Cosmética y desahucios

Para hoy mismo está previsto que el gobierno promulgue un Decreto mediante el cual se dice pretender poner coto a los hirientes desahucios de viviendas provocados por incumplimiento en el pago de hipotecas y paralelo cumplimiento de la Ley Hipotecaria.
Sin cuestionar la buena voluntad del legislador, lo cierto es que la medida desprende un cierto tufillo populista y, lo que es peor, no entra en el fondo del problema.
En una primera lectura, según se desprende de las declaraciones del Ministro del ramo, los requisitos que se exigen para que el préstamo hipotecario esté cubierto por el decreto limitan sobremanera el ámbito de cobertura. Pero, en una segunda lectura (con la excepción de la situación de desempleo a que se refiere el decreto que, naturalmente, no era previsible en el momento de la concesión del crédito), si existen préstamos que se puedan acoger a la nueva norma, la evidencia es que la banca ha hecho barbaridades diametralmente opuestas a la ortodoxia que nunca debió abandonar, fruto de las cuales es, en gran medida, la situación actual. Cuando menos en esos préstamos. Y debería recordarse que en algunas normativas se recoge en jurisprudencia que si se demuestra que una entidad ha concedido un crédito sabiendo que el prestatario no puede pagar, pierde su derecho a reclamarlo.
El problema serio (uno de ellos) es, pues, la necesidad de ejercer un control real de aquellas actividades de las entidades financieras que afectan a la ciudadanía, entre las que se dan, sin ánimo de ser exhaustivo, las propias hipotecas, las garantías prestadas, la captación de recursos (corramos un tupido velo sobre el engaño en operaciones como las desgraciadamente de actualidad participaciones preferentes), etc.

Otro gran problema, ya apuntado en entradas anteriores es la necesidad de revisar calmadamente y fuera de los focos mediáticos (inducidos o no) la vigente Ley Hipotecaria. Admitiendo que la crisis nos ha cogido a todos a contrapié, es difícilmente argumentable, aunque solo sea desde la vertiente de la ética, que los mismos que se desgañitan exigiendo ayudas públicas para que el sistema no se desplome, tengan casualmente los ojos cerrados ante la interpretación de una Ley que, aparentemente sólo les beneficia a ellos.
No puede ser que el tópico de "siempre pagamos los mismos" adquiera rango de Ley, aunque, como es natural, bienvenido sea el decreto en lo que comporta de positivo.