de este tema).

Los fiscales se refieren, en concreto para justificar esta petición, a la financiación ilegal de las formaciones políticas y proponen que las fundaciones y asociaciones vinculadas sean plenamente equiparadas a los partidos y que la condonación de créditos y la dación de inmuebles a éstos deben ser asimiladas a las donaciones en este contexto.

En cuanto al ámbito patrimonial de la lucha contra la corrupción, piden que se aplique el decomiso penal ampliado de bienes y activos relacionados y se introduzca el comiso civil como herramienta extra-penal "para cercenar la rentabilidad económica de la corrupción y atajar la utilización de testaferros". Por ello, precisamente, sugieren la introducción de dos nuevas figuras delictivas: el enriquecimiento ilícito y el testaferro lucrativo.

Es un hecho comprobado que las organizaciones criminales no renunciarán a la práctica de técnicas corruptas si con ellas consiguen "mejorar" la eficacia de sus acciones delictivas, sobre todo si para ello ocupan tranquilamente espacios de impunidad, siempre por delante del desarrollo normativo. Y es por eso precisamente por lo que resulta tan importante tener en cuenta la opinión de colectivos de profesionales del entorno jurídico como los que citamos, en la última entrada jueces y hoy fiscales.

Sobre el papel, esta asimilación de la corrupción política y económica al crimen organizado no debería de sorprender toda vez que los fiscales encargados de dictaminar estos delitos se encuadran en la Fiscalía Anticorrupción, llamada realmente Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, de recorrido breve pero curioso.

En efecto, la Fiscalía Anticorrupción, creada en 1995, en la época del Gobierno de Felipe González, es una Fiscalía Especial dependiente de la Fiscalía General del Estado y con competencias en todo el territorio nacional, que investiga y conoce de los procesos de especial trascendencia, relativos a los delitos, económicos u otros, cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción, estuvo en un tris de desaparecer en 2003 “por quedar vacía de contenido”[1].

Llama la atención de nuevo la poca repercusión que tienen este tipo de iniciativas en los medios de comunicación, más preocupados en hacer de altavoz partidista de unos u otros creando alegremente estados de opinión sobre cosas que no son, en definitiva, tan relevantes  como, sin ir más lejos, nos ocupa.

Igualmente resulta positivo que la ciudadanía conozca la esencia de estas propuestas (las que mencionábamos en la anterior entrada del blog, de Jueces para la Democracia, o esta misma de hoy), acreditativas de que no todos los profesionales de la justicia son como los repentinamente de actualidad en algunos casos más que conocidos de fiscal-defensor  o de juristas que actúan aparente y únicamente sólo como brazos ejecutores de los poderes. En este punto es imprescindible traer a colación lo que nos dice el chileno Patricio Orellana, administrador público, ex funcionario de la ONU y profesor de la Universidad de Chile: “La incorporación de la corrupción masiva, practicada por muchos de los políticos y jefes administrativos, ocurre cuando el sistema de control y equilibrios, propios de la separación de poderes, desaparece y es reemplazado por la concentración de todos los poderes en el Ejecutivo”

---

[1]Rigurosamente verídico. El 09/07/2003, el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, nombrado por el PP, propuso al Ejecutivo de Aznar la supresión de la Institución porque los esporádicos delitos de corrupción que pudieran presentarse (una vez controlada la “corrupción socialista”)  podían confiarse sin mayores problemas a los juzgados ordinarios.

La asombrosa propuesta, finalmente desestimada por el Gobierno, era la culminación de una serie de medidas controvertidas de la Fiscalía General del Estado de la época, de las que la guinda fue la prohibición de Cardenal al entonces fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo de investigar la presunta trama del “tamayazo” de Madrid (origen de la traición al PSOE de los diputados Eduardo Tamayo y Teresa Sáez que facilitó el acceso del PP al poder en Madrid). Para solucionar el encontronazo entre ambas instituciones fiscales que perjudicaba ostensiblemente la imagen de España, el Gobierno procedió de urgencia a reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal, e impuso que los fiscales jefe tuvieran un mandato limitado a cinco años, lo que propició el cese de Villarejo y otros representantes del Ministerio Público igualmente incómodos para el PP.  Se acabó la discusión.

Quizá ayude a contextualizar lo inapropiado de la petición de la Fiscalía General del Estado el recordar que en esa época se iniciaron por la Fiscalía Anticorrupción la investigación de los casos de corrupción más relevantes y conocidos, que han seguido investigándose con posterioridad, como el caso Malaya, en Marbella (Ballena Blanca es anterior), el caso Palma Arena y el caso Nóos, en Mallorca, el caso Palau y el caso Pretoria, en Barcelona,  el caso Gürtel en Madrid y Valencia, el caso Mercasevilla y de los ERES en Andalucía, el caso Brugal, en Alicante, etc.

Jueces para la Democracia (con mayúsculas)

Después de la celebración de las últimas elecciones municipales y autonómicas (si bien no en todas las Autonomías, como se sabe), y dentro de esa partida de mus en que parece haberse convertido la negociación de los "pactos entre perdedores", en definición del partido en el gobierno, el personal ha estado suficientemente distraído desde los medios por cosas tan prioritarias como la condena a unos silbidos a la Marcha Real (sin entrar, por cierto, a lo que sí es prioritario como es el estudiar por qué  una cantidad muy importante de españoles consideran ajenos los símbolos patrios) o los lamentables tuits (¿chistosos?) publicados por una persona 5 años antes de entrar en política (sin entrar, aquí tampoco, en la denuncia/condena de algunas actividades presuntamente delictivas realizadas por las mismas fechas por personas que sí eran representantes públicos) y cosas así.

Hemos de barruntar que ese sentido de cubrir esa rabiosa actualidad inducida no permite divulgar minucias tales como las conclusiones del último Congreso de la asociación de magistrados Jueces para la Democracia, que nos atrevemos a copiar a continuación.

Quizá sea conveniente recordar, antes de leer el documento, a quién representa la asociación. 

Jueces para la Democracia es una de las cinco asociaciones profesionales de jueces españoles (tercera por número de miembros), organización civil de jueces y magistrados, con más de 20 años de existencia y constituida como corriente progresista dentro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en 1983. Actualmente la integran más de 500 asociados.   

Sus fines declarados son promover las condiciones para hacer efectivos los valores constitucionales, la defensa de sus asociados, la de la independencia del poder judicial, reclamar todos los medios que posibiliten la legitimación democrática de dicho poder y la realización de estudios jurídicos y legales.

Forma parte de la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades.

Ofrecemos a continuación, sin comentarios adicionales el documento divulgado por la asociación, únicamente recordando que lo emite un colectivo de personas vinculadas a la realidad social y  que de ninguna forma están buscando votos para una campaña de un partido político.

Conclusiones del 30º Congreso de Jueces para la Democracia

El XXX Congreso de Jueces para la Democracia ha analizado el tema “Constitución y Justicia en el siglo XXI”. Estas conclusiones pretenden ser una primera aportación sobre aspectos básicos del debate sobre la necesidad de cambios constitucionales en nuestro país, sin perjuicio de los análisis más amplios que podamos efectuar posteriormente. A la vista de las reflexiones compartidas en este congreso queremos expresar las siguientes valoraciones:

1.- Los importantes transformaciones sociales, económicas y políticas que ha sufrido nuestro país en los últimos 37 años hacen que la Constitución de 1978 no cuente con instrumentos adecuados para resolver las demandas de nuestra sociedad. Resultan necesarias modificaciones constitucionales esenciales a partir del consenso de las fuerzas políticas. Los cambios constitucionales son una práctica habitual en las sociedades democráticas avanzadas, que desean tener como premisa la protección y salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.

2.- La incorporación de nuestro país a las estructuras europeas ha provocado transformaciones sobre los problemas derivados de la soberanía, que deben llevar a una redefinición del papel de la Constitución en estas circunstancias, muy distintas de la concepción que esta tenía en sus orígenes históricos.

3.- La presión de los intereses económicos ha vaciado de contenido la Constitución, en espacial en lo referente a la efectividad de los derechos sociales. Ello debe llevarnos a buscar fórmulas de garantía para que los derechos sociales queden asegurados. Estos derechos nunca deberían quedar a merced de la situación de los mercados o de los intereses políticos.

4.- Han de activarse mecanismos de participación ciudadana en el sistema democrático, que incluyan formas efectivas de intervención directa. La regulación de los partidos políticos debe incluir normas básicas de transparencia y también mecanismos de funcionamiento interno democrático. Y las normas electorales han de garantizar la representatividad real de los cargos públicos elegidos.

5.- La evolución del estado autonómico implica necesariamente un nuevo consenso de carácter territorial entre todas las partes afectadas.

6.- Algunas de las principales instituciones del Estado han sufrido un deterioro comprensible por el paso de los años. En otras instituciones se aprecia que no se ajustan a la realidad actual. Debe ser revisado nuestro organigrama institucional para generar nuevas estructuras que sean complementarias entre sí.

7.- Resulta necesario incorporar nuevos derechos fundamentales ante las nuevas situaciones que están conformando la sociedad contemporánea. Asimismo, se deberían reformular algunos de los derechos fundamentales vigentes, a la vista de la evolución de su contenido desde 1978 y del tratamiento jurisprudencial de los mismos. 

8.- El derecho a la vivienda ha de ser regulado para que se garantice su condición de derecho fundamental y su efectividad real. En este ámbito, se debe perfilar de manera adecuada el equilibrio entre el derecho a la propiedad y su función social.

9.- Las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han demostrado las insuficiencias de nuestra legislación en relación con los/as consumidores/as. Debe incrementarse la protección constitucional a los/as consumidores/as ante situaciones de desigualdad contractual. 

10.- La regulación del Tribunal Constitucional debe garantizar la imparcialidad e independencia de sus integrantes. También han asegurarse unos requisitos mínimos de mérito y capacidad.

11.- La regulación constitucional del Consejo General del Poder Judicial ha de garantizar la división de poderes y evitar las interferencias políticas en el funcionamiento de la institución. También debe asegurarse su autonomía presupuestaria, así como regularse competencias en materia de medios personales y materiales. 

12.- Los principales partidos políticos no han querido garantizar un poder judicial fuerte, independiente y eficaz. Tampoco las fuerzas políticas emergentes están mostrando sensibilidad hacia la Justicia que merece la ciudadanía. Constatamos la falta de ideas que existen en el ámbito político sobre una regulación constitucional futura del poder judicial.

De la lectura del documento surgen muchas preguntas, pero nos quedamos en la que da origen a las mismas ¿Por qué estamos acostumbrados a que los medios, en general, nos escamoteen las noticias realmente importantes que nos revelan que, muchas veces, las opiniones y quejas de la ciudadanía no están tan alejadas de la sensibilidad de ciertos colectivos cuya opinión debía tener mayor difusión y, obviamente, tenerse en cuenta por los gobernantes (no los partidos, que son/deben ser otra cosa)?