Casi coincidiendo en
el tiempo, de hecho con sólo una semana de diferencia en su divulgación, han
visto la luz dos documentos que, en buena ley, deberían ser complementarios o,
cuando menos, no contradictorios. Nos referimos, por un lado, a la publicación
por el GAFI de la actualización de las listas de los países o territorios
considerados como “no cooperantes” o “con deficiencias” en la lucha contra el
blanqueo de capitales y la financiación el terrorismo, de la que dábamos cuenta
en la entrada anterior de este blog, con el título de “Actualidad del GAFI 2 -
Actualización de la lista de países con deficiencias” (la “Actualidad…1”
contempla el resto de resoluciones del plenario de este Organismo) y, por otro,
a la publicación por la Comisión Europea de su Lista Negra de paraísos
fiscales.
Como mero ejercicio
mental de divertimento, y sin ánimo de comparar documentos ya de por sí
incomparables por obedecer y estar diseñados con criterios diferentes, sí que
hemos realizado una, llamémosle, lectura
en paralelo de ambos, y hemos de decir que las conclusiones a que puede
llegarse son jugosas.
Recordemos que el
criterio principal que sigue el GAFI en la confección de sus listas es,
fundamentalmente, si el país analizado dispone de una normativa sólida e
implementada para conseguir tres fines: impedir que su territorio sea usado en
las tramas delictivas, homogeneizar esta normativa con unos estándares cada vez
más comunes en todos los países, de forma que se comprometan oficial y
firmemente en su adaptación, si ello es necesario, y cooperar con el resto de
países en el seguimiento de las organizaciones delincuenciales que,
eventualmente, se descubran. Sobre la base del compromiso citado (otra cosa que
preocupa es el grado de cumplimiento del compromiso), la relación de países
afectados se encuentra claramente a la baja y actualmente hay un total de 17 en
todos los niveles.
Por el contrario, la
génesis de la Lista Negra de la Comisión Europea es muy diferente y se
estructura sobre razones prácticas y se incardina en el plan de acción que ha presentado
el Ejecutivo Comunitario para combatir la evasión del pago de impuestos por
parte de las compañías multinacionales en los países de la UE. Las bases de
estas propuestas tienen que ver con la declaración del impuesto de sociedades
en todos los países de la UE y la obligación de tributar en el país donde se
originen los beneficios a las empresas. Quizá el principal objetivo sea aunar
un proyecto a través del que se pueda crear una base común del impuesto de
sociedades de la UE[1],
una medida que está bloqueada desde el año 2011 y que, gracias a su
reactivación, se quiere implantar de manera obligatoria para las
multinacionales. Por eso se ha llegado a la conclusión de crear esta Lista
Negra, un “paso decisivo para obligar a las jurisdicciones de fuera de la UE a
cooperar más y adoptar los estándares internacionales”, que va acompañada de otras
proposiciones relacionadas con la mejora de la coordinación y la cooperación
entre las autoridades fiscales a nivel nacional. Además, Bruselas quiere
decidir si obligar a las empresas a hacer públicos los impuestos que pagan país
por país y ha sometido la decisión a consulta pública. Es curioso que en la
confección de la Lista Negra, el Ejecutivo no ha decidido cuáles son los países
que figuran en ella, sino que se ha limitado a recopilar a los que aparecen en
al menos 10 de las listas nacionales de los Estados miembros pese a admitir que
no todos los países tienen una lista
negra y no todos los que la tienen adoptan represalias contra los paraísos
fiscales incluidos, considerando la Comisión que la actual estrategia
"fragmentada" de la UE contra los paraísos fiscales no funciona a la
hora de frenar la elusión fiscal, particularmente por parte de las
multinacionales.
La lista, en
definitiva, la conforman una treintena de países o territorios:
-
Europa: Andorra, Mónaco, Liechtenstein y la isla de Guernesey, en el canal de la
Mancha, territorio dependiente de Reino Unido.
-
Asia: Brunei, Hong Kong y Maldivas
-
África: Liberia, Mauricio y Seychelles
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Oceanía: las islas Cook, Nauru, Niue, las islas Marshall y Vanuatu
-
América: Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, las islas
vírgenes Británicas, las islas Caimán, Granada, Montserrat, Panamá[2], San
Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, las islas Turcas y Caicos y
las islas vírgenes de EEUU.
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Como puede
observarse, no hay excesiva coincidencia (ninguna) entre las listas de la Unión
Europea y las del GAFI, sobre lo que no haremos comentarios, pero sí que surge
una pregunta, a la vista de las discrepancias: ¿cuál es la lista más eficaz?
Pues, a la vista de
las reacciones, la de la Unión Europea, ya que, en el poco tiempo transcurrido
desde su divulgación, por ejemplo, Andorra[3] ya ha
garantizado que en 2018 el intercambio de información fiscal será automático, que
se están ya “culminando” las negociaciones para firmar un Acuerdo de asociación
con la UE y que se darán más pasos para homologar el país fiscalmente a los
países de la OCDE. O Panamá, cuyo gobierno ha solicitado formalmente, y
reiterado ante embajadores europeos acreditados, ser excluido del listado de
“jurisdicciones consideradas no cooperadoras en materia fiscal”, solicitando
que “se detengan los ataques infundados
por parte de la OECD y la Comisión Europea en esta materia”.
Por cierto, para
acabar estas reflexiones, se constata una vez más que Gibraltar NO ES un
paraíso fiscal para las autoridades comunitarias (sí que lo son, en cambio,
otros territorios dependientes del Reino Unido) ni, por supuesto, para el GAFI,
y que su inclusión como tal por España obedece a razones de índole política exclusivamente.
[1] Pierre Moscovici, comisario europeo de
Asuntos Económicos, ha señalado que las empresas “aprovechan la libre
circulación de capitales que permite el Tratado de la UE, las discrepancias
entre las normas fiscales de los Estados y las ventajas de las directivas
europeas sobre el impuesto de sociedades” para eludir sus responsabilidades
fiscales.
[2] Puede
resultar chocante que haya sido precisamente en Panamá donde se ha celebrado
recientemente la III Conferencia
Latinoamericana de delitos financieros de 2015 para expertos en
cumplimiento, reguladores y autoridades de aplicación de ley y otros líderes en
delitos financieros, incluyendo los fiscales y los relacionados con el blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo
[3] En el
ojo del huracán desde el inicio del affaire de la Banca Privada d’Andorra,
originado por denuncia formal de las autoridades de Estados Unidos
