Las personas dependientes, pendientes.

Es noticia, con muy diferentes matices según quien la publique, que se han convocado en 

España elecciones generales para finales del próximo mes de abril, con el principal argumento, 

según nos han dicho, de que el gobierno actual no ha podido tirar adelante los presupuestos.

No entraremos en la política alrededor de este hecho (allá cada cual con su conciencia, en todo 

caso; los motivos de unos para echarlos para atrás y de los otros para defenderlos ya se 

explicaron en la tribuna donde conceptos como España, Catalunya, Estado, Democracia (todas 

con mayúsculas, tal fue el ímpetu con el que fueron pronunciadas) invadieron el hemiciclo), sino 

en alguno de esos que ahora se conocen como “daños colaterales” producido que, 

curiosamente, no ocupan titulares (¿no son noticia?). 

Empecemos por el principio.  Mientras una mayoría parlamentaria tumbaba los presupuestos, 

imaginemos que un grupo de trabajadores sociales se acercó al televisor en el momento de la 

votación y, cuando la presidenta del Congreso, Ana Pastor, leyó el triunfo del no, sus caras 

reflejaron una profunda decepción. No es para menos porque el rechazo a los presupuestos 

deja en el aire 515 millones destinados a la dependencia. 

Y es que cien mil dependientes, la mayoría grandes y severos ­dependientes, de esos que 

requieren ayuda para casi todo o para todo, seguirán esperando la ­asistencia que las 

administraciones les han otorgado en base a la ley del 2006, pero que no pueden dar por falta 

de dinero. Sí, 100.000. A día de hoy, hay unos 250.000 dependientes en esa lista de espera 

para ser atendidos, pese a que tienen reconocido el derecho, de ellos, unos 100.000, 

considerados dependientes severos o grandes dependientes. Los más vulnerables, los más 

necesitados. Ese es el número de ciudadanos que aún permanecen en lista de espera y que 

se iba a beneficiar de los 515 millones añadidos a este capítulo.

Para el sector de la dependencia, lo ocurrido el miércoles es, sencillamente, “una desgracia”, 

tal y como señala José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes 

de Servicios Sociales. Cuando parecía que los políticos se habían puesto de acuerdo para 

impulsar la ley que, sin lugar a dudas, más recortes ha sufrido durante la crisis, la de 

dependencia, todo se va al traste. Para mayor vergüenza de nuestra clase política, el 

Observatorio Estatal de la Dependencia del 2017 (último publicado), realizado por la 

Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, señala que durante ese año 

fallecieron 38.000 personas sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición 

de persona en situación de dependencia. “Por supuesto que no fallecieron por esa causa, pero 

sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones”, 

señala Ramírez. Esto supone que diariamente fallecen más de 100 personas dependientes sin 

haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Sin comentarios.

En cuanto a las previsiones,“ese incremento de los presupuestos permitían sacar de esa lista  

de espera a casi la mitad. Además, desahogaría financieramente a las comunidades 

autónomas que, en la mayoría de los casos, han sostenido el desarrollo de la ley como 

buenamente han podido aportando el 80% del gasto del servicio, aunque según la norma 

debería ser a partes iguales entre administración central y autonómica (nivel mínimo 

garantizado)”, puntualiza Ramírez. Según los datos que maneja la citada asociación, 

considerada referente en el sector, el incremento de los 515 millones de euros no permitiría 

aún terminar con la lista de espera, ni siquiera con la de grandes dependientes. En realidad, 

suponía el 72% de lo necesario para acabar con la desatención de los grandes dependientes y 

dependientes severos (715 millones), pero era un paso de gigante. La esperanza era que a 

finales del 2020 o 2021, esa lista de espera desapareciera, tal y como acordaron los partidos 

parlamentarios que suscribieron el Pacto por la Dependencia. Todos firmaron el pacto, menos 

el PP (que nadie piense que ésto sea un ataque a su ideología, que no lo es, pero los hechos, 

que se pueden confirmar consultando el Diario del Congreso, son tozudos y son como son). 

Entonces, conscientes de las dificultades que habría para sacar adelante los presupuestos, 

todos los partidos, excepto el PP, se comprometieron, como alternativa, a pedir al Ejecutivo un 

decreto ley, en virtud de la urgencia social que supone este tema, para abordar de manera 

directa e inmediata el incremento de la financiación dirigida a la dependencia. Fuentes del 

Gobierno confirmaron que mantendrán lo acordado. 

Visto y analizado todo lo sucedido, lo fácil sería personalizar las culpas en uno u otro partido 

según se mire, cuando lo auténticamente relevante es que TODA la clase política (y la 

sociedad) tomara conciencia de que la atención a la dependencia debe estar por encima de 

luchas partidistas, no supeditada en ningún caso a que sea un partido u otro el que está en el 

gobierno y haga una u otra política. ¿O acaso todas las personas en situación (a su pesar) de 

dependencia son de un mismo color político?

Y otra cosa, sobre la que ya se ha llamado la atención, es que, burocráticamente, la ataxia no 

está considerada como enfermedad causante de incapacidad y, por lo tanto, de dependencia. 

Pero, ya digo, esa es otra cosa.