Algunas propuestas contra la corrupción

 El pasado 27 de enero, la organización no gubernamental Transparency International (TI), que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, publicó su Índice de percepción de la corrupción 2015, indicativo de medida más utilizado para evaluar la corrupción en los países que son analizados, y que, en palabras del presidente de la organización, el peruano José Ugaz, "muestra claramente que la corrupción sigue siendo una plaga en todo el mundo. Pero queda registrado que 2015 fue también un año en el que los ciudadanos nuevamente salieron a las calles para protestar contra la corrupción. La gente de todo el mundo envía una señal inequívoca a quienes están en el poder: ahora es el momento para hacer frente a esa gran corrupción."

En esa línea, es significativo que la Nota de prensa editada para dar cuenta de la publicación del Índice, tenga por subtitulo "Transparency International insta a personas en todo el mundo a alzar su voz contra la corrupción" para lo que "invita a todas las personas a actuar contra la corrupción votando en la encuesta unmaskthecorrupt.org (desenmascarar al corrupto). Nos interesa saber cuáles son los casos que, en opinión del público, deben ser abordados de forma urgente para dejar claro que vamos a ejercer resistencia a la gran corrupción".

Yendo a los datos que aporta el Índice, que contempla la percepción de corrupción en el sector público en 168 países, la Nota citada explica que "los países en las primeras posiciones (puntuación más alta) presentan características comunes que son clave: altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos; y un poder judicial que no distingue entre ricos y pobres, y que es verdaderamente independiente de otros sectores del gobierno" mientras que "los países en las últimas posiciones del ranking (puntuación más baja) se caracterizan por su gobernabilidad deficiente, instituciones públicas frágiles como la policía y el poder judicial, y falta de independencia en los medios de comunicación".

En el cómputo final, España ocupa el lugar 36 de entre los citados 168 países. lo que induciría a pensar que, en la escena internacional y en ese tema oscuro, está en un lugar confortable, pero esta impresión se va al garete si nos fijamos en que su puntuación es de sólo 58 puntos (de 100 posibles) y se nos informa que el scoring inferior a 50 es indicativo de que el país en cuestión tiene serios problemas de corrupción en el sector público. Y desde luego no es ningún consuelo comprobar que más de dos tercios de los 168 países incluidos en el índice obtienen una puntuación inferior a 50.
Lo preocupante, pese a todo, no es el lugar poco honroso que ocupamos, sino que la evolución de la puntuación de los últimos años se mantiene en ese nivel con pequeñas oscilaciones de un punto arriba o abajo, y eso da a entender que el fenómeno se encuentra enquistado y que no se ha aplicado en realidad ninguna medida efectiva para atajarlo. Si a eso añadimos declaraciones de conocedores de la materia como el juez Luis Manglano, que viene a decir que el modus operandi de las tramas políticas corruptas descubiertas ahora es el mismo del que él tuvo conocimiento cuando juzgaba el caso de financiación ilícita del PP conocido como "caso Naseiro-Sanchís" ¡de 1989! y que no se admitieron como prueba por defecto de forma, es inevitable que se instale con fuerza en la ciudadanía la impresión de que la corrupción resulta impune si sigue igual 30 años después de que se alertara de su funcionamiento, con o sin defecto de forma.

Por esas palabras del juez y por otros muchos detalles (la abultada hemeroteca, por ejemplo, en esas cuestiones), es fácil comprobar que la corrupción no es nueva entre nosotros, que se remonta a épocas anteriores al inicio del período democrático actual y que, en mayor o menor grado, ha afectado a la práctica totalidad de los partidos políticos que forman el arco parlamentario, razón por la que parece un ejercicio poco útil el desgranar los casos conocidos y ver si salpican más o menos a según qué formación. Sí que es llamativo, en cambio, detenerse a analizar lo que han hecho los partidos en este campo hasta hoy, que bien puede resumirse en que han pretendido acorazarse con el argumento de que la corrupción es "una debilidad de la persona individual"  (las últimas diligencias judiciales apuntan a responsabilidades institucionales además de las de las personas implicadas) y que se había de respetar la presunción de inocencia jurídica, aunque resultara evidente la exhibición paralela de indecencia no presunta; es por eso que no tiene sentido la firma entre los partidos de un grandilocuente "pacto anticorrupción" cuyo solo nombre ya suena a corruptela y formalizado sólo de cara a la galería, porque, vamos a ver: si todos los partidos rechazan la corrupción, su labor es algo tan sencillo como acordar en el Parlamento las leyes que lo combaten y aplicarlas con rigor, castigando públicamente, a la vez, los casos que se van conociendo y en los que la premisa de partida debería de ser la devolución de lo substraído con carácter previo al inicio del proceso judicial (en ningún caso un mero atenuante sino, al contrario, un agravante su no devolución). Fijémonos en que el pretendido pacto sólo tendría sentido si fuera un compromiso de todos los partidos de tomar medidas contra aquel que permitiera la corrupción en sus filas.

Ante tal panorama, y vista la dimensión mundial del problema según la publicación de Transparency International, parece conveniente asomarse fuera y ver qué se hace en la materia, y vemos ejemplos como el de Guatemala, cuyo Parlamento (empezando por sus propios compañeros de partido) retiró el aforamiento al Presidente del país en 24 horas para que afrontara el juicio derivado de los indicios de su implicación en una trama corrupta. (Por cierto, resulta paradójico que, tras la entrada en prisión del expresidente Otto Pérez, se celebrara en Guatemala un Encuentro sobre el futuro de la justicia en Centroamérica, en el que participaron varios países, entre ellos España. No deja de producir cierta perplejidad que Rafael Catalá, ministro de un país con miles de aforados, perteneciente a un partido imputado - investigado, en la nueva acepción -, con modificaciones legislativas regresivas en el ámbito de la Justicia Universal o en el acceso a la Justicia, etc. dictara una ponencia encaminada a "facilitar el acceso universal a la justicia, reforzar la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico y aplicar las nuevas tecnologías en la administración de justicia". Ni pío sobre la corrupción pero sí la cuña publicitaria partidista al afirmar que "mucho más natural un pacto del PSOE con PP y Ciudadanos que con Podemos").

Otra propuesta que nos llega de un país de esos "de segunda fila" es la que hace el experto peruano Luis Lamas Puccio, quien, según se recoge en el artículo publicado en La Ley, afirma que la normativa vigente impide una eficiente fiscalización sobre el dinero manejado por los partidos políticos; sobre todo, cuando este es especialmente destinado a la financiación de las campañas electorales. Para ello, sugiere la creación de la oficialías de cumplimiento, cuyos responsables tendrían la obligación de analizar, detectar y denunciar la existencia de ingresos de origen sospechoso o desconocido.

Hay que puntualizar que la figura del Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer en su forma original en inglés) es de escasa implantación en  España y se suele asociar en exclusiva al campo de la prevención del blanqueo de capitales, donde se inició su actividad conocida. Es la persona, de alto nivel jerárquico en la organización, que controla el cumplimiento estricto de todas las leyes o normas correspondientes, a la vez que vigila la vertiente ética y de responsabilidad social, para lo que ha de disponer de los medios adecuados. Tal como está evolucionando su implantación, queda desechada la idea de que pueda ser un "hombre de paja" con sólo "efectos decorativos" en el organigrama, ya que, sin ir más lejos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha emitido sentencias condenatorias a Oficiales de Cumplimiento por hechos (o no-hechos) imputables a sus organizaciones.

Habrá que estar vigilante sobre el recorrido de éstas y otras propuestas.