Alasdair Antony Kenneth White es un psicólogo británico, más
conocido por su trabajo en la gestión del rendimiento desde una perspectiva
conductual que como psicólogo, que en 2009 revolucionó las teorías del mundo del trabajo
con la aparición en su libro From comfort
zone to performance management (Desde la zona de confort a la gestión del
rendimiento), que se puede encontrar en edición de White & MacLean
Publishing, precisamente del entonces
novedoso concepto, que consta en el título, de “zona de confort” que, en
principio puede definirse como un estado
de comportamiento en el cual la persona opera en una condición neutral de ansiedad, utilizando una serie de
comportamientos-rutinas para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido del riesgo.
Desde su publicación, y pese al poco tiempo transcurrido, mucho
se ha desplegado en torno a la zona de confort y su conexión con la actividad
personal y con el aprendizaje (en éste por quedar realmente siempre fuera de lo
conocido y representar el espacio donde se pueden aprender cosas nuevas),
teniendo en cuenta para su relación con la actividad que la zona de confort
puede convertirse en un límite a la existencia, el estancamiento y la renuncia
a tomar iniciativas.
La zona de confort hace referencia a un área (física o
mental) de nuestra vida donde nos movemos con seguridad, la conocemos “como la
palma de la mano", sentimos que la controlamos y no corremos riesgos.
Solemos obtener un buen rendimiento personal en ella, pues hemos ido
conquistando su conocimiento a través del tiempo, no esperamos sorpresas y,
para muchos, todo esto equivale a librarse de preocupaciones. La zona de
confort podría ser el sofá del salón, la cama en la que descansamos, el rincón
de lectura, nuestro barrio de siempre donde solemos hacer la compra y nos
encontramos con los amigos el fin de semana, el puesto de trabajo que llevamos
desempeñando durante más de 10 años, la comida deliciosa que tomamos en casa,
preparada con cariño porque se sabe que es nuestra preferida o el bar al que solemos ir cada sábado, es
decir, el espacio de vida donde nos movemos y nos sentimos seguros, sin los
sobresaltos de lo desconocido.
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Pero no todo en la zona de confort es bueno. En la zona de
confort tenemos cosas que no nos gustan pero siempre podremos decir “más vale
malo conocido que bueno por conocer” tendiendo al conformismo y a convencernos
de que “como en casa no se está en ningún lado”; también es una zona aburrida,
sin cosas interesantes o sorpresas pero que nos ahorra muchas preocupaciones ya
que fuera de la zona de confort esperamos encontrar muchas cosas malas: el peligro, el fracaso, el miedo,
lo incierto, aunque intuyamos que también hay cosas buenas: lo inesperado, las
oportunidades, las aventuras o las nuevas experiencias. Entre las cosas malas y
las buenas, está la zona de aprendizaje y de gestión.
Pero alguien puede preguntarse: ¿y qué tiene que ver eso de
la zona de confort con la historia, sobre lo que venimos reflexionando? Pues la
respuesta es: mucho, aunque no lo parezca.
El análisis de la relación entre ambos conceptos nace de la
evidencia que han encontrado los estudiosos acerca de que la zona de confort,
que White proponía como de ámbito individual, se extiende al colectivo, y así
se habla de una zona de confort representada en las tradiciones, geografía,
historia oficial, costumbres, etc. que, curiosamente, es muy fácil de manipular
pero muy difícil de cambiar ya que, como es sabido, la resistencia al cambio (y
explorar más allá de la zona de confort la representa) es un fenómeno que se da
tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Y, como muestra, basta ver
lo que cuesta luchar contra barbaridades tales como el toro de la Vega (no es
la única), asumida como normal por
determinado imaginario colectivo, insertado en su zona de confort, como si las
salvajadas dejaran de serlo si hace tiempo que se permiten (otra cosa es que a
algo así se le llame cultura oficial,
lo que ayuda, indiscutiblemente, a su identificación dentro de la zona de
confort ¿manipulación?).
Uno de los factores
que contribuyen a que cada uno se identifique con la zona de confort colectiva
es el convencimiento, sobre datos ciertos o inducido, de que el marco
convivencial ha sido SIEMPRE como ahora es conocido, que cualquier cambio es
perjudicial para la persona y
peligroso y que, en el futuro, SIEMPRE permanecerá así. Algo de eso pasa
actualmente con el problema que tiene el gobierno de España con Catalunya; lo
que inicialmente no pasaba de ser una exigencia de revisar el modelo de
relación y que, sin profundizar en conocer y gestionar las razones que
provocaban el desapego, el gobierno convirtió en lo que no era: una declaración
de independencia (y que, para justificar que era así, no ha cesado en llevar a
cabo acciones de creación de independentistas ¿para demodtrar que existen y justificar así una política de intolerancia?) que afectaba a la zona de
confort de todos los ciudadanos del resto de España con graves consecuencias
para todos ellos. Bien mirado, es difícil argumentar que una posible separación
de Catalunya de la actual España sea lesiva a los intereses de un ciudadano de
Castuera, pongamos por caso, si su comunidad está bien gestionada, y es erróneo
y perverso utilizar ese argumento[1].
Ante la falta de argumentos sólidos y creíbles en un
diálogo-negociación, el gobierno ha difundido los lemas que sostienen su
postura: que el tema con Catalunya se ha de comenzar a tratar después de un
referéndum sobre él en toda España,
que la idea de proponer un referéndum en Catalunya sobre casi cualquier tema es
un agravio para la soberanía nacional y que el gobierno ha de cuidar de que
todos los españoles sean iguales. De una primera lectura ya se observa la
inconsistencia de los argumentos…. salvo para crear un caldo de cultivo de
animadversión a quien tiene un posicionamiento distinto al pensamiento único
que parece ser la intención el gobierno. Porque, veamos, cuando un hijo quiere
plantear una queja de convivencia a sus padres, incluso la emancipación, ¿es
necesaria la opinión de sus hermanos, aparte de la afectiva… a no ser que les
esté pagando los gastos de comunidad?, dejando de lado la evidencia de que si
lo que sucede es esto, es un problema a gestionar entre los padres y el resto
de hermanos y no del que necesita emanciparse.
Respecto del argumento de la
soberanía, resultaría chusco si no fuera tan sangrante, que se atrevan a
citarlo los mismos que lo olvidaron clamorosamente cuando aprobaron de
tapadillo e ilegalmente (algún día se revisará) la modificación del artículo 135
de la Constitución en cumplimiento de “los compromisos asumidos por España al
integrarse en la Unión Económica y Monetaria Europea”[2].
Y eso, de una lectura apresurada. Pero se puede echar mano
de lo que ha pasado en este país con anterioridad y ver si son o no argumentos
razonables o son sólo intentos de crear un determinado estado de ánimo basado
en el miedo a que se vea afectada la zona de confort.
Cuando, hace 50 años (plazo de tiempo que es como una gota de
agua en el océano del tiempo del devenir de los pueblos) se estudiaba en los colegios
españoles la Geografía Política de España, salían de carrerilla “Fernando Poo,
Annobón, Corisco y Elobey” para referirse a las islas que integraban la parte
no continental de la provincia española
de Guinea y es que hoy se olvida que Guinea Ecuatorial fue primero una colonia
de España y posteriormente pasó a convertirse en una provincia española que
obtuvo su independencia el 12 de octubre de 1968. El territorio del país actual
está constituido, como entonces, por una parte continental, conocida como Río
Muni o Mbini y un área insular, siendo sus islas más importantes la isla de
Bioko (antigua Fernando Poo), Elobey Grande, Elobey Chico (estas 2,
deshabitadas) y Corisco, localizadas en la bahía de Corisco, y la de Annobón al
sudoeste de Santo Tomé y Príncipe.
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| Sello con la imagen de Alfonso XIII |
Vale la pena recordar que hasta 1956, en que fueron
organizadas con el nombre de Provincia del Golfo de Guinea, las islas de
Fernando Poo y Annobón formaron parte del Territorio de Guinea Española. En
1959 los territorios españoles del golfo de Guinea adquirieron el estatus de provincias españolas ultramarinas, similar
al de las provincias metropolitanas, adoptando oficialmente la denominación
de Región Ecuatorial Española organizada en dos provincias: Fernando Poo y Río
Muni. Las primeras elecciones locales (en época de dictadura, ojo) se celebraron
en 1959, y se eligieron los primeros procuradores en cortes ecuatoguineanos.
En 1963, el Gobierno español sometió a referéndum entre la población de estas dos provincias
un proyecto de Bases sobre Autonomía, que fue aprobado por abrumadora mayoría.
En consecuencia, estos territorios fueron dotados de autonomía, adoptando
oficialmente el nombre de Guinea Ecuatorial, con órganos comunes a todo el
territorio (Asamblea General, Consejo de Gobierno y Comisario General) y
organismos propios de cada provincia.
En 1965, la ONU aprobó un proyecto de resolución en el que
se pedía a España que fijase lo antes posible la fecha para la independencia de
Guinea Ecuatorial y en 1966 el Gobierno español acordó preparar la Conferencia
Constitucional que se inauguró en octubre de 1967 presidida por Fernando María Castiella,
ministro español de Asuntos Exteriores y finalmente, como ya se ha apuntado, el
día 12 de octubre de 1968 (Día de la Hispanidad, para más señas se firmó la
independencia, haciéndolo por parte de España (lo que son las cosas) D. Manuel
Fraga Iribarne, fundador más tarde de la Alianza Popular cuna de lo que es hoy
el Partido Popular.
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| Acto de la firma de la independencia de Guinea |
Que nadie elucubre pensando en que se buscan paralelismos
entre la situación de la Guinea de entonces (enmarcada en el programa de la ONU
de descolonización de África) con la Catalunya actual; simplemente se pone de
manifiesto que la única voluntad que se debe de tener en cuenta en procesos de
esa índole, y en otros que no tienen tanta relevancia, es la de los afectados
únicamente y meter en el saco de la eventual negociación a toda España es, sencillamente, manipular conciencias para ocultar la
incapacidad de gestionar, porque las decisiones que se lleguen a tomar nada
tienen que ver con el menoscabo de la
soberanía del pueblo español, que va por otros derroteros.
Pero sigamos en territorio africano.
Seguramente recuerda la mayoría que España también tenía la
Provincia de pleno derecho del Sahara Español, con capital en El Aaiun, y que,
dicho sea de paso, era “el coco” como posible destino en el reclutamiento para
el Servicio Militar obligatorio. Su independencia, como territorio africano, ya
fue planteada por la ONU a España en 1967, pero la disputa entre Mauritania,
Marruecos y España por el territorio supuso un serio obstáculo para el
establecimiento de diálogo y mucho menos de acuerdos.
En 1970, la ONU aprueba
la celebración en el Sahara español de un referéndum de autodeterminación. Tras
negarse en principio a celebrarlo, España accede en 1974 a su celebración tras haber
despertado con su negativa la animadversión internacional y anuncia que el
referéndum tendrá lugar en 1975.
Pero, en 1975, con Franco en su lecho de muerte, el rey de
Marruecos Hasán II instó al pueblo marroquí a realizar una marcha «pacífica» de
participantes mayores de 18 años y desarmados, que sería conocida como “marcha verde”,
para ocupar los territorios del Sahara español y forzar al Gobierno español a
que retirase sus tropas de la región. En realidad, a las columnas de civiles
que marchaban hacia el sur vía Tarfaya se unieron también 25 000 soldados de
las Fuerzas Armadas Reales, que se dirigían a la provincia española por el este.
Tras esta marcha y el repliegue de las tropas españolas se inició una guerra de
Marruecos contra los pobladores autóctonos del territorio (españoles de pleno
derecho, no lo olvidemos). España, ante la inestabilidad generada con la
"marcha verde", firmó los Acuerdos de Madrid en noviembre 1975, por
los que se constituía una Administración Tripartita temporal en el Sahara,
formada por Marruecos, Mauritania y España, cuya vigencia se preveía hasta el
28 de febrero de 1976 y cuya finalidad era la celebración de un referéndum de
autodeterminación en el que el pueblo saharaui debía decidir sobre su futuro. En
el colmo del cinismo, el 26 de febrero de 1976, el representante permanente de
España ante la ONU comunicaba que el Gobierno español daba por terminada
definitivamente su presencia en el territorio, ya que cesaba «su participación
en la Administración temporal que se estableció para el mismo», pero matizando
que «la descolonización culminará cuando la opinión de la población saharaui se
haya expresado válidamente». Un día después, Marruecos transmitió al secretario
general de la ONU la reincorporación del territorio del Sahara a Marruecos y
Mauritania y ese mismo día se producía la autoproclamación de la República
Árabe Saharaui Democrática (RASD).
La guerra enfrentó a los saharauis, apoyados por Argelia,
contra Marruecos y Mauritania que, en 1979, renunció a su parte de territorio,
que se anexionó Marruecos unilateralmente. Desde entonces, el Sahara Occidental
es un territorio administrado de facto (pero no de iure) por Marruecos, si bien
tal administración no la ejerce sobre la totalidad del territorio pues el
Frente Polisario controla el 35 % del mismo al este del muro que Marruecos
construyó como defensa ante las eficaces guerrillas del Movimiento de
Liberación Nacional Saharaui. La Constitución fue revisada en 1991 y 1995. En
1999 la RASD aprobó una nueva Constitución.
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La RASD es reconocida por 82 estados aunque varios le han
retirado su reconocimiento, sobre todo debido a las presiones de Marruecos, que
cuenta con intereses comerciales en muchos países del mundo y trabaja
activamente en sentido contrario al reconocimiento de la RASD. El antiguo colonizador del Sahara
Occidental, España, todavía no reconoce a la República Saharaui como estado
independiente y, hay que decir, desde el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero,
se han estrechado los lazos con Marruecos en detrimento de la relación con la RASD pese a que Izquierda Unida (IU), Unión
Progreso y Democracia (UPyD), BNG, los partidos nacionalistas vascos, etc.
defienden activamente en sus programas y en sus políticas el derecho a la
autodeterminación del pueblo saharaui y proponen el reconocimiento de la
República Árabe Saharaui Democrática.
Las conclusiones sobre estos casos y el velo que los semioculta quedan abiertas para cada uno, pero volviendo
al tema del argumentario anti-Catalunya, ¿cómo se atreve a hablar de que
trabaja por la igualdad entre españoles un gobierno que es heredero y continuador ideológico
y político del que abandonó a su suerte a miles de ellos (con DNI español) y no
se atreve a reconocer oficialmente la validez de su lucha?
¿Es todo, o no lo es, manipulación de la zona de confort?
[1] El utilizarlo
es reconocer las carencias de gestión fuera de Catalunya y la dependencia de
ella, como se comprobó en el debate, celebrado en la Universidad Pablo de
Olavide el 30 de marzo del 2016 ante 400 estudiantes universitarios y futuros
politólogos, en un encuentro-discusión académica organizado por Diplocat y en
el que el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra dijo a su
interlocutor, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, acerca del derecho
a decidir de los catalanes “Yo no quiero
a los extremeños o a los catalanes, quiero a la gente, y necesitamos a
Catalunya para hacer un proyecto de igualdad en mi país, porque Catalunya tiene
una renta más alta que el resto” (sic). A buen entendedor…
[2] Es ilustrativa
la lectura de la Sinopsis publicada por el Congreso de la modificación del
artículo en http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=135&tipo=2
