Vencedores vencidos - (y 3) ¿Tribunal Penal Internacional?

El último capítulo hasta hoy de este drama de Irak, las consecuencias de cuya invasión permanecen aún incalculables y de ámbito físico y temporal imprevisibles, empieza a gestarse relativamente poco tiempo después de la captura de Saddam, cuando Estados Unidos decide, en 2005, poner fin a la búsqueda de los presuntos arsenales de armas de destrucción masiva cuya existencia en poder del gobierno iraquí había “justificado” el inicio de las acciones armadas. Conviene recordar en este punto que, ya antes del inicio de la invasión, los inspectores de la ONU, dirigidos por el egipcio Baradei¹, se desgañitaron certificando que Irak no disponía de esas armas de destrucción masiva.

A ello hay que añadir que los movimientos ciudadanos de protesta en todo el mundo identificados por un común “No a la guerra” no cesaban, y poco a poco fue calando la preocupación de establecer hasta qué grado confiaron los líderes más en la idea defendida por Estados Unidos y sus aliados que en la certeza empírica que proclamaban los inspectores de la ONU. Y, llegados al extremo, si cabía la posibilidad de que se hubiera ordenado la invasión a sabiendas de que no existía amenaza armada.

Y así, en junio de 2009, el entonces primer ministro británico Gordon Brown ordena una comisión de investigación independiente sobre la participación del Reino Unido en la guerra en Irak en 2003, iniciada por su antecesor (y del mismo partido) Tony Blair. La investigación fue encomendada a Sir John Chilcot² quien, al aceptarla declaró sus intenciones de que “…queremos facilitar un entendimiento claro de los varios elementos centrales de la implicación de Reino Unido en Irak y cómo evolucionaron en el tiempo…” En palabras de Chilcot, "Nuestro mandato es muy amplio, pero los puntos esenciales, según lo establecido por el Primer Ministro y aprobado por la Cámara de los Comunes, son que se trata de una orden emanada de un comité de Consejeros Privados. Se tendrá en cuenta el período comprendido entre el verano de 2001 y finales de julio de 2009, que abarca el período previo al conflicto en Irak, incluyendo la forma en que las decisiones fueron tomadas y las acciones tomadas, para establecer, con la mayor precisión posible, lo que pasó y para identificar las lecciones que se pueden aprender. Esas lecciones ayudarán a asegurar que, si nos enfrentamos a situaciones similares en el futuro, el gobierno de turno es el mejor equipado para responder a ellas de la manera más eficaz para atender los mejores intereses del país." El resultado de esa larga y profunda investigación es el oficialmente llamado The Iraq Inquiry (La investigación sobre Irak), más conocido precisamente como el Chilcot Report (Informe Chilcot).

La investigación incluye declaraciones orales llevadas a cabo durante varios meses, con tantas audiencias públicas como fueron posibles. La primera ronda se inició en otoño del mismo 2009 y continuó hasta principios de 2010. Después de un descanso para no influenciar en las elecciones generales, el comité reanudó sus audiencias del 18 de enero a la 2 febrero de 2011, para acabar con audiencias privadas a finales de mayo de 2011. Las evidencias escritas incluyen más de 150.000 documentos de la época. Aunque las investigaciones finalizaron en 2011, Chilcot anunció que, debido al «elevado volumen de material sensible» o «clasificado» que debía gestionarse, la publicación de su informe se retrasaría hasta junio o julio del 2016. Se ha presentado y divulgado el 6 de julio de este 2016.

No es un asunto baladí, por otra parte, el citar que Chilcot se ha quejado de que el Gobierno había llevado a cabo una campaña contra su trabajo en el sentido de que ha facilitado ciertos documentos a personas críticas con el Gobierno para así ayudarles a definir sus posiciones ante el conflicto.

Ante estas dificultades para realizar la investigación denunciadas por el propio Chilcot, y sólo como ejercicio teórico, cabe preguntarse: ¿podría llevarse a cabo en España una investigación similar? Veamos con algunos ejemplos:

- El accidente de metro que costó la vida en Valencia a más de 40 personas en 2006 se silenció `por las autoridades del momento y, tras un programa de televisión que sacó a la luz las incoherencias oficiales, hubo que esperar hasta el cambio de color político en los poderes públicos valencianos para poder iniciar las investigaciones encaminadas a señalar y delimitar responsabilidades.

- El accidente de tren de Angrois (A Coruña) en 2013, con casi 80 muertes, ha originado que la UE cuestione la validez del informe sobre el siniestro, encargado por las autoridades a quien era juez y parte en el asunto y, al parecer, con el único fin de “confirmar” las tesis oficiales en cuanto a la culpabilidad/responsabilidad del accidente.

- Siguiendo esa estela de aparente aversión a conocer los responsables de las cosas, estamos habituados a la existencia de clamorosas no-comisiones como las de los casos Madrid-Arena de 2012 o Spanair de 2008. Y no digamos cuando la comisión se mueve en terreno político-partidista, como la investigación sobre Bankia, los ERE en Andalucía, la sanidad en Madrid, las escuchas en el restaurante barcelonés La Camarga, etc. Un ejemplo extremo pasa ahora con el descubrimiento del uso torticero por parte de las autoridades de Interior de las Instituciones creando y divulgando pruebas falsas para acabar con sus rivales políticos; pues bien, como las pruebas (de autenticidad no negada por sus protagonistas) se consiguieron mediante grabaciones efectuadas por no se sabe quién, el PP, C's y el PSOE se niegan a iniciar una investigación sobre los CONTENIDOS en tanto no se determine la validez JURÍDICA de las pruebas. (Inaudito; es como si en un pinchazo telefónico se sabe la intención de alguien de poner una bomba en la estatua de La Cibeles y, en lugar de ir contra ese terrorista, nos dedicamos a marear la perdiz buscando la legalidad o no del pinchazo).

- Una última reflexión sobre estos aspectos domésticos: ¿A alguien se le ocurre, con los partidos políticos que tenemos, que se permita que, en este caso, Rajoy inicie una investigación sobre algo hecho por Aznar como sucede con el Informe Chilcot entre Brown y Blair? Absolutamente impensable.

En conclusión a la pregunta de si sería viable en España una comisión similar a la que ha producido el Informe Chilcot, todo parece indicar que faltaría crecer en sentido ético y democrático por nuestra clase política para poder acometer tales retos.

Volvamos, pues, al Informe. El trabajo, que se ha gestado durante siete años, desgrana el papel de las autoridades británicas en la intervención militar en Irak de 2003, uno de los capítulos más polémicos de Tony Blair en su etapa como jefe del Gobierno (1997-2007). Examina la actuación de Reino Unido en los meses previos al conflicto, en la propia guerra y en la gestión de sus consecuencias. Desde la invasión hasta el día de hoy el conflicto ha provocado 251.000 muertes, entre civiles y combatientes. El Informe resulta demoledor porque asegura que el Reino Unido no agotó todas las opciones pacíficas antes de unirse a la invasión de Irak que lideraba Estados Unidos. Los juicios sobre las armas de destrucción masiva se presentaron con una certeza que no estaba justificada. La investigación concluye que Estados Unidos y Reino Unido socavaron la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU, porque presionaron para la acción militar cuando las alternativas de resolución sin recurrir a la fuerza no se habían agotado. Las decisiones en Irak se tomaron en base a inteligencia y evaluaciones defectuosas que no se cuestionaron, y debieron haberse cuestionado. La acción militar pudo haber sido necesaria en algún momento pero no lo era en 2003.

El informe supone una crítica sin matices a la decisión de Tony Blair de entrar en guerra con Irak. Describe a Saddam Husein como indudablemente un brutal dictador, pero la investigación concluye afirmando sin matices que la acción militar en ese momento no era el último recurso" y el dossier que Blair presentó al Parlamento británico en septiembre de 2002 no respalda sus argumentos de que Irak contaba con un programa activo de armas químicas y biológicas. Se subestimaron las consecuencias y se fracasó en lograr los objetivos establecidos. La investigación no acepta por ello, ha dicho Chilcot, las alegaciones de Tony Blair de que los problemas de después de la invasión eran imposibles de predecir.

El Informe, que consta de 12 volúmenes y un total de 2,6 millones de palabras³ pero que se limita a dilucidar la base legal que había en 2003 para la invasión, y carece del poder de recomendar cargos criminales contra los implicados, incluye detalles de los papeles del Gabinete desclasificados, evaluaciones de la inteligencia que apuntaba, erróneamente, a que Irak poseía armas de destrucción masiva y de la correspondencia privada entre Blair y el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en relación con el conflicto y la base para la intervención militar. El grupo de expertos ha tenido que evaluar y analizar 150.000 documentos del Gobierno y para elaborar sus conclusiones y recomendaciones y, en palabras de Chilcot, se han tenido muy en cuenta desde el principio que las familias tienen altas expectativas y deseos de conocer la verdad de todo lo que sucedió, en particular en lo que se ven afectados sus parientes. Y es que el Reino Unido envió 30.000 soldados con la misión de ocupar a Irak, en una invasión liderada por Estados Unidos. En 2009, en medio de las críticas ante la evidencia de que el régimen de Saddam Husein no escondía armas de destrucción masiva como se aseguró, el Gobierno de Gordon Brown encargó una investigación en profundidad de lo ocurrido, dirigida por el alto funcionario John Chilcot. Ya el pasado octubre de 2015, Blair pidió disculpas por su papel en la guerra de Irak, a la que llevó al país hace ahora 13 años. El ex líder laborista pidió perdón por utilizar información de inteligencia errónea; reconoció que no supo prever el caos que se desataría tras el derrocamiento de Saddam Husein, y admitió que dicho caos puede haber contribuido a la aparición y crecimiento del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés).

Una de las características conocidas de los documentos digitales es la de que admiten la opción de “Buscar” en el texto una palabra o conjunto de ellas y, aplicando esa búsqueda al Informe, se puede comprobar que el nombre de José María Aznar aparece en varias ocasiones, en su mayoría por los contactos entre los gobiernos británico y español para conseguir que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una segunda resolución que legalizara la guerra. Esa resolución no llegó a existir porque Washington, Londres y Madrid no tenían los votos suficientes para que saliera adelante ni podían impedir que Rusia y Francia la vetaran en caso de votación. 

Entre los numerosos documentos que aparecen en el informe, figura la descripción de una reunión de Tony Blair y Aznar en Madrid el 27 y 28 de febrero de 2003, tres semanas antes del inicio de la invasión. Washington está decidido a lanzarse sobre Irak para acabar con Saddam Hussein y sólo ha aceptado a regañadientes la negociación de una segunda resolución de la ONU mientras Aznar y Blair están preocupados por hacer llegar a sus respectivas opiniones públicas que ellos estaban centrados en impedir la guerra, no en lo contrario. Las actas de la reunión del equipo de Blair, aseguran que para afrontar las dificultades creadas por "la impresión de que EEUU estaba decidida a ir a la guerra pasara lo que pasara", Blair y Aznar acordaron poner en marcha una estrategia de comunicación que demostrara que "estaban haciendo todo lo posible para evitar la guerra". Ambos sabían ya que la decisión –que ambos apoyaban– estaba ya tomada en Washington desde hace mucho tiempo y que había llegado el momento de intentar adelantarse a las críticas. La postura de Aznar es particularmente decidida, “presionando en favor de la importancia de la alianza transatlántica (la relación con EEUU), pese a los problemas políticos internos, mucho mayores que los nuestros", según documentos examinados, y no compartía el gran interés de Blair por una segunda resolución de la ONU que de forma explícita autorizara a EEUU y sus aliados el uso de la fuerza, es decir, invadir Irak. El ánimo belicista de Aznar, según el Informe, estaba a prueba de cualquier coste político y, en declaración de David Manning, el principal consejero diplomático del primer ministro británico, "Creo que los españoles habrían seguido (en la coalición dirigida por EEUU). No lo sé seguro, pero Aznar estaba absolutamente decidido, y muy, muy claramente a favor de continuar, y no de seguir intentando conseguir una segunda resolución".

En pocas palabras, queda demostrado que tres semanas antes de la invasión de Irak, Aznar y Blair pactaron desarrollar medidas de propaganda que hicieran ver que ellos hacían lo posible para evitar una guerra, ya decidida por Bush, y que Aznar no estaba tan interesado como Blair en conseguir una segunda resolución, favorable, de la ONU; al contrario, estaba decidido a apoyar como fuera a Bush en la guerra. Una guerra en la que España no participó (una no-participación causante, según todos los Organismos y analistas internacionales, de la masacre del 11M-2004 en Atocha), o al menos eso juran hoy Esperanza Aguirre, Federico Trillo (entonces ministro de Defensa), entre otros, ante el ominoso silencio de Mariano Rajoy, entonces vicepresidente del gobierno, o del propio José María Aznar. Si eso es así, nuestros soldados muertos allí ¿fueron de vacaciones o como mercenarios bajo otra bandera? Deleznable e inmoral, representativo de la estatura moral de algun@s ¿y de quienes los votan?

Ha recordado repetidamente Sir John Chilcot que la investigación carece del poder de recomendar cargos criminales contra los implicados pero lo cierto es que cada vez son más las voces que se alzan pidiendo que los implicados respondan de sus actos ante el Tribunal Penal Internacional. Recordando los juicios de Núremberg con los que iniciábamos esta entrada, si allí se procesaba a juristas por aplicar unas leyes injustas pero vigentes, no parece descabellado pedir responsabilidades a los que, prescindiendo de cobertura legal, han llevado al mundo al marasmo en que se encuentra hoy. Y sin ver el final del túnel.

 

1Mohamed Mustafa el-Baradei, diplomático, jurista y político egipcio que fue el Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), una organización intergubernamental bajo el auspicio de las Naciones Unidas. En 2002, junto con Hans Blix, fue encargado por la Agencia y por las Naciones Unidas para certificar el desarme de Irak, y condujo el equipo de inspectores de la ONU buscando evidencias de armas de destrucción masiva en aquel país.El 27 de enero de 2003, ante el Consejo de Seguridad de la ONU expuso que la AIEA había desmantelado, eliminado o evacuado la mayor parte de las instalaciones iraquíes con capacidad de fabricar armas nucleares. El 7 de marzo, ante el mismo órgano, reafirmó su postura y comunicó que no existía uranio en Irak procedente de Níger, tal y como George W. Bush había denunciado con anterioridad. Por ello, se opuso frontalmente a que Estados Unidos, Gran Bretaña, España y Portugal hicieran la declaración de las Azores que dio lugar a la invasión de Irak de 2003 al considerar que no había pruebas para dicha intervención, y solicitando un plazo de tiempo mayor para que los inspectores realizasen su trabajo.

Curiosamente, en 2005 ganó el Premio Nobel de la Paz junto a la AIEA.

2Sir John Chilcot es miembro del Consejo Privado del Reino Unido con una destacada carrera en Her Majesty's Civil Service, donde ha desempeñado varios cargos, entre ellos, como subsecretario de Estado permanente para el ministerio para Irlanda del Norte. Es, por tanto, conocedor de la gestión de conflictos.

3 Puede accederse a un documentado sumario (150 páginas) en http://www.iraqinquiry.org.uk/media/246416/the-report-of-the-iraq-inquiry_executive-summary.pdf