La senda a la situación de interés cero
Para no perder el centro respecto del análisis del
motivo final de la repercusión de un tipo de interés cero, no debe olvidarse
que la herramienta clásica en casi todos los países del mundo para controlar
desde la inflación que se registre hasta el crecimiento de la economía en su
conjunto, es, precisamente, la tasa de interés, y si ésta, eventualmente, llega
a cero, la orden ya no sirve para nada puesto que no hay más margen para
actuar, de modo que si esas medidas no surten efecto, el gobierno se habrá
quedado sin su principal herramienta para direccionar la economía.
La teoría supone que si se bajan las tasas de interés,
el dinero y el crédito se hace más barato impulsando el consumo, lo cual
reactiva la economía.
Hay ejemplos cercanos en el tiempo con resultados
opuestos: en Japón, en la década del 90, las tasas de interés se bajaron a cero y
la economía no respondió, lo que dio origen a lo que se llamó la década perdida del Japón. Por el
contrario, en Estados Unidos se fijó en 2008 la tasa oficial de interés en
prácticamente cero, lo que produjo una notable reactivación.
El punto de partida en Europa, sin embargo, es
diferente. Por un lado, la iniciativa en la gestión de la tasa de interés
corresponde al Banco Central Europeo que, como es sabido, ha de contemplar (y
contentar) diferentes realidades socio-económicas de los socios que integran la
moneda única, a su cuidado. Por otro, para nosotros los europeos no se trata
tan sólo de tomar medidas para reactivar el consumo, sino, y sobre todo, de
tomarlas para luchar contra la crisis en todos sus aspectos. Hay que ser
consciente de que buena parte de la población está desempleada (no hagamos
énfasis en la dramática cifra de escándalo de nuestro país), los salarios se
han desplomado, las empresas no disponen de liquidez, y para que el consumo
crezca es imprescindible que todos, el consumidor persona física y las empresas,
tengan liquidez, y esto sólo será posible hoy si los bancos suministran esta
liquidez, algo que no se asegura puesto que, como puede observarse, un banco no
estará dispuesto a prestar dinero cuando hay una gran crisis que no le
garantiza totalmente la recuperación de su dinero (que en estos tiempos, suele
ser independiente de la voluntad de cumplimiento del deudor), y menos aún si
obtiene una baja remuneración por ese dinero prestado como consecuencia de la
baja de las tasas de interés.
Al inicio de esta crisis, el sistema financiero
español era, a decir de la clase política, uno de los más solventes del mundo,
por lo que las primeras medidas encaminadas a su saneamiento llegaron tarde,
muy tarde, para ser exactos cuando ya las de Estados Unidos, Alemania, Francia,
Irlanda, incluso Italia, empezaban a superar el primer impacto; es difícil
saber a cuánto asciende el quebranto real sufrido por el sistema en España, si
consideramos que ni las propias entidades pudieron calcular con exactitud el
montante de las ayudas que necesitaban para equilibrar su solvencia.
Deducciones actuales apuntan que el saneamiento en la banca española realizado
entre 2008 y 2014 casi llega a los 300.000.000.000 (trescientos mil millones)
de euros, lo que equivale a prácticamente la tercera parte del PIB. Eso
significa que, en particular entre 2010 y 2012, menudearon los números rojos en
los balances de los bancos y no ha sido sino hasta el 2014 en que ya puede
hablarse de números negros, basados sobre todo en los menores costes por la
reestructuración de plantillas y estructuras (fruto, en gran parte de las
fusiones, absorciones, compras,.. de entidades) y a las menores perdidas por
incumplidos en la cartera crediticia, con una cada vez más evidente contención
de la tasa de morosidad.
Si hablamos de morosidad no puede dejar de citarse
el empeño de unos y otros en culpar de la situación crítica de las entidades a
las economías domésticas, cuando la tozuda estadística demostraba que los
incumplidos de personas físicas y pymes eran un grano de arena frente a la
montaña de las corporaciones, entidades de inversión, etc. (es evidente, como
es natural, que si un deudor perdía su empleo y, consecuentemente desaparecía
su fuente de ingresos, solía pasar a engrosar la lista de morosos, pero los
propios registros de las entidades certifican que el volumen de estas
situaciones no es en absoluto significativo en las cifras globales). Pero lo
cierto es que esta idea así admitida condujo a replantearse la política de los
departamentos de riesgos y, en la práctica, a “cerrar el grifo del crédito”
ostensiblemente a particulares y pymes.
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Cuando ya se determinaron las necesidades de capital
de los bancos y se tramitaron a través de la UE (no entraremos en si en forma
de rescate, préstamo, ayuda o, en definitiva el vocablo que responda a “dinero suministrado con cargo a los
contribuyentes que, contraviniendo a las promesas y compromisos iniciales del
gobierno, nunca será devuelto a éstos”), el requisito que se aireó fue que
esas ayudas debían convertirse en flujo de crédito para los clientes en ese
entorno difícil de la crisis. Como es de suponer, la banca dio la callada por
respuesta a esa “recomendación” de la UE y es que entonces, casualmente, entró
en escena un elemento nuevo que podía afectar a su decisión de inversiones, que
se llamaba prima de riesgo[1]
que, por otra parte, tenía la particularidad de que si subía (y eso se decía
que era malo para España) era culpa de la inconsistencia económica de Grecia,
mientras que si bajaba (que se decía bueno para España) era mérito del gobierno
de España. Sea como fuere, en virtud de esa prima de riesgo, las emisiones de
Deuda del Reino de España se subastaban a tipos de interés de hasta el 6 %, y
los bancos acudían a las subastas sin tener la necesidad de analizar el riesgo
y esas zarandajas. Conclusión: la banca empleó las cuantiosas ayudas recibidas
en financiar al Estado en lugar de destinarlas a financiar proyectos de los
contribuyentes que habían facilitado esas ayudas, pensando que, además,
resultaban ser una inversión rentable y sin
riesgo crediticio.
A raíz de esas evidencias, se produjeron varias
escaramuzas (no se tiene noticia de que ninguna de ellas estuviera liderada por
el gobierno) y avisos entre líneas de la autoridad monetaria europea hasta que
finalmente se hizo público que el Banco Central Europeo compraría la Deuda
emitida por los Estados obligando de esta forma a las entidades a buscar otras
formas de rentabilizar (mediante préstamos al sector privado, por ejemplo) los
fondos de que disponían, Debe de ser casual la coincidencia temporal entre
estos hechos y los primeros tímidos anuncios de alguna entidad referidos a la apertura
de nuevas líneas de crédito.
Hemos llegado por fin a la situación actual, en que
el tipo de interés oficial se aproxima al cero y la banca está impelida a abrir
el grifo del crédito a la pequeña economía real. Es, sin duda, un escenario
favorable para el país, pero cabe analizar cómo repercute en la práctica esa situación
en el ciudadano, o se confirma que, como nos tienen acostumbrados con el mantra
de la recuperación y el fin de la crisis, las rimbombantes cifras macroeconómicas no tienen nada que ver con la angustiosa
economía real de la gente.
[1] La prima
de riesgo es un concepto presente en muchos actos de índole económica. Así, por
ejemplo, si quieren contratar un mismo seguro de accidentes un ujier del
Congreso de los Diputados y un monitor de deportes de aventura, es probable que
la cuota exigida a cada uno sea diferente, y la diferencia entre ambas es la
prima de riesgo. En macroeconomía, los inversores diferencian entre destinar
sus capitales a financiar un país, con, pongamos, un 5 % de paro y un
crecimiento del PIB de X, o a otro con un 25% de paro y una disminución del PIB
de –Y. El dinero que piden los países entre sí se conoce como deuda pública y,
como todo préstamo, tiene unos intereses que se calculan dependiendo de la
fiabilidad del país. Si un estado puede pagar sus préstamos sin problemas
tendrá menos intereses que uno que pueda tener problemas de dinero. La prima de
riesgo es, pues, la diferencia entre el interés que se paga por la deuda de un
país y el que se paga por la de otro. Para calcular la prima de riesgo, medida
en puntos, se escoge el país con menos interés de deuda y se compara su interés
con el de los demás. Por ejemplo, si el interés de un país "A" es del
1% y el de otro país "E" es del 5%, la prima se obtiene restando
ambos porcentajes y multiplicando por 100, es decir, 5% - 1% = 4% --> 4 x
100 = 400 puntos básicos. Esta sería la prima de riesgo del país "E".
