El agua, ¿fuente de vida y/o negocio?

En la última conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, celebrada el pasado noviembre en Egipto (y van 27, nadie lo diría) asistimos una vez más al deprimente espectáculo de unos discursos grandilocuentes de unos y otros en torno a la urgente necesidad de tomarse en serio la lucha contra ese cambio antes de que sea demasiado tarde, que no se traducen en acciones tangibles, o simplemente acuerdos o compromisos, básicamente porque todos los Estados están, legítimamente, eso sí, preocupados por su economía DE HOY, y a nadie parece importarle, más allá de los discursos, el MAÑANA del planeta donde/del que todos vivimos. Por si fuera poco, este año nos ha azotado una aguda y atroz sequía, fruto en parte, según dicen, del cambio en el clima, lo que nos lleva a reflexionar sobre un elemento del todo necesario en nuestro día a día, que tiene connotaciones por el clima, pero que nunca se ha tratado en las conferencias; nos referimos, como ya habéis adivinado, al agua, potable, por supuesto. De forma creciente (aunque no forme parte de las agendas para combatir el cambio climático, es un secreto a voces), la escasez y deterioro en la calidad del agua constituye uno de los principales objetos de preocupación social, ¿política? y ambiental. La cuestión es compleja y adquiere perfiles distintos dependiendo de los múltiples escenarios que se tienen en cuenta pues, siendo incuestionable su importancia económica como recurso productivo, el agua es esencial para la vida humana y para el medioambiente. Al revisar los múltiples vínculos del ser humano con el agua, vemos la mitificación y manipulación política que se ha hecho de sus utilidades productivas, que ha acabado derivando, paradójicamente, en fuertes contradicciones de irracionalidad económica, al tiempo que ha alimentado graves problemas de insostenibilidad, y ha relegado a un plano secundario valores socioambientales de suma importancia que se derivan de la relación, en todos los tiempos, de las sociedades con los ríos y demás ecosistemas acuáticos.

Parece, tal vez, de interés comenzar con una reflexión sobre la relación del ser humano con el agua, por cuanto permite entender cómo se han ido desvaneciendo de la percepción social el agua como derecho y su valor cultural, frente a su valor económico. El agua empapa (nunca mejor dicho) todas las culturas, nuestras civilizaciones fueron levantadas en espacios donde había agua suficiente y de calidad para satisfacer las necesidades vitales de nuestros ancestros; las grandes civilizaciones surgieron en torno a grandes ríos como el Tigris y el Eúfrates, el Nilo, el Indo o el Amarillo. Más allá del vínculo del ser humano con el agua debido a su necesidad biológica y de sus utilidades productivas (valor económicoproductivo), el agua es por encima de todo sostén de la vida que conocemos y de los ecosistemas que la albergan (valor ambiental). Pero además el agua tiene profundos vínculos emocionales y metafísicos con el ser humano en las diversas culturas. Muchas creencias, actitudes, valores y modos de identificarnos y relacionarnos están impregnados de esta particular relación con el agua (valor cultural). El agua ha estado tradicionalmente asociada, de forma simbólica, al génesis, esto es, al origen de todas las cosas; también está presente en múltiples creencias religiosas y es utilizada en rituales y ceremonias como elemento curativo y de purificación, aunque también vinculado con la destrucción y muerte. Su estrecha conexión con el ser humano ha hecho de este elemento una fuente de inspiración artística, y ha suscitado leyendas y relatos que conforman imaginarios de respeto a la naturaleza,principios educativos de respeto a la vida, principios sabios de vida que suelen ser parte medular de la cultura de los pueblos, para adaptarse a cada entorno y garantizar su supervivencia.

Sin embargo, de los múltiples valores y funciones del agua, hoy se prioriza su valor económico-productivo orientado a la obtención de grandes beneficios económicos (valor crematístico). En particular, en espacios semiáridos como los mediterráneos, la actividad agrícola de regadío es considerada como una de las claves de la prosperidad económica, estimulada por la aparición del capitalismo y la mejora tecnológica. En el contexto actual, dominado por el neoliberalismo, la lógica de mercado pugna por imponerse de forma absoluta, por encima de estrategias basadas en modelos de gestión pública. Vivimos por ello momentos contradictorios en los que el propio sistema ampara, por un lado, esas estrategias tradicionales bajo masiva subvención pública de las grandes obras hidráulicas, al tiempo que, por otro lado, ensalza las virtudes del mercado, de la competencia y de la privatización. La privatización del agua forma parte de un proceso de carácter general que limita el acceso a los recursos a través de su asignación al control de la propiedad, como pudiera ser el caso de los mercados del agua, un proceso de mercantilización de la naturaleza. El agua se usa como un instrumento de poder, con una fuerte proyección mediática productivista que desvirtúa sus valores sociales, culturales, y ambientales. Desde la visión del crecimiento ilimitado, la ideología neoliberal vincula las políticas de agua al desarrollo, la sostenibilidad, la solidaridad o la justicia, manipulando estos conceptos, a pesar de que genera crecientes conflictos sociales y problemas de insostenibilidad. Entre tanto, la ciudadanía desinformada y manipulada sigue creyendo, aunque cada vez con mayores dudas, en las bondades del discurso dominante, aun cuando está cada vez más lejos del interés general.

El agua ha sido, pues, siempre una preocupación de los Estados, particularmente por su incidencia en la salud pública ya que el consumo voluntario o accidental de agua contaminada y la exposición directa a ella contribuyen al aumento de las tasas de morbilidad de la población afectada y la incidencia de enfermedades relacionadas con el agua es sustancial. Asimismo, es fuente de mortalidad, particularmente infantil, dado que los niños son los más expuestos a consumirla o jugar en ella; adicionalmente, la exposición a agua contaminada es un agravante de la desnutrición, puesto que las diarreas y otras infecciones o intoxicaciones alimentarias no permiten la correcta absorción de nutrientes. Por último, los costos —tanto económicos y financieros como sociales y familiares— por problemas de salud son importantes. Si el impacto para la salud pública no fuese suficiente para motivar a los tomadores de decisiones a priorizar de manera efectiva el sector, es importante recordar que existen poderosas razones adicionales para promover una política que dé solución a los problemas de la cobertura y la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento: lucha contra la pobreza, fomento de la inclusión y la paz social, promoción del desarrollo económico y protección del medio ambiente.

En lo que respecta al agua en su dimensión de recurso natural, y ya no de servicio público, su acceso puede constituir un derecho humano en el caso de extracción manual para usos personales y domésticos. De aquí que resulta crucial el reconocimiento e implementación de criterios legales apropiados para regular el acceso ordenado y sostenible a los recursos hídricos por las partes interesadas y reconocer y proteger los derechos y usos. El derecho humano al agua impone a los Estados la obligación de satisfacer las necesidades hídricas personales y domésticas de sus habitantes en forma suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y financieramente asequible, lo que no implica la gratuidad universal de los servicios; sino que significa que su precio pueda ser solventado por la mayoría de habitantes; de esta forma, quienes puedan hacerlo deberán pagar tarifas que reflejen el costo eficiente del servicio; y, al contrario, quienes no puedan sufragarlo deberán tener acceso a un sistema de subsidios que les garantice progresivamente consumos mínimos básicos. Sin embargo, el derecho humano al agua no se satisface simplemente con el subsidio; sino que además requiere de la construcción de instituciones regulatorias eficientes y estables ya que la eficiencia en la prestación del servicio es esencial para satisfacer el derecho humano al agua; puesto que es evidente que al reducir los costos aumenta su disponibilidad y, por el contrario, cuando los costos se encarecen por la ineficiencia de los prestadores, se atenta contra el derecho humano al agua. En este sector la eficiencia es producto de la gestión, y su promoción depende fundamentalmente del marco regulatorio, de la institucionalidad de control, de la voluntad política, y de las condiciones del entorno económico, social, cultural y político del país. De aquí que la importancia que los gobiernos asignan al derecho humano al agua se refleja en la seriedad y complejidad con que estos abordan la regulación y su institucionalidad. En consecuencia, el reconocimiento de la existencia de un derecho humano a los servicios de agua impone correlativamente la obligación al Estado de satisfacerlo; de modo tal que su cumplimiento beneficia particularmente a los grupos marginados o limitados en el uso, produciendo de esta manera una mayor equidad.

Las políticas medioabientales (volvemos al inicio de estas reflexiones) sin decir ni una palabra de este problema, si bien algunos países más avanzados han ido evolucionando en una conciencia ambiental más demandante de quienes utilizan el recurso sólo con objetivos económicos y sociales más inmediatos. De aquí que sus marcos regulatorios impongan una fuerte carga normativa en la protección de la calidad físicoquímica, e incluso de su valor ornamental. Esto conlleva a altos costos de tratamiento de las aguas residuales y de sus lodos. Si consideramos que el patrón y las dinámicas de prioridades políticas son semejantes al experimentado por países desarrollados, entonces tenemos que, una vez superado nuestro afán por aumentar la cobertura y mejorar la calidad, deberemos poner nuestro interés en asegurar la sustentabilidad de los servicios y en la protección y recuperación del medio ambiente.