El culebrón de la Banca Privada d'Andorra o el boquerón y los tiburones

En el delicado tema de la lucha contra los paraísos fiscales, las declaraciones oficiales de unos y otros y las actuaciones que se llevan a cabo en ese campo a las que se da una comprensible publicidad, una de las consecuencias más desalentadoras es que se compruebe con el paso de (poco) tiempo, por una parte que las actuaciones tienen poco más que una acción publicitaria, pero, sobre todo, por otra, que se sigue sin atacar la raíz del problema y los grandes actores siguen intocados (y posiblemente intocables), limitándose la acción a los comparsas de la función.

Viene esta reflexión a cuento porque ha pasado prácticamente desapercibida la noticia de la demanda presentada por los propietarios de la Banca Privada d'Andorra (BPA) ante la justicia estadounidense contra el todopoderoso Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 

En efecto, Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de BPA, entidad intervenida por presunto blanqueo de capitales, han demandado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su agencia de prevención de blanqueo de capitales (FinCEN) en el Tribunal de Distrito de Columbia (el documento se puede consultar aquí).

Recordemos que BPA fue intervenida el pasado mes de marzo por el Gobierno andorrano después de que el Departamento del Tesoro estadounidense acusara en un duro escrito a la entidad de blanquear capitales procedentes del crimen organizado. Poco después también fueron intervenidas sus filiales en España -Banco Madrid- y Panamá. La actual demanda judicial es la respuesta de los hermanos Cierco a la nota emitida por el FinCEN, que calificó a BPA como “una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”, lo que supuso la expulsión de la entidad del sector bancario estadounidense cuando, como se argumenta, si bien es cierto que un número muy limitado de clientes utilizaron la entidad para realizar operaciones que pueden calificarse como ilícitas, como sucede en todos los bancos, la gran mayoría de la clientela es absolutamente honesta y en ninguna forma la actuación de la entidad puede calificarse como la define la nota del FinCEN. Esta advertencia propició además una acción coordinada entre reguladores españoles, andorranos y panameños “para cerrar el banco sin comunicación ni previo aviso”, vulnerando así el derecho a la defensa de la familia, según sostienen los Cierco, que consideran esta medida “injustificada, inconstitucional e injusta”.

Los accionistas de referencia de BPA reclaman ahora a la justicia americana una orden que deje sin efecto la nota emitida por el FinCEN, lo que les abriría las puertas a recuperar el control de los activos restantes del banco “para buscar una solución justa y transparente a largo plazo” . En su demanda, los Cierco argumentan que el FinCEN carecía de fundamentos para actuar contra BPA y que su actuación “fue el resultado de la frustración acumulada” que tenía este organismo con el Gobierno de Andorra “por lo que entendían como contumaz falta de respuesta respecto a los cambios sistemáticos a realizar en sus reglas antiblanqueo”.En la demanda se recoge que “un alto funcionario de la embajada de EEUU en Madrid admitió que el FinCEN sacó el martillo con relación a BPA por su desesperación frente a la falta de cooperación de Andorra”.

Critican asimismo que la decisión del FinCEN “destruyó el banco y su filial española”, valorados en más de 500 millones de euros, y causó la pérdida de cientos de puestos de trabajo, y eso pese a que los incidentes relacionados con el blanqueo de capitales que citó el FinCEN como pretexto para cerrar el banco ya habían sido notificados por BPA a las autoridades andorranas un año antes de la nota del organismo estadounidense.

Así las cosas, además, los hermanos Cierco temen que el informe de auditoría que está elaborando Pricewatherhouse Cooper (PwC) esté “condicionado por presiones o injerencias políticas” e incluso que la auditora acabe no redactando este informe y que sea el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), el organismo supervisor andorrano, el que lo haga. Por ello han enviado una carta a los máximos responsables de PwC en Barcelona y Londres para pedirles que elaboren un informe de auditoría “íntegro e independiente” y para exigir “el derecho a tener la oportunidad de examinar el informe de auditoría y la información subyacente que lo acompañe antes de su publicación”. Exigen además a PwC que indique “de una manera clara y directa” si han aparecido evidencias de que en BPA había institucionalizado un sistema de lavado de dinero, como sugería la nota del FinCEN, más allá de los casos que ya estaban bajo control de la justicia, “en la mayoría de ocasiones a raíz de denuncias de la propia entidad bancaria”.

En la carta, los hermanos Cierco lamentan la “falta de transparencia” con la que, en su opinión, se está llevando a cabo el proceso de auditoría de BPA, así como el elevado coste que supondrá el informe de la firma internacional, que lleva más de medio año trabajando en este caso.

 La reflexión ante la evolución de este caso tiene dos vertientes:

- bienvenidas sean las acciones encaminadas a luchar contra la lacra de los paraísos fiscales,  pero si la sensación aue queda con ellas es la de que se trata de operaciones publicitarias con un alto componente político, de escasa eficacia real y con una previsible larga secuela judicial, habrá que reorientarlas entre todos los agentes intervenientes.

- llama poderosamente la atención que estas "acciones contundentes" se dirijan a entidades de segunda fila, y casi de actividad local, mientras que viejos conocidos del FinCEN como el grupo Citi bank, el grupo Deutsche bank, el grupo HSBC y tantos otros "de reconocido prestigio" sigan operando con total normalidad sujetos sólo a "tirones de orejas" periódicos que, además, no suelen trascender.