Se viene repitiendo desde el día 25 de mayo, en el que ya se
disponían de datos oficiales, que el resultado de la votación en la elecciones
municipales y autonómicas (no de todas las Autonomías, como se sabe) celebradas
en día anterior, día 24, ha representado un terremoto en el sentido de que han
desparecido las mayorías absolutas que concedían a sus poseedores auténticas
patentes de corso en sus actuaciones. Es sintomático en este sentido que prácticamente
todos los que gobernaban con mayoría absoluta hayan anunciado su retirada de
primera línea, declarando así tácitamente su desconocimiento de que la política es el arte
del compromiso en el tratamiento de la “cosa pública” y no de las imposiciones por mayorías, huyendo da abstracciones
ideológicas y yendo a la realidad social para conseguir la más estrecha
responsabilidad individual y colectiva en este compromiso, sin perjudicar, obviamente, las
minorías que cualquier sistema de gobierno democrático ha de proteger.
Hay dudas razonables de que últimamente, con un gobierno de
mayoría absoluta, esto de atender a la realidad social haya sido así[1],
pero, más allá de la interminable (y legítima) discusión sobre las teorías de
si ha de gobernar la lista más votada o la suma de fuerzas que integren una
mayoría parlamentaria, lo cierto es que el escenario actual se presenta
dominado por la necesidad de negociaciones, pactos, acuerdos y promesas entre
fuerzas políticas hasta lograr (¡ojalá!) el equilibrio político que permite
gobernar para el ciudadano.
El repertorio que está trascendiendo de las, digamos,
conversaciones previas entre formaciones
(incluyendo el caso de Andalucía, sin gobierno todavía, dos meses después de
sus elecciones), ya muestra en algunos casos el mercadeo, la presión y hasta el
chalaneo de quien no entiende una cesión en beneficio de la sociedad si no es a
cambio de privilegios para el partido o la persona. Por eso parece conveniente
recordar entre todos aquellos principios que en la teoría deberían tenerse en
cuenta en procesos de coalición política[2].
En las democracias parlamentarias, después de unas
elecciones, se concede al partido con más representantes la iniciativa para
formar gobierno. Si cuenta con mayoría absoluta de escaños (conviene recordar
nuevamente que eso no significa siempre mayoría absoluta de votos), su candidato será investido
como jefe del gobierno y tendrá suficientes garantías para gobernar en
solitario. Sin embargo, cuando una formación política no tiene mayoría
suficiente para formar gobierno de acuerdo con las normas en vigor,
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se ve obligada a pactar con otro/s grupo/s,
normalmente de ideología afín, para formar un gobierno conjunto de coalición que contiene, habitualmente,
miembros de todos los partidos que han llegado al acuerdo.
- -
intenta formar un gobierno en minoría negociando
con otras fuerzas políticas para que voten a su favor en la investidura, y legislar
después buscando apoyos parlamentarios puntuales en cada votación.
En ocasiones, el partido ganador de las elecciones, si no
tiene mayoría absoluta, se puede ver superado por el resto de fuerzas
políticas, si estas conforman un gobierno de coalición, de lo que hay numerosos
ejemplos tanto dentro como fuera de nuestro país.
En la práctica de la
negociación de los acuerdos o pactos para llegar a coaliciones, sea o no con el
partido más votado, se producen algunas casuísticas curiosas, como por ejemplo:
a)
En el caso de que grupos de distinta ideología negocien
un gobierno de coalición para impedir que un tercer partido acceda al poder, se
dice que las formaciones coaligadas están haciendo un cordón sanitario
contra el mencionado partido. No es inhabitual. Hay un ejemplo sintomático en
el 2009 en España, en que los
irreconciliables Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español pactaron
en Euskadi para arrebatar el gobierno de esa Autonomía al Partido Nacionalista
Vasco. Y pactos de ese tipo, que cuando los realizan partidos de ideologías opuestas se conocen con la expresión de “contra natura”, son relativamente
frecuentes a nivel de ayuntamientos.
b)
En estas
situaciones suelen surgir como hongos los partidos-bisagra,
formaciones para las que lo relevante, en general, no es la ideología o la
validez del programa o forma de gobierno que apoyen, sino las compensaciones que
obtienen para sí votando a favor de uno u otro partido en liza, representadas
usualmente estas compensaciones por el número y calidad de carteras (o
concejalías) que consiguen.
c)
En casos
extremos, se llega a negociar un gobierno
de concentración, formado por partidos de ideología, no solo distinta, sino
incluso opuesta, que tiene sentido
cuando los retos que debe afrontar el país son comunes a todos los ciudadanos,
con independencia de su opción política[3]. Los
casos más inteligibles son los de gobiernos constituidos tras un conflicto bélico
o situación similar.
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Sí que es cierto
que, cuando se asiste a procesos de negociación de coaliciones, máxime en un
marco como el español en que frecuentes y sucesivos gobiernos de mayorías
absolutas hacen pensar que en España no hay cultura de pactos[4], hay
una preocupación palpable en el ambiente y surgen preguntas relativas sobre
todo a su estabilidad y a su posible sesgo político inducido.
Con respecto a la estabilidad,
es verdad que los gobiernos más estables son los de mayoría absoluta, de un
único partido con apoyos parlamentarios
más que suficientes para agotar la legislatura. (Curiosamente este tipo de
gobiernos en otros países en Europa duran algo menos porque el Ejecutivo suele hacer
un adelanto estratégico de elecciones). Para analizar la estabilidad real de un
gobierno, consideramos que cae si se da alguna de estas tres situaciones:
1) que haya
elecciones y por tanto se produce una muerte “natural” del ejecutivo;
2) que triunfe una
moción de censura que haga caer al gobierno y lo reemplace por otro; o
3) que se incorporen
o salgan partidos del ejecutivo.
Con ello, y analizando
el historial español, se comprueba que los gobiernos que menos duran son las
coaliciones que no alcanzan la mayoría absoluta (casi siempre son casos de
final de legislatura por la salida de algún miembro), y los gobiernos de
coalición mayoritaria son los segundos más estables, con una duración media de
más de tres años. Dicho de otra forma: si lo que preocupa es la inestabilidad
en un entorno fragmentado, lo que debería alabarse son los multipartitos y
criticarse los gobiernos de un solo partido en minoría.
En los días que
corren, dado que los nuevos partidos que han eclosionado han decidido que no se
van a implicar directamente en gobiernos (al menos de momento), es probable que
se vea inestabilidad. Pero esto tiene que ver sobre todo con que en un entorno
fragmentado se opte por gobiernos de minoría y no de coalición mayoritaria.
En lo referente a la
idea de que las coaliciones nacen con un determinado sesgo ideológico, se piensa que es así y, concretamente,
hacia la izquierda, En la teoría, nada más lejos de la realidad. Esto se debe a
que como en España siempre ha habido un gran partido de derechas (al menos
hasta hoy) esta idea ha tenido bastante difusión y aceptación. Es más, ciertos dirigentes
han comentado estos días con cierto patetismo que en ocasiones se están
haciendo “coaliciones de perdedores” para desalojarlos del poder y critican loa
“pactos de los despachos” para ello. Aunque existe la evidencia práctica que
apunta a que las coaliciones se forman en mayor medida con partidos de
izquierdas (sin que deban excluirse las coaliciones de derechas), bajando al
terreno de los datos estadísticos y citando sólo partidos que en el
subconsciente común encarnan a la izquierda y la derecha, es verdad que el PSOE
ha encabezado o se ha integrado en más gobiernos de coalición, pero lo cierto
es que no se trata de una diferencia abrumadora. De hecho, el PP ha pactado regularmente
con el PAR, Coalición Canaria, Unió Mallorquina o incluso, más atrás en el
tiempo, con el CDS, Unió Valenciana o los Centristas de Galicia. Es más, se
puede comprobar que, más allá de las retóricas nacionales, el PP también sabe
pactar con partidos nacionalistas o regionalistas cuando hace falta.
Por lo tanto, asimilar
coalición a gobiernos de izquierdas es, al menos, una imprecisión. Por otra
parte, la propia existencia de coaliciones de izquierdas ha sido en parte debida
a la fragmentación del voto de izquierda (más acusada que en el de derecha) y
no a que las formaciones de derechas no hayan sido capaces de, si es preciso,
pactar para gobernar.
[1] No son sólo opiniones. Analizando la situación actual, y basándonos en datos
oficiales, en las Elecciones Generales de 2011, había 35.779.491 personas con
derecho a voto de un total de población de 47.021.031 personas y el total de
votantes para el Congreso fue de 24.666.441
(curiosamente, un número diferente de las votaciones al Senado, 24.411.187). El
Partido Popular obtuvo 10.866.566 votos, lo que hizo que, en aplicación de
la vigente Norma d’Hondt de tabulación de escaños, se le asignara mayoría
absoluta PARLAMENTARIA y pudiera gobernar con esa mayoría, como es de dominio público,
emitiendo leyes, normas y decretos son la única votación favorable de su grupo
parlamentario. Hoy se alzan algunas voces de que actuar así representa un
fraude de ley, toda vez que con esa mayoría PARLAMENTARIA se desprecia una
mayoría SOCIAL, que debe respetarse y que no le votó. (En efecto,
aritméticamente, los votos conseguidos sólo fueron del 30,3 % de ciudadanos con
derecho a voto, mientras NO LES VOTÓ el 69,7 % restante de ciudadanos)
[2]
Desarrollamos estas reflexiones haciendo mención de gobiernos, si bien, como es
natural, también pueden aplicarse para Autonomías o Corporaciones Locales
[3] Queda en
el aire la sensación de que nuestra clase política adolece (también) de cultura
política. Puede entenderse en teoría un gobierno de concentración para luchar,
por ejemplo, contra el flagelo del paro, compartido por ciudadanos de todos los
colores políticos, pero es estúpido y denota ignorancia, proponerlo, como ha
hecho Esperanza Aguirre, del PP de Madrid, como barrera contra Podemos.
[4] Parece que la actual fragmentación del
sistema de partidos aboca a un escenario sin precedentes, pero eso es sólo media
verdad. A nivel autonómico y local, los gobiernos de coalición y gobiernos en
minoría -apoyados implícitamente por la cámara o con acuerdos más estables con
terceros- no han sido ni mucho menos una excepción.
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