Los recientes casos de las millonarias sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a gigantes bancarios como Credit
Suisse y BNP Paribas (hoy ha saltado a la luz pública también el grupo Citibank por la alegre comercialización de hipotecas basura) por prácticas irregulares, blanqueo de capitales y comisión de fraude han desatado un nuevo debate sobre la forma más eficaz y
más adecuada en términos de aplicación de la ley para responder a las entidades
que violen las leyes de delitos financieros.
Por poner una referencia, la semana pasada, los reguladores
de Estados Unidos y el Departamento de Justicia anunciaron haber llegado a un acuerdo de
asunción de culpabilidad por parte de BNP Paribas que lleva a la institución francesa a pagar una
multa de casi 9.000 millones de dólares, a despedir 13 ejecutivos, y a declararse culpable de
cargos criminales; varias de las unidades de negocio del banco también tendrán
prohibido realizar operaciones de compensación de dólares estadounidenses por
el plazo de un año,con lo que las penas contra BNP han resultado más duras que las
que han caído sobre otras instituciones, como Credit Suisse.
La pregunta, sin embargo, sigue en pie: ¿son suficientes esas sanciones?
Es evidente que las sanciones monetarias para las instituciones que violan
la legislación penal han aumentado de manera exponencial en los últimos años,
sin embargo, no son la herramienta de aplicación de ley más efectiva para los
reguladores y fiscales.
Recogiendo esta preocupación, una consultora estadounidense especializada en el sector de delitos financieros ha realizado una encuesta entre expertos del ámbito jurídico y empresarial, cuyo resultado vale la pena comentar.
- A la pregunta de qué sanción es el castigo más eficaz para
las instituciones financieras que han violado la ley penal, el 55% de los
encuestados eligió “cargos criminales contra las personas de la institución”.
La prohibición de realizar transacciones abiertamente fue la siguiente opción más
popular, con un 29% de los encuestados. Solo el 14% respondió que el despido de
ejecutivos sería una medida efectiva, mientras que el 10% dijo que las
sanciones monetarias eran la mejor opción.
La práctica totalidad de los encuestados apuntó la necesidad previa de reponer el dinero defraudado sin que ello supusiera evitar acciones judiciales posteriores.
Dentro de los comentarios adicionales, los más frecuentes van en el sentido de que un sistema eficiente depende de la
responsabilidad individual. “Las herramientas más eficaces son aquellas en las
que los individuos están personalmente afectados, ya sea por ser susceptibles a
recibir multas o perder su trabajo y su reputación”, de que las sanciones monetarias deberían tener en
cuenta las ganancias vinculadas a los actos irregulares por parte de la
institución. “La multa debe ser dos veces el beneficio [de la entidad]“,
o de que las sanciones deberían
incluir “reparación de los daños punitivos a la víctima [del delito financiero]“.
En el siguiente gráfico, un resumen de los resultados
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Por último resulta curioso de que a la pregunta de si las autoridades deben tomar en cuenta
el tamaño de una entidad y los efectos perjudiciales de las penas
cuando se consideran medidas de aplicación de ley, el 61% de los lectores dijo
que sí. “Si bien puede parecer injusto, el impacto económico debe considerarse cuando se lidia con instituciones
más grandes”.
Esperemos que se conozcan iniciativas de este tipo y se tengan en cuenta las opiniones de expertos que pueden acabar con el clima de impunidad que domina estas latitudes en esos casos de delitos financieros
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