Aunque cueste creerlo, este año 2014 se cumplen 15 desde que entró en vigor la Convención Anticorrupción
de la OCDE (Organización para la cooperación y desarrollo económicos), que existe y, para conmemorarlo, la OCDE publicó el pasado día 2 un informe,
OECD Foreign Bribery Report (
Informe de la OCDE del soborno internacional, que puede leerse -en inglés, está anunciada la versión en español para el día 24 de este mismo mes- on line clicando
aquí) en el que, a través del
análisis de 427 procedimientos por cohecho
transnacional (263 correspondientes a personas físicas y 164 a empresas) que han sido concluidos
precisamente desde 1999, detalla que la corrupción
transnacional corroe sin distinción a todos los países y que la mitad de los
casos son cometidos por funcionarios de países desarrollados y, de alguna manera, mide por primera vez el delito de
corrupción a escala internacional. .
Según el informe, la dimensión del fenómeno es tan grande que representa un volumen de
miles de millones de euros anuales y, de los casos citados en él, 80 individuos fueron a la cárcel tras un juicio y una condena
por soborno a funcionario público y se aplicaron 261 multas y sanciones
a individuos y compañías.
Del informe se desprende que
la mayoría de los sobornos internacionales son
pagados por las grandes corporaciones, por lo general con el
conocimiento de la alta dirección. En el 41% de los casos, empleados de
nivel gerencial pagaron o autorizaron el pago indebido, mientras que el
presidente ejecutivo o CEO de la compañía participó en el 12% de los
casos, lo que se
contradice con la percepción de que el soborno es solo el acto de malos
empleados.
Una percepción común del soborno es es
que
los ejecutivos y las propias compañías de las economías más desarrolladas y con
más recursos sobornan a funcionarios en los países menos desarrollados
para obtener lucrativos contratos, aunque paralelamente se desprende que un 50% de los
casos fueron sobornos a funcionarios en países desarrollados.
Por conceptos, la mayoría de los sobornos (un 57 %) buscaban la adjudicación de los
contratos públicos, seguido por los pagos indebidos para obtener
autorización para los procedimientos aduaneros, que representaron el
12%, mientras que 2solo" un 6% de los sobornos fueron para obtener un
trato fiscal preferencial.
Por importes en los casos analizados, los sobornos llegaron en promedio a casi el
11% del valor total de la transacción, y al 34,5% de las ganancias, lo
que equivale a unos 10 milllones de euros de media por soborno, si se puede usar ese término, y según la OCDE, esto es solo la punta del
iceberg.
Por actividades, casi dos tercios de los casos se produjeron en cuatro sectores:
compañías extractivas (minería y crudo) un 19%; construcción, 15%; transporte, otro 15%, y
en compañías de la información y comunicación, un 10%. Los sobornos fueron dirigidos con más
frecuencia a los empleados de las empresas estatales (27%), seguidos por
los funcionarios de aduanas (11%), funcionarios de salud (7%) y
funcionarios del sector de defensa (6%).
Los jefes de Estado y ministros
fueron sobornados en un 5% de los casos, pero, en volumen, recibieron el 11% del
total de los sobornos.
“La corrupción socava el crecimiento y el desarrollo. Los corruptos
deben ser llevados ante la justicia“, señaló José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, en la presentación del informe.
“La prevención de la delincuencia comercial
debe estar en el centro de gobierno corporativo. Al mismo tiempo, la
contratación pública debe convertirse en sinónimo de integridad,
transparencia y rendición de cuentas”.
El informe también revela que el tiempo necesario para concluir los
casos ha ido aumentando, de aproximadamente unos dos años de promedio para
los casos denunciados en 1999 a más de siete años para los casos en la
actualidad. Esto puede reflejar la creciente sofisticación de los
sobornadores o la dificultad para
investigar los casos cuando intervienen distintos países, entre otros factores.
Según el informe,
los gobiernos de todo el mundo deben fortalecer las
sanciones, hacer públicos los procedimientos legales y acuerdos
extrajudiciales y reforzar la protección de los denunciantes o whistleblowers
como parte de un mayor esfuerzo para abordar la enorme problemática del
soborno y la corrupción.
A la vista de la preocupación y seguimiento oficial (en todos lo ámbitos) del problema que es más que conocido, sólo cabe plantearse, y lanzar al aire, muy en serio, una única pregunta: ¿Por qué resulta en la práctica tasn difícil luchar contra la corrupción, siendo como es (segùn se afirma) una debilidad personal ajena a organizaciones y partidos? ¿No será casualmente que SÏ es un problema de organizaciones?
