Coincide la publicación de esta información prácticamente con el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales de las que saldrá un nuevo gobierno, sea del color político que sea.
Y sería deseable que, trascendiendo del uso de esta cifra como artillería de campaña, se impusiera el sentido común en la búsqueda de soluciones a esta lacra, soluciones que evidentemente no serán populares y que debería dejar de ser de una vez herramientas para captación de votos para convertirse en instrumentos efectivos de colaboración. No son estas líneas las adecuadas para, ni tan siquiera proponer opciones, pero hay aspectos que llaman la atención y conviene no olvidar: el caballo de batalla de unos y otros en la eterna precampaña es el aligeramiento de la estructura del sector público (haciendo diana en diferentes blancos según el color político predominante en la respectiva Administración). Sin embargo, dando por sentado que hace tiempo que el sector público necesita una reestructuración en aras a la mejora del servicio, el incremento de la productividad y la optimización de recursos, no es menos cierto que esta reestructuración debe diseñarse con suma prudencia, entre otras cosas porque si es cierto que el aumento del número de parados obedece, entre otras causas, a los famosos "recortes" en la Administración, parece evidente que el camino de vuelta a la estabilidad no debe ser solo la desinversión en personal.
El gobierno que salga de las urnas deberá tomar nota y sopesar cuidadosamente las consecuencias de la adopción de políticas "cara a la galería" o, peor aún, cara a SUS votantes antes de entrar en dinámicas perniciosas de acción-desmentido-anulación-acción parcial, y así hasta el infinito.
