Boletín nº 49/y 3 - Reestructuración deuda soberana

Coincidiendo  con la confección de esta entrada en el blog, relativa a las iniciativas oficiales que se están dando en torno a la reestructuración de la deuda soberana, la cadena de televisión alemana ZDF ha emitido una entrevista a Angela Merkel en la que la canciller admite sin aspavientos y con total normalidad la posibilidad de negociar con Grecia el plazo y tipo de interés de su deuda, caracteristicas que coinciden con las previstas en el próximo documento de la ONU. Otros elementos como la quita de la deuda (porcentaje del nominal del débito que se "perdona" por los acreedores; la quita es una figura habitual en la gestión de situaciones irregulares y por regla general, en la mayoría de casos representa una cantidad que ya se ha cobrado de sobras en forma de intereses) no los contempla "porque tampoco lo hace la Eurozona",  lo que quiere decir que si, políticamente, se considera razonable, se hará. No es descabellado porque en el tratamiento de la deuda soberana de los paísesse han producido hechos llamativos, sin ir más lejos, todo lo que rodeaba a los paquetes financieros tóxicos armados por la "banca de inversión" con las hipotecas subprime, de largo recorrido entre entidades especulativas (que, por cierto, ni sabían que componía esos activos empaquetados, como reconocierron sin rubor) que en un momento, por arte de birlibirloque, se convirtieron  en deuda bancaria "a rescatar", diferente a todas luces de la deuda legítima representada por emisiones oficiales y destinada, pongamos por caso, a construir hospitales.

Hay que pensar que la ONU abre un camino, largo sin duda, que permitirá aplicar a la deuda los mismos parámetros que dicen que rigen para el resto de la economía, sobre todo en el ámbito privado.

Sorprende, sin embargo, la comparación de esa apertura de miras que se observa globalmente en el tema con la actitid de gobiernos como el español que, aparte del paripé (votación no vinculante, por si acaso) de la aprobación en el Parlamento, con la mayoría de un solo partido si hace falta, de la participación, junto con el resto de socios europeos, en el tercer rescate a Grecia, se envuelve en la bandera de "se ha de cumplir la ley" (un mantra limitado a SUS leyes y no a TODAS las leyes, por lo que se viene viendo a lo largo de la legislatura) para exigir los cumplimientos ajenos con una firmeza que durará lo que tarden sus socios en dar carta blanca a los análisis, auditorías y, cuando corresponda, reestructuración de la deuda (con quita, posiblemente).

Finalmente. no parece fuera de lugar dedicar un tiempo a la lectura del borrador del documento que, si no hay cambios de contenido o fechas, verá la luz, auspiciado por la ONU, en breves semanas y que, no lo olvidemos, constituye, con todas sus limitaciones actuales, un primer paso para abordar un tema espinoso pero crucial en muchas ocasiones para la sostenibilidad de cada país y, en consecuencia, el futuro de todos (para consultar el documento original en inglés, clicar aquí)  .

PRINCIPIOS DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA SOBERANA (CONTRAÍDA POR LOS ESTADOS)

1. El derecho del Estado soberano a actuar, en ejercicio de su autoridad, a diseñar su política macroeconómica, inclusive la reestructuración de su deuda soberana, que no debe ser frustrada o impedida por ninguna medida abusiva. La reestructuración debe hacerse como el último recurso y preservando los derechos de los acreedores principales.

2. La buena fe, tanto por el Estado deudor como de sus acreedores, implica negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana con el objetivo de un restablecimiento rápido y duradero de la sostenibilidad y el servicio de la deuda.

3. La transparencia debe ser promovida para mejorar la rendición de cuentas de los actores involucrados. Se puede conseguir a través del intercambio oportuno de datos y procesos relacionados con la renegociación de la deuda soberana.

4. La imparcialidad requiere que todas las instituciones y actores involucrados en procesos de reestructuración de deuda soberana, incluso en el ámbito regional, de conformidad con sus respectivos mandatos, disfruten de independencia y se abstengan de ejercer cualquier influencia indebida en los procesos, sobre otras partes interesadas o participar en acciones que podrían dar lugar a conflictos de intereses o corrupción, o ambos.

5. El tratamiento equitativo impone a los Estados el deber de abstenerse de discriminar arbitrariamente entre los acreedores, a menos que un tratamiento diferente sea justificable bajo ley y se correlacione con las características del crédito, garantizando la igualdad entre acreedores. Éstos tienen el derecho a recibir el mismo trato proporcional de acuerdo con su crédito y sus características. No hay acreedores que deban excluirse a priori del proceso de reestructuración de la deuda soberana.

6. La inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución respecto a las reestructuraciones de deuda soberana es un derecho de los Estados ante tribunales nacionales y extranjeros, y las excepciones deben ser interpretadas restrictivamente.

7. Legitimidad, implica que el establecimiento de instituciones y operaciones de reestructuración de deuda soberana respetan la inclusión y el estado de derecho. Los términos y condiciones de los contratos originales deberán permanecer válidos hasta el momento en que sean modificados por un acuerdo de reestructuración.

8. Sostenibilidad, implica que la reestructuración de deuda se realice de manera oportuna y eficiente, y que lleve a una situación de deuda estable en el Estado deudor, preservando derechos de los acreedores; mientras promueve un crecimiento económico sostenido e incluyente y un desarrollo sostenible, minimizando costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos.

9. La reestructuración mayoritaria implica que los acuerdos de reestructuración, que son aprobados por una mayoría cualificada de acreedores, no deben verse afectados, amenazados o impedidos por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores. Se debe respetar la decisión adoptada por la mayoría de los acreedores, y alentar a los Estados a incluir cláusulas de acción colectiva en futuras emisiones de su deuda soberana.

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Mientras se daba forma final a esta entrada, se produce la dimisión del primer ministro griego Alexis Tsipras y la convocatoria de elecciones en su país. Es evidente que la situación actual de Grecia tiene más que ver con una discutible política económica anterior que con motivos estrictamente ideológicos del partido en el poder, sea el que sea. Si, hablando de deuda soberana, el propio FMI, uno de sus principales acreedores declara que la deuda griega es inasumible y todos parecen estar de acuerdo en que la ayuda que es imprescindible es aquella que le permita a Grecia crecer económicamente para poder crear los recursos necesarios para su desarrollo y para pagar sus débitos, es de sentido común que deberá analizarse cuánto interés han cobrado hasta ahora sus acreedores y estudiar muy en serio qué quita puede negociarse, gobierne el partido que gobierne, Y ahí está la clave. Los acreedores tienen predisposición diferente al análisis y al acuerdo según cual sea la formación política con la que negociar. Pero ese es otro problema.

Boletín nº 49/2 - Reestructuración deuda soberana

Decíamos que, con base en la experiencia del impacto de los ‘fondos buitre’ en la economia argentina, en la ONU se ve la posibilidad de regular de algún modo la deuda soberana (la contraída por los países), y que ésta no sea una forma de sujeción de los Estados deudores. 

Reproducimos a continuación la entrevista publicada el pasado día 9 en el diario boliviano La Razón (nada que ver con la publicación española homónima, esa que se anuncia como "Diario independiente de información general", y en cuyas páginas de información es difícil encontrar, por ejemplo, ni una mención al tema objeto de esta entrada en el blog) con el embajador de Bolivia en la ONU, Sacha Llorenti. Hay que puntualizar que Bolivia preside el comité de la ONU que empezó el trabajo.y que, en semblanza básica, el Sr. Llorenti fue activista de Derechos Humanos; viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales en el gobierno de Evo Morales y más tarde ministro del Interior en el Gobierno, cargo al que renunció a raíz de la represión a indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Fue nombrado embajador en la ONU en agosto de 2012.

— Al parecer se trata de una labor pionera en la ONU.

— Así es. Hasta ahora no hay nada en el derecho internacional sobre los procesos de reestructuración de deuda soberana; esto siempre se ha dejado en manos del mercado; y cuando digo mercado es un término eufemístico que tiene que ver con poderes financieros y con la especulación. El comité concluyó su trabajo aprobando de manera unánime nueve principios, que marcan un antes y un después en la historia de cómo la ONU trata los procesos de reestructuración de deuda soberana.

— ¿La idea es regular el endeudamiento de los Estados?

— La idea es la reestructuración de la deuda y, junto a esto, tratar de construir un sistema de contrapesos al FMI. No todos los países están de acuerdo con este proceso; en la resolución del año pasado, 11 países han votado en contra del mismo: Estados Unidos y sus aliados; su argumento es que éste no es un tema para la Asamblea General de la ONU, sino para el FMI. Nosotros hemos roto ese esquema, porque consideramos que no es un tema de especialidad, sino que está estrictamente vinculado a la democracia. Esos 11 países tienen menos del 11% de votos en la Asamblea, donde todos somos iguales, cada país, un voto; pero tienen casi el 40% de votos en el FMI; quieren que el tema se trate donde ellos tienen control, y no donde hay un ambiente democrático; esos 11 países reúnen a los grandes acreedores, al centro financiero mundial.

— La deuda es de dominio del FMI porque tiene, se dice, un carácter estrictamente económico.

— Antes era un tema solamente para el FMI; pero se ha convertido en un tema o escenario para el resto de los Estados miembros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de reestructuración de la deuda, no estamos hablando solo de un tema vinculado al sistema financiero; es un hecho relacionado con la capacidad de crecimiento de un país, por ello, con su capacidad de desarrollo, con los derechos económicos y sociales, con la calidad de su sistema político y, finalmente, con su democracia; entonces, es un tema esencial, que ha cobrado relevancia con la crisis que se vive todavía en Grecia. Así, la reestructuración de la deuda no es un tema exclusivo de los países en desarrollo; en los desarrollados también se produce este fenómeno.

— Hablemos de los principios. El primero es la potestad del Estado para reestructurar su deuda.

— El hecho de establecer que la reestructuración de la deuda es parte del derecho de un Estado implica que los acreedores y sus representantes tienen límites a la hora de imponer condiciones. Está vinculado a otro principio, que tiene que ver con el respeto a la jurisdicción de los Estados. Lo que pasa, por ejemplo, con los “fondos buitre” en Argentina: un solo juez, el juez (Thomas) Griesa, pudo paralizar el proceso de reestructuración de deuda de un Estado soberano. Eso genera un nivel de inestabilidad y de inseguridad jurídica tremendo. ¡Cómo es posible que un juez pueda sobreponerse a la soberanía de los Estados, un juez de un distrito judicial cualquiera! Esto se da justamente por este vacío en el derecho internacional.

— Transparencia. En el mundo financiero parece muy difícil...

— La transparencia y evitar la corrupción son temas fundamentales, porque, por ejemplo, los “fondos buitre” trabajan para especular, no invierten nada, no prestan nada; pero buscan dónde hay problemas de deuda, compran los bonos de esa deuda a precios bajos, y luego litigan con el Estado pidiendo más dinero; especulación pura. Entonces, es necesaria la transparencia para que, entre otras cosas, los Estados sepan cuáles son los operadores financieros que trabajan como fondos buitre, para que tengan cuidado, y también para que las distintas jurisdicciones sepan que ese tipo de especulación es atentatoria, en este caso a estos nuevos principios.

Sacha Llorenti

— También se habla de la sustentabilidad de la reestructuración: cuidar el derecho del acreedor pero también asegurar el desarrollo del país, no bloquearlo.

— Así es. Además no solo porque es violatorio a los derechos económicos y sociales, sino porque es absolutamente antieconómico. No se puede exigir medidas de ajuste estructural, que es lo que nos pasó a nosotros en los ‘80, tan dramáticas que cortan nuestras posibilidades de desarrollo, a título de satisfacer la demanda del sistema financiero. Se propuso, por ejemplo, que la reestructuración esté vinculada al Producto Interno Bruto (PIB) de los países; que se planifique la reestructuración tomando en cuenta las posibilidades de desarrollo del país.

— Por lo común se ve este tipo de programas solo para los países ‘subdesarrollados’, pero el tema de la deuda también es un problema de los desarrollados.

— Así es. Le pasó a Argentina, un miembro del G20, un país con una economía grande. Se sacó algo positivo de eso, porque Argentina sí tuvo la musculatura para hacer defender sus derechos, y tomó un liderazgo en distintos grupos regionales para combatir a los “fondos buitre”. Pero veamos lo que está pasando en el sur de Europa: no es solamente Grecia; Italia, España, Islandia, Portugal, Ucrania, todos con problemas de deuda; no es un tema solamente de los países en desarrollo; es un tema que tiene que ver con el sistema financiero en general.

— Y también para el acreedor. Al propio acreedor le interesa que el pago de la deuda sea sostenible.

— Sostenible y previsible, que haya previsibilidad a la hora de resolver estos problemas. En lo que no se puede caer es en la lógica especulativa, atentatoria de los derechos económicos y sociales y que todo esto se convierta en una especie de chantaje político.

— Había la idea de constituir un Tribunal de Deuda Soberana, en el mismo nivel de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

— Por eso esto es un hito histórico; estamos abriendo la puerta para que el órgano más democrático del mundo, con todas sus limitaciones y defectos, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, trate estos temas. El primer gran paso son estos principios; luego, la idea es que el comité continúe trabajando para ver estas opciones; esa (las del Tribunal sobre deuda) es una opción; hay otras opciones que hablan solamente de mediación; otros que proponen algo intermedio; pero lo que está claro es que tal y como está el sistema, no resuelve ningún problema; todo lo contrario.

— ¿Qué va pasar si el FMI pone sus reales y dice no, aquí valen estas nuestras reglas?

— Yo creo que tarde o temprano el FMI y los países que se oponen a este proceso se van a dar cuenta de que estamos en una ruta irreversible, que toma tiempo, por supuesto, como todo en el sistema internacional; pero es una ruta irreversible de transformación del sistema financiero en su conjunto.

— Pero el tema, como siempre, es el efecto concreto que tendrán estos principios.

— Si estos principios son aprobados en la Asamblea en septiembre, todos los futuros contratos, todas las futuras litigaciones vinculadas con la reestructuración de deuda van hacer referencia a estos principios; todo el mundo va a decir, ‘pero hay unos principios’. Con la debida diferencia, será como cuando se habla de la Declaración Universal de Derechos Humanos; está ahí, se convierte en un punto de referencia ineludible, en la base de construcción de un sistema distinto. De aquí a algunos años, esto será un punto de referencia para hablar de una transformación en el sistema financiero. Otra gran ventaja es que las economías emergentes, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), están acompañando este proceso.

A la vista del denso contenido de la entrevista, uno tiene la tentación de remarcar alguna de las frases del Sr. Llorenti, dada su relevancia en la situación actual, pero hemos preferido no hacerlo y dejar así a cada lector/a que llegue a sus propias conclusiones y con sus criterios.

Continúa...

Boletín nº 49/1 - Reestructuración deuda soberana

La noticia que ha saltado estos días en los medios de comunicación es la declaración de un miembro del gobierno del Brasil (ya se sabe, país miembro de esa asociación económica que algunos dicen "de segunda fila" conocida como BRICS, y que integra a Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica siguiendo el orden de sus iniciales) acerca del temor de que, por la actual evolución de las cifras macroeconómicas que impactan en todo lo que tiene que ver con China (y por los efectos de la corrupción en el país, todo hay que decirlo), su país se vea abocado a entrar en una espiral de deuda que pudiera perjudica su crecimiento. Nada que ver, por cierto, con la nula preocupación que demuestran los actuales gobernantes españoles sobre el tema, a la vista de la alegría con que se llega en un tiempo record (menos de una legislatura) a porcentajes de deuda respecto al PIB teóricamente inasumibles por nuestra economía y que, teorías aparte, hipotecan gravemente el futuro de más de una generación (y no es exageración) de ciudadanos de todo el país.
Esta divergencia en los enfoques sobre un tema tan importante, conduce a reflexionar sobre el mismo y eso nos lleva a advertir algunas paradojas a las que nos referiremos a continuación.

Un recordatorio teórico previo: se entiende por deuda soberana o deuda pública el conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a particulares o frente a otro país. Esta deuda, materializada normalmente mediante la emisión de títulos de valores (bonos, obligaciones...), es una forma de obtener recursos financieros por el Estado aunque el Estado puede utilizar la deuda como instrumento de política económica y en este caso debe aplicar la política de deuda que considere más apropiada en cada momento a los fines que persigue.
La deuda pública puede afectar, de una manera más o menos directa, a variables económicas de las que depende básicamente el funcionamiento real de la economía, tales como los tipos de interés, el tratamiento del ahorro, y sus formas de canalización, bien sea nacional o extranjero, etc.
La deuda pública es, pues, en síntesis, la obligación que adquiere el Estado por los préstamos que ha recibido o por los que es responsable, a través del valor monetario total de los bonos y obligaciones que se encuentran en manos del público o de otros países.

A la vista de estas definiciones, ya se observa que, si bien existe la obligación del Estado de atender la amortización en su debida forma de toda la deuda asumida,  el tratamiento de un débito originado por la obtención de recursos necesarios y el de otro que obedezca a un tema de política económica puede no ser idéntico. Sobre esa premisa, y teniendo como telón de fondo la lucha contra esta crisis que nos azota, se han puesto sobre la mesa por algunos países diferentes propuestas encaminadas a analizar la deuda en vigor en cada caso, negociar algún supuesto y, llegando al extremo, priorizar, si se veía ineludible.

Lo primero que hay que decir es que todas estas iniciativas han encontrado el rechazo frontal del establishment, no ya de "los mercados", que puede entenderse, sino el de los gobiernos, en un movimiento que tiene más de corporativo entre ellos que de otra cosa, ya que el repudio (incluyendo automáticamente como herramienta habitual descalificaciones personales a sus defensores) se hace extensivo al estudio, análisis a futuro, o cualquier otro detalle o matiz aplicable. Basta recordar los casos de amenaza seria disfrazada de rechifla en formaciones como la griega Syriza o la española Podemos, que habían sugerido estudiar la situación en cada país.
Y lo segundo que hay que decir es que, dejando a un lado consideraciones ético-morales, tales actitudes no dejan en muy buen lugar a los gobiernos, que ignoran o menosprecian iniciativas como la que emprendió hace unos años la ONU. Y no dejan en buen lugar a los gobiernos porque si conocen la iniciativa, están engañando a sus ciudadanos ocultando la posibilidad de opciones estudiables y deben dimitir; y si no la conocen, demuestran ineptitud hacia algo que deberían saber y también deben dimitir.

El caso es que, concretamente en respuesta a la crisis provocada por la gestión de la deuda asumida por Argentina en 2012 y acreditada por los denominados “fondos buitre”en la economía de este país, y en vista de que iba trascendiendo que éste no era un caso único, en 2014 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió instituir el Comité Ad Hoc sobre Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana (encarados a la modificación de los términos de la deuda adquirida por los países, especialmente en cuanto a plazos y tasas de interés). Este Comité empezó a trabajar en enero de 2015 y su presidencia fue encomendada a la representación boliviana (con lo cual no es descartable que algunos gobernantes y sus corifeos mediáticos se apresuren a tildar de "bolivariano" todo el trabajo del comité, pero eso es otra historia). Tras meses de labor, el comité aprobó “nueve principios” sobre dicha reestructuración y se espera que dichos principios sean aprobados en la Asamblea General en los primeros días de septiembre de este año. De ser así, tales mandatos marcarán un antes y un después en la historia del organismo internacional, pues será la primera vez que desde la ONU se trate de regular el endeudamiento de los países; en cierto sentido, se puede decir, que estará naciendo uno de los más importantes contrapesos a la actual visión de la deuda, expresada hoy por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Continúa...

Ayudas públicas, sí, ayudas públicas, no

Tras el episodio representativo de la nefasta influencia de una cierta forma de entender la política en la economía, y nos referimos a la debacle anunciada de Bankia, uno no sabe si creer la afirmación de que no se destinará dinero público como cataplasma para la herida, no ya por el hiriente agravio comparativo con la dimensión de los recortes del presupuesto en políticas sociales sino por la confirmación de que la Administración ofrecería la imagen de que está dominada por la confusión y desconoce, más alá de discursos grandilocuentes, la magnitud real de la situación,
Las tantas veces denostadas (y, a veces, con razón) agencias de calificación nos permiten verificar en este caso cómo se ve el problema desde su punto de vista. En  ese sentido, en el número del día 14 pasado del Boletín semanal de crédito que publica Moody's (Weekly credit outlook) se dedican unas líneas al tema, de las que nos permitimos extractar algunos párrafos relevantes:
"El gobierno reconoce que serán necesarias inyecciones adicionales de fondos públicos para proporcionar una solución creíble a los problemas del sector bancario.
Hasta ahora, el gobierno confiaba que el propio sector bancario podría asumir el coste de la limpieza pero esto está cambiando con el requerimiento de provisión de capital adicional que algunos bancos serán incapaces de alcanzar. Según el gobierno, la cantidad requerida será de unos 30 mil millones de euros, manejable por no alcanzar ni el 0,3% del PIB. 
Nuestro análisis de la deuda soberana ha asumido hace tiempo que será necesario capital público en una cifra superior a los 50 mil millones de euros para la solución del problema. Según nuestros cálculos, existe el riesgo de que la ratio de deuda pública supere el 90 % del PIB en 2014, casi el triple de la cifra del 2007, del 36 % del PIB.Hasta ahora, el gobierno sostiene que no buscará el apoyo de los planes de asistencia que se le ofrecen como el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y su sucesor, el Mecanismo Europeo de Estabilidad.El uso de estos esquemas para financiar específicamente un programa de recapitalización de los bancos es una opción abierta a España y a cualquier otro país miembro. Sin embargo, para ser una opción realista, las condiciones de acceso a estos esquemas, estrictamente relacionadas con la banca, probablemente tendrían que diferir significativamente de los programas concedidos a Grecia, Irlanda y Portugal, con el fin de asegurar la continuidad de acceso a los mercados de capital privado."

 

Es decir, la posición de la agencia es nítida referida a los datos analíticos que maneja; otra cosa es que convenga informar, o esté mal gestionada la información, por parte de los poderes públicos a la ciudadanía

El embrollo de la Bolsa y la deuda soberana

Partimos de una premisa indiscutible: en el mercado hay dinero para invertir; la cuestión es que los inversores, moralismos aparte, tienen dudas de dónde invertirlo. Tradicionalmente, la inversión en deuda soberana ha sido un refugio recurrente, pero con las noticias que se publican día sí día también, domina la inseguridad.

Segunda premisa: la evolución de los índices bursátiles nos dice que hay valores que han subido más de un diez por ciento, y que, cuando se dice que el Ibex (o el Dow Jones, o el Euro Stoxx, o...) tiene un movimiento a la baja, no quiere decir que TODOS los valores que lo ponderan están de capa caída. El problema de fondo (uno de ellos) es que al final, al inversor se le hace difícil distinguir activos de buena y mala calidad porque, en esta vorágine, cuando bancos y fondos de inversión necesitan vender posiciones para hacerse de liquidez los precios pueden caer mucho más allá de lo que indica cualquier expectativa razonable.
Ante este hecho, el evitar una crisis bancaria es algo más que deseable, sin embargo son muy pocos los detalles concretos que se conocen sobre los planes de salvación y existen cuestiones de fondo que generan desacuerdos importantes entre los tomadores de decisiones al respecto; por ejemplo,desde Alemania se aboga por que cada país se haga cargo de solucionar los problemas de sus propios bancos, y si bien esta idea parece bastante lógica, no se entiende de qué manera podría implementarse. ¿De dónde salen los fondos para que países altamente endeudados salven a sus bancos? ¿Quién les presta el dinero y qué efectos tendría eso sobre su nivel de endeudamiento? Recordemos que Irlanda complicó fuertemente sus finanzas públicas al utilizar fondos del tesoro para evitar la quiebra de sus bancos.Más allá de la necesidad de aplicar estos planes de capitalización, el problema de la deuda soberana en Europa está muy lejos de haber quedado atrás. La crisis de Grecia se encuentra claramente estancada y la posición más dura en la zona del Euro plantea una quita del 50% en el valor de su deuda frente a los planes iniciales que hablaban de un 20%. Los bonos de otros países de la región se ven claramente golpeados cuando se producen noticias negativas al respecto, lo cual nos muestra que el riesgo contagio sigue siendo una posibilidad muy concreta con consecuencias difíciles de predecir. En esta espiral, Italia y España tienen clara dificultades en la transmisión de la confianza y estabilidad necesarias, pero empieza a verse que Francia e incluso Alemania no están a salvo de especulaciones.

Y si es necesaria la colaboración del capital privado para ayudar a solucionar el problema común, tanto de la deuda soberana como de las entidades financieras, los interrogantes se multiplican, como por ejemplo decidir cómo se harán los desembolsos de capital, a cuáles bancos y de qué manera, los roles que jugarán el Banco Central Europeo y el FMI y las condiciones que deberán aceptar los bancos que reciban desembolsos.

Por otro lado, se sabe que existen grandes oportunidades de compra en el contexto actual ya que los precios de las acciones de muchas compañías y otros activos de riesgo se encuentran a niveles atractivos y están respaldados con fundadas expectativas de futuro para esas compañías. Por este motivo, si se evita una permanente sensación de crisis es muy probable que veamos retornos más que jugosos en el medio plazo. 

Con todo ello se entiende entonces que los mercados muestren estos inusuales niveles de volatilidad, y es que la duda persiste: o tenemos una crisis desbordante y lo peor está por venir, o se sosiega el escenario y se constata que quedan interesantes ganancias por delante. Al menos esa parece ser la interpretación de los inversores en el contexto actual y todo el mundo está a la espera de señales que puedan mostrar hacia qué lado se va a definir la situación.

Parece que la solución global empieza por el convencimiento de que la crisis de estar en crisis es el enemigo a batir en primer lugar, y que la crisis de ánimo es la que paraliza e impide las decisiones necesarias. Veremos.