Parece conveniente hacer un inciso en la exposición acerca de nuestros paraísos "domesticos" ya que, coincidiendo con
la elaboración de este boletín, la organización Intermon Oxfam ha presentado un
informe con el sugerente título de "La ilusión fiscal", elaborado tras dos años de investigación, en el que denuncia,
precisamente, que las grandes empresas están utilizando todo tipo de
estratagemas, entre las que destaca el uso de paraísos fiscales, para pagar
menos impuestos, lo que reduce los
ingresos del Estado para poder realizar inversiones sociales. Según los
datos de la ONG, las empresas del Ibex 35 han aumentado el número de sus
filiales en paraísos fiscales en un 44%, pasando de 561 en 2012 a 810 en 2013. De hecho, el flujo hacia
paraísos fiscales representa el 24% del total de las inversiones de España en
el extranjero y más del 26% de la inversión que realizan las grandes empresas
en el exterior son préstamos entre filiales del propio grupo.
El ranking de
entidades españolas con filiales en paraísos fiscales está encabezado por el Banco Santander, con 182, seguido de la
constructora ACS, con 119, la compañía eléctrica Iberdrola con 66, la empresa
tecnológica Abengoa con 63 y el BBVA con 52.
Todo ello
contrasta con la enorme caída de la recaudación del impuesto de sociedades que ha bajado un 56% entre 2007 y 2014, lo
que representa 25.000 millones de euros menos para las arcas del Estado, según
denuncia la ONG. "Durante ese mismo
período de tiempo, la población española en riesgo de pobreza y exclusión
creció en dos millones, pasando del 23,3% de la población en 2007 al 27,3% en
2013", reza el informe, que indica que "las grandes empresas
pagan muy pocos impuestos en España en relación con su volumen de
actividad, y su esfuerzo fiscal (lo que pagan en relación a sus beneficios)
queda muy lejos del que realizan las pymes o el resto de ciudadanos, que
conjuntamente aportan el 90% de la recaudación total a las arcas
públicas".
De hecho,
argumenta, si las grandes compañías hubiesen soportado en 2012 una presión
fiscal similar a las de las pymes y grupos no consolidados en el Impuesto de
Sociedades, del 17% en lugar del 5,3%, se hubiesen podido recaudar 8.227 millones de euros adicionales. Y todo
ello, en general, implementando una “ingeniería fiscal” en sus organizaciones
para trasladar artificialmente los beneficios hacia jurisdicciones de baja
tributación.
Lo grave de esta situación es que, en la mayoría de los casos, las empresas no están cometiendo
ilegalidades, sino utilizando mecanismos legales[1]
que están a su alcance para no pagar impuestos. Pero no es posible seguir
hablando de la responsabilidad social sin tener en cuenta su responsabilidad
fiscal. Los privilegios de unos pocos son sacrificios para el resto de la
ciudadanía"
Y el análisis de
los datos que han dado lugar al informe ha detectado que las empresas del
IBEX35 han aumentado en un 44% su presencia especialmente en Delaware (Estados
Unidos), Holanda y Luxemburgo.
Fuera ya del
informe de Intermon Oxfam, la querencia de las personas físicas españolas que
utilizan refugios financieros, suele obedecer a otras razones, encabezada por
la búsqueda de un territorio donde depositar su dinero, más o menos a mano, en
el que la fiscalidad es un tema secundario, y en el que la Hacienda española no
lo sepa nunca, lo que abre el abanico a otros destinos, que “suenan” más en
función de episodios divulgados y protagonizados por personajes ahora conocidos
de sobras o menos conocidos pero incluidos en la famosa lista Falciani o similares: Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo.
Andorra en algún caso, etc.
Capítulo aparte
merece en este acercamiento a nuestros
paraísos, los casos de las Haciendas Forales, permanentemente en el punto de
mira de las autoridades europeas en un continuado deshoje de margarita de si
son o no son paraísos fiscales, y los casos de las Sicav[2] y su
escandalosamente favorable régimen tributario en comparación con la tasa media
de las personas físicas.
Con todo cuanto
se ha visto en este repaso rápido, resulta evidente que la lucha contra los negativos
efectos de la actividad ligada a los paraísos fiscales no puede (no debe)
quedarse en grandilocuentes proclamas mediáticas y hay que abordarla
seriamente. Pero ¿cómo? Es obvio que, para la buena marcha de una economía
mundial dirigida a las personas y no a los territorios o estados[3], el
objetivo final sería que esas jurisdicciones se prestaran a armonizar sus
condiciones fiscales y sus leyes secretistas, pero también resulta obvio que
esa medida no se puede ni proponer a territorios, nos guste o no, soberanos,
sin entrar a dilucidar si no cambiarían sus leyes porque no quieren
(desaparecería el atractivo para el inversor extranjero)…. o porque no pueden,
porque, al tratarse de territorios, en general pequeños, no tenga medios para
luchar contra el crimen organizado que, sin duda, está aprovechando esta
situación[4].
Más efectivo
inicialmente es negociar tratados o convenios de intercambio de información con
estos países, de forma que, a través de esta información, se llegue a conocer
la identidad de los titulares de cuentas que escapan al conocimiento (y
tributación) nacional, lo que facilita en gran manera la acción inspectora y
tributaria pertinente. No es fácil, no obstante, esta negociación, y, además,
debe puntualizarse que está sujeta al cumplimiento de las leyes de ambos países
y que, por lo tanto, una petición de información (no vale pedir, por ejemplo,
la lista de TODOS los clientes de una entidad) debe estar argumentada por la
investigación y seguimiento de delitos que también lo sean en el territorio que
ha de facilitar la información[5], pero
evidentemente es un primer paso importante (y eficaz) y las acciones de la
mayoría de los países que luchan contra los paraísos llevan esa tendencia.
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[1] Factores
como este deberían hacer reflexionar a los adalides del “imperio de la ley”
(que no el de la justicia) enrocados en él sin mostrar facultad de análisis,
revisión si conviene y adecuación de las leyes, como un Registrador de la
Propiedad, que sólo inscribe o no actos en el Registro obedeciendo
estrictamente una norma rígida, sin capacidad de cambiarla.
[2] Una
sicav (sociedad de inversión de capital variable) es un instrumento financiero
que permite invertir dinero y diferir el pago
de impuestos a través de la creación de una sociedad anónima cuyo objeto
social es invertir en activos financieros. Los accionistas de la sicav tributan
por las plusvalías una vez se materialicen estas, Gozan de las mismas ventajas
fiscales que los fondos de inversión tributando los rendimientos y plusvalías
de la sociedad al 1%, y entre el 21% y el 27% las ganancias patrimoniales de
los socios derivadas de la venta de participaciones o del pago de dividendos.
[3] En el
citado informe “La ilusión fiscal”, la organización Intermon Oxfam propone, al
menos en España, que los partidos políticos incluyan en sus programas, como
prioridad, la lucha contra la evasión y la elusión fiscal de las grandes
compañías para poder financiar más políticas sociales y de desarrollo, teniendo
en cuenta que la caída de la recaudación en nuestro país atribuida a fraude
fiscal se sitúa en torno a los 60.000 millones de euros.
[4] Existen
antecedentes de que algún estado ya forma parte de los bienes patrimoniales del
crimen organizado: la isla de Aruba, con sus 105 kilómetros cuadrados, sus verdes colinas y
su arena dorada es el paraíso turístico (y fiscal) para miles de norteamericanos
y argentinos básicamente, pero también el
primer estado independiente que fue comprado por la Mafia. En 1993, Aruba
fue comprada y pagada en efectivo por la familia mafiosa más poderosa del
mundo, los hermanos Paolo y Pasquale Cuntrera, residentes en Sicilia y
Venezuela respectivamente que, durante sus veinticinco años como grandes
cerebros de la mafia norteamericana habían amasado una fortuna de miles de
millones de dólares. Desde Venezuela, ubicada a tan sólo 23 kilómetros de la
isla de Aruba, utilizaron su dinero para comprar todo lo importante de la isla:
hoteles, casinos, bancos, policía, aduanas, el primer ministro y los partidos
de gobierno y la oposición.
[5] Este
factor de respetar las leyes de cada país, que puede parecer discutible, y que,
dicho sea de paso se airea por determinados medios cuando la eventual respuesta
negativa del “paraíso” de turno se fundamenta en ella, es jurídicamente
impecable y respetada en todo el mundo. Por ejemplo, si EEUU reclama a España
la extradición de una persona para juzgarla por un delito por el que la
justicia estadounidense puede condenarlo a muerte, es bastante probable que
España la deniegue ya que en el ordenamiento jurídico español no se contempla
tal pena. Y EEUU lo respeta.
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