Corrupción: gritos y susurros

La organización Transparency International publicó ayer, día 5 de noviembre, un revelador informa acerca del estado de la lucha contra la corrupción de los poderes públicos con el nada engañoso título de "Los países de la UE deben hacer más para combatir la corrupción mediante la protección del denunciante" (EU countries must do more to combat corruption by better protecting whistleblowers) en el que critica que la mayoría de paises no protege a las personas que luchan contra la corrupción, haciendo imposible terminar con ella.

Y es que es este uno de los escollos a salvar para demostrar que la distancia entre el dicho y el hecho, en tema de la lucha contra la corrupción, se acorta, ya que “los denunciantes asumen riesgos que muchos, si no la mayoría, no están dispuestos a asumir y exponen crímenes que pocos están interesados o tienen la valentía de denunciar”. Hasta el momento, tan solo Luxemburgo, Rumanía, Eslovenia y el Reino Unido cuentan con legislación al respecto, mientras que otros 16 países protegen solo parcialmente a los denunciantes y siete más tienen una legislación “muy inadecuada” o inexistente sobre este extremo. Es por ello que el organismo insta a todos los países de la UE a aprobar e implementar normativas que protejan a aquellos que denuncien casos de corrupción basándose en los actuales estándares internacionales.

En nuestro caso, España se comprometió en el 2012 ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a resumir en menos de dos años sus planes para regular legalmente la situación de los denunciantes de casos de corrupción, pero, según el estudio, España queda encuadrada, con otros seis países, en el vagón de cola de cobertura legal para denunciantes de irregularidades en la Unión Europea. “España no tiene una legislación general para proteger a empleados en los sectores público y privado contra represalias por denunciar malas prácticas”, afirma en su informe la organización referente en la lucha contra la corrupción. 

Transparency International acusa directamente en su estudio al ámbito político y señala que “no hay aparentemente ningún impulso entre los líderes políticos por proteger legalmente a los denunciantes”. El texto destaca, además, que en España “casi no hay códigos laborales o administrativos aprobados para proteger a los denunciantes” y considera que tampoco “hay una cultura palpable para que empleados y ciudadanos denuncien malas prácticas”, por lo que la obligación de denunciar posibles delitos vigente en España se debe combinar con la protección de los denunciantes, ya que la falta de cobertura legal “desincentiva” tomar esta decisión.

Seamos positivos. Desde el compromiso de España con le OCDE aún no han pasado los dos años. Esperemos que la sucesión de casos de corrupción que salen a la luz cada día y su atención, no impidan cumplir los plazos comprometidos.

Se puede leer el documento original y otros relacionados(en inglés) clicando aquí.