miércoles, 8 de abril de 2015

Boletín nº 46/y 3.- Los paraísos "en serio"





De la evolución ¿previsible?


Parece razonable, a juzgar por lo visto hasta ahora, que la comunidad internacional haya tomado cartas en el asunto, aunque sólo sea para dejar en buen lugar a los dirigentes políticos que empeñaron su palabra, en el ya lejano 2009, en combatir los perniciosos efectos de la existencia de los paraísos fiscales. Sin embargo, un somero vistazo a las iniciativas (?) acordadas por los organismos relacionados nos dice que no ha sido exactamente así.


Volvamos a Gabriel Zucman. Con independencia de que actualmente está en preparación una nueva versión de su La richesse cachée des nations, de 2013[1], ampliando el enfoque de su investigación, es incuestionable que estamos atravesando un momento político-social en que se ponen de manifiesto dudas crecientes sobre los compromisos de los líderes del G-20 para combatir la evasión fiscal mediante presiones sobre los paraísos fiscales, también en que la salida a la luz pública de ciertos episodios llamativos del (in)cumplimiento fiscal de las multinacionales ha promovido el estudio de nuevas normas sobre el desplazamiento de los beneficios de estas corporaciones con el fin de declararlos en centros offshore y por último los intercambios de información sobre cuentas secretas.


Con independencia, decimos, de esa actualización, Zucman, ahora profesor en la London School of Economy, ha publicado en la prestigiosa American Economic Asociation (AEA)[2], concretamente en el número 4 del volumen 28 de su Journal of Economic Perspectives correspondiente a Otoño de 2014, el interesante artículo Taxing across Borders: Tracking Personal Wealth abd Corporate Profits (algo así como Tributación al límite: Seguimiento de la riqueza personal y los beneficios empresariales) en el que el autor, indagando en fuentes, oficiales y cruzando datos con otras fuentes menos oficiales, intenta estimar la magnitud de la evasión del impuesto de sociedades y la evasión de impuestos personales a través de paraísos fiscales y territorios offshore. Para las corporaciones, su tasa efectiva de impuestos se ha reducido del 30 al 20 % en los últimos 15 años, y alrededor de dos tercios de esta disminución puede atribuirse a un aumento de la evasión fiscal internacional ya que la declaración de sus ganancias en paraísos fiscales registra un aumento de diez veces desde el 1980. Con todo ello, Zucman ofrece datos de cuánto dinero tiene la élite empresarial, financiera (y, por supuesto, política) oculta en el turbio mundo de los centros offshore: nada menos que 7,5 billones (con “b”, repetimos) de dólares –el 8% de la riqueza mundial (para España, según estos datos, más de ese porcentaje)– se esconde en paraísos fiscales desde Suiza a las Islas Vírgenes Británicas pasando por Luxemburgo, en una tendencia claramente ascendente si consideramos que en 2008 habían 4,5 billones. Es cierto que el 100 % de este dinero no evade impuestos, pero el 80% sí, de forma que los impuestos que han sido evadidos cada año por individuos de elevado patrimonio y multinacionales a escala internacional llegan a 200.000 millones de dólares (cinco veces el déficit presupuestario español anual). Es más, cabe la posibilidad de que el negocio oculto en este sentido sea muy superior, porque el autor no incluye en su investigación bienes inmuebles ni obras de arte.


 La mayor parte de esos fondos -el 60%- pertenecen a titulares de Estados Unidos y Europa[3], pero crece la evasión desde países en desarrollo (sólo hay que recordar eventos conocidos recientes como Petróleos de Venezuela o la brasileña Petrobras). Hay algún indicio de que hay mucho patrimonio español, portugués, italiano y griego en Suiza. Pero es difícil de saber porque las cuentas nunca están a un nombre propio, sino que se usan las empresas pantalla[4].


Es dolorosamente significativo comprobar que, pese a los discursos y la proclamación de “iniciativas políticas ambiciosas” como el programa de la OCDE para combatir la ingeniería tributaria en las estrategias de las empresas multinacionales, Zucman demuestra que crece cada año la cantidad de dinero que se escapa para ocultarse en los oscuros centros offshore o que se esconde detrás de las empresas pantalla en paraísos fiscales. “Hay una falta de voluntad política”, denuncia el economista. “Se ha creado la impresión de que no se puede hacer nada, que la evasión fiscal es algo exógeno. Pero esta es una percepción errónea. Es muy fácil cerrar los paraísos fiscales y forzar a las multinacionales a pagar impuestos. Sólo hace falta voluntad política empezando por un primer objetivo principal, que debe ser la creación de un registro financiero mundial”


Llegados a este punto, en el que parece fuera de duda el hecho de que el problema sólo se puede abordar sobre la política, conviene reflexionar (y, posiblemente, desmontar) acerca de algunos tópicos oficiales que, aparentemente, impiden esa acción política.


El principal punto de partida es que los gobernantes han de ser plenamente conscientes de que la evasión tributaria es un factor clave en la extrema desigualdad que vivimos y en la concentración de la riqueza, y no al revés. Hay que traer a colación, pues, el asunto de las crecientes desigualdades sociales y recordar que cuando Picketty[5] (por cierto, y casualmente, profesor que fue de Zucman) advierte que la renta sobre el capital crece a un ritmo mayor que el PIB, y que en el mantenimiento de ese motor de la desigualdad uno de los motivos principales es la evasión fiscal y los recortes de los impuestos sobre el capital.


Después está esa muletilla recurrente de los responsables de Economía y de Hacienda, que dice que no es conveniente subir los impuestos a las clases altas por el riesgo de que se lleven fuera su dinero, es decir, proclaman su decisión de bajar impuestos sobre el capital por el miedo a la evasión fiscal; es más, justifican su errática política económica con el argumento de que "¡No podemos hacer nada; sólo recortar los impuestos a las multinacionales y las rentas altas!", lo que cambia el foco de atención del problema, desviándolo del eje principal, que es, directamente, cerrar los paraísos fiscales. Y para ello sólo hace falta aplicar sanciones comerciales, retirar permisos bancarios, dificultar la actividad internacional de los bancos[6].


Y es falso igualmente que haya una correlación directa entre la presión tributaria y la competitividad empresarial, como demuestra, por ejemplo, el hecho de que la época en que Estados Unidos tuvo un crecimiento económico más robusto y un mayor índice de creación de empleo (en los años previos al inicio del mandato de Greenspan en la economía americana) coincidió con la de tipos marginales sobre beneficios empresariales y del patrimonio más altos de su historia.


Si se admite que el fondo de la cuestión (también en la lucha por eliminar los paraísos fiscales) es la falta de ingresos tributarios, hay dos frentes: la eliminación de los paraísos fiscales sacando a la luz y poniendo bajo control todo lo que esconden es uno, pero quizá lo primero es actuar conjuntamente contra los malos usos y privilegios de las multinacionales, y, a modo de ejemplo, calcular los impuestos que le toca pagar a Apple según una estimación de las ventas o los clientes que tiene en un determinado país, de tal modo que si Apple vende más ordenadores en España que en Irlanda debe pagar más impuestos[7]. Así de simple, y cualquier país soberano (ahora que hay tanta verborrea sobre la soberanía) puede hacerlo, aunque, qué duda cabe, sería mejor llevarlo a cabo de manera coordinada en todos los países, entre otras cosas porque si, siguiendo el ejemplo, España le dice a Apple que ha calculado que el 10% de sus beneficios globales se generan en España, lo que equivale a mil millones, y le explica que aplicará el impuesto de sociedades a esos mil millones. Apple no puede hacer nada, porque hacerlo violaría las normas de la OCDE, así que lo lógico es pactarlo a nivel europeo.


En cuanto se ataque en serio a los paraísos fiscales, empezando, inexcusablemente, por una transmisión de información absoluta y transparente, todos los argumentos sobre la necesidad de recortar impuestos a los ricos para evitar la evasión caerán por su propio peso.



Algunas conclusiones políticas de estas reflexiones


Elde noviembre de 2014, el colectivo de periodistas ICIJ (The International Consortium of Investigative Journalists – Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) reveló públicamente y de manera coordinada en todos los medios de comunicación a la vez su examen sobre los documentos filtrados de la agencia consultora Pricewaterhouse Cooper (PwC) en la que se demuestra que más de 340 multinacionales han recurrido a la evasión fiscal para pagar menos impuestos. Y todo es posible gracias a las ventajosas leyes fiscales de Luxemburgo. De ahí el nombre con el que se conoce la operación: LuxLeaks.


LuxLeaks cuenta cómo las multinacionales han reducido su carga fiscal gracias a la filial luxemburguesa del gabinete de auditoría y asesoramiento PwC, y con la complicidad de las autoridades fiscales del Gran Ducado. En total, no son menos de 550 los acuerdos preparados por los empleados de PwC que se han hecho públicos gracias a LuxLeaks. En estos acuerdos, fechados desde 2002 2010, se ven envueltas más de 340 multinacionales, entre ellas nombres tan conocidos como Pepsi, Ikea, AIG, Fiat, Amazon, JP Morgan, Heinz, Burberry, PIMCO o Deutsche Bank. Cada documento detalla una evasión fiscal perteneciente a una sociedad cliente de PwC y contiene la firma de uno de los empleados de las oficinas de tasación luxemburguesas o bien una carta de confirmación redactada por este empleado. Algunos de estos documentos ya eran muy conocidos: el programa Cash Investigations, de France 2 o la BBC ya habían hablado de ellos antes. Sin embargo, la información que contenían la mayoría de estos documentos no había sido sometida a investigación.


De forma muy resumida, las sociedades en cuestión, a menudo grandes multinacionales, habían obtenido acuerdos fiscales con las autoridades luxemburguesas para disminuir al máximo su carga fiscal y así pagar los impuestos mínimos[8]. Algunas de ellas tienen actividad económica o financiera en Luxemburgo, pero la gran mayoría de ellas sólo posee una filial, a menudo una SL o “sociedad limitada” que, creada con lo mínimo, se usa para gestionar algunas decisiones financieras tomadas por la "sociedad madre". Por ejemplo, su capital puede incrementarse para hacer transitar, en papel, varios millones de euros a través de Luxemburgo sin que haya presencia visible ni necesaria actividad económica alguna. Basta con que un estudio de abogados o una fiduciaria se ocupe del día a día de la administración de una sociedad, sin preocuparse por crear verdadero valor económico. Simplemente, con que uno de los administradores de la filial luxemburguesa detalle el aumento de capital y los cambios administrativos sobre papel, estos pasan a ser oficiales con la firma de un notario y publicados seguidamente en la gaceta oficial de Luxemburgo (el Mémorial C). Lo que impacta es que, a ojos de la legislación luxemburguesa, las prácticas del gabinete de asesoramiento PwC reveladas por  Luxleaks son legales.

Tanto ha sido el impacto internacional de la investigación, especialmente en la Unión Europea, que ha sobrepasado todas las expectativas, y eso demuestra que un tema, en principio, técnico y con tan poco gancho a primera vista como es la tasación de las empresas, puede recibir la atención que se merece si los lectores, telespectadores u oyentes consiguen comprender por qué estas prácticas de optimización fiscal les conciernen y cómo éstas pueden afectar su vida cotidiana.


Con todo, el escándalo de LuxLeaks viene cuando se conoce que afecta directamente a Jean-Claude Juncker, el recién elegido presidente de la Comisión Europea, que era primer ministro y ministro de finanzas de Luxemburgo cuando se firmaron los acuerdos. Efectivamente, los acuerdos o tax rulings analizados se firmaron entre los años 2008-2010, coincidiendo con el periodo en que Juncker compatibilizó su labor de primer ministro con la de ministro de Finanzas, cartera que ocupó desde 1989, con competencias directas sobre fiscalidad. En un país de la talla de Luxemburgo, es imposible que su primer ministro no estuviese al corriente de estas prácticas. Se trata diferenciar bien entre el hecho de que estas prácticas eran legales[9], puesto que esos documentos legalizaban finalmente un acuerdo fiscal entre una multinacional y una autoridad gubernamental, y entre el aspecto ético de las mismas.


Política….


Como respuesta, la Comisión Europea, recordemos que ahora liderada por Juncker, anunció que ampliará las investigaciones ya abiertas contra Luxemburgo y otros países por prácticas similares si encuentra motivos para hacerlo, sin prejuzgar la decisión definitiva. Eso sí, el mismo personaje se permite dar lecciones de ética a otros, como a Grecia o incluso a España, sin ir más lejos.


Es decir, se observa de forma repetitiva, cuando se descubre un escándalo de esta magnitud, que en lugar de afrontarlo y buscar soluciones en beneficio del conjunto de la sociedad, los poderes públicos le aplican sordina, lo rodean de silencio y le echan tierra por encima esperando que se olvide y justificando de alguna manera o quitándoles importancia a comportamientos indecentes mientras paralelamente se criminaliza y persigue penalmente a quien protesta pacíficamente por las consecuencias (evitables) de ese escándalo.


En palabras de Zucman, “La decisión de elegir al ex primer ministro de Luxemburgo como presidente de la comisión europea es imperdonable, ya que Juncker dice que por un lado están de acuerdo con la competencia tributaria y, por el otro lado, son partidarios de la armonización tributaria. No tiene sentido”.

“El pasado de Jean-Claude Juncker no podría ser peor en el área de los impuestos. Produce espanto que se considerase a Juncker la mejor persona para liderar Europa. Si lo comparas con la fundación de Estados Unidos, entonces eligieron a Jefferson o a Washington. En Europa eligen a Juncker”.


En definitiva, los paraísos fiscales seguirán existiendo, gozando, además, de una salud excelente si la lucha contra ellos se deja en manos de los políticos. Al menos, de estos políticos ya que concluir que son el ejemplo paradigmático de que el gobierno mundial está en poder de eso que se llama “los mercados”, que son los que hacen mover los hilos de la política a su antojo por encima de cualquier otro objetivo, no es exagerar.



[1] Ver la primera parte de este mismo boletín, publicada el 01-04-15

[2] La American Economic Asociation (Asociación de Economía de América), con sede actual en Washington DC, se creó en 1885 principalmente por académicos de colegios y universidades, aunque hoy atrae a un creciente número de personas vinculadas a grupos empresariales y profesionales, con casi 18.000 miembros, de los que  alrededor del 15% son de la empresa privada, y el resto pertenecen al sector público u organizaciones sin fines de lucro.
. Tiene los siguientes objetivos:
    - Fomentar la investigación económica, especialmente el estudio histórico y estadístico de las condiciones reales de la vida industrial.
    - Divulgar publicaciones sobre temas económicos.
    - Fomentar la discusión económica libre, sin tomar actitud partidista, ni comprometer a sus miembros a cualquier posición en cuestiones económicas concretas.

[3] En contra de lo que se puede presumir por los rankings de riqueza que suelen aparecer en las revistas especializadas y valoraciones de los bancos dedicados a gestionar altos patrimonios, no son los americanos los que ocultan más su fortuna, quizás por el temor que les asiste al estar muy castigada penalmente la evasión fiscal en EEUU. Sostiene Zucman que son los europeos los que gestionan más sus fortunas en paraísos fiscales, concretamente da la cifra de 2,6 billones de dólares para ellos, ocupando el segundo lugar los millonarios asiáticos, que cobijan fuera del alcance del fisco, 1,3 billones de dólares, mientras que los estadounidenses mantienen 1,2 billones y los millonarios de los países del Golfo Pérsico, 800.000 millones.

[4] No deja de ser curioso que las “empresas pantalla” sean fruto de la evolución normativa en el combate contra los paraísos fiscales. Hasta los años setenta, un evasor podía utilizar en estos territorios una cuenta con número pero sin nombre. Como ahora esto es ilegal, se usa una cuenta a nombre de una entidad pantalla, que es una empresa con una dirección en un paraíso fiscal creada por los banqueros para que sea más difícil indagar y descubrir el movimiento del dinero. Es un hecho que los bancos privados y gestores de riqueza (entidades como Goldman Sachs, Cap Gemini, Banco Santander) están concentrando sus actividades en el segmento de desconocidos ultrarricos, con más de 500 millones de dólares de patrimonio. Estas fortunas están subiendo mucho más que otras y acaban siendo depositadas en centros offshore.

[5] Ver el Boletín nº 41 de este mismo blog, sobre “Desigualdad social y crecimiento", de 26-10-14

[6] Estado Unidos lo ha hecho a través de su legislación de intercambio de información, que aplica un impuesto del 30% sobre los beneficios de los bancos que usan paraísos fiscales para sus transacciones sin permitir el intercambio de información.

[7] Estados Unidos también aplica ya este criterio a los impuestos de sociedades recaudados a nivel de cada uno de los estados que componen EE.UU.

[8] Algunas compañías consiguieron, incluso, impuestos de sociedades de tan sólo el 1% sobre los beneficios que llevaron a Luxemburgo. Para obtener un índice tan ridículamente bajo, es necesario que las multinacionales obtengan la valoración de gabinetes de abogados o, como en este caso, de gabinetes de asesoramiento. Éstos, analizan el funcionamiento de la empresa de cabo a rabo con el fin de identificar los mecanismos fiscales que permiten finalmente reducir al máximo la carga fiscal. Llama la atención cosas como que una dirección (ahora ya popular), el número 5 de la calle Guillaume Kroll alberga a más de 1.600 compañías, según los documentos revelados.

[9] Un motivo más (y van...) para desconfiar y rehuir de los gobernantes paladines en todas las ocasiones que se le presentan sólo de “cumplir la ley” sin preocuparse de si es justa o no.

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