Las dificultades para implantar la Tasa Tobin

Para rebajar la euforia que en su día originó la propuesta de Francia y algún que otro pais que se adhirió a la idea, de resucitar la conocidísima Tasa Tobin como una especie de tabla de salvación a la maltrecha exonomía occidental, el tema se ha convertido casi en un espantajo que se saca a pasear periódicamente en función del momento político que atraviesan unos y otros: en plata, si hay o no elecciones cercanas.

Antes de continuar, recordemos que la Tasa Tobin o impuesto sobre transacciones financieras, ITF (que toma el nombre del creador de la idea en 1972, el economista James Tobin), nació como herramienta de salvaguarda en la fluctuación en los tipos de cambio, si bien su divulgación real se produjo al fijarse en ella los movimientos antiglobalización como forma de recaudar fondos de ayuda a las sociedades en demanda, y ciñendo su aplicación a los movimientos especulativos de fondos. Ha sido con este enfoque con el que se ha puesto de actualidad, es decir, como palanca de apoyo para ayudar a salir de la crisis económica mundial.

Los primeros pasos para estudiar su posible aplicación han sido políticos, y tras el rechazo de Holanda y el Reino Unido (debe ser casual, seguramente, en este contexto, que precisamente estos dos países sean metrópolis de un número importante de territorios o jurisdicciones catalogadas como paraísos fiscales), Francia y Alemania, al frente de once países, entre los que se encuentra España, intentan sacar adelante la idea, aunque sea de manera parcial o a una escala menor. El importe que se baraja de la tasa es del 0,1 % para transacciones en acciones o bonos y un 0,01 % en derivados, lo que, siendo una aparente minucia, representaría una recaptación de más de 30.000 millones de euros al año, según estimaciones de Bruselas.

El quid de la cuestión se encuentra ahora en los aspectos jurídicos, ya que, al no ser una tasa admitida por todos los países, su implementación genera dudas jurídicas que, a pesar de tener solución mediante cambios legislativos menores en los paises que la asuman si hay voluntad política de hacerlos, se ha de ser cuidadoso para que el resultado final no resulte discriminatorio para los países que no la asuman, de forma que no puedan invocar el principio de extraterritorialidad en su aplicación, como ya han alertado Londres y Washington.

Eso sí, en todas las reuniones del G-20 y similares, todos se precipitan a manifestar su "firme voluntad" de acabar con los paraísos fiscales, de alcanzar una cierta uniformidad fiscal y en avanzar hacia una auténtica justicia social para todos.