Entrevista a Baltasar Garzón

La semana pasada, diversos medios de Latinoamérica difundieron una entrevista telefónica que la Agencia de noticias Reforma hizo al juez Baltasar Garzón aprovechando su corta estancia en Mèxico. Que los medios de España (donde no hay corrupción)  no se hayan hecho eco de estas declaraciones ya no es noticia, pero, por su relevancia, transcribimos íntegramente la nota de agencia.

Hay que resaltar que la idea expresada por el juez no es privativa de él, y que cada vez con más frecuencia se escucha a numerosos expertos y organismos internacionales que coinciden en esa línea, de forma que resulta evidente que una jurisdicción en la que los cuerpos judiciales son "el brazo armado" jurídico del ejecutivo, jamás será efectiva en la lucha contra esa lacra consentida.

Sin más comentarios, reproducimos la nota de la Agencia Reforma sin tocar ni una coma.

"Tendría que avanzarse en la creación de una agencia independiente contra la corrupción, con un periodo de tiempo absolutamente independiente y el acceso a cualquier información y habilidades que podrían derivar después en acciones por parte de los procuradores de justicia"

México, DF.- Una agencia anticorrupción sin independencia absoluta del Poder Ejecutivo y acceso a toda la informaciónf levantará siempre dudas, advirtió ayer el juez Baltasar Garzón.
"Tendría que avanzarse en la creación de una agencia independiente contra la corrupción, con un periodo de tiempo absolutamente independiente y el acceso a cualquier información y habilidades que podrían derivar después en acciones por parte de los procuradores de justicia", afirmó vía telefónica el letrado español.

"Pero no debe de interferir el Poder Ejecutivo en el ámbito de la acción de la justicia en ningún caso, llámese México o llámese España, o cualquier otro país. Si no se hace así, siempre habrá dudas sobre la parcialidad", destacó. El próximo martes 24 de febrero, se discutirá en México una iniciativa para la creación de un sistema nacional anticorrupción que estaría compuesto por funcionarios que también se desempeñan en otras instituciones gubernamentales.

El juez Baltasar Garzón aclara la garganta al otro lado del teléfono tras dictar una conferencia en el Auditorio Guelaguetza de Oaxaca, al cual regresará después de esta corta conversación telefónica-, como invitado de la Congregación Mariana Trinitaria en su 18 aniversario. Baltasar Garzón saltó a la fama por enjuiciar al dictador chileno Augusto Pinochet por genocidio y lograr que fuera arrestado en 1998. - El litigante español está familiarizado con casos de corrupción y conflictos de interés: encabezó la indagatoria de una red de sobornos que involucra a empresarios y políticos del oficialista Partido Popular español en 2009. La investigación le valió una sanción que no le permite ejercer en España hasta 2021.

"El juez, el fiscal, los funcionarios que investiguen la corrupción tienen que estar dispuestos a asumir todas las consecuencias, incluso las más negativas para ellos, y continuar la indagatoria (pues) la justicia tiene una importante responsabilidad para transmitir, por una parte, que no importa el grado de importancia política o económica de la persona para que responda y, por otro lado, que debe hacerlo de una manera eficaz y rápida", elabora el juez respecto a su investigación del llamado Caso Gurtel.

- ¿Qué sucede cuando las averiguaciones son rápidas, pero, para las víctimas, no eficaces?, se le pregunta en referencia a los reclamos sobre la pesquisa de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre Ayotzinapa, caso que él mismo ha dicho podría ser considerado crimen de lesa humanidad. - Las instituciones, en concreto la procuración de justicia, tienen que tomar la iniciativa en la investigación de este tipo de crímenes. No se puede dejar a la inercia de los acontecimientos.

 Yo creo que la justicia se tiene que exigir aquí y producir aquí. Pero (...) hoy día las cosas ya no son sólo nacionales, puede haber instancias internacionales, no sólo judiciales sino políticas y diplomáticas, a las que no debemos dejar de acudir para denunciar esos hechos. Muchas veces, esa denuncia va a determinar que se ponga la lupa sobre las propias autoridades, mexicanas en esta caso, si no demuestran que están ofreciendo una protección efectiva y eficiente.

El juez comienza de nuevo a aclararse la garganta, alistándose para regresar al Auditorio Guelaguetza, pero no cuelga sino hasta contestar una última pregunta.

 - Como el abogado principal de Julian Assange, creador del sitio web Wikileaks que filtró en 2011 miles de documentos clasificados de los Gobiernos estadounidense y británico y quien se encuentra refugiado en la Embajada ecuatoriana de Londres desde entonces, ¿cómo ve la libertad de prensa en este momento?
- La libertad de expresión está amenazada de manera permanente por las acciones de agencias de inteligencia, de seguridad, de Gobiernos mal enfocados en cuanto al respeto de los derechos humanos. 
Se está tomando como enemigos a los que desarrollan el derecho de información y de obtención de la misma. Hay que avanzar en la protección integral de los derechos de los periodistas, informadores y los 'whistleblowers', para decir que no se puede imponer en contra del derecho del libre acceso a la información, protección a las víctimas y conocimiento de hechos delictivos.

¿La nueva inteligencia que se persigue?

En unos tiempos en los que queda más que demostrado en nuestro querido país que eso de la educación no pasa de ser una arma arrojadiza controlada por quien detenta el poder político y quedan dudas razonables de si los responsables de Cultura, Educación y esas cosas tiene ni pajolera idea de lo que represdentan estos conceptos en la construcción del futuro común, parece oportuno reflexionar sobre estos temas desdramatizándolos, con aspec tos como del que sigue.
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El departamento de psicología aplicada de la Universidad Politécnica M. Halaja, de Carolina del Sur, está desarrollando unos nuevos tests de inteligencia adaptados a las teorías de Gardner de inteligencias múltiples. Para ello está pidiendo la colaboración voluntaria de estudiantes de último año a los que solicita que, en los cuestionarios tradicionales consignen la justificación de sus respuestas mediante el razonamiento y/o cálculo correspondiente cuyo análisis posterior sentará las bases de las nuevas pruebas.

Tras la ceebración de una primera ronda de tests enfocados a cada una de las ramas de inteligencia definidas por Gardner, ya puede hablarse de resultados válidos para alguna toma de decisiones. En una primera aproximación, se demuestra que, en las pruebas de inteligencia matemática, el principal punto de controversia (ergo, de mejora) es la lógica. Y, para muestra, un solo ejemplo a continuación.

Se propuso, entre otros, el siguiente problema:

“Un autobús lleva a 7 niños a la escuela. Ninguno de ellos está cojo. Cada niño tiene 7 mochilas. En cada mochila hay 7 gatas. Cada gata tiene 7 gatitos. Por suerte, cada uno de los animales tiene tantas patas como ha previsto la madre naturaleza.

Pregunta: ¿Cuántas piernas/patas hay en el autobús?”

Pues bien, al resultado correcto únicamente llegaron el 47% de los encuestados (estudiantes del último año, recordemos) y el análisis y agrupación estadística de las respuestas, y la revisión de los cálculos para llegar a ellas, condujo a algunas evidencias curiosas:

-       el 25 % de los que contestaron erróneamente, consideró que los niños tienen cuatro patas en lugar de dos piernas

-       contrariamente, el 10 % dedujo que las gatas y gatitos tienen dos piernas en lugar de cuatro patas

-       el 22 % pensó que las mochilas también tienen patas (concretamente, cuatro)

-       el 41 % estaba convencido que el autobús estaba movido por telepatía o control remoto, ya que no imaginó que pudiera haber un conductor.

-       El 2 % restante, simplemente, no entendió el planteamiento del problema de forma abstracta (uno de los voluntarios razonó que no caben tantas gatas y gatitos en una mochila escolar)

Como consecuencia del análisis, el director del programa, M. Steilhang, ha propuesto al gobierno federal la inclusión, con urgencia, de la asignatura de lógica en la especialización de lógica aplicada, dentro de todos los planes de formación para mantener el standard de calidad esperado de los centros educativos. 

Otra cosa es la inclusión en los ciclos formativos de materias de religión o dogmáticas que, por definición, se exigen alejadas del raciocinio.

En formación, 3 +2 ≠ 4 + 1

Estos días se habla (seguramente menos de lo que se debería) del empeño declarado de nuestro ministro Wert en buscar siempre problemas a las soluciones, en este caso, a la duración de los ciclos formativos universitarios. Podría suponerse que el ministro es ferviente seguidor de la doctrina daliniana, toda vez que es bien conocido el dicho del maestro Dalí de que "lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal", y a fe parece que sea éste el propósito de Wert.
Sin encomendarse a nadie (sin negociación previa con nadie, como siempre), pretende imponer su idea, basada como es habitual en la falaz mayoría parlamentaria absoluta, de que es mejor organizar la duración de los estudios universitarios en 3 cursos de grado más 2 de posgrado en lugar de los actuales 4 de grado y 1 de posgrado, con la excusa fútil de que ambos suman cinco.

El ministerio, en todas cuantas iniciativas ha presentado (impuesto) hasta hoy, ha mostrado su nula predisposición a escuchar la voz de los profesionales del mundo académico que (es un suponer), algo deben de saber de estos temas, y que, cualquiera con dos dedos de frente intuye que deben de tener más protagonismo que los políticos a la hora de definir modelos educativos.
Por ello nos ha parecido importante transcribir en su integridad, sin comentarios adicionales, el artículo que Roque Hidalgo, académico y catedrático de física aplicada de la Universidad de Granada, ha publicado en el periódico digital El Otro País de Este Mundo, de cuyas reflexiones no tocamos ni una coma.

El artículo dice así:

"La educación es la clave para conseguir el cambio en una sociedad. El mundo no puede cambiar si no cambia sus dioses, sus valores. Si queremos lograr algo, debemos quitar valor al dinero, que es lo que mueve la actual sociedad".

José Luis Sampedro

Un nuevo ataque neoliberal a la Universidad pública.

Recientemente se ha abierto de nuevo el debate sobre la organización docente de los estudios universitarios, al proponer el ministro Wert una nueva distribución de créditos académicos entre el grado y el posgrado.

Lo llamativo de esta propuesta es que se realiza sin que ninguna agencia de evaluación de la calidad haya analizado, hasta la fecha, los efectos causados por el llamado “plan Bolonia”.

Esto ocurre a pesar del verdadero asalto al poder que los nuevos tecnoburócratas de verborrea pedagógica han realizado en todas las instancias de la enseñanza europea y española.

En apariencia se trata de decidir el número de cursos que tendrán los “nuevos” grados y posgrados. El carácter presuntamente flexible de la propuesta (3+2, o 4+1) introduce un elemento de confusión más en el ya caótico sistema universitario español. Se recupera el viejo lema del neoliberalismo económico “"laissez faire, laissez passer", que en la versión más moderna de nuestros ilustrados neoliberales vendría a decir algo así como, “que cada uno haga lo que quiera”. Se utiliza la tan cacareada “autonomía universitaria” para introducir un poco más de ruido, y sobre todo de caos, dentro del sistema público universitario español, convencidos de que el caos, junto con la desinversión pública, tendrá un efecto demoledor en el funcionamiento del sistema público de enseñanza universitaria y quedará así probado ante la opinión pública que la Universidad española puede, en gran medida, cerrarse sin que esto afecte al normal funcionamiento de la sociedad y de la economía del país.

Si el debate fuera sólo académico sus consecuencias serían leves pero detrás de la enésima reforma universitaria de carácter neoliberal se esconde un proyecto económico estratégico.

Nadie sabe explicar el por qué, pero el precio de la matrícula de posgrado (los conocidos máster que, en correcto castellano, deberían de llamarse maestrías, como así se las conoce en México) es mucho mayor que el de grado, diferencia que no se produce en los países de nuestro entorno. El máster se presenta a la sociedad como la panacea universal para lograr un puesto de trabajo estable y bien remunerado, siendo la probabilidad de lograrlo tanto mayor cuanto más elevado sea el coste del mismo. Por esta razón no debe extrañarnos que en algunas áreas de la economía y la gestión empresarial se cobren 30,000 Euros por un máster de un curso de duración.

La enseñanza ha dejado de ser un servicio público para convertirse en una mercancía más dentro de la “economía de mercado”, en la que los mercaderes imponen sus reglas al resto de la sociedad sin tener que pasar por el duro trance de las urnas.

Todos los recursos que los nuevos liberales están retrayendo de la Universidad pública y del sistema de ciencia podrán dedicarse a pagar la deuda pública que se ha acumulado mediante el astuto proceso de transferir deuda privada de los especuladores financieros hacia la deuda pública de los Estados periféricos de la Unión Europea. Es, ¡por fin alguien lo logra!, la cuadratura del circulo.

Salir de este laberinto será difícil, pues para muchos profesores universitarios la reducción de horas de clase se interpreta como una ventaja que les permite tener más tiempo libre o, en el mejor de los casos, más tiempo para sus tareas de investigación.

Desde hace tiempo se está desmontando el modelo de Universidad basado en la docencia, la investigación y la extensión universitaria, para pasar a otro fundamentado en la docencia y la gestión administrativa. Nuestros entrañables gobernantes de pensamiento neoliberal y, muy especialmente el ministro Wert, están convencidos de que la investigación realizada en nuestras Universidades es de baja calidad, cara y, además, innecesaria pues tiene poco impacto económico, presuponiendo que la brecha científico-técnica con los países avanzados es tan grande que nunca podrá ser recortada. Por eso las nuevas Universidades privadas no permiten a su profesorado realizar investigación y los cargan con una dedicación docente extenuante. Este tipo de universidades están captando estudiantes capaces de pagar matrículas de grado de 6,000 euros e interesados en grados y dobles grados con, potencialmente, mayores salidas profesionales y de trabajo.

Mientras tanto, la Universidad pública española tiene que soportar contradicciones tales como que en un país que recibe casi 60 millones de turistas al año, la carrera universitaria con una tasa de paro más alta sea precisamente la de Turismo. El objetivo es fomentar el convencimiento en la sociedad de que la educación no es un bien público y que debe pagarse el coste real de la misma, discriminando al alumnado desde la escuela infantil hasta la Universidad, por su origen de clase y no por su capacidad intelectual.

Se acaba así con el principio de igualdad de oportunidades que alguna vez se defendió como base de una educación inclusiva y no discriminadora socialmente.

Los colegios profesionales, las elites financieras y la jerarquía de la Iglesia católica han decidido que la educación es suya y de nadie más. En este tema, como en tantos otros, será necesario retomar la tarea educadora que la IIª República Española inició y esos mismos poderes le impidieron desarrollar mediante el uso de la violencia fascista. No será fácil salir de la trampa neoliberal pero no tenemos otra opción si queremos una Universidad española al servicio del pueblo trabajador.

Hay que cambiar de base.

Roque Hidalgo Álvarez

Miembro del Seminario Otro Pensamiento es Posible-Universidad de Granada.

Boletín nº 44/y 4 - ¿Hay que revisar la Ley Hipotecaria?

Para finalizar este análisis superficial de una ley que todo indica que se redactó de manera, cuando menos, cuestionable ya que a la vista está que beneficia sólo a una parte, es necesario añadir otro motivo más que muestra su alejamiento de la equidad, y es la evidencia de que la propia ley establece “clases” entre los acreedores.

En efecto, se ha dicho hasta la saciedad de que el gran responsable del inicio de la crisis fue el que las familias no pudiesen afrontar los pagos hipotecarios, lo que, aparte de no ser verdad, representa una acusación injusta para estas familias, primeras víctimas de una crisis  cuya génesis es totalmente ajena a ellas. Pese a que las estadísticas periódicas del mismo Banco de España se encargan de demostrar una y otra vez ese infundio (la morosidad de préstamos con garantía hipotecaria destinados a la adquisición de primera vivienda es la cola de ratón en las cifras del total de morosidad de operaciones inmobiliarias), hay quien sigue insistiendo en atribuir ese protagonismo a las economías domésticas.

Y no. El mayor porcentaje de incumplidos del sector inmobiliario, con diferencia, corresponden a “financiaciones al promotor”, de promociones ya en su día faraónicas, inviables, invendibles y hoy ruinosas que, además, se han convertido en un parche, estético y medio ambiental, en el paisaje. Es sangrante, en este caso, comparar que al promotor no se le desahucia (no entramos en su moralidad ni en la legalidad ni limpieza ético-jurídica-ambiental de la operación, simplemente comparamos la aplicación de una misma ley en caso de economía doméstica y de promotor), se procura renegociar de manera amistosa y, lo que es más llamativo en algunos casos: no se le cierra la puerta a nuevos créditos (no se debe generalizar, pero hay numerosos casos conocidos y publicados de este hecho). Es cierto que los argumentos legales para justificar el tratamiento diferenciado a uno y otro acreedor son numerosos: que la operación de promoción y la de adquisición son diferentes, que la una suele ser planteada por un peticionario con forma jurídica de empresa mientras la otra suele pedirla una persona física, que el Banco de España las distingue a la hora de exigir a la entidad financiera las acciones internas para el restablecimiento de sus cifras de solvencia cuando una u otra entran en mora,… lo que confirma que la ley establece distintos niveles de acreedores en una misma norma, lo que no parece estar revestido de justicia y equidad. Y lo que confirma la necesidad de revisarla sin excusas baladís.

Todo lo que antecede no es, en ningún caso, producto de análisis novedoso, sino que se refiere a aspectos más que conocidos y, en muchos casos, reclamados formalmente, máxime si se tienen en cuenta los "tirones de oreja"repetidos que viene propinando el Tribunal de Justicia Europeo, primero a la ley antigua y después al maquillaje que se hizo sobre ella siguiendo las indicaciones del ejecutivo (en democracia, tal tarea - no el maquillaje, claro, sino la posible modificación - le está encomendada al legislativo, independiente del ejecutivo). La pregunta que cabría hacerse es ¿por qué van pasando las legislaturas y no se acomete la revisión seria de la ley? Suele aducirse por parte de los legisladores de forma recurrente que es porque la revisión “no figura en el programa y no está en la agenda de debate”. Con todo respeto, ese argumento no ayuda a saber por qué no se ha puesto nunca en ningún programa si es un tema acuciante para la ciudadanía, y eso sin citar el nivel de cumplimiento de los programas y la evidencia lacerante, que echa por tierra todo el argumento de que la revisión (al alza, naturalmente) de los sueldos y dietas de los señores legisladores no figura en ningún programa y, casualmente, no hay problemas de agenda, no ya para el debate, inexistente, sino para los acuerdos.

De Forges. Una imagen vale más que mil palabras

Posiblemente un argumento no reconocido, pero sí de gran peso, es que la revisión de esta ley significaría la posibilidad de eliminar privilegios para “los mercados”, y si es así, cabe recordar a los poderes públicos que se ha de tener claridad de ideas acerca de elementos básicos de las leyes, entre otros:

-          ¿Para quién se gobierna?, y lo que es más relevante,

         -   ¿Quién gobierna?

-          ¿Qué modelo de país y convivencia busco?

-          ¿Es lógico a la larga legislar para todo del país desde una óptica partidista?

-          …

Resulta, al fin, redundante, pero no gratuito, convenir en que las leyes, en tanto normas de convivencia, deben de actualizarse a los cambios y a la evolución de la sociedad y, consecuentemente, normas tales como la Ley Hipotecaria, deben revisarse.