El valor de las iniciativas desde abajo

Acaba de ultimarse, de rondón, deprisa y corriendo (después de tres años de retraso en su promulgación) el Reglamento de aplicación de la Ley 10/2010 referida a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT). El hecho de que el GAFI estuviera estos días en España procediendo a examinar la normativa española y lo eficaz de su implementación práctica, y que hubiera calificado a España con un sonoro suspenso si antes de dejar nuestro país no se hubiera publicado el aludido Reglamento, es seguramente una coincidencia.
España, como miembro del GAFI está obligada a someterse a evaluaciones periódicas de esta institución que demuestren, no sólo que dispone de una normativa adecuada y alineada con los standards internacionales en la lucha contra el BC/FT, sino que esta normativa está implantada de forma que se pueda cumplir.Y no hay que olvidar que en la última visita del GAFI, España cosechó un público tirón de orejas precisamente por algún matiz de este último criterio; no podía permitirse, pues, el lujo, de obtener ahora un sonoro suspenso por no haber publicado el reglamento de aplicación de toda la Ley  y arriesgarse a medidas que podrían afectar a su relación con terceros países (comerciales, de intercambio de información en este campo concreto, etc.)

No obstante, una cosa es la promulgación de una norma, otra su implementación y difusión práctica.... y otra la sensibilización social hacia un problema que, al final, es de todos. Y esa sensibilización... ¿cómo decirlo? se echa en falta. Ante delitos del calibre del BC/FT, se tiende a decir que la iniciativa es únicamente del legislador porque no se percibe la cercanía del riesgo; al contrario, es común que haya determinados personajes conocidos, incluso ligados al partido que nos gobierna, sobre los que recae más que una mera sospecha de haberse lucrado con operaciones no demasiado limpias.

Por eso deben conocerse (y como es habitual en estos casos, los medios no se han hecho eco) iniciativas modestas, de ámbito municipal, pero que marcan un hito... en el caso de que se las quiera seguir.

Resulta que en la ciudad argentina de Rosario (tercera ciudad del país por número de habitantes, cerca de un millón, y segunda por el PIB que genera, basado en servicios y agroindutria principalmente) se ha aprobado esta pasada semana por los poderes públicos municipales un sistema de control económico financiero por el que deberán pasar los inversores que quieran establecerse en la ciudad. La medida es un hito en la siempre aludida y nunca combatida ruta del blanqueo de capitales procedente de actividades ilícitas, y se dirige a proyectos que por naturaleza e importe merezcan verificarse, entre los que se encuentran los inmobiliarios (a partir de 10 millones de pesos, algo menos de 1 millón de euros)  y la venta de coches, casas de juego y espectáculos nocturnos (a partir de 1 millón de pesos, menos de 100.000 euros). En palabras de los responsables de la iniciativa, “no se trata de controlar a cualquier persona que quiera poner un bar sino los proyectos que presenten la concurrencia de naturaleza e importe de inversión Es una herramienta más que no constituye ningún obstáculo para las inversiones que provienen de fondos lícitos. Vamos contra las inversiones ilícitas con acciones concretas para impedir que ingresen al circuito formal”

La propuesta, como acción preventiva, permitirá la detección temprana en el blanqueo de capitales poniendo una lupa sobre proyectos susceptibles de ser controlados, desde el convencimiento de que el blanqueo de capitales es “la cara amigable, por ejemplo, del narcotráfico, porque no se ve lo que es el búnker, la violencia, el sicario o el soldadito; en la operación de blanqueo lo que se ve es la gran inversión, mano de obra e infraestructuras y detrás de esa cara visible puede estar la trata de personas, el narcodelito o el contrabando de armas”
La opinión pública se escandaliza con la noticias sobre violencia pero no reacciona contra el blanqueo  “porque en la configuración de la cara amigable operan profesionales que hacen la parte de alto nivel” El objetivo final del delincuente es ganar dinero, aunque en el proceso arruine vidas,sea por la droga, por la trata u otros, pero “Si el dinero que obtienen no lo pueden inyectar en el mercado, no cierran el circuito del negocio. Ahí está la clave y por eso el objetivo es comenzar a darles golpes económicos. Ir contra sus ganancias los debilitará más que derribar búnkers donde se sienten fuertes”

De acuerdo con esa premisa, impulsar el control en las licencias que se tramiten ante el ayuntamiento implica un paso más allá de la coyuntura, a partir de la convicción de que “al narcotráfico y al delito en general no sólo se lo combate con fuerzas policiales sino que es necesario evitar las inversiones que puedan provenir de esa actividad”.

Claro, cuando uno. por concatenación de ideas, piensa en esta iniciativa y la compara con el anuncio de una inversión, de naturaleza no demasiado clara por otra parte y con dudas razonables en cuanto a importe, financiación, ubicación, empleo asociado  y otras minucias, para la que, no ya el municipio, sino el gobierno autonómico e incluso el gobierno central estaban dispuestos a modificar, variar o anular las leyes que no le gustaran al inversor, la verdad es que la competencia, honradez y sentido común de nuestros poderes públicos no salen muy bien parados. Y dejémoslo ahí.