"Efectos colaterales" de Eurovegas

Dentro del sainete en el que se está convirtiendo el proyecto de instalar en España la "sucursal europea" del complejo de Las Vegas Sand, el alborozo provocado en Madrid por el anuncio de la elección del entorno de la capital por el Sr. Adelson y la previsible lucha entre Alcorcón, Paracuellos y algún otro por captar finalmente la inversión (?) para su municipio, llama la atención la aparente sordina con que se ha tratado una de las exigencias que plantea el citado Sr. Adelson para consolidar su proyecto.
Se ha aireado su petición de no aplicar la Ley antitabaco, la adecuación/adaptación de las leyes fiscales que afectan a las ganancias del juego y otras minucias, de la misma forma que se ha alertado sobre el peligro latente de que, al rebufo del complejo de juego, crezca la delincuencia, la prostitución... y el blanqueo de capitales. Y ahí queríamos llegar, porque seguramente no ha tenido la conveniente difusión la petición de los promotores de Eurovegas de "suavizar" las exigencias a los casinos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Entendemos que este punto merece una pequeña reflexión: los casinos, como sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 10/2010 (bancos, cajas de ahorros, aseguradoras, notarios, abogados, promotores inmobiliarios, joyeros y casinos, entre otros), deben comunicar a las autoridades (al SEPBLAC, como se sabe) cualquier operación razonablemente sospechosa, aún en grado de tentativa, de estar vinculada al blanqueo de capitales y la Ley es la transposición al ordenamiento jurídico español de una Directiva europea, con lo que, al margen de que no se deba, no parece que se pueda hacerse excepción.

Hay que recordar que España aprueba con nota la aplicación de las 40 recomendaciones del GAFI; otra cosa es que se insista continuamente en el cumplimiento efectivo.Ciertamente, la opinión del sector del juego en España es que la Ley es más restrictiva que la Directiva, pero eso abunda precisamente la conveniencia de no excepcionar ya que si efectivamente es más restrictiva, cuesta creer que de las casi 3.000 operaciones sospechosas comunicadas por los sujetos obligados en 2011, solamente 2 (DOS) lo han sido por casinos, aún admitiendo que los controles exigidos por la Ley desalientan a muchos  posibles blanqueadores.