...con guantes de seda.

Hay que reconocer que la anestesia subliminal, funciona: estos días, mareados por un lado entre los dimes y diretes (a cuál más extemporáneo) de candidatos a la vida muelle, digo.... a un escaño en el Parlamento Europeo y, por otro lado, todo lo que ha rodeado el antes, el durante y el después de un partido de fútbol de cuyo resultado dependían, al parecer, el final de los recortes, la recuperación de la sanidad pública, la creación efectiva de empleo y otras cosillas así sin importancia, hay cosas que han pasado a un segundo plano por no decir que han pasado totalmente desapercibidas. 

Una de ellas tiene que ver con la voluntad, o al menos, el deseo, de intentar atajar la connivencia (que existe) entre algunas entidades financieras y aquellos de sus clientes que les piden ayuda y/o consejo con el fin de eludir su obligación de contribuir al erario en la parte que les toca y asumir así su responsabilidad en la lucha común contra los dramáticos efectos de la crisis. 

Hay que hacer notar que la "llamada al orden", en este caso una vez más, la ha efectuado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en una nueva demostración de que allí se toman en serio lo de la lucha contra el fraude y similares, y no la convierten ni en arma arrojadiza entre partidos ni en promesa electoral que nunca se cumple.

La noticia en cuestión es que el citado Departamento de Justicia de Estados Unidos ha impuesto al banco Credit Suisse una multa de 2.600 millones de dólares USA (unos 1.900 milloncejos de euros) por ayudar a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos, lo que, dicho sea de paso, ha dejado al descubierto la compleja trama de abogados, banqueros, asesores financieros y titulares de cuentas secretas que engrasa la maquinaria del delito fiscal a nivel global y del que se benefician empresarios, deportistas, músicos, actores, "gurus de las finanzas"y, en definitiva, toda una élite mundial que elude por todos los medios posibles el cumplimiento de sus obligaciones impositivas. Más allá de nombres conocidos o no, lo realmente importante es pensar que se estima que el monto total de la evasión fiscal equivale a cinco veces el tamaño de la economía global y es, además, un factor de peso creciente en la creciente desigualdad mundial.

Baste decir que, según informaciones fiables, las 91.000 personas más ricas del planeta controlan una tercera parte de la riqueza mundial (y dan cuenta de la mitad de los depósitos en paraísos o refugios fiscales) y unas 8,4 millones de personas –un 0,14% de la población mundial– tiene el 51% de la riqueza. La evasión fiscal, por supuesto, no hace más que profundizar esta brecha.

Oficina de Credit Suisse en New York

Lo delicado de la situación es que el Departamento de Justicia ha logrado que la entidad se declare culpable de un delito penal de fraude fiscal y que, al admitir su culpabilidad, Credit Suisse se sitúa en una posición comprometida, puesto que ciertas instituciones financieras reguladas, como fondos de pensiones, tiene prohibido por ley hacer negocios con compañías que han cometido delitos penales. Credit Suisse, por lo tanto, ha sufrido un golpe de proporciones históricas que le va a obligar a deshacerse de activos y podría afectar incluso a sus ratios de solvencia.

Por esa razón, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, antes de imponer y publicar la sanción, ha negociado con la Reserva Federal y otros reguladores para evitar que la sanción implique la retirada de la licencia de Credit Suisse para operar en la primera economía mundial. De haber sido ése el caso, existiría el riesgo de que se provocara una reacción en cadena que se extendiera a otras instituciones financieras y provocara el pánico generalizado.

Tras Credit Suisse, podrían venir más bancos sometidos a sanciones similares. El caso más evidente es el de BNP Paribas, el mayor banco de Francia, al que Estados Unidos acusa de haber violado las sanciones impuestas por Washington a Irán, Sudán y otros países. BNP Paribas ha declarado que ha provisionado 802 millones de euros (1.100 millones de dólares) en previsión de una posible multa. Pero las últimas informaciones del Departamento de Justicia apunta a una sanción de 2.553 millones de euros (3.500 millones de dólares).