Todos los manuales de management recogen la idea básica de
que, para encontrar la solución óptima a un problema que afecte al futuro de la
compañía, es indispensable identificar previamente y entender la naturaleza del
mismo, ya que, en caso contrario la solución (que no lo es) puede ser
claramente perjudicial para ese futuro.
Pues bien, mirando hacia atrás, todo indica que el gobierno
nunca entendió la esencia, gravedad y dimensión del problema que iba él mismo
agrandando (lo muestra la declaración de Xavier García Albiol, tres años
después del inicio del conflicto, ante unas elecciones que en otras
circunstancias más civilizadas nunca
se habrían convocado, diciendo que “se ha acabado la broma”); es más, cualquier
manual de management dedicado a la gestión de conflictos nos enseña que una de
las formas infalibles de perder es aplicar la secuencia desdén – burla – amenaza
a la opinión de la otra parte, que es, justamente, la que ha aplicado el
gobierno.
Vayamos por partes. La primera fase, la de no saber
interpretar el gobierno la génesis del problema y desdeñar su repercusión, se
despacha con la simple obviedad de declarar que una consulta en los términos
planteados queda fuera de la actual legislación, sin querer ver que nos
encontramos ante un problema político, no judicial. Y caen en un error garrafal
de inexperto: la inacción, en espera,
declaran, de que el pretendido soufflé se deshinche, sin calibrar que quedar a
la espera, sin evaluar alternativas no suele ser un modo adecuado de resolver
el problema—o de aclarar la situación—. Dilatar la espera prácticamente
equivale a prolongar la existencia del problema, y prolongar el problema
equivale a su vez a dilatar la espera de la solución. No es una opinión
personal: ya los filósofos del siglo XVII (Descartes, Spinoza,…) contemplan lo pernicioso de la espera de que
aquello que se teme no ocurra porque eso tiene fuertes implicaciones en la
esfera de la vida pública, ya que abre un camino muy efectivo para influir,
en quien sí se muestra activo, sobre la
conducta de las personas.
En este sentido, el gobierno, enrocado en su único argumento
de que la Ley actual no lo permite, ni tan siquiera se avino a conocer las
razones que justificaban ese desapego inicial y si eran aspectos negociables
y/o solventables por uno u otro bando, edificando un muro de incomprensión y
cerrazón al diálogo (trufado mientras tanto de declaraciones de su disposición
al diálogo siempre y cuando éste no incluyera debatir el derecho a decidir.
Otro inciso de management: cualquier manual introductorio de negociación nos
recuerda que se dialoga precisamente sobre lo que NO se está de acuerdo) que
sólo ayudaba a consolidar un sentimiento
nacionalista hasta entonces marginal en porcentaje y la transformación gradual
de una pregunta sobre la forma de relación Catalunya-España en otra ceñida al
deseo de conseguir la independencia, una independencia mala, tal como se
plantea, para ambas partes.
En definitiva mientras el problema seguía, no solo sin
resolverse sino sin que hubiera ni el más mínimo diálogo sobre él, con la
particularidad curiosa de que el ejecutivo catalán iba anunciando puntualmente
su hoja de ruta para conseguir su propósito de conseguir realizar la consulta
que permitiría saber el porcentaje de descontentos con el encaje Catalunya-España
(es importante recordar que el tema era aún el del “derecho a decidir” y no
otro), la única respuesta que iba dando el gobierno del PP era que esa consulta
y todas sus formas variables que iban surgiendo como alternativas quedaban
siempre fuera de la Constitución, fuera de la Ley y que, por lo tanto
proponerlas era un delito.
Llegados a este punto de radicalidad, quizá convenga echar
un vistazo a esa legislación, esa Constitución que se esgrime como perenne
y único instrumento para justificar una negativa rotunda a la consulta, máxime si se
tiene en cuenta que, al menos, dos de sus “padres”, Miguel Herrero y Rodríguez
de Miñón y Miquel Roca Junyent, expresaron por separado y con diferentes
matices particulares, su opinión de que la consulta era realizable sin vulnerar
la Carta Magna. Pasemos por alto la paradoja de que el acérrimo defensor actual
de la “inviolabilidad e intocabilidad” de la Constitución sea precisamente el
PP, continuador de la Alianza Popular de Fraga, que no sólo no votó la
Constitución sino que hizo campaña en contra. Fijémonos en cambio en la
apertura de miras de sus redactores, que, en aquellos años, mientras trabajaban,
no dejaban de sentir en el cogote el aliento fétido y viscoso de la involución armada
(que, como todos sabemos, cuajó menos de tres años después de la promulgación
de la Constitución, el 23 de febrero de 1981). Un ejemplo ilustrativo de la dureza de esos trabajos de redacción que, ya
que estamos, afecta a Catalunya: durante ellos se produjo
un intenso debate (ahí están las hemerotecas para corroborarlo) en torno a la
aplicación del término “nación” a Euskadi, Catalunya y quizá Galicia, con lo
que España se constituía con normalidad en lo que en el fondo es, una nación de naciones; ese ciclón
que era Fraga, respaldado por esos poderes fácticos que todos conocían, se negó
en redondo y al final sólo se consiguió que figurara la mención a eso de
“nacionalidades y regiones”, un híbrido que define poco pero que demuestra la apertura de visión de entonces que se
contradice a la lectura literal de ahora, en un ejercicio de ignorancia
política y arrogancia.
No es descabellado, pues, decir que parece evidente la necesidad de plantear serenamente una revisión de la Constitución, y no, como dicen algunos por la presión secesionista. sino porque toda ella se redactó en unas condiciones socio-políticas que nada tienen que ver con las de ahora (pese a algunos nostálgicos). Y lo que es más importante en tanto no se aborda esa revisión: se ha de ser extremadamente prudente en la interpretación literal de la Carta Magna ya que no puede olvidarse, y mucho menos desdeñar, que muchos de sus artículos incorporan contenido entre líneas ante la imposibillidad en su día de redactarlo de otra forma.
No es descabellado, pues, decir que parece evidente la necesidad de plantear serenamente una revisión de la Constitución, y no, como dicen algunos por la presión secesionista. sino porque toda ella se redactó en unas condiciones socio-políticas que nada tienen que ver con las de ahora (pese a algunos nostálgicos). Y lo que es más importante en tanto no se aborda esa revisión: se ha de ser extremadamente prudente en la interpretación literal de la Carta Magna ya que no puede olvidarse, y mucho menos desdeñar, que muchos de sus artículos incorporan contenido entre líneas ante la imposibillidad en su día de redactarlo de otra forma.
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| Siempre Forges... |
Volviendo a la aplicación del esquema de management en
gestión de conflictos a este caso, se ha de reconocer que la fase de burla ha
sido de poco recorrido una vez comprobado, en muy poco tiempo (menos el
gobierno, al parecer), que la cosa se
planteaba en serio, que eso de que un número importante y creciente de
ciudadanos requerían analizar el encaje de la Autonomía en el Estado no era una
ventolera momentánea, sino algo mucho más profundo. Se pasó entonces al insulto
y al ataque al rival político transformado ya en el enemigo, al punto que está justificada su destrucción (repetimos,
porque es fundamental en el análisis, sin dar ni un solo paso para conocer de verdad las
razones que justifican el desapego origen del conflicto).
Con todo ello, el escenario de estrategia que se origina se
baste de dos elementos:
- -
Lo que pide una parte importante de la
ciudadanía es contrario a la ley, sin
entrar a valorar otras alternativas, analizar el porqué de la situación ni,
apurando, si vale la pena estudiar el fondo de la ley y sus interpretaciones
que puede llegar (¿por qué no?) a su modificación en aras de la convivencia
positiva de y para ésta y para otras ocasiones a futuro (no es ninguna
exageración: jugar con este sentimiento es jugar con fuego y en estos meses se
han visto ya manifestaciones por el derecho a decidir en Euskadi, en Valencia….
y en Madrid).
- -
El gobierno tiene el gravísimo error de tratar
la situación como un capricho de Mas,
sin darse cuenta de que Mas, que, curiosamente, nunca ha sido independentista, ha perpetrado
su suicidio político en el sistema al recoger las demandas del pueblo que no estaban en la agenda de la legislatura y
ofrecerse a canalizarlas legalmente mediante diálogo/negociación con el
gobierno. Cualquiera que haya visto objetivamente la evolución del tema se da cuenta de que
Mas no puede dar marcha atrás porque no es sin una mera correa de transmisión y
la iniciativa es del pueblo, y de que, si Mas desaparece, el sentimiento no
amaina. Mas no tiene futuro político (¿quién recuerda hoy. por ejemplo, a Alex Salmond, promotor del referéndum en Escocia una vez celebrado éste con normalidad?) salvo que sus rivales políticos se empeñen
en convertirlo en héroe o mártir (o ambas cosas), lo que, por cierto,
conduciría a una radicalización de las posturas. No, no es un capricho de Mas;
es un movimiento ciudadano del que se ha de dialogar, con Mas o con otro, y
es igual que corresponda a un 30, un 50 o un 70% de ciudadanos, si no se quiere seguir
enquistando un problema en una creciente deriva
independentista (como dice el gobierno) que
no la ha causado Mas sino la errónea y hermética acción/inacción del
gobierno.
Un último apunte sobre el escenario: la estrategia del
gobierno, del partido que lo sustenta, de sus portavoces y de sus corifeos de
variado pelaje ha sido la de difundir el mensaje de “se ha de cumplir la ley”,
sin explicar al ciudadano, particularmente el de fuera de Catalunya, nada de lo que pasaba ni del análisis de las razones
que conducen al desencuentro. Causa rubor de vergüenza ajena, así, ver que, desde miembros del
gobierno, incluido su presidente, hasta reputados
comentaristas y tertulianos, exhiban una absoluta y vergonzosa ignorancia
sobre el fondo del tema que se traduce en el insulto y denuesto constante hacia quien ose solamente
pedir conocer otra versión que no sea la oficial.
Continúa...
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