El GAFI ha publicado una guía de orientación para ayudar a los países y a las instituciones financieras que trabajan en la inclusión financiera[1] en el diseño de sistemas y medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BC/FT) de forma que esos países continúen ejecutando los proyectos de inclusión financiera, sin poner en peligro la lucha contra la delincuencia organizada.
Es evidente que la promoción de sistemas y servicios financieros bien ordenados es fundamental para prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo; sin embargo, la aplicación de un enfoque excesivamente prudencial puede conducir a excluir negocios legítimos y a los consumidores del sistema financiero.
Este documento de orientación se centra en asegurar que los controles contra el BC/FT no dificulten el acceso a servicios financieros bien regulados de los grupos económicamente marginados y desatendidos, incluidos los de bajos ingresos, el sector rural y determinados grupos de "sin papeles".
La guía detalla iniciativas para hacer frente a la inclusión financiera, desde la óptica del BC/FT, adoptadas en los países en desarrollo, donde el desafío es mayor, pero no descuida incluir también ejemplos de medidas adoptadas en los países desarrollados.
(Ver documento BC/FT e inclusión financiera (english).pdf)
La practicidad del documento estriba en la inclusión de revisiones de las diferentes obligaciones de los sujetos obligados (debida diligencia del cliente, requisitos para conservar registros y documentos, comunicación de operaciones indiciarias, los controles internos, ...), y para cada uno de ellos presenta cómo las normas pueden ser leídas e interpretados para apoyar a la inclusión financiera.
El proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con el Banco Mundial y el Grupo Asia / Pacífico filial del GAFI (APG, por sus siglas en inglés) tras un periodo de consultas con diferentes instituciones financieras.
[1] Las políticas de inclusión financiera, promovidas por el G20 y documentadas en la reunión de julio 2010 en Toronto, tienen por objetivo facilitar el acceso a servicios financieros a capas cada vez más amplias de la población en los países emergentes, para desencadenar un círculo virtuoso entre desarrollo económico y desarrollo financiero. La actual crisis, generada en los países desarrollados y ante la que las economías emergentes han reaccionado con notable capacidad de resistencia, ha puesto el énfasis en los objetivos de estabilidad financiera, lo que ha desencadenado una oleada de reformas regulatorias cuyo negativo impacto reducirá, posiblemente, el acceso y profundidad del sistema financiero.
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