De posibles escarmientos a futuro

Estos días, que ya son meses, nos seguimos desayunando con noticias, a cual más llamativa, en un crescendo del que no se ve el final sobre la corrupción que al parecer ha sido modus operandi de unos y otros amparados por una absoluta falta de rigor en los controles y una sensación de impunidad/inmunidad consentida en sus acciones.
El Gobierno, presuntamente atrapado en esta espiral de corrupción a niveles difícilmente creíbles quiere recuperar, dentro del proyecto de la Ley de Transparencia, y como reforma de la ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, una medida que él mismo desdeñó en su día, cual es fijar lo antes posible un control reforzado sobre más de 300.000 "personas con responsabilidad pública" (las equivalentes a las que la Directiva Europea conoce como "expuestas políticamente" (PEP). Estos nuevos controles permitirán a los sujetos obligados, particularmente a entidades financieras, notarios y registradores, enviar alertas tempranas al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), sobre los posibles movimientos bancarios sospechosos, operaciones de compraventa o creación de sociedades que no se corresponden con la actividad pública que realizan y pueden entrañar riesgo de blanqueo. Naturalmente, estos controles y procedimientos son similares a los que ahora se aplican a los no residentes que abren una cuenta bancaria y, sobre cuyos movimientos, siempre que se superen determinados parámetros que se consideren de riesgo, se envía un informe de inteligencia financiera al Sepblac, que, en su caso, lo hace llegar a la Policía y al Ministerio Fiscal.

En definitiva, el proyecto de reforma prevé que este control reforzado se aplique a aquellas personas que "desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en territorio nacional, en estados miembros de la UE o terceros países, tales como el jefe de Estado, presidente del Gobierno, ministros u otros miembros del Ejecutivo y demás cargos de la Administración del Estado". En esta pequeña modificación semántica también se incluye a parlamentarios, magistrados del Tribunal Supremo y Constitucional, los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de España, embajadores y encargados de negocios, el alto personal militar de las Fuerzas Armadas y directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración de una organización internacional. 

Con estas medidas, el Gobierno rectifica públicamente su posición inicial cuando se discutió el contenido de la actual Ley 10/2010 y admite (las evidencias actuales lo exigen) que, por desgracia, los controles previstos para políticos extranjeros deben ser igual de rigurosos para los nacionales,