Resulta que, tras los dimes y diretes de una y otra parte, la Comisión Europea (CE) se descuelga descartando
estudiar en su próxima misión a Gibraltar cuestiones relacionadas con el
fraude fiscal y aseguró no ver a día de hoy problemas de blanqueo de
capitales en el Peñón. Según ha trascendido, los expertos comunitarios no entrarán a analizar
estas cuestiones y se centrarán en los controles en la frontera, la
circulación de bienes y personas, y los controles aduaneros, incluido el
contrabando. Llama la atención que se asegura que el alcance de la
misión ha sido consensuado tanto con el presidente del Gobierno español,
Mariano Rajoy, como con el primer ministro británico, David Cameron, pese a que también se asegura que Rajoy transmitió a Durao Barroso "la necesidad de verificar y controlar que la actividad
económica en Gibraltar no vulnera la normativa europea relativa a
blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad".
No parece que los funcionarios europeos tengan un criterio muy claro de qué es un paraíso fiscal, de lo que su existencia representa de negativo para la economía de la propia UE y de los pasos (comunes) necesarios para denunciarlo y erradicarlo, ya que se dice en la CE que están al tanto de la preocupación que existe en España respecto a la cuestión del intercambio de información fiscal con
Gibraltar (si la preocupación sobre el intercambio de información es solo de España y no de toda la UE, apaga y vámonos), que ya fue expuesta en el memorando que enviaron las
autoridades españolas a Bruselas sobre la situación con Gibraltar la
semana pasada, pero aducen razones técnicas para no incluir esta cuestión en la agenda de la misión.
Respecto al blanqueo de capitales, el
portavoz de la CE también indicó que Bruselas “no ha apreciado dificultades
particulares” en Gibraltar, que ha traspuesto de manera correcta la
legislación comunitaria sobre esta materia, y por ello, “no se ha
constatado ninguna infracción”. El refrán ya dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y si la CE está convencida de que la Crime (Money Laundering and Proceeds) Act 2007 (Amendment) Regulations 2012, vigente en Gibraltar desde Noviembre 2012 en sustitución de la de abril 2010, cumple los requisitos necesarios de aplicación de la legislación comunitaria, más allá del "debe hacerse", no acredita que la CE tenga un estricto conocimiento del problema ni de cómo atajarlo. Podría sugerirse a los funcionarios de la UE que, ya que el Tratado de Utrecht dice que la Roca está "bajo jurisdicción española", se aplique en su territorio la Ley 10/2010 y así no habría fricciones en ese campo y, además, permitiría demostrar que lo que ahora afirma, eso de que está traspuesta la legislación comunitaria, es verdad.
Es más que sabido que la fuente de ingresos del Peñón se concentra en las apuestas online (con toda la problemática aparejada por posible conexión con el blanqueo, incluso el procedente de acciones terroristas) y la baja fiscalidad de las operaciones, de forma que, en su relación con España continua actuando como un paraíso fiscal. Ya veremos en breve si, además, no cooperante.
Si es más
No hay comentarios:
Publicar un comentario