martes, 24 de septiembre de 2013

¿Cuáles son las cifras reales del paro?

Según las cifras oficiales publicadas en la EPA, el paro en España supera los seis millones de personas (no hablemos de las cifras del INEM, de personas apuntadas en las listas como demandantes de empleo, mucho menos fiables en este sentido), y, de ellas, más de un millón no reciben ningún tipo de ayuda económica. Llevado este cuadro de una forma aproximada a la estructura familiar de nuestro país, representa un número superior a los 15 millones de personas integradas en núcleos familiares que no disponen de trabajo para un sustento medianamente digno y de unos tres millones de personas absolutamente excluidas del sistema, no ya con el eufemismo de "socialmente pobres" sino que no disponen ni para comer.
¿Son creíbles estas cifras? Cuestionables, cuando menos. Si fueran totalmente ciertas, el problema ya no sería económico, sino directamente de orden público, y ríete tú de la "radicalidad" de las manifestaciones de la primavera árabe, pongamos por caso. Ciertamente hay numerosos casos sangrantes que se han de reconocer y solucionar dentro de lo posible, pero es imposible que el porcentaje real de paro sea el que ofrece la estadística. Un indicador más para cuestionarlo: en la época vacacional recientemente acabada, el turismo nacional, es verdad, ha disminuido, pero no hasta el punto que sería de esperar si los hogares sin ingresos fueran los que se dicen.

Esto nos hace pensar que la bolsa de actividad económica fuera del sistema es lo suficientemente abultada como para "maquillar" los números de la crisis hasta el punto de que cifras oficiales estiman que el fraude laboral equivale a más de un millón de puestos de trabajo a jornada completa o, traducido a valor económico, casi el 10 % del PIB. Hay que puntualizar que el volumen de la economía sumergida (que incluye más aspectos que el mero fraude laboral en cotizaciones), se acerca al 20 % del PIB en nuestro país, frente, por ejemplo, al casi 8 % en Alemania.


No es, desde luego, un tema de fácil resolución, pero los poderes públicos deberían saber analizar las causas (complejidad de trámites para emprendedores, impuestos desorbitados en algunos aspectos, nula ayuda para emprender...) y afrontarlas con sensatez en lugar de recurrir al recurso, que se presenta erróneo, de subir los impuestos sin más, abriendo la puerta a que quienes tienen dificultades para asumirlos, dejen de pagarlos y salgan del sistema, que es, precisamente, lo que se busca evitar.

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