Una sociedad a dos velocidades

Acaban de darse a conocer los datos de la encuesta de población activa con la buena noticia, se mire como se mire, de la disminución de las cifra del paro. Tiempo habrá de practicar la celtibérica costumbre de tirarse los trastos a la cabeza y utilizar estas cosas como innoble arma política.
Paralelamente, se nos dice que el ahorro familiar registra un incremento importante, que las exportaciones aumentan, que la banca vuelve a dar beneficios, ...  junto a datos menores como que se observa un afianzamiento en el consumo, que en vacaciones ya se ve que el turista español vuelve a ser protagonista, que parece (sólo parece) que la industria inmobiliaria vuelve a remontar, ...
En fin, que los dirigentes políticos están que se salen disimulando a duras penas la euforia y tachando de agoreros poco menos que despreciables a quienes no coinciden en su análisis.
Pues verá usted: algo no cuadra, no en los datos sino en esa euforia, que se antoja políticamente sesgada. Porque, vamos a ver: un gobernante lo es para el ciudadano y no para la macroeconomía de los mercados, y en caso contrario no pasa de ser un  trepa politicastro a sueldo, precisamente de los mercados. Una persona con inteligencia media no deduce de esta afirmación que deban de abandonarse las obligaciones del país ante terceros, sino que (miren alrededor otros países, miren) la estabilidad y prosperidad de la ciudadanía que lidera el progreso nacional conlleva a ese cumplimiento desahogado. De otra forma, es difícil definir si hay más de ignorancia, estupidez o engaño en esa euforia.

Salvo que se aliente el establecimiento de dos sociedades en una: una próspera, ligada a sectores menos vapuleados por la crisis y en la que cada integrante es aún persona+salario y otra oculta, enquistada sin solución (es igual a estos efectos que los parados sean 5,8, 6 o 6,2 millones), sin posibilidad de salir del agujero, excluida de todo progreso o bienestar y, a juzgar por las decisiones recurrentes de quienes no viven ese problema salvo en molestas cifras estadísticas, sin ni siquiera derecho a protestar para implorar que la sociedad vuelva a contar con ellos mientras observan atónitos y dolidos cómo muchos responsables de la situación viven en obscena desfachatez con total impunidad por sus fechorías y acogidos a vericuetos legales de uso solo con la complacencia de los poderes.

Es urgente que la clase dirigente sepa de una vez cuál es la sociedad, cuáles son las necesidades globales y, sobre todo, qué país se quiere en el futuro, o simplemente qué futuro, y trabajar, ideologías aparte, por él. Y es tan fácil como interiorizar que la noticia no es que el paro baje hasta menos del 25 % de la población activa sino que el paro se mantiene en cifras escandalosamente inasumibles, que la pobreza no se arregla, que los servicios cada vez son más inalcanzables,...
En esta situación es absolutamente pertinente que el espectador de esas declaraciones llenas de euforia (máxime si es del segmento de los excluidos sociales o en camino de serlo) se pregunte: "Y éstos, ¿de qué carajo se ríen?"

Quien no se conforma....

Hay que reconocer que el otrora irrebatible y respetado en sus decisiones Banco de España no deja ahora de sorprendernos por la aplicación de algunos criterios, cuando menos, llamativos, en sus informes y análisis.
Recientemente ha publicado la Institución los datos (provisionales, eso sí) cerrados a final de mayo de la morosidad en el sistema financiero español, y más de uno ha echado oficialmente las campanas al vuelo porque el porcentaje de créditos morosos registra una baja respecto del último mes de cinco centésimas de punto y se sitúa en el 13,39 % , o lo que es lo mismo, en 189.452 millones de euros de créditos morosos.

Hay, sin embargo, un par de aspectos que aconsejan atemperar esa euforia.
El primero es que desde primeros de año el Banco de España ha cambiado las reglas de juego, incluyendo en el indicador los datos. no solo de la banca, sino de los establecimientos financieros de crédito (EFC) que, recordemos que son entidades dedicadas, sobre todo, a financiar la compra de bienes de consumo y cuya cartera de créditos dudosos (aquellos que registran tres mensualidades seguidas de impago) se mantiene estable en algo más del 10 %, generalmente con diferencias de más de tres puntos porcentuales a su favor respecto de la banca.
El segundo es que, realmente, el porcentaje de mora de la banca no ha disminuido, sino todo lo contrario, ya que con datos ceñidos a la banca, la mora de hace un año exacto era del 11,21 % inferior en más de dos puntos a los datos dulcificados con los EFC del último informe, o sea que ha crecido un mínimo de 2 puntos porcentuales. Si a ello añadimos que la cifra de créditos concedidos se mantiene bajo mínimos, se puede concluir que:
    a) la mora está enquistada y sin solución, y no es cierto como alguno insiste en que se deba a impagos de hipotecas domésticas (con la ejecución desaparecen de mora).
    b) algo falla en los cálculos oficiales o no se publica la verdad: si, haciendo memoria, en la crisis postolímpica y post capitalidad cultural, la banca reclamaba ayudas porque su nivel de mora era cercano al 9 %, ¿de dónde han sacado ahora para aguantar el flagelo del 14 % confesado?

Al hilo con este evidente enquistamiento de la mora en el sistema financiero español cabe ubicar el reciente informe del FMI sobre España (puede consultarse -en inglés- clicando aquí) en el que sugiere que recomienda estudiar a fondo la aplicación del fresh start, es decir, permitir que aquellas personas que cumplan determinadas condiciones (fundamental la buena fe que los jueces han de poder determinar) puedan, pasado un tiempo, hacer borrón y cuenta nueva y olvidar sus deudas. Obligar a un empresario fracasado a rendir cuentas el resto de su vida puede ser, según el FMI, más caro que perdonarle la parte que no haya esperanzas de que devuelva. Porque, si las deudas nunca caducan, los afectados nunca podrán montar otro negocio e incluso es probable que acaben refugiándose en la economía sumergida, para evitar que cada euro que ganen en el futuro acabe destinado a pagar sus compromisos del pasado.
El principal fallo de base es que la ley actual trata igual a los buenos que a los malos pagadores, ya que no se tiene en cuenta por qué llegó la quiebra, si por malas prácticas o por circunstancias ajenas. “Una empresa puede acabar en insolvencia porque la Administración no le paga los servicios que le debe. Pero luego, la Administración no le perdonará nunca las deudas al empresario"

El mayor escollo a la hora de reformar la ley en ese sentido está en la banca ya que deberían llevar a sus balances los préstamos que se consideraran no recuperables, y eso iría contra sus cuentas de resultados. No lo van a permitir. Y el hacerlo, ¿obligaría al Banco de España a modificar sus criterios?

Falta rigor en la aplicación de la ley

Los recientes casos de las millonarias sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a gigantes bancarios como Credit Suisse y BNP Paribas (hoy ha saltado a la luz pública también el grupo Citibank por la alegre comercialización de hipotecas basura) por prácticas irregulares, blanqueo de capitales y comisión de fraude han desatado un nuevo debate sobre la forma más eficaz y más adecuada en términos de aplicación de la ley para responder a las entidades que violen las leyes de delitos financieros. 

Por poner una referencia, la semana pasada, los reguladores de Estados Unidos y el Departamento de Justicia anunciaron haber llegado a un acuerdo de asunción de culpabilidad por parte de BNP Paribas que lleva a la institución francesa a pagar una multa de casi 9.000 millones de dólares, a despedir 13 ejecutivos, y a declararse culpable de cargos criminales; varias de las unidades de negocio del banco también tendrán prohibido realizar operaciones de compensación de dólares estadounidenses por el plazo de un año,con lo que las penas contra BNP han resultado más duras que las que han caído sobre otras instituciones, como Credit Suisse.

La pregunta, sin embargo, sigue en pie: ¿son suficientes esas sanciones?

Es evidente que las sanciones monetarias para las instituciones que violan la legislación penal han aumentado de manera exponencial en los últimos años, sin embargo, no son la herramienta de aplicación de ley más efectiva para los reguladores y fiscales.

Recogiendo esta preocupación, una consultora estadounidense especializada en el sector de delitos financieros ha realizado una encuesta entre expertos del ámbito jurídico y empresarial, cuyo resultado vale la pena comentar.

- De acuerdo con las respuestas, los organismos reguladores todavía no están desplegando su herramienta más dura de aplicación de ley: acusaciones legales contra las personas en las instituciones financieras.

- A la pregunta de qué sanción es el castigo más eficaz para las instituciones financieras que han violado la ley penal, el 55% de los encuestados eligió “cargos criminales contra las personas de la institución”. La prohibición de realizar transacciones abiertamente fue la siguiente opción más popular, con un 29% de los encuestados. Solo el 14% respondió que el despido de ejecutivos sería una medida efectiva, mientras que el 10% dijo que las sanciones monetarias eran la mejor opción.

La práctica totalidad de los encuestados apuntó la necesidad previa de reponer el dinero defraudado sin que ello supusiera evitar acciones judiciales posteriores. 

Dentro de los comentarios adicionales, los más frecuentes van en el sentido de que un sistema eficiente depende de la responsabilidad individual. “Las herramientas más eficaces son aquellas en las que los individuos están personalmente afectados, ya sea por ser susceptibles a recibir multas o perder su trabajo y su reputación”, de que las sanciones monetarias deberían tener en cuenta las ganancias vinculadas a los actos irregulares por parte de la institución. “La multa debe ser dos veces el beneficio [de la entidad]“, o de que las sanciones deberían incluir “reparación de los daños punitivos a la víctima [del delito financiero]“.

En el siguiente gráfico, un resumen de los resultados

Por último resulta curioso de que a la pregunta de si las autoridades deben tomar en cuenta el tamaño de una entidad y los efectos perjudiciales de las penas cuando se consideran medidas de aplicación de ley, el 61% de los lectores dijo que sí. “Si bien puede parecer injusto, el impacto económico debe considerarse cuando se lidia con instituciones más grandes”.

Esperemos que se conozcan iniciativas de este tipo y se tengan en cuenta las opiniones de expertos que pueden acabar con el clima de impunidad que domina estas latitudes en esos casos de delitos financieros