A raíz de la publicación en este blog hace unos días de unas reflexiones sobre el impacto de la actual pandemia en la salud y en la sanidad, he recibido varios comunicados en los que, básicamente, en todos ellos se advierte que son cosas distintas y se ha de ser muy cuidadoso para no mezclarlas y dar a entender lo que no es, sea salud o sanidad. Y, efectivamente, son conceptos diferentes; según la definición presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución aprobada en 1948, «La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades». De aquí es fácil deducir que la salud no es un derecho en sí misma, sino una situación que depende básicamente de la herencia genética del individuo, de su forma de vida y del contexto sociocultural en que se desarrolle y viva. Nadie tiene "derecho" a la salud, que, en definitiva, depende de muchas variables subjetivas, como no se tiene derecho, por ejemplo, ni a la belleza, ni a inteligencia, ni al amor, ni a la felicidad, ni a la bondad, pero el individuo y las poblaciones sí tienen derecho a la prevención, protección y atención clínica, que terminan "produciendo" salud.
Me explico. Supongamos que una persona, con el nivel de salud personal que se quiera, se ve afectada por una enfermedad originada por unas deficiencias de salubridad colectivas (en el agua, los alimentos, los animales, los residuos,…), por unos estándares de higiene mejorables, etc. Es más, supongamos que eso le afecta a más de una persona; eso es la sanidad, y el fin de la asistencia sanitaria no es sólo salvar vidas, sino reducir la incapacidad, mitigar el dolor, hacer lo más llevaderas posibles las enfermedades, resolver las incertidumbres sobre el estado de salud actual y futuro, disminuir la inquietud física y emocional, proporcionar confort y sobre todo generar en la persona la mayor cantidad de confianza posible en "su" sistema sanitario.
Por todo ello, ya se ve que la SANIDAD trasciende con creces el concepto meramente 
hospitalario pues, además de desde la propia asistencia sanitaria, se “produce” también salud desde otros campos, como por ejemplo la educación, la justa redistribución de la riqueza, la efectiva implantación de la democracia y de la transparencia en el gobierno público, el ejercicio de un trabajo en condiciones aceptables, el acceso a una vivienda digna con agua potable y sistemas de depuración de los residuos y desde los servicios sociales vinculados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un Sistema Sanitario es un "conjunto complejo de elementos interrelacionados que contribuyen a la salud en los hogares, lugares de trabajo, los lugares públicos y las comunidades, así como en el medio ambiente físico y psicosocial, y en el sector de la salud y otros sectores afines". La OMS dice que sus principios son:
1. Universalidad o cobertura total de la población sin ninguna distinción.
2. Atención integrada, esto es que el sistema sanitario debe atender no sólo a la "asistencia sanitaria" sino en conjunto amplio a la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.
3. Equidad, en la distribución de los recursos.
4. Eficiencia económica, con mejores prestaciones y mejor nivel de salud al menor coste.
5. Funcionalidad, con objeto de poder responder ágilmente a las nuevas necesidades.
6. Participación comunitaria real de la población en la planificación y gestión del sistema sanitario.
7. Intersectorialidad, coordinando sus diversos sectores o zonas y sus instituciones.
Es importante ver los sistemas sanitarios como sistemas "complejos", y ciertamente la situación actual de la pandemia obliga a ello, de forma que cambios en algunos de sus componentes o actividades producen cambios a veces inesperados y desproporcionados en otros componentes y actividades del mismo, por lo que el lema a seguir debería ser "máxima calidad, mínima cantidad, tecnología apropiada en el momento adecuado y tan cerca del paciente como sea posible". Nuestro sistema sanitario tiene bastantes cosas susceptibles de corregir y mejorar, desde mucho antes de la crisis del Covid-19, pero nunca a cambio de su destrucción. La opinión manifestada por los usuarios, legítimos propietarios y beneficiarios de su actividad, y por supuesto por los sanitarios como colectivo conocedor de la complejidad del sistema e interesados en desarrollar una buena práctica profesional no mediatizada por criterios empresariales o economicistas, debería servir para aunar y consensuar junto a los gestores y políticos, todos los intereses, conocimientos y experiencia para aplicar y administrar y mantener nuestra sanidad pública que ha de ser universal.
Y ¿qué es la sanidad pública universal? También conocida como cobertura universal de salud, es un tipo específico de atención sanitaria que se presta a todos los ciudadanos independientemente de sus ingresos, la raza, la edad, las condiciones preexistentes, el sexo, o la riqueza, con el propósito de proporcionar a todos la oportunidad de conseguir el cuidado de la salud que pueden necesitar sin tener que preocuparse por sus problemas financieros, lo que ofrece como ventajas, ente otras: - Mejora global de la salud de la población, ya que todas las personas tienen acceso a los servicios de salud, lo que dará lugar a una disminución de la enfermedad en la población general. - Se evitan casos de inatención en los que el paciente es pobre, debido a los elevados costes médicos a los que tiene que hacer frente. - Todas las personas tienen el mismo acceso a la misma tención sanitaria, lo que promueve la igualdad y la equidad. - Se alentaría a las personas a buscar el cuidado preventivo y obtener ayuda médica desde el principio cuando el tratamiento no es tan agresivo ni costoso. (en Estados Unidos, por ejemplo, con un complejo sistema sanitario, mucha gente evita el cuidado preventivo para ahorrar dinero) - En unos momentos en los que en nuestro país se alientan los seguros y pensiones “de empresa” por encima de los privados, la cobertura universal de salud puede ayudar a las pequeñas empresas a ser más rentables y mejorar su crecimiento (en un entorno donde las primas de seguros son altas, la mayoría de las pequeñas empresas no pueden permitirse el lujo de proporcionar a sus empleados un seguro de salud)
Sin embargo, la sanidad pública nació en España como un privilegio que “había que ganarse”, un modelo de seguro social que se comenzó a transformar lentamente a mediados de siglo. En 1974 se aprueba la Ley General de la Seguridad Social y se homogeniza el sistema de salud obligatorio para los afiliados, por lo que quedan fuera del sistema muchos sectores de la población. El siguiente paso se produce en 1978, cuando la Constitución reconoce en su artículo 41 el derecho a la protección de la salud y las competencias públicas que se le atribuyen, lo que representa el inicio de la universalización de la asistencia que se consolida con la Ley 14/1986 General de Sanidad, vigente hoy en día. En 1989 se garantiza que el sistema de salud no iba a excluir a ningún ciudadano, logro que se convirtió en una de las piedras angulares del sistema de bienestar, con un punto de inflexión cuando el Gobierno de Mariano Rajoy excluyó a inmigrantes sin papeles de la atención universal. También se incluye el copago de medicamentos para los ciudadanos con pensiones contributivas. El paquete de medidas da varios pasos atrás en un sistema que ha sido y es una de las construcciones colectivas de las que más orgullosos se sienten los españoles.
El empeoramiento, anterior a la pandemia, ha sido generalizado en todos los servicios e indicadores analizados y se destaca especialmente el deterioro percibido en los niveles de satisfacción de los usuarios (obtenidos a través del Barómetro Sanitario) y en el aumento de las listas de espera. Los recortes presupuestarios y la aprobación del Real Decreto Ley 16/20121 suponen un serio retroceso en la situación de la Sanidad Pública en España pero la aplicación de estas medidas ha tenido intensidad y calendarios distintos según las comunidades por lo que la percepción de su efecto es distinto en cada territorio. Además, se prevé un panorama aún peor ya que todos los recortes puestos en marcha habrán hecho su efecto y se habrán visto agravados por las restricciones.
No obstante, la calidad de la asistencia será buena siempre y cuando: se mantenga un número de médicos y enfermeras por cama o número de habitantes adecuado a la complejidad del paciente, se garantice su formación y se provea de recursos racionales para el tratamiento de los pacientes. Una sociedad en crisis (¿alguien duda de que lo estamos, con Covid-19 o sin él?), necesita, como un enfermo, más pronóstico que diagnóstico y más esperanza que ausencia de perspectivas. ------------------------------------------------
1El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, cambia la naturaleza del derecho a la prestación sanitaria pública: se recupera la distinción entre titulares y beneficiarios del aseguramiento prescindiendo de que la asistencia sanitaria pública estaba ya definida como una "prestación universalizada y no contributiva de la Seguridad Social". Se ceba con los más débiles, es una ley que genera personas "desechadas" como expresa Médicos del Mundo. La realidad es que más de 2.300 personas han perdido cada día su tarjeta sanitaria desde la entrada en vigor del decreto, cifra obtenida de la facilitada por el gobierno, que reconoce haber retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre de 2012. Si sumamos a todo ello:
- El medicamentazo con la exclusión de cuatrocientos cincuenta y seis medicamentos de uso común de la financiación pública, incluyendo en esta lista negra fármacos contra dolencias tan habituales como la migraña, la gripe o compuestos de corticoides o vasodilatadores.
- El abono del viaje en ambulancia
- El pago/copago hospitalario y no hospitalario, y repago cuya implantación ha evidenciado que aumenta la falta de adherencia terapéutica y transmite a los pacientes el mensaje de que estorban.
- El programa nacional de reformas que el gobierno español remitió a Bruselas en el mes de abril de 2012.
- Los planes económico-financieros de
reequilibrio 2012-2014, que tuvieron que presentar las comunidades
autónomas.
- El programa nacional de reformas que el gobierno remitió a Bruselas el 30 de abril de 2013.
- Y el pacto por la sostenibilidad y calidad del sistema nacional de salud.
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