En uno de los picos informativos de temas relacionados con el blanqueo de capitales (es algo cíclico; cuando se conoce algún hecho, generalmente escandaloso, los medios le dan prioridad de tratamiento y lo ponen de rabiosa actualidad copando titulares y portadas… para olvidarlo completamente un momento después), y a propósito de la ubicación de los refugios financieros, hizo fortuna la expresión de que no hay que ir muy lejos en la búsqueda porque “los paraísos fiscales mejores y más seguros están en el entorno de la Castellana” (haciendo referencia a la popular arteria madrileña, que alberga sedes de grandes entidades financieras). Lejos de ser ésto un chascarrillo fácil para desdramatizar la situación, y siendo sumamente prudente en la generalización para que no paguen justos (que los hay, aunque, quizá, cada vez menos) por pecadores, la afirmación alude a una verdad que se sospechaba pero que la publicación de determinadas filtraciones ha sacado a plena luz y que afecta, curiosamente, al organismo que se pretende modelo a seguir y se arroga facultades sancionatorias en todo el mundo (y si no, que le pregunten a la banca andorrana). El pasado 20 de septiembre, gracias a información del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), fruto de una investigación periodística de más de un año de duración, salieron a la luz pública los llamados «FinCEN1 Files», en un informe que desnuda el lavado de dinero a nivel mundial, involucrando a grandes bancos que aparecen remisos en reportar operaciones sospechosas, y ayudando a blanquear capitales. La filtración expone cómo se mueve el dinero ilícito a través de los bancos a nivel global con documentos secretos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos que revelan un millonario flujo de fondos, de origen dudoso o directamente delictivo, que logra sortear regulaciones débiles del sistema. 
La filtración contiene un total de 20.298 documentos. De ellos, 14.413 son correos electrónicos; 2.928 son PDFs y el resto hojas de cálculo, texto e imágenes. Para ello los periodistas analizaron durante más de un año más de 2.100 Reportes de Operaciones Sospechosas, ROS (o SAR, en inglés, por Suspicious Activity Report). Se trata de informes secretos enviados por bancos con sede en Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos, estrictamente confidenciales, al punto que los bancos no pueden confirmar ni negar públicamente su existencia. Sociedades, empresarios, figuras del fútbol y del espectáculo, acusados de presuntos sobornos y corrupción, financieras que operan a la luz del día aparecen vinculados a estas alertas de transacciones sospechosas.
Los ROS se confeccionan cuando los bancos globales - aquellos que tienen acceso a la Reserva Federal de Estados Unidos para compensar el flujos de dólares entre ellos -, o los que actúan como sus bancos “corresponsales” en otros países, fuera de Estados Unidos, observan una transacción de dinero potencialmente sospechosa que pasa por ese país. Bajo la ley de Secreto Bancario, las instituciones financieras están obligadas a ayudar a los organismos oficiales a detectar y prevenir maniobras de blanqueo de capitales, así como también informar a la FinCEN sobre movimientos que puedan indicar una actividad irregular o presuntamente delictiva.
Los ROS reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos y las instituciones financieras y no son necesariamente indicativos de una conducta delictiva o una evidencia de irregularidad. Pero sí pueden potencialmente implicar delitos financieros, que involucran a clientes con perfiles considerados de “alto riesgo” o que estuvieron bajo investigación judicial, o con comentarios “negativos” en los medios por las sospechas alrededor de sus actividades. En ese sentido, funcionan como una forma de alertar a los reguladores gubernamentales y a las fuerzas de seguridad sobre actividades presuntamente irregulares y posibles delitos.
Pero la investigación muestra cómo las instituciones bancarias importantes, incluidos HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan Chase y Barclays, fracasaron en numerosas oportunidades en frenar flujos de dinero ilícito alrededor del mundo. Y si bien los bancos de Estados Unidos están autorizados a tomar medidas para detener operaciones sospechosas detectadas por sus sistemas, suelen optar por enviar un reporte sospechoso a la FinCEN en el Departamento del Tesoro, una vez realizada la operación. Así, buscan cumplir con la normativa y evitar sanciones, a la vez que no interfieren en el movimiento global de dinero sucio. Los bancos podrían servir como un cuello de botella, cortando el flujo de dinero ilícito en todo el mundo, o al menos, los giros a empresas pantalla anónimas. Pero los archivos de FinCEN muestran cómo los bancos encargados de detener la actividad sospechosa realmente se benefician enormemente de ella. Los incentivos financieros de las entidades apuntan a mantener en movimiento ese dinero sucio.
Incluso cuando presentan un ROS que por sí solo no detiene las transacciones de dinero, a menudo no lo hacen hasta mucho después de que el dinero se haya agotado. Al analizar los documentos, ICIJ encontró que los bancos esperaron una media de 166 días, más de cinco meses, después de detectar una transacción sospechosa para alertar a FinCEN. El análisis de ICIJ encontró que los bancos que aparecen en “FinCEN Files” procesaban regularmente transacciones con compañías registradas en paraísos fiscales, sin conocer al dueño final de la cuenta. Al menos el 20% de los informes contenían un cliente con una dirección en uno de los principales paraísos financieros del mundo, las Islas Vírgenes Británicas, mientras que muchos otros proporcionaron direcciones en el Reino Unido, los Estados Unidos, Chipre, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Suiza. En la mitad de los reportes, los bancos no habían completado el proceso de identificar a las partes intervinientes en una operación, y no tenían información sobre una o más de las entidades que había detrás de las transacciones.
En palabras de Graham Barrow, experto en la lucha contra el blanqueo de capitales y miembro de Transparency International y Tax Justice Network, “No solamente los delincuentes son los que blanquean el dinero. Los bancos tienen un papel muy importante que desempeñar porque son el sistema mediante el cual ese dinero se mueve desde un país a otro más agradable y seguro. Este es un problema enorme y todos, en última instancia, pagamos el precio por esto porque este dinero proviene de nuestros impuestos y nuestras contribuciones a la sociedad cuando debería gastarse en proporcionarnos buenas carreteras, buenos transportes, buenas escuelas y un buen servicio de salud. Necesitamos, como sociedad, hacer algo al respecto”.
En este sentido, este trabajo de investigación pudo rastrear el rol jugado por los bancos en ocultar el dinero desviado de fondos públicos, de estafas, o generado a través de la venta de drogas, la extracción ilegal de oro y otras actividades ilegales, y esa operatoria bancaria (?) impacta en la vida de muchos ciudadanos, víctimas de la evasión de impuestos que priva a los estados de atender necesidades de los que más necesitan, y expone cómo estafadores trasladan las ganancias más allá del alcance de las autoridades, y funcionarios y empresarios corruptos engrosan fortunas mal habidas y consolidan su poder.
Los documentos ROS, compilados por los bancos, compartidos con las autoridades, pero ocultos a la vista del público, exponen el vacío de los protocolos bancarios y la facilidad con que los delincuentes los han explotado. Las ganancias de las guerras contra las drogas, las fortunas malversadas de los países en desarrollo y los ahorros ganados con esfuerzo pudieron entrar y salir de estas instituciones financieras, a pesar de las advertencias de los propios empleados de los bancos. El blanqueo de capitales es un delito que posibilita otros delitos. Puede acelerar la desigualdad económica, drenar fondos públicos, socavar la democracia y desestabilizar naciones, y los bancos juegan un papel clave. Pero las leyes destinadas a detener el crimen financiero les han permitido florecer. Siempre que un banco presente un aviso (aunque sea tarde) de que puede estar siendo usado para una actividad delictiva, prácticamente se inmuniza a sí mismo y a sus ejecutivos de la persecución penal. La alerta de actividad sospechosa efectivamente les da un pase gratuito para seguir moviendo el dinero y cobrando sus tarifas.
Los “FinCEN Files” y los ROS que contienen ofrecen una visita guiada al mundo del delito, la corrupción y la desigualdad, con papeles protagonistas desempeñados por políticos, oligarcas y estafadores con buena labia (con nombres y apellidos), y el rol crucial de los banqueros que atienden a cada uno de ellos. Los ROS demuestran que el fracaso de los bancos y otras instituciones financieras para desbaratar el flujo de dinero ilícito fomenta el delito y causa sufrimiento a escala planetaria.
En un mundo asolado por crisis que acaparan los titulares de los diarios, incluida la pandemia del Covid-19 que destruye vidas y medios de subsistencia, el movimiento sin control alguno de dinero sucio puede parecer una amenaza remota, pero sus consecuencias son profundas: narcotraficantes y estafadores mueven sus ganancias más allá del alcance de las autoridades. Los déspotas y los corruptos capitanes de la industria amasan fortunas ilícitas y consolidan su poder. Y acuciados por la falta de fondos, los gobiernos no pueden pagar el tratamiento para los enfermos. Se puede comprobar en el documento publicado de la investigación que en el centro de estas historias hay personas reales afectadas de maneras reales: familias que perdieron sus ahorros en artimañas financieras predatorias, atletas olímpicos despojados de sus victorias por funcionarios corruptos, padres que lloran a hijos e hijas caídos en batalla, una madre trabajando a destajo y un hermano consumido por las drogas. Y no son novelas. -----------------------------------------------------
1FinCEN, acrónimo de Financial Crimes Enforcement Network (en España: Control de delitos financieros o Unidad de inteligencia financiera) es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros nacionales e internacionales.
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