Ante el poco eco que ha recibido en los medios de comunicación españoles y por su interés, sin añadir ningún comentario, reproducimos íntegramente la entrevista concedida por el ex-juez Baltasar Garzón en París a Radio France International justo antes de los días de navidad .
“Los crímenes financieros tienen categoría de lesa humanidad”
Saltó a la fama internacional por perseguir a Pinochet, y desde entonces ha tenido en el punto de mira causas tan dispares como las
torturas de la cárcel de Guantánamo, los crímenes del franquismo o la
defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Para algunos, su
sobreexposición mediática le llevó al precipicio. Inhabilitado en España
en lo que muchos vieron una persecución política, el juez español
Baltasar Garzón se ha refugiado en la defensa de los derechos humanos,
especialmente en América Latina, que se ha convertido en los últimos
tiempos en el epicentro de su actividad (tan frenética como siempre). De
paso por París para presidir el coloquio internacional sobre la
operación Cóndor organizado por el Colectivo argentino por la memoria,
Garzón ha concedido una entrevista a RFI .
Radio France Inteernational: La «Operación Cóndor», ese plan secreto que aplicaron las dictaduras de seis países sudamericanos para
eliminar a sus opositores. Del Plan Cóndor conocemos los resultados en
gran medida, pero décadas después, ¿Cuáles son las principales
incógnitas aún por resolver?
Baltasar Garzón: Creo que todavía quedan bastantes cosas por resolver, sobre todo la profundización judicial en la documentación
y en las responsabilidades sobre cuál fue el alcance real y los
objetivos que perseguía el Plan Cóndor y también la implicación de las
autoridades de la época de EE.UU. Y sobre todo las implicaciones
económicas: quiénes financiaban, quiénes sostenían, y quiénes
coadyuvaban desde el sector civil a ese plan sistemático de desaparición
de líderes opositores.
RFI: 1 de mayo de 2021. Esa es la fecha
en la que usted, si nada cambia, podrá volver a ejercer como juez. Es
complicado explicar conjuntamente su prestigio como jurista y su
inhabilitación al mismo tiempo. El Tribunal Supremo español le condenó a
11 años apartado de la judicatura por el caso de las escuchas ilegales
en prisión a los abogados y clientes, cabecillas de la red corrupta
“Gurtel”, escándalo que afecta al partido popular del Presidente Rajoy.
¿La suya fue una condena política?
BG: Fue una condena sin justificación
jurídica suficiente. Que fuese por motivación política es difícil de
decir, pero era una sentencia que ya estaba prefabricada. Había un
prejuicio establecido. No era de interés mi permanencia en la judicatura
y todo se adelantó en el Tribunal Supremo para
propiciar mi condena. Es muy difícil entender cómo se puede condenar a
un juez por interpretar la ley, por hacerlo conforme a derecho, cuando
fue además solicitada y acompañada la medida por el Ministerio fiscal ,
cuando el juez siguiente ratificó y amplió esa medida, y cuando otros
jueces posteriores también lo hicieron. La pregunta sería ¿Porqué a
Garzón sí y a los demás no? Y en todo caso, se creó el delito en la
propia sentencia. No existía antes ese delito. Si se unen todos estos
elementos, tal vez se encuentren una explicación no jurídica a esa
sentencia.
RFI: También fue enjuiciado por la
causa de los crímenes del franquismo. Argentina ha escuchado testimonios
de víctimas y Naciones Unidas ha pedido al Gobierno español un plan
estatal sobre los fusilados y juzgar las más de 114.000 desapariciones
que usted mencionaba en un auto de 2008. ¿Por qué tanta resistencia en
España a cerrar este episodio traumático?
BG: Porque nunca se ha reconocido como
tal. La Transición española ha ocultado esa realidad. Es verdad que a
nivel autonómico ha habido iniciativas muy importantes como la del
Parlamento de Navarra que empodera definitivamente a las víctimas, lo
que no ha hecho el Estado español. No ha habido ningún reconocimiento de
que esto ha sido así. No ha habido ningún intento de acción judicial.
Se ha negado esa realidad. Y a día de hoy, se sigue negando. No hay
ningún obstáculo jurídico ni siquiera la Ley de Amnistía sería un
obstáculo para investigar esos hechos. Si no se ha hecho, y el Tribunal
Supremo tomó esa decisión (El Tribunal Supremo decidió en marzo de 2012
que la competencia sobre las fosas del franquismo no era de la
Audiencia Nacional y cerró la vía a investigar los crímenes del
franquismo como “delitos contra la humanidad”) de dejar desamparadas a
las víctimas es porque no se ha querido hacer. Los organismos de
Naciones Unidas nos están diciendo “Ustedes no están cumpliendo. Ustedes
tienen que propiciar la justicia. Ustedes tienen que apoyar la
investigación argentina, si es que finalmente no lo hacen” . Esto no se
hace porque en un momento histórico determinado se decidió mirar hacia
delante sin darse cuenta de que no hacerlo hacia atrás tiene unas consecuencias basadas en la impunidad que hoy estamos sufriendo.
RFI: En Honduras, usted ha formado parte
de la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos en las
últimas elecciones del mes de noviembre. Las filas del expresidente
derrocado Manuel Zelaya denuncian fraude electoral. Usted también lo ha
hecho. ¿Hablamos de un fraude que pudo cambiar el resultado que dio la
victoria al oficialista Juan Orlando Hernández en las últimas
elecciones?
BG: No podremos saberlo a ciencia cierta, pero que hubo fraude electoral, desde
luego sí. Fueron demasiadas las irregularidades. Fueron demasiado
groseras algunas actuaciones en apoyo del partido ganador que dejan una
duda muy profunda. También el alto índice de nulidad en las mesas
electorales que llegó casi al 30% también demuestra que algo no iba
bien. Yo no puedo decir si el signo de la elección hubiese sido otro,
pero que no fue limpio sí lo dije entonces y lo digo ahora.
RFI: Usted conoce también de cerca la realidad de Colombia. ¿Confía en el proceso de diálogo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC?
BG: Todos somos necesariamente
optimistas, aunque algunos quieran dinamitar ese proceso de negociación.
Pienso que debería ser una cuestión de Estado.
Que el gobierno colombiano esté haciendo el esfuerzo de aproximación a
las FARC nos debe llevar a la necesaria afirmación de que merece el
apoyo siempre y cuando, ese apoyo no se traduzca en una impunidad: las
víctimas tienen que ser parte del proceso y las FARC lo tienen que
entender. No hay más remedio. Optimista, sí, porque nunca antes se han
alcanzado cuotas de este nivel en procesos de paz anteriores.
RFI: Saltó a la fama internacional por la orden de detención
al dictador Augusto Pinochet en Londres en 1998. ¿Cómo vivió usted el
hecho de que finalmente Pinochet pudiese morir en libertad e incluso
enterrado con honores militares?
BG: Que lo entierren con honores
militares va en detrimento de aquellos que lo hicieron… A mí me produce
pavor que esos honores se le otorguen a quién estaba acusado de crímenes
de lesa humanidad, genocidio, terrorismo de Estado…y
que no haya la suficiente fuerza democrática para que eso se evitara. Y
sobre todo fue una ofensa a las víctimas. Pero que al final yo creo que
realzó su dignidad: ellas sólo pedían justicia con todas las garantías,
precisamente las que no respetó ni Pinochet ni los que le apoyaron. No
me pareció bien por tanto, pero eso degrada a quién lo propicia y no a
quiénes lo padecieron.
RFI: Otro caso en el que usted también está implicado: la defensa de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, recluído en la embajada de Ecuador en Londres desde hace año y medio. ¿Cómo espera que se resuelva este caso?
Primero cuanto antes, y segundo, de la
única forma posible: dando cumplimiento al derecho de asilo. Es un
derecho humano ya adquirido por Assange, ya conferido por Ecuador, y que
no debería obstaculizarse. Una vez que esto se materialice, nosotros no
hemos puesto ningún inconveniente después al juicio de Suecia (El 7 de
diciembre del 2010, Assange fue arrestado por la policía británica por
una orden judicial emitida por Suecia por 4 presuntos delitos sexuales)
pero con unas garantías que vienen dadas por el cumplimiento del derecho
de asilo. Esto es lo primero y Gran Bretaña debería cumplirlo.
RFI: A menudo se le ha calificado de
“juez estrella”. ¿No cree que al final ha terminado por perjudicarle el
hecho de una sobreexposición mediática?
BG: Supongo que sí, pero no es algo que
dependiera de mí. Los casos que llevábamos en la Audiencia Nacional y
que yo tramitaba llevaban una “publicidad” que es requerida por los
propios medios y por la sociedad de la comunicación en la que vivimos:
Pinochet, terrorismo, franquismo… Durante años y años yo jamás concedí
una entrevista. Rehuía como un sarpullido el contacto
con la prensa. La gente no se acuerda pero yo salía de la Audiencia
Nacional con los labios apretados y no decía ni “sí” ni “no” porque no
quería ni que interpretaran mis gestos. Luego sí, cuando me dicen “juez
estrella”, y yo muchas veces respondo: “soy más bien un juez estrellado”.
He recibido grandes golpes de los medios de comunicación. Las campañas
mediáticas que he soportado de acoso y derribo no han sido menores, y
también las he aguantado.
RFI: Crimen organizado, terrorismo,
corrupción… Usted ha pisado terrenos muy pantanosos. ¿Cuándo fue la
última vez que recibió una amenaza?
BG: Quizá no sea tanto personal
sino tratando de hacer un desprestigio personal de mi función judicial
que con el paso del tiempo, y como no estás en el puesto judicial
correspondiente, hay gente muy “valiente” que se atreve a cuestionarlo.
RFI: En cualquier caso su familia
tuvo 20 años de protección ante las amenazas y usted 25. ¿Alguna vez
dejó de tomar una decisión por motivos de seguridad?
BG: Jamás. Las decisiones que tomé, las hubiese tomado igual con o sin protección. Sigo teniendo seguridad personal
en algunos de los países en los que trabajo como Colombia, pero los
jueces tenemos la obligación de actuar en conciencia de acuerdo con la
ley. Y el que deje de hacerlo porque no se sienta seguro debe dejar de
ser juez porque produce daño a la sociedad.
RFI: Los responsables de la crisis
económica que ha tenido consecuencias desastrosas en lo social para
países como España, ¿pueden o deben tener responsabilidades penales?
¿Qué instrumentos existen?
BG: Desgraciadamente no hay muchos
instrumentos pero la respuesta es sí. Los crímenes económicos y
financieros en la forma que hemos conocido y que han provocado esos
desastres humanitarios en millones de personas tienen verdadera
categoría de lesa humanidad. Ya sé que en el concepto de “lesa
humanidad” no se incluyen este tipo de crímenes, pero desde
luego la ejecución es masiva, sistemática y producen miles de víctimas y
el poder judicial debe buscar la fórmula para que eso no salga gratis.
RFI: Caso Noos en España. La
hija del Rey Don Juan Carlos, la Infanta Cristina. (Desvío de fondos
públicos por una sociedad que manejaba el marido de la Infanta, Iñaki
Urdangarín) Por lo que vamos conociendo, ¿hay motivos suficientes para
su imputación? ¿Está recibiendo trato de favor?
BG: La ley es igual para todos los
ciudadanos. Por tanto sería un ejemplo democrático para todos los
ciudadanos que aquellas personas que están señaladas, que concurran a
declarar ante la autoridad judicial. Eso sí, exigiendo a los medios y
ciudadanía que se respete el principio de presunción de inocencia. Lo
que no podemos es dar es ejemplo de que hay privilegios. Yo fui llamado
por el Tribunal Supremo, no estuve de acuerdo con lo que hicieron
conmigo y lo critico, pero comparecí siempre que se me pidió. Es una
medida de educación democrática de la que estamos muy faltos en España.
RFI: ¿A usted pronto le veremos en un cartel electoral en España?
BG: No creo. No. Ya he dicho que no me
voy a presentar a las elecciones europeas. No es mi intención hacerlo,
sí opinar políticamente y apoyaré cualquier opción desde el progresismo en un marco de protección al ciudadano y no en el de las políticas que hay ahora de agresión al ciudadano.
RFI: ¿Guarda rencor a aquellos que le inhabilitaron?
BG: Para
nada. No me merece la pena perder tiempo. Me da mucha pena lo que
ocurrió. Creo que querían dar una lección en mi persona. Es pasado pero
lo voy a seguir combatiendo en el Tribunal europeo de derechos humanos.
RFI: ¿En 2021 volverá a tomar posesión como juez?
BG: Cuando concluya el periodo, tomaré posesión. Después lo que haga, no sé… Creo que se pueden defender los mismos principios desde
mi posición actual: desde mi despacho de abogados y de la fundación que
presido peleando en todos los frentes humanitarios. En esos frentes que
han sido mi lucha desde hace años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario