Es la confesión de Eulalia Puig, una vecina de Caldes de Montbui (Barcelona), que fue condenada por brujería y ahorcada en la Plaza Mayor del pueblo el 26 de noviembre de 16191.
Con el (pen)último asesinato de una mujer de 47 años, médico de profesión (asesinada por su marido, abogado, de 50 años, con el que tenía dos hijos. No existe constancia de denuncias previas entre la pareja), en Terrassa (Barcelona).se registran ya 56 feminicidios y otros asesinatos de mujeres en lo que va de 2019. El portal Feminicidio.net informa que, desde 2010, año en que se empezaron a documentar esos crímenes en España, se han registrado 1.044 mujeres asesinadas por hombres.
Sin ánimo de establecer comparaciones entre dos fenómenos, por otro lado sin puntos de comparación, se contabilizan 829 personas asesinadas por ETA desde 1968 hasta la última en marzo 2010. El 20 de octubre de 2011, la organización terrorista anunció el «cese definitivo de la actividad armada», lo que nos lleva a la conclusión de que hay más víctimas de violencia de género desde la disolución de ETA que asesinados por éstos en toda su historia. Eso sí que nos lleva a plantearnos una pregunta lícita: ¿por qué en el caso de ETA se llegó, de una forma relativamente fácil, a un consenso de legislar contra ellos dentro de una unidad de acción entre partidos, por otra parte, irreconciliables, mientras que ante el goteo continuo de crímenes de género nadie (que pueda hacerlo) hace nada más allá de rechazos y condenas verbales y manifestaciones grandilocuentes?
Una de las razones que primero vienen a la mente es la ineptitud de nuestra clase política, llena de animales políticos (a veces empeñados en demostrar que son más lo primero), en gestionar algo que no tienen ni idea de cómo abordar porque no consta en el “argumentario-guía burros” que le proporciona su partido y optan por minimizarlo, quitarle importancia, hacerlo pasar como algo normal. Y no; parten de la base, en su ignorancia vocacional, de que lo normal es aquello a lo que nos hemos acostumbrado, y así lo proclaman para justificar su inacción, olvidando, al menos, dos matices:
- la sociedad NUNCA se acostumbrará a que una mujer sea asesinada por ser mujer.
-
NUNCA podrá sostenerse esta situación anómala como normal.
Quizá convenga refrescar la memoria y recordar que se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca.
Debe
recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida,
no es innata. Si esto fuera así, todas las personas serían
violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la misma
manera y en el mismo grado; sin embargo, no siempre la empleamos en
nuestras relaciones: hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de
comprender el punto de vista de la otra persona y finalmente llegamos
a un acuerdo, aunque no obtengamos el que en principio queríamos.
Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo
que demuestra que son capaces de controlarse en cualquier otra
situación.
La discriminación de las mujeres y la violencia de género (como manifestación más brutal de las desigualdades entre hombres y mujeres) es un problema que traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de los países del mundo, con independencia de su nivel social, económico o cultural, religión, raza, etc., con la particularidad de que las vivencias del maltrato son enormemente parecidas en todos los lugares y culturas.
A lo largo de la historia de los territorios y las civilizaciones, la mujer ha sido ninguneada, menospreciada, humillada, usada, vendida,… incluso por aquellos que hacen gala de unidad de derechos y respeto2, pero casi siempre a título privado o tribal. Lo dramático es cuando su persecución (generalmente declarando motivos religiosos o pseudorreligiosos) se institucionaliza legitimando y alentando un odio irracional hacia ella, como pasó en la larga época conocida como caza de brujas, desarrollada en prácticamente todo el mundo ¿civilizado? entre los siglos XV a XVII. En el siglo XVII la caza de brujas en Europa, tanto en países católicos como protestantes, fue particularmente intensa, con más de cien mil procesos y más de sesenta mil ejecuciones.
En España son conocidas las brujas gallegas (meigas que, haberlas, haylas), canarias aragonesas, vascas, navarras, catalanas,… y es en éstas en las que nos centraremos, pues, a decir de los estudiosos expertos, ser bruja en Catalunya era mucho peor que serlo en cualquier otro sitio de Europa. La precocidad, la intensidad y la dureza de la caza de supuestas brujas en el territorio catalán no tuvieron parangón en el resto de España y le otorgan al fenómeno una siniestra preeminencia en el conjunto de toda Europa. La caza de brujas es un fenómeno muy común en Europa durante los siglos XVI y XVII. En Catalunya, el fenómeno afectó muy especialmente las comarcas centrales (Bages, Osona, Moianès y Vallès) y el condado del Rosselló (hoy francés), y se radicalizó tras las grandes tormentas y riadas del otoño de 1617, el Año del Diluvio, del que se culpó a las brujas, y un informe inquisitorial de 1621 hablaba ya de más de mil ejecuciones. En la comarca del Vallès, aunque se han documentado procesos anteriores que en general terminaron sin víctimas, la caza de brujas se generalizó entre mayo de 1619 y junio de 1620. La represión afectó un gran número de villas y lugares, tales como Viladrau (con 14 ejecuciones), Caldes de Montbui (12), Granollers (10), Calders (8), Terrassa (5), y otras.
El perfil de las acusadas como brujas era el de mujeres (aunque también hombres, en algo más del 20 % de los procesos) vulnerables, pobres, diferentes, “raras”, por lo común solteras o viudas, raramente casadas, y consideradas como culpables de los males del momento3; lo que se sabe de la caza de brujas es por lo que aparece en los documentos antiguos, los cuales hablan de la tortura como un hecho habitual para “admitir” sus culpas o denunciar a sus “cómplices”. Las mujeres consideradas brujas eran procesadas por tribunales civiles y eran colgadas en la horca - y no quemadas.
No entraremos en detalles pero sí que vale la pena valorar el hecho de que estas actuaciones eran legales, al amparo de una ley promulgada en 1424 que incluía como delito penal la brujería4 (más hechicería y similares) por considerarla culpable de todos los males, personales y colectivos, de cualquier índole. Hay que recalcar que los procesos se desarrollaban y resolvían por tribunales locales. Otro hecho a considerar es cómo se solían iniciar los procesos, casi siempre por delaciones cargadas de odio y resentimiento (en los que nada tenía que ver la brujería), por problemas de convivencia, incluso problemas del ámbito familiar o por la intervención de personajes a los que se atribuía la capacidad de identificar a una bruja; de éstos han pasado a las crónicas Joan Malet, un morisco al que, precisamente, el Santo Oficio detuvo acusado de denuncias falsas y ejecutó en la hoguera, Cosme Soler, Tarragó, detenido posteriormente sin que conste su destino, y Llorenç Calmell, detenido por la Inquisición y condenado a galeras.
Malet en el romancero posterior: “...que en Malet i sos enganys / han pagat lo deute seu” ("...que Malet y sus engaños / han pagado su deuda") |
En este año de 2019 se cumplen 400 años exactos de dos hechos antagónicos en este tema de la violencia institucionalizada y legal contra la mujer. Por un lado, en 1619, la represión contra las mujeres acusadas de ser brujas alcanza su punto más alto, con el máximo número de ejecuciones, y por otro, por primera vez se alza una voz (la del jesuita Pere Gil) que condenaba esta persecución. En efecto, Pere Gil, a la sazón rector del Colegio de Belén, de Barcelona, y calificador de la Inquisiciónescribió una carta a las autoridades judiciales denunciando la manera de actuar de los tribunales locales y exigiendo el cese de las persecuciones (“que se proceda con grande cautela y madureza en respecto de las bruxas, porque se presume, y casi es cierto, que algunas d’ellas son innocentes; y si ay de culpables, como son ciegas y engañadas del demonio por su daño y perdición d’ellas, las más o muchas d’ellas no merecen pena de muerte”), al hilo del Edicto proclamado en 1614 por la propia Inquisición ordenando a los inquisidores parar la persecución de brujas y evitando que el alboroto popular fuera causa de persecución.
En todo caso, hay que esperar al 15 de mayo de 1620 para ver un decidido cambio de actitud por parte de la Inquisición. Cinco meses después, el 7 de noviembre, Felipe III proponía en una carta al duque de Alcalá “conceder perdón general a los que huvieren incurrido en este pecado, por ser tantos, para castigar a los que reincidieren después con major rigor”.
Así las cosas, en 1622, la Real Audiencia de Catalunya se declaró competente civil (no penal) en estos asuntos, ordenó el traslado de todos los procesos abiertos a detenidas en esos momentos y las liberó a todas. En la práctica era el fin de la caza de brujas pero por el camino quedaron centenares de víctimas inocentes.
Si en un territorio ha sido durante un tiempo normal y legal ejercer la violencia, incluso institucionalizada, contra la mujer, sea cual sea la excusa para hacerlo, y desde tiempo inmemorial no ha sido algo “mal visto” sino acogido con indiferencia (cuando no con complacencia) por la sociedad, resulta comprensible (no justificable, ojo) que esta sociedad no presione con la debida fuerza y determinación a los poderes públicos para acabar con esta lacra y deba actuarse, y mucho, en el campo educativo/formativo desde edades tempranas y empezándose desde el ámbito familiar. Más difícil de entender es la actitud de la clase política, renuente a legislar de una vez por todas leyes que no permitan a algunos jueces emitir sentencias que abochornan a todo un país. Peor es que haya partidos políticos del arco parlamentario que, directamente, nieguen que exista la violencia de género y despotrican e insultan con impune desparpajo a quienes luchan contra ella. Y que haya mujeres que los votan.
1Recogido
por Pau Castell, profesor de Historia Medieval en la Universidad de
Barcelona, en su tesis Orígenes y evolución de la caza de
brujas en Cataluña (siglos XV y XVI), que recoge 300 juicios y
documentación inédita sobre el particular.
2A
título únicamente de anécdota, cuando el Papa Juan Pablo II
consagró al culto católico la gaudinina y barcelonesa Basílica de
la Sagrada Familia (aún hoy en construcción), con gran pompa y
boato, y lógico protagonismo de gente del clero en sus variadas
formas y dignidades, las únicas monjas (mujeres) que se vieron fue
el equipo que se hizo cargo de fregar y limpiar apresuradamente el altar en el que
tenía que oficiar el Sumo Pontífice, y justo el tiempo en que
realizaron el trabajo. Después, desaparecieron.
3La
idea central de dicho concepto es la creencia en que las brujas
establecían pactos con el diablo. Este pacto no solo suministró la
base de la definición legal del delito de brujería, sino que
vinculó la practica de la magia nociva con el supuesto culto al
diablo. Esta idea puede encontrarse ya en los escritos de San Agustín,
(354 - 430) pero no se difundió por Europa Occidental hasta el siglo IX, cuando
se tradujeron al latín diversas leyendas referentes a dichos
pactos. En éstos, la parte humana establecía un acuerdo similar a
un contrato legal según el cual el diablo proporcionaba salud u
otra forma de poder terrenal a cambio de servicios y la potestad
sobre el alma después de la muerte. En algún caso el pacto
implicaba prácticas mágicas.
4Episodios
como éste deberían hacer pensar a los adalides defensores sin
matices del mantra “La ley está para cumplirla” olvidando que
la ley debe estar antes en revisión permanente de su adecuación a
la Justicia (con mayúsculas) para poder exigir su cumplimiento. De
igual forma sirve de aviso a muchos bocazas ignaros (que los hay)
que buscan votos viscerales tachando de delincuentes a la menor
ocasión a sus adversarios políticos por haber vulnerado una ley
(¿cuál? ¿sobre qué?). No, infórmense, delincuencia es otra cosa.