Evolución de la economía sumergida

Empecemos por presentar a los actores de esta obra, en sus propias palabras.

La Fundación URV es la entidad creada por la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona-Reus para promover la relación entre Universidad y sociedad, con el fin de identificar y satisfacer  las necesidades del entorno socioeconómico a través de la transferencia de conocimientos, la formación permanente y la innovación.

Gestha son las siglas que definen al Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que conforma el colectivo más representativo dentro del Ministerio y la Agencia Tributaria, al agrupar a 8.000 profesionales. Los Técnicos realizan estudios macroeconómicos de gran calado con el objetivo de conocer la realidad fiscal de nuestro país y conseguir una administración tributaria más eficiente. Por ello, Gestha participa activamente en importantes debates abiertos ante la opinión pública, como son las reformas tributarias, la lucha contra el fraude, el control del gasto y otros temas de actualidad.

Una vez hechas las presentaciones, llega el momento de la noticia: ayer, día 29 de enero, fue presentado en sociedad el informe La economía sumergida pasa factura - El avance del fraude en España durante la crisis, elaborado por Gestha y la Fundación URV dirigido por el profesor de esta última Jordi Sardá, y al que se puede acceder clicando aquí.

El contenido del informe es demoledor: según los datos que maneja, el tamaño de la economía sumergida española aumentó en 60.000 millones de euros durante la crisis, considerando el estudio el período comprendido entre los años 2008 y 2012, hasta situarse en el 24,6% del PIB al cierre del último año, lo que supone más de 253.000 millones de euros ocultos. Según se desprende, el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situó en el 17,8% del PIB (similar a países del entorno). Sin embargo, en 2009, considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos.


Este importante incremento se debió en gran medida al efecto “arrastre” provocado por el ‘boom’ inmobiliario, que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar de raíz en los primeros momentos de la crisis económica y financiera. Al tsunami del ladrillo le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el espectacular repunte del paro –triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26% de la población activa a finales de 2012–, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial.

Además, a estos factores se sumó uno transversal, que es el masivo uso de billetes de 500 euros en nuestro país, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro. Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco.




En un análisis territorial, el mayor aumento del fraude se registró en aquellas autonomías más castigadas, precisamente, por el colapso del ladrillo y el desempleo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura (que, con más del 30 % de su economía sumergida, tiene el dudoso honor de encabezar el ranking), Canarias y parte del Levante español, aunque también se dejó sentir con intensidad en zonas tradicionalmente con un menor dinamismo económico, como las zonas rurales y de interior de Galicia y Castilla y León. Curiosamente, el estudio cita el peculiar caso de Madrid, que registra una tasa de economía sumergida “llamativamente baja”, del 17,3% de su PIB, la más moderada del país. Este fenómeno se explica por la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios de sus actividades en esta comunidad mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías.

El informe ofrece en sus conclusiones alguna propuesta de soluciones para hacer frente a todos los retos originados por la economía sumergida, como conocer la verdadera dimensión del fraude a través de estudios oficiales realizados por entidades independientes, algo que hasta ahora no encargó ningún gobierno. Estos estudios servirían para llevar a cabo una lucha contra el fraude “realista”, poniendo el foco en las actividades que sí pueden aflorar del mercado negro.




Ciertamente, en momentos convulsos como los actuales, este tipo de lecturas ayudan a contextualizar  con mayor certeza la situación en que nos encontramos, y la evidencia, que ya empieza a ser urgencia, de conseguir un modelo fiscal justo y eficiente para reconducirla en beneficio de todos, porque no debe olvidarse la otra cara de la moneda, y es que, según otro informe, también de Gestha,la economía sumergida es lo que explica que no haya una "explosión social" en un país con seis millones de parados y con la cobertura por desempleo cayendo, y, en palabras de un portavoz de la asociación, la solución que ha de descartarse por inviable es la utopía un punto demagógica de que "los ricos paguen la crisis", sino en conseguir una buena técnica fiscal que permita realmente crear empleo y en una mejor aplicación de las leyes.