Hay que felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad por el resultado positivo de su trabajo callado, fuera de los focos mediáticos (no siempre sus esfuerzos son coronados por el éxito, y cuando esto ocurre, hay que celebrarlo) en una investigación que, según se ha publicado, se inició en 2009.
Las acusaciones, tras una primera rueda de declaraciones, incluyen contrabando, blanqueo de capitales, fraude a la Hacienda Pública, falsedad en documento y algunas otras, pero, al margen de las investigaciones y su desarrollo, hay un par de aspectos que merecen la atención
1.- Se ha publicado que se han intervenido más de 11.000.000 (once millones) de euros en efectivo.Vale la pena pensar que esa suma iría destinada, total o parcialmente, a su inmersión en los circuitos legales del dinero, con lo que la reflexión de algunos agentes económicos que a veces tienden a pensar que eso de que deba vigilarse el origen de los fondos no pasa de ser un incordio legal, es imprescindible. A nadie se le ocurre pensar que este grupo delictivo acudiría a blanquear DE GOLPE los 11 millones, luego cae por su peso que la precaución de tener constancia del origen legal del dinero que se emplea en inversiones o transacciones debe tenerse siempre, sea cual sea la cantidad que se maneja (parte de los repetidos 11 millones del caso)
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2.- También se ha publicado que se han cursado diferentes órdenes de detención a China, Israel, etc., además de España, de personas relacionadas con la trama, lo que viene a confirmar la doctrina y la recomendación del GAFI de que la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es estéril si se ciñe a las fronteras interiores de un país, sea cual sea. Si la globalización es un hecho (y positivo, debemos apuntar), debemos todos ir trabajando en la búsqueda de caminos que eliminen barreras en la represión del delito, ahora decididamente transnacional.
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