Jueces, fiscales y blanqueo de capitales.

Los pasados días 25 y 26 de septiembre tuvo lugar en Quito (Ecuador) un Taller de trabajo organizado por GAFILAT, agencia regional para Latinoamérica  del GAFI, cuya celebración ocupó entre nosotros un lugar irrelevante  en las parrillas de los noticieros, más volcados en los últimos tiempos (con mayor o menor veracidad, todo hay que decirlo) en cosas domésticas. Pero conviene no olvidar el evento, que responde al largo y revelador nombre de El papel de los jueces y fiscales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: experiencias, desafíos y mejores prácticas, de la misma forma que conviene no olvidar tampoco la inmoral lucha denodada que libra el colectivo mundial de abogados/asesores para que su participación (a veces plenamente consciente) en esos delitos quede impune.

En el resumen de prensa del Presidente que se ha divulgado el 5 de octubre sobre los resultados del Taller, consta que se añadieron debates sobre las mejores prácticas en la investigación y enjuiciamiento del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la confiscación de los productos del delito, habida cuenta de la diversidad de las normativas nacionales.

Los aproximadamente 70 delegados que representaban a 21 delegaciones, incluidos conocidos fiscales expertos en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, jueces de instrucción y jueces compartieron ejemplos de cómo superar estos desafíos y discutieron mecanismos efectivos y buenas prácticas.

Tras la experiencia con los colectivos de abogados, la divulgación a los Servicios de Fiscalías y al Sistema de Justicia Penal y su compromiso es una de las Prioridades del GAFI para 2017-2018 considerando que el poder judicial tiene un papel esencial en el establecimiento de instituciones estables, la rendición de cuentas, la integridad, la transparencia y el estado de derecho, que son todos los pilares de un sistema eficaz de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

No se piense que la casuística de trabajar en esta concienciación se limita a territorios complejos como los países latinoamericanos, no: el taller de Quito ha sido el primero de una serie de talleres que el GAFI y sus agencias regionales organizarán conjuntamente este año. El próximo taller tendrá lugar en enero de 2018 para los jueces y fiscales de la región de Asia y el Pacífico y se organizará conjuntamente con las agencias del Grupo Eurasiático y el Grupo de Asia y el Pacífico sobre Lavado de Activos.Los resultados de los debates de estos talleres contribuirán a un documento final del GAFI que identificará los desafíos reales que enfrentan los fiscales y el poder judicial y sugerirá buenas prácticas para tratar con ellos. Esto debería mejorar la eficacia de los servicios de la fiscalía y los sistemas de justicia penal para enjuiciar a los terroristas y criminales que abusan del sistema financiero y confiscar los bienes relacionados con la delincuencia. No deja de resultar llamativo en este punto que, si bien es cierto que ya desde 1990 (Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990 y ratificado por España y publicado en el BOE 252/1998, de 21 de octubre de 1998) había gran preocupación por conseguir retornar los productos del delito, resulta un hecho que, por razones variadas, jurídicas y extra-jurídicas, aún vemos con auténtica estupefacción como es habitual que el delincuente entre (o no) en prisión pero no devuelve ni un céntimo de lo conseguido con su participación en el delito porque argumenta que ha sido "dentro de la legalidad", lo que, junto con la observación de otras acciones que nos dicen que están "fuera de la ley", nos debería hacer replantearnos la justicia de nuestro sistema normativo.

El GAFI, dice el resumen de prensa, continuará centrándose en mejorar el compromiso con los servicios nacionales de fiscalización y otros instrumentos expertos dentro de los sistemas de justicia penal para crear sinergias y, en última instancia, mejorar la eficacia de los esfuerzos en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a través de la unificación de criterios.